viernes, 12 de octubre de 2018

Referendos y liderazgo / Francisco Poveda *

En Europa no entienden bien lo que realmente está pasando en España y lo cierto es que nuestras embajadas no se han empleado casi nada en explicar 'el procés'  y sus causas profundas a las respectivas opiniones públicas nacionales, de la Unión Europea al menos, y a sus más relevantes medios en cada país, incluida la intervención y su financiación exterior interesada por elevación para una balcanización de la península Ibérica. 

Y quizás sea por el rubor que implica en una teórica democracia parlamentaria occidental haber negado la libertad colectiva de expresión a un grupo de ciudadanos españoles residentes en Cataluña a través de un referendo consultivo (cuando el resultado implica únicamente la manifestación de la voluntad general o popular de forma no vinculante) que, en la fecha de su planteamiento, hubiese arrojado unos resultados porcentuales previsibles y muy distantes de lo que significarían hoy de realizarse tras un acuerdo político previo entre Madrid y Barcelona. 

Ahí Rajoy no estuvo políticamente muy fino entonces y de aquellos polvos... estamos donde estamos y posiblemente a donde vamos. Aunque bien es cierto que el Gobierno central no puede admitir, ni el sistema oneroso de las autonomías regionales artificiales puede aguantar, que la contribución fiscal del 20% del PIB español aspire a un sistema de conciertos o cupo como el del País Vasco (5%) o Navarra (2%) a base de aportaciones cuasi simbólicas al erario público de la Nación en el marco de la reforma del Estatuto de Cataluña.

Explique lo que explique y donde lo explique, Rajoy ha salido del Gobierno por no asumir su responsabilidad política, personal y colegiada, ante el desafío catalán. Y Sánchez entró de urgencia en Moncloa, presumiblemente de la mano de Zarzuela y el Ibex, para encauzar un entuerto de tal envergadura mientras se regenera una derecha conservadora estructuralmente corrupta, se revela el escaso peso específico de un C's de plastilina y se verifica el techo electoral de un neocomunista Podemos ante la recuperación constatable del voto socialista antes de convocar unas nuevas elecciones generales todo lo tarde en el tiempo que se pueda para que el régimen del 78 pueda recuperar el aliento y apuntalar a la Corona ante los crecientes embates republicanistas de diferentes procedencias.

Porque aquí entendemos cualquier referendo como plebiscito es por lo que no se hizo en 1978, diferenciado del de la nueva Constitución, el del sistema de Gobierno (monarquía o república) que hoy, en 2018, aún parece pendiente para legitimar democráticamente a la Corona cuya única decisión existencial actual proviene de las Cortes de Franco en primer lugar y, en segundo, de la dinástica de don Juan de Borbón desde un punto de vista de sucesión interna al entenderlo todo como una reinstauración de lo desechado en 1931 por unas elecciones municipales concluyentes.

Pero la Corona puede y tiene que hacerse útil en tiempos tan turbulentos si es que aspira a sobrevivir en España. Nunca entendí muy bien como no se renovó por completo el equipo de Zarzuela con la ascensión al Trono de Felipe VI. Y ahora aún lo entiendo menos al trascender que el cuestionado desde Cataluña discurso real del 3-O se coció en los entornos del monarca, lo que todavía puede resultar más problemático de cara a las periferias del país y sus élites más liberales por ilustradas. 

El resultado es que la sociedad española más inquieta por joven, bien formada y progresista ha elegido este simbólico 12 de octubre para debatir sobre la abolición de la monarquia parlamentaria tras el cuestionamento que se ha producido horas antes en el Parlamento catalán. 

Y puede continuar en algunos ayuntamientos de las llamadas nacionalidades históricas, desde Galicia a las Vascongadas y hasta de Baleares, visto el poco entusiasmo ante el llamamiento del constitucionalista PP para cubrir hoy todas las fachadas de nuestras viviendas con la enseña nacional con motivo del 12 de octubre. Su escasa capacidad de convocatoria tiene mucho que ver con la corrupción sistémica, la degradación general y la ascensión de los populismos, que explican el fenómeno catalán y la falta de credibilidad, por agotamiento, del régimen del 78 en todo su conjunto, hasta el desprestigio en Europa de nuestra Justicia por su infiltración política definitiva al margen de la Fiscalía.

Con todo, lo más preocupante e inquietante es la falta de un liderazgo nacional que tan bien supo encarnar el actual rey emérito Juan Carlos I. Desde Pablo Iglesias hasta Felipe VI, pasando por Pablo Casado, Albert Rivera, Pedro Sánchez y hasta Alberto Garzón, no se han revelado como líderes en coyuntura tan propicia como la de ahora para poder demostrarlo con un poco de esfuerzo. Y esa es la verdadera tragedia nacional que puede dar lugar a todo tipo de riesgos interiores y exteriores para conservar las esencias culturales e históricas que sustentan identidad,  folklores aparte.

Meses después de la moción de censura en el Congreso, la derecha se ha fraccionado en tres partidos extremos que han regalado el centro al PSOE mientras la izquierda reformadora y transformadora reside en Podemos, por lo que cabe concluir que en unas eventuales elecciones próximas, y coincidiendo con el CIS, hoy ganaría con holgura el centro-izquierda frente a los nacionalistas incluso, por un significativo deslizamiento del voto con las posibles excepciones de Andalucía, Cataluña y puede que hasta el País Vasco, según coinciden sociólogos expertos en demoscopia. 



(*) Periodista y profesor

La ‘Matrix’ de los partidos políticos / Guillermo Herrera *

Toda la vida me he pasado discurriendo a qué partido votar sin hallar nunca una respuesta satisfactoria a pesar de haberme calentado la cabeza hasta la saciedad sobre los pros y los contras de cada partido político.

La explicación es que la Verdad está fragmentada y dividida entre las distintas propuestas de los partidos políticos. Si votas una cosa, estás en contra de la otra, pero no existe un pensamiento integral y holográfico que permita comprender la razón de cada uno para recogerla en una síntesis coherente y ofrecer soluciones integrales.

Lo ideal sería un centro político que recogiera las virtudes de la derecha y de la izquierda para ofrecerlas en una síntesis armónica, y ofrecer un modelo perfecto de sensatez y sabiduría, pero el centro nunca se ha vendido bien en el mercado político de España porque la opinión pública tiende siempre a la polarización hacia los extremos según el problema que defiendan.

La centralidad política hubiera evitado la guerra civil y tantos extremismos políticos como se han dado en nuestra patria. Pero cuidado, el centro no puede ser nunca una tibieza de mediocridad y de indefinición como ha ocurrido a veces, sino un modelo bien definido de soluciones sensatas.

Cada partido político está aglutinado en torno a unas verdades fundamentales, pero a veces este núcleo está rodeado de una nube de contradicciones que “donde dije digo que digo Diego”, y ahí es donde se estrellan los talentos políticos.

Los que están a favor de la inmigración se olvidan de los derechos de los ciudadanos españoles sin techo que están instalados en la pobreza absoluta, duermen en la calle y piden limosna como mendigos. ¡Todavía no he escuchado a ningún partido político que quiera solucionar esto! El problema fundamental es que no se cumple el contenido social de la Constitución Española, y sin embargo se cumple a rajatabla el derecho de los bancos a desahuciar a familias pobres.

Los que defienden los derechos de los animales (yo también lo hago por compasión) se olvidan de los derechos de las personas, y viceversa. Si amas a tu patria estás obligado a ser de derechas (¡qué idiotez!) y si defiendes los derechos de los trabajadores estás obligado a defender el separatismo. Otra idiotez, que se olvida que la izquierda nunca ha sido nacionalista sino internacionalista.

Tampoco se acuerdan que el nacionalismo separatista es un invento de la burguesía más adinerada para defender sus intereses egoístas, y ahora lo han convertido en bandera de la izquierda. Esto es como mezclar las churras con las merinas, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra.

A la pregunta clásica de si ¿hay algo más tonto que un obrero votando a la derecha o que un millonario votando a la izquierda? mi respuesta es afirmativa: un pobre adorando a un rico a través de la llamada “prensa rosa”.

Todo está fragmentado y dividido para evitar soluciones completas y dividir y enfrentar a la gente (divide y vencerás). Por eso pienso que el sistema de partidos es una conspiración como la copa de un pino para encerrarnos a todos en una ‘Matrix’ de soluciones parciales e incompletas. La palabra partido viene de partir, dividir, fragmentar, enfrentar y crear partidarios, es decir fanáticos sectarios dispuestos a todo.

Lo que mejor saben hacer todos los partidos políticos es defender sus propios intereses corporativos, aunque sea en contra de los intereses de su pueblo al que dicen servir, y esto acaba con mucha facilidad en la corrupción que todos conocemos.

Eso no quiere decir que yo defienda la dictadura, que tampoco. Quiere decir que tenemos que inventar algo nuevo y armónico que acabe con esta división y enfrentamiento entre la derecha y la izquierda, entre azules, rojos, naranjas y morados. ¿Es que no hay imaginación?

Tanto es así que al final la gente acaba votando no lo que más le gusta sino lo que menos le disgusta, aunque sea tapándose las narices para no oler la podredumbre de tanta corrupción.

A mi me seduce el ideal platónico del sabio al poder, o la tradición ancestral existente en todas las culturas de la humanidad de comunidades autogestionadas y gobernadas por un consejo de ancianos sabios, santos e iluminados que tome siempre decisiones sensatas para no cometer los errores de los jóvenes.

¡Feliz Día de la Hispanidad y un abrazo muy fuerte a todos mis hermanos hispanos!



(*) Periodista

martes, 4 de septiembre de 2018

PP, PSOE y C's rechazan una comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos

MADRID.- La Mesa del Congreso, con los votos de PP, PSOE y C's, ha rechazado hoy la petición de Unidos Podemos para que el pleno debata crear una comisión de investigación sobre las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en relación con las actividades del rey Juan Carlos.

Según han informado fuentes parlamentarias, PP, PSOE y C's han rechazado en la reunión de la Mesa del Congreso crear esa comisión de investigación tras las informaciones publicadas por "El Español" y "OK Diario" que aseguraban que la amiga del Rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein da a entender en unas grabaciones que éste tiene cuentas en Suiza y que la utilizaba a ella como testaferro.
La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, en declaraciones a los periodistas ha calificado de "auténtico fraude democrático" que PP, PSOE y C's se hayan "aliado para paralizar la investigación de las finanzas" del Rey emérito, cuando "hay sospechas fundadas de que Juan Carlos I incurrió en evasión fiscal".
"No puede haber más ley del silencio en nuestro país", ha dicho Bellarra, que considera que los ciudadanos "tienen derecho a saber" si el Rey emérito "es un defraudador, si cobró mordidas por el contrato del AVE a La Meca y si comparte testaferro con la trama Gürtel".
Por ello, ha avanzado que su grupo parlamentario presentará un escrito para pedir a la Mesa "la reconsideración" de su decisión y ha instado a PSOE y C's a rectificar y "trabajar con Unidos Podemos para la regeneración democrática.
"Hoy se han aliado PP, C's y PSOE en el Congreso para bloquear nuestra comisión de investigación y evitar que se conozcan las respuestas", ha escrito en su perfil de Telegram el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, tras conocer la decisión de la Mesa de la Cámara Baja.
Igualmente, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha criticado en Twitter que esos tres partidos se hayan "aliado" para "evitar que se discuta en el Congreso" sobre "los borbones y sus negocios oscuros".
"Se han negado a que se debata en pleno. Toleran la corrupción borbónica e impiden la democracia", ha subrayado Garzón.

El lujoso reloj de Mohamed VI que da que hablar en las redes sociales

RABAT.- La reciente aparición del rey Mohamed VI con un reloj en la muñeca valorado en más de un millón de euros está dando que hablar en Marruecos más de lo habitual, ya que los detalles de la vida personal del monarca nunca suelen ser objeto de comentarios, y menos de críticas.

El reloj, fabricado por la casa suiza Patek Philippe, modelo 5980/1400G, tiene una pulsera de oro blanco de 18 quilates, y entre la esfera y la pulsera contiene 893 diamantes que pesan 4,468 quilates, además de otros 182 diamantes de tipo "baguette" por un peso de 15,46 quilates.

Fue una cuenta de Instagram de 'Insane Luxury Life' (Vida de loco lujo) la que desveló la joya del monarca asegurando que costaba 1,2 millones de dólares y que el reloj había sido realizado en diciembre de 2017 bajo demanda particular de un cliente de Patek Philippe.

El reloj en cuestión lleva siendo la comidilla en las redes sociales desde el pasado fin de semana, pero hoy son ya dos medios informativos por internet los que se hacen eco de la joya (ledesk.ma y yabiladi.com) pero sin emitir la más mínima crítica.

El reloj fue puesto en venta el pasado 14 de mayo a través de la casa de subastas internacional Christie´s, por lo que es de suponer que el monarca lo adquirió personalmente o a través de algún intermediario durante esa puja. 


Según la revista Forbes, especializada en las mayores riquezas del mundo, la fortuna de Mohamed VI está estimada en 2.100 millones de dólares, lo que le convierte en uno de los hombres más ricos de África, aunque otros sitios especializados elevan esa cifra a los 2.500 millones. 

lunes, 3 de septiembre de 2018

Estiman que hay 80.000 pederastas en el Reino Unido activos en la red

LONDRES.- Las autoridades británicas estimaron que hay unos 80.000 pederastas en el Reino Unido que suponen una amenaza sexual para los niños a través de la red, una situación que ha ido en aumento en los últimos años.

El ministro británico de Interior, Sajid Javid, ha dejado claro que se ha fijado como "misión" combatir los abusos contra menores tras recibir información sobre esta situación de la llamada Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con cifras divulgadas por el Ministerio de Interior, las denuncias a la NCA sobre imágenes de abusos de niños aumentaron un 700 % en los últimos cinco años.
El ministerio también advirtió de que la transmisión en vivo de abusos está en aumento, debido a una mayor velocidad del internet y la tecnología de la telefonía inteligente.
El titular de Interior, en un discurso que pronunciará y adelantado a los medios, afirma que un policía del NCA que trabajó en el pasado en la unidad antiterrorista le reveló que nunca se había sentido tan conmocionado por la gravedad de estas imágenes.
Otras cifras divulgadas indican que las fuerzas del orden en Inglaterra y Gales han registrado unos 23 delitos sexuales a través de la red todos los días entre 2017 y 2018, 15 casos más por día frente a los doce meses anteriores.
Los medios dicen que esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de que los gigantes tecnológicos tomen medidas para frenar el acceso a imágenes y vídeos de abusos sexuales de menores.
El responsable policial de protección de los menores a nivel nacional, Simon Bailey, ha advertido de que las nuevas tecnologías han abierto "oportunidades" para los pederastas y ha pedido a las compañías de internet que reconozcan su "responsabilidad social" y hagan un esfuerzo por impedir los abusos en sus plataformas.
La llamada Fundación de Vigilancia del Internet (IWF, siglas en inglés), que retira material de abusos de niños en la red, expresó hoy su apoyo a los esfuerzos del Gobierno por atajar el problema por considerar que "reconoce una amenaza que evoluciona".
"La gravedad de las imágenes que hemos identificado están al alza y parece que los culpables se están volviendo más sofisticados en su delito", señaló Susie Hargreaves, directora del IWF.

lunes, 16 de julio de 2018

Borbonia / Ramón Cotarelo *

Toca juzgar al rey emérito. Toca juzgar su reinado. Por eso los poderosos se resisten como gato panza arriba a apear el mando. Porque saben que los van a juzgar. Y no suelen salir bien parados. Precisamente en estos días, la fundación de su nombre abre al público los papeles, el archivo de Felipe González. Es de suponer que debidamente expurgados de forma que quizá sea preciso esperar veinticinco años hasta saber qué pasó realmente con los GAL.

En el caso de la Monarquía, el juicio al rey está ya hecho hace mucho por la opinión pública y es devastador. El rey lleva el sobrenombre de su primer velero, Bribón. De reseñar el cortesanísimo comportamiento de los medios de comunicación, todos a una al quite y a encubrir las bribonadas del sujeto. Episodios ha habido en su vida que requerirían un Valle Inclán que retrató la de su tatarabuela Isabel II. Isabel es el nombre que acompaña a las dos Españas, la ascendente de la Iª y la desfalleciente de la IIª. 

Comienza una batalla mediática, política, con ambición de convertirse en judicial, por llevar al ciudadano Juan de Borbón ante los tribunales. A la defensa acuden prestos los tres partidos dinásticos PP, PSOE, C's y todos los medios de comunicación impresos y audiovisuales así como algunos digitales. Encabeza la cruzada por el trono y el altar el siempre fiel ABC que, en recuerdo de sus mejores tiempos, se inventa una encuesta con un 70% de ciudadanos en España dispuestos a dejarse matar por su rey que tanto lo merece. En contra, una alianza de la escasa izquierda republicana con el más escaso republicanismo muy fraccionado.

Más complejo es el juicio a la Monarquía, que ya afecta al sucesor. Una ministra del gobierno Sánchez ha señalado que el hijo no hereda los posibles pecados del padre y tampoco de la hermana y el cuñado. Sin duda, pero la Monarquía está tocada en todos sus flancos. La corte es un patio de monipodio con una autoridad moral nula. El ejercicio del monarca, perfectamente anodino. El incumplimiento de su función como árbitro y moderador de las instituciones, clamoroso. 

El desastre definitivo de la institución fue el discurso del tres de octubre de 2017 en el que el rey se alineó incondicionalmente con una de las partes del conflicto, respaldando su agresiva política de represión y, por ello mismo, alentando su intensificación. En esa amenazadora arenga perdió Felipe VI el poco recurso que le quedaba a una hipotética legitimidad. 

Catalunya triunfante será republicana. La insistencia de Torra en que el Borbón se disculpe por el discurso de marras y, por tanto, por el 1-O, le da la base para poco menos que declarar Catalunya entera tierra libre de Borbones. El rey tiene el extraño privilegio de ser persona non grata en algunos municipios catalanes. Un poco más y consigue que lo declare persona non grata el Parlament.

Otra cosa será el destino de la Monarquía en España. Pero eso es algo que habrán de decidir los españoles cuando se decidan a decidir algo.  
 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

lunes, 2 de julio de 2018

La Corona agoniza / Ruth Toledano *

Para las cosas esenciales nunca es el momento ni hay tiempo, así que es obvio que el gobierno de Sánchez no va a hacer nada que ponga en cuestión la Jefatura del Estado, el Reino de España. Los socialistas monárquicos (esa contradicción en sus términos) dirán que no es el momento. Los socialistas republicanos dirán (entre dientes) que en esta legislatura no hay tiempo. O viceversa. Tanto monta monta tanto. Tiempo tampoco hubo ni era el momento en las legislaturas anteriores. Acaso en las del más allá.

Pero se pongan como se pongan unos y otros socialistas o no la Corona agoniza. Se la puede mantener como se mantuvo a Franco: enchufada al aparato para mantenerla con vida, aunque vegetativa; entubada para que le llegue el oxígeno a un cerebro de encefalograma plano. Me refiero a la muerte orgánica de la monarquía, a la expiración gráfica del régimen (no vaya a ser que acabe en la cárcel acusada de faltar a los Borbones, cosa a la que, por otra parte, tengo todo el derecho, faltaría más). Otra cosa es la imposición, que nos obliguen a tener una muerta encima (no hay más que verla, por lo suelos, valga la paradoja). Se impone con provocación: el exhibicionismo de la fuerza necrófila.


La última escenificación de esta muerte tan poco apasionante ha tenido lugar en un recóndito paraje de Catalunya. Allí, en un salón de bodas de los célebres cocineros para omnívoros hermanos Roca (ni siquiera en su muy exclusivo restaurante, donde la factura asciende a unos 300 euros por barba hipster) se hizo entrega este año del Premio Princesa de Girona, que concede la Fundación homónima. 

La transacción tuvo lugar allí porque el jefe no electo o rey solo fue bien recibido en un salón de bodas de pueblo (no se me ofendan los de pueblo, que yo también lo soy, a ver si nos entendemos). Tras la entrega de estos exóticos galardones (para quien no lo sepa, la princesa de Girona es Leonor de Borbón y Ortiz, 12 años, heredera del trono no electo de España, y dejo  aquí la Wikipedia para los más noveleros) solía celebrarse en el Auditori de Girona un encuentro llamado  Rescatadores de Talento (baste decir que es patrocinado, entre otros, por Ferrovial, Nestlé, Novartis, Gas Natural, Abertis, Indra, BBVA… En fin, gente talentosa que sabe lo que rescata). Pero este año no pudo ser: el Auditori de Girona se encontraba en obras. Work in progress.

Fue todo muy pedestre y tan premonitorio como la chupa de agua que cayó el día de la boda entre Felipe de Borbón y Letizia Ortiz hace catorce años. Tanto ha llovido desde 2004 que hasta tienen un cuñado en chirona y una hermana que fue infanta de todo y es duquesa de nada. En Girona también llovía el otro día. 

La escena exhalaba una atmósfera de acto semiclandestino que solo rompió la llamativa apariencia de la ahora llamada reina (vestido rojo como rosa de un logo, pelo tirante como negociación de un divorcio). Felipe y Letizia llegaron juntos en un coche que no conducían y se trataron como si no se hubieran dirigido la palabra jamás. Parecían esos invitados a una boda incapaces de ocultar que se han pasado la noche discutiendo.

El aspecto terrible que ambos lucían, esa mezcla entre soberbia y tristeza, entre altivez y desolación, es la viva imagen de la monarquía, la representación más gráfica de un régimen que, aunque se desmorona, se aferra a su existencia como a un paraguas gris. Todo en su espacio es falso y falaz. La presunta calma de él. La presunta autonomía de ella. Todo es tan presunto. Ya no está arriba la Corona: flota en una altura abismal que solo conduce al precipicio, al vacío. Por algo los acompañaba un astronauta.

¿Por qué seguimos haciendo el paripé? ¿Por qué seguimos diciendo que el rey está vestido? ¿Por qué se nos obliga a simular que no nos damos cuenta de que esa institución (esa familia, esas personas, esa gente) a nadie sirve  ya ni nada une? ¿Por qué no reconocer que son perjudiciales o, al menos, que agonizan? ¿Por qué esos patrocinios? ¿Nadie que llega al poder va a hablar nunca con sinceridad? ¿No es el momento? ¿No hay tiempo? ¿Cuándo es el tiempo de la evolución? ¿Cuándo el tiempo de la dignidad? 

Si es tiempo de exhumar los restos del dictador que nos legó a los Borbones, es tiempo de liquidar su herencia. Todo ante notario, por supuesto (no se me vaya a malinterpretar y acabe en Brieva).


(*) Periodista


lunes, 25 de junio de 2018

El TSJ de Valencia fija en 150.000 euros la indemnización a un trabajador murciano de banca 'por daños morales'


VALENCIA.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a la entidad Banco de Santander SA a la mayor indemnización a un trabajador en España por daños morales, establecida en 150.000 euros en el fallo de la sentencia ante los recursos de ambas partes contra la fijación anterior en sentencia de 50.000 euros por el juzgado de lo social nº 7 de los de Alicante al murciano Javier Fernández de Diego representado por el letrado del Colegio de Abogados de Murcia, Antonio Checa de Andrés (en la imagen).

La Sala confirma la sentencia de instancia recurrida salvo en lo relativo a la indemnización a satisfacer al demandante por la entidad bancaria en concepto de daños morales, que se cuantifica ahora en 150.000 euros frente a los 50.000 fijados en primera instancia.
Entre los fundamentos de derecho, la Sala integrada por tres magistradas (Isabel Moreno de Viana Cárdenas, María Mercedes Boronat Tormo y María del Carmen López Carbonell) estima que "la sentencia de instancia considera acreditada, desde hace varios años, una conducta de acoso y hostigamiento al actor por parte de la entidad Banco de Santander, durante varios años, que culmina en un traslado forzoso desde la localidad de Alcoy (Alicante), hasta Tarragona, que considera vulnera sus Derechos Fundamentales, habiéndose diagnosticado al actor de un trastorno adaptativo consecuente a la situación laboral".
El letrado señor Checa en su recurso, solicitaba que la indemnización se cuantificase, no en atención a los parámetros de las sanciones de grado medio establecidos en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), sino en los establecidos para las sanciones mas graves de 100.000 a 187.515 euros, valorando las consecuencias que para el actor ha tenido la conducta empresarial.
Por contra, la citada entidad bancaria niega la situación de acoso y hostigamiento que se afirma producida hacia el actor, y que ha afectado a su salud.
Sin embargo, para la Sala "el actor se encuentra diagnosticado de trastorno adaptativo secundario a problemas laborales, que se encuentran documentados por psiquiatra. A la vista de tales datos la sentencia de instancia ha considerado acreditada una situación de acoso y hostigamiento con resultado lesivo para la salud del trabajador, que ésta Sala comparte, en base al concepto legal de acoso consistente, tal y como señala la sentencia de instancia, y que no cabe reiterar, en una conducta que, de modo individualizado, implica un trato desigual y ocasiona un daño igualmente individualizado".
Por lo que se refiere a la situación de acoso, por sucesivos traslados, asi como absoluto ninguneo de sus peticiones de traslados y apoyos, "la Sala se muestra acorde con los razonamientos de la instancia que, en base a la documental y testifical pone de relieve la anormalidad de las sucesivas comisiones de servicios, alguna de ellas hasta nueva orden o por tiempo de seis meses, asi como su atribución mayoritaria al actor, incluso cuando el actor se encontraba ya de baja por trastorno depresivo, a la cual siguieron, tras su mejoría, once comisiones mas por diferentes días hasta la atribución definitiva de plaza el 23.09.2015, a la que siguieron nuevas comisiones".
Y añade: "Dado que existe una directa relación causa-efecto entre la conducta empresarial y las dolencias psiquiátricas del actor que están plenamente acreditadas, debemos estimar que las mismas son consecuencia directa de la conducta de hostigamiento y acoso a la que ha sido sometido". 
Estima la Sala que "claramente puede atribuirse a la empresa una responsabilidad patrimonial mayor que la declarada en la instancia, en atención a los criterios señalados por el trabajador. Y ello porque negar los perjuicios al trabajador resulta ciertamente perturbador (...) 
Es evidente que el trabajador ha visto dañada su dignidad profesional y las conductas descritas en los hechos probados de la sentencia de instancia han actuado como causa desencadenante de un proceso psiquiátrico cuya lesividad no debe desconocerse, amen de tratarse de conductas activas u omisivas claramente despreciativas y que evidencian la existencia de toda empatía ante la situación ajena, por lo que la afectación a la dignidad del trabajador puede afirmarse sin resquicio alguno.
Por ello, claramente debe aceptarse que la calificación de la conducta empresarial debe ser considerada como una falta muy grave de las previstas en el art 40 c) de la LISOS, que establece un abanico de entre 100.006 a 187.515 euros, fijándola en su grado medio, que prudentemente se cuantifica en 150.000 euros".
Por tanto procede, "reiterando la argumentación de la instancia, que se completa con los argumentos antedichos, desestimar el recurso de suplicación interpuesto por la entidad Banco de Santander SA y estimar el del Sr. Fernandez de Diego, cuantificando la indemnización a percibir por éste de la citada entidad bancaria en 150.000 euros".
En su fallo la Sala del TSJCV dice que "desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de Banco de Santander, y estimamos el interpuesto por el trabajador don Javier Fernandez de Diego contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Alicante, de fecha 8 de mayo del 2017, en virtud de demanda presentada a instancia de don Javier Fernandez de Diego; y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida salvo en lo relativo a la indemnización a satisfacer al demandante por la entidad bancaria en concepto de daños morales, que se cuantifica en 150.000 euros".


viernes, 22 de junio de 2018

Carlos Egea Krauel imputado por administración desleal en Caja Murcia por parte del Juzgado de Instrucción nº 7


MADRID.- La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, reabrir la causa por un delito de administración desleal contra el ex presidente ejecutivo de Caja Murcia y Banco Mare Nostrum (BMN), Carlos Egea Krauel, ahora consejero ejecutivo de Bankia, que está imputado en el procedimiento, según adelanta hoy Vozpópuli.

"Se dirige la presente causa contra Carlos Egea Krauel en su condición de investigado por presunto delito de administración desleal", especifica el auto de 18 de junio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que apunta que el procedimiento podría ser dirigido contra otros posibles "partícipes" en el delito.
Este delito, que el juez considera que presuntamente fue cometido en la gestión de la entidad Caja Murcia, posteriormente BMN, "debe ser imputado inicialmente al investigado Carlos Egea Krauel", reitera el auto.
La Audiencia de Murcia ha reabierto así una causa archivada tras una denuncia de Jesús Plaza Piñeyro, un exempleado despedido de Caja Murcia contra Egea. Le acusa de distintas irregularidades durante su etapa en Caja Murcia y BMN. El juez no vio inicialmente indicios de delito y la archivó, pero el tribunal superior ha considerado que debe investigarse, aunque sin citar de momento a Egea y sí al denunciante.
Consultado por este medio, Egea se mostró ayer "convencido de que su actuación y la de Caja Murcia fue totalmente correcta y reclamó que la causa se instruya a la mayor velocidad posible para que así se demuestre”.
El instructor, que ha citado a declarar como testigo al denunciante de los hechos, también pretende interrogar al responsable legal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el organismo público que inyectó 1.645 millones de euros al banco resultante de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra.

El Frob, perjudicado

El juez también ofrece al Frob la posibilidad de ejercer acciones legales contra Egea, como perjudicado. Reclama a este organismo que le informe acerca de las gestiones realizadas tras ser informado de la denuncia.
"Requiérase para que informe [...] de la realidad de los hechos denunciados, identidad de las personas que hubieran tomado decisiones para aquellas actuaciones y sobre cualquiera otras circunstancias que permitan valorar si las actuaciones denunciadas han supuesto un importante beneficio para algunas personas en perjuicio de la entidad Caja Murcia, ahora BMN", especifica en este sentido el auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia. 
El Frob investigó toda la gestión de la entidad liderada por Egea -como la del resto de grupos que recibieron ayudas públicas- hace ya años sin encontrar irregularidades del expresidente.
Asimismo, el instructor se dirige al Servicio de Inspección del Banco de España para que les informe si ha llevado a cabo alguna investigación en base a los hechos denunciados: "Debiendo remitir informe de lo resuelto en su caso", indica la resolución del juez José Fernández Ayuso.
La causa contra el consejero ejecutivo de Bankia, una de las personas más conocidas en la Región de Murcia por su largo periplo en la presidencia ejecutiva de Caja Murcia, fue inicialmente archivada por el juez de primera instancia murciano.

Audiencia de Murcia

Pero la Audiencia Provincial de Murcia, con el magistrado Francisco Navarro Campillo como ponente, reabrió la causa, tras interponer el abogado José Luis Mazón un recurso, con un auto en el que especificaba: "Los hechos denunciados por la apelante ciertamente pudieran constituir indiciariamente un presunto delito de administración desleal, por lo que no comparte la Sala la inicial decisión instructora de archivo provisional de la causa".
El recurso del abogado Mazón, que ha asesorado al denunciante, empleado de Caja Murcia durante 32 años, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, explica los hechos presuntamente atribuidos al expresidente de Caja Murcia: "La concesión de prebendas, premios y préstamos personales y anticipos de nómina a empleados (fondos de reptiles) por su adhesión inquebrantable a los designios del 'caudillo' de la entidad, Carlos Egea, y preboste regional que conoce altos jueces, fiscales, delegados y directores generales".
Y los empleados presuntamente beneficiados, según el recurso del letrado Mazón, consiguieron mejorar sus indemnizaciones "camuflándolas" como operaciones "legítimas que paga el erario público que desembolsó 915 millones en el rescate".

Ventas perjudiciales

Además, el denunciante acusa a Egea de despatrimonializar Caja Murcia al vender sus oficinas más representativas en condiciones "escandalosas": "Se vendían a precios perjudiciales para la entidad, se conceden préstamos a los nuevos adquirentes, y pagando acto seguido a los prestatarios unos alquileres muy por encima del tipo de interés de los préstamos". Estos son los conocidos como 'sale and lease back' (venta y posterior alquiler) al que casi todos los bancos recurrieron al comienzo de la crisis.
El denunciante ve la operación así: "La Caja pierde patrimonio y los afortunados compradores ganan no sólo la propiedad, sino que reciben por los conceptos de alquiler un rendimiento equivalente al 8%. Absolutamente impensable para cualquier inversor y absolutamente ruinoso para la Caja".
La denuncia también apunta otras presuntas irregularidades, como por ejemplo la indemnización de 150.000 euros de la que se benefició el ex subdirector general y secretario general de Caja Murcia Federico Ros Pérez tras ser despedido; los préstamos personales y anticipos de nómina que se conceden al ex director de Recursos Humanos Jerónimo García Abellán, que acaban primero en el Departamento de Impagados y después a a la situación de "Fallido Definitivo", con un saldo pendiente de 52.303,93 euros, en fecha 30 de marzo de 2012.
Otras presuntas irregularidades cometidas por Carlos Egea son, según la denuncia, condonaciones "a dedo por favores realizados a ex jefes de zona que también salían por la puerta grande". Como es el caso, siempre según la denuncia, del directivo Joaquín Martínez Asensio, cuyo préstamo de 27.514 euros se resuelve con un movimiento de “condonación contencioso”.

Presidente de Caja Granada

El despido pactado del ex director de la Oficina Principal de Murcia y jefe del Departamento de Clientes Institucionales, Juan Miguel Sánchez Caballero, también está bajo sospecha, ya que el denunciante asegura que también recibió un trato de favor por recibir "una jugosa cantidad", que cifra en más de 250.000 euros, y ser beneficiario de la condonación de dos préstamos de 54.847 euros y 41.523 euros.
Manuel Alonso Martínez, del Departamento de Marketing también solicitó un anticipo de nómina de 20.000 euros, que también pasó a ser considerado por Caja Murcia como "fallido definitivo".
Por su parte, el ex director general de Caja Granada Manuel López Robles recibió con el concepto de "abonos varios", completa el denunciante, más de 469.000 euros para compensar su despido, que la denuncia especifica que fue "voluntario".
La denuncia también alude a otras presuntas irregularidades cometidas desde Caja Murcia: "esta Caja era práctica habitual la condonación de deudas completas o parciales, [...] las cancelaciones de operaciones 'por que sí', y de las que tengo ejemplos que se remontan al año 1988: desde presidentes de Comunidades Autónomas hasta Cofradías de Semana Santa, pasando por Federaciones de Fútbol, o particulares amigos del amo del cortijo".

Bankia no ve razones para apartar a Egea

La imputación de Carlos Egea no afectará a su cargo como consejero ejecutivo de Bankia. El banquero murciano entró en el órgano de gobierno de la entidad nacionalizada a comienzos de año, como representante de la fusionada BMN.
Desde Bankia explican que, entonces, Egea pasó el test de idoneidad que afrontan todos los consejeros de la banca, sin ninguna pega. Incluso, añaden, se examinó la denuncia que ha dado fruto a la imputación.
"Esta denuncia ya se conocía cuando se analizó la idoneidad de Carlos Egea como consejero y superó todos los procedimientos. No obstante, la Comisión de Nombramientos volvería a examinarlo en caso de que procediera”, señalan desde Bankia.
Egea es uno de los cuatro consejeros ejecutivos de Bankia, junto al presidente, José Ignacio Goirigolzarri; el consejero delegado, José Sevilla; y el director general de Personas, Medios y Tecnología, Antonio Ortega.

Trayectoria

El banquero murciano, de 71 años, comenzó su trayectoria en Caja Murcia en 1976. Siete años después fue nombrado director general y, en 2008, presidente. 
En 2010 lideró la fusión de Caja Murcia con otras tres entidades: Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès, con la inyección de las primeras ayudas públicas. Penedès fue la caja que más problemas aportó al grupo resultante, BMN. 
Durante los años siguientes, y tras una nueva inyección pública en 2012, Egea dirigió BMN para mantenerla en solitario e incluso sacarla a bolsa. Fue imposible, y el Frob decidió que lo mejor para el Estado era unir la entidad a Bankia, hasta ahora.
En todos estos años, y a pesar de la revisión exahustiva del Frob con informes forensic, Egea no se ha visto envuelto en ningún caso de presuntas irregularidades. Al contrario, destapó la causa de las prejubilaciones irregulares en Penedès, por la que hubo condena en la Audiencia Nacional.

domingo, 27 de mayo de 2018

Miles de personas se manifiestan en Madrid para pedir la abolición de la tauromaquia


MADRID.- Miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid para pedir la abolición de todos los festejos taurinos, unas 40.000, según las 17 organizaciones animalistas convocantes.

La protesta ha comenzado a las 12.00 horas en la Puerta del Sol con una acción en la que cientos de activistas han realizado una ‘performance’ bajo el lema ‘Tauromaquia Es Violencia’. 
Los participantes han roto banderillas llenas de polvo rojo, formando así una nube de este color, simbolizando la sangre de los más de 20.000 toros, vacas, vaquillas, novillos y becerros que cada año mueren en festejos taurinos en España.
Bajo lemas como “La tortura no es cultura” o “Basta ya de maltrato animal” miles de personas han recorrido las calles de la capital madrileña desde la céntrica Puerta del Sol hasta la Plaza del Museo Reina Sofía, donde ha tenido lugar la lectura de manifiestos.
Según destacan las once organizaciones convocantes, a la manifestación se han adherido más de 170 colectivos procedentes de todo el país y del extranjero, y cuenta con el apoyo del Equo y de la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA).
La portavoz de ‘Tauromaquia es violencia’, Laura Gonzalo, ha señalado que “es un atraso que en pleno siglo XXI se sigan torturando animales por diversión y encima financiándolo con dinero público”.
“Estamos demostrando que la sociedad quiere un cambio. Reclamamos a los políticos que sean valientes, que empiecen a escucharnos y a tomar mediadas encaminadas a la abolición de la tauromaquia”, ha remarcado.
En este sentido, el coportavoz de ‘Tauromaquia es violencia’, José Enrique Zaldívar, ha afirmado que él, como veterinario, quiere “hacer saber a la sociedad que el sufrimiento, la tortura y el maltrato a los animales, simplemente por divertimento no tiene cabida en esta sociedad”. 
“La sociedad está cambiando, el movimiento cada día es más grande y tenemos muchos argumentos con los que contrarrestar los argumentos de los taurinos”, ha manifestado.
Algunos de los manifestantes han explicado que su objetivo es “defender a los animales, que se les oiga” ya que ellos “tienen voz” y han reclamado a los políticos que “quiten las subvenciones a la tauromaquia” y las destinen a “educación o sanidad”.
También han expresado su apoyo rostros de la cultura como la escritora Rosa Montero, la cantante Mari de ‘Chambao’, la actriz Emma Ozores, el cantante Niño de Elche y la escritora y periodista Pilar Eyre, entre otros.
Asimismo, han apoyado la concentración representantes políticos como el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que ha señalado que “matar toros ya no es cultura. No toleramos que nadie maltrate a un perro, ¿por qué tenemos que tolerar que alguien maltrate a un toro?” y que el paso inicial para abolir la tauromaquia es “dejar de subvencionar espectáculos taurinos”.

La corte de Zaplana reniega de su líder

VALENCIA.- Un largo silencio, una respiración profunda y una confesión: «Me pones en un compromiso». La reacción no varía mucho entre la veintena de personalidades de la vida pública valenciana, empresarios y miembros relevantes de la sociedad civil habituales del entorno de Eduardo Zaplana que descolgaban el teléfono a Las Provincias y escuchaban el motivo de la llamada: Usted que tuvo relación con él, ¿cree que puede haber recibido comisiones ilegales? ¿Intuyó algo en aquel momento? ¿Qué piensa ahora del mandato del expresidente y de su figura?

Tras arrebatar la Generalitat a los socialistas y cosechar en la Comunitat Valenciana victoria tras victoria para el Partido Popular desde mediados de los años 90 y hasta su salto a Madrid como ministro de Trabajo en 2002, Zaplana llegó a formar a su alrededor una auténtica corte que se deshacía en aplausos, besos y apretones de manos. Este fenómeno era algo inédito hasta entonces entorno al poder autonómico y contaba entre sus filas con personajes conocidos de la sociedad valenciana del momento, responsables de empresas e instituciones privada, además de profesionales de los ámbitos más diversos.
Aunque el cambio de vientos que se genera con la entrada de un nuevo Molt Honorable mueve a los más veletas, lo cierto es que algunos de los que más buscaron la cercanía con el ahora detenido mantuvieron encendida una llama que llegó a alumbrar su última gran aparición pública, el pasado mes de abril en el Ateneo Mercantil de Valencia.
Allí se dieron cita buena parte de los supervivientes de aquella corte que hoy enfría sus ánimos y, en el mejor de los casos, encomienda sus afectos a la evolución de los acontecimientos. Se trata de mujeres y hombres, en mayor número estos últimos, que mantuvieron una estrecha relación con el expresidente del Consell y exministro de Trabajo, incluso hasta fechas muy próximas a la entrada en escena de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La mayoría de aquellos que buscaban dejarse ver junto al político venido del Ayuntamiento de Benidorm prefieren ahora no figurar. Las excusas son en algunos casos escuetas y revestidas de pragmática sinceridad: «ahora no me conviene», «compréndelo, para mí también es un momento difícil», «prefiero que pase de mí este cáliz», termina la conversación uno de ellos recurriendo a las Sagradas Escrituras.
Por contra, tampoco faltan los que optan por asegurar una poco conocida enemistad o razonamientos de lo más peregrinos para eludir la conversación, como la estancia temporal en un país europeo (sin restricciones conocidas para la conversación telefónica) o la asistencia a unas aparentemente interminables reuniones privadas o actos públicos.
Los que sí aceptan hablar lo hacen casi todos con el compromiso explícito de conservar su anonimato y después de una larga insistencia por parte de quien pregunta y una profunda meditación del que responde. Comparten en muchos casos su sorpresa por la detención, aunque son pocos los que apuestan firmemente por la inocencia de Zaplana, con lo que se conoce de las investigadores que han llevado a la operación Erial.
«No me consta que recibiera ninguna comisión ilegal», asegura un responsable jurídico, que también reitera con educada vehemencia que no le llegó «ningún testimonio» en las décadas que han pasado desde la primera vez que coincidió con él. 
En otros casos se alega que sus contactos fueron estrictamente profesionales o institucionales, que realmente sólo se sentaron tres o cuatro veces con él, que si ellos eran uno más... a pesar de haber hecho gala durante años de mucha mayor proximidad, especialmente cuando mandaba y tras el reciente reverdecer de su liderazgo, ya fuera de los órganos del partido popular. 
«¡Cómo podía saber si había comisiones!», clama una habitual del entorno de Zaplana, «quiero pensar que nadie mantiene comportamientos ilegales».
En todo caso, algunos optan por nadar y guardar la ropa. «Yo no hago juicios paralelos. Son los jueces los que tienen las herramientas. Si el juez y la policía han tomado estas medidas, ellos son los que tienen los instrumentos». 
Aunque otros, a medida que avanza la conversación prefieren que, pase lo que pase, se pase pronto: «espero que se resuelva cuanto antes. No puede ser que la justicia vaya tan lenta».
Es cierto que los que menos pueden negar que estuvieron cerca, son los que más cuestionan las acusaciones que se van conociendo. «Tengo mis dudas de que haya cobrado comisiones. El juez y la policía lo tendrán que demostrar realmente», apunta alguien muy próximo. «Soy muy amigo suyo y estoy sorprendido por todo lo que está pasando y por lo que se dice. Esperemos que salga adelante», comenta otro de los empresarios que dan su opinión ante lo sucedido.
La valoración de su persona y la huella de su paso por el poder valenciano sigue siendo, por contra, positiva para todos ellos con mayor o menor efusividad. «Fue un súper presidente, una bellísima persona y correctísima en todo», asegura el más entregado entre los consultados. 
«Fue un fenómeno. Hizo despegar a Valencia, porque, hasta que no llegó él, no se hizo la carretera a Madrid», apunta otro patrono que encuentra en un responsable social la nómina de éxitos: «fue quien acabó la A-3 e impulsó la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La Comunitat durante su mandato experimentó un crecimiento significativo, pero entre 1997 y 2007 vivimos un periodo muy bueno, fuera el presidente quien fuera», desliza. «Estuvimos a la cabeza de España».
Sobre su escalada al poder, uno de los todavía leales reconoce que le llamó la atención que «ascendió rapidísimamente. Tuvo mucha suerte. Fue muy buen político». 
Sin embargo, no falta quien hace un balance más duro de su valencianía. «Como presidente fue una figura políticamente relevante para la sociedad valenciana, pero cuando se fue a Madrid, se distanció. Quemó sus naves con Valencia y tuvo una actitud muy distante con todo lo valenciano que me sorprendió».

Mª Antonia Álvarez: "A Dimas lo quieren echar de presidente por denunciar la corrupción de 'El Corte Inglés'"


MADRID.- Dicen que una madre mataría por su hijo. Que no hay nada como el amor materno. Estas sentencias explican mejor que ningún argumento financiero el origen de la guerra por el control de El Corte Inglés, la emblemática empresa española de la que dependen más de 100.000 trabajadores directos y otros tantos indirectos. Una batalla que enfrenta a Marta y Cristina Álvarez y Dimas Gimeno por la presidencia de un 'holding' que factura más de 15.000 millones y cuyo germen parte de la animadversión personal entre María José Guil, la madre de las hijas que adoptó Isidoro Álvarez, y María Antonia Álvarez, la del sobrino del que fuera alma máter del primer grupo de distribución de España. La entrevista El Confidencial.

Hija de agricultores y huérfana a los seis años, María Antonia Álvarez, (Borondes, Asturias, 1946), ha presentado tres demandas contra Marta y Cristina Álvarez Guil para reclamar la parte de la herencia que considera le dejó su hermano Isidoro y de la que se han apropiado, según su criterio, unas sobrinas a las que nunca reconoció. 
Ni ella ni doña Eustaquia, la madre del octogenario presidente de El Corte Inglés fallecido en septiembre de 2014 por una leucemia. Una pelea judicial en la que exige, sobre todo, el reconocimiento de los derechos de su hijo, al que "están machacando desde el primer día".

- PREGUNTA: ¿Por qué ha llevado a los tribunales a las hijas de Isidoro?
- RESPUESTA: Durante tres años me he reunido con Carlos Martínez Echevarría (albacea del testamento y alto directivo de El Corte Inglés) para reclamar una solución que nos permitiese poder pagar los impuestos derivados de la herencia que me dejó mi hermano. Les dije que necesitaba los dividendos y me indicaron que no me preocupara, que iba a ser incluso millonaria. Pero yo no tengo dinero y ellas lo saben. En la última reunión que tuve con ellos me dijeron que yo no les podía poner una demanda porque Isidoro les había encomendado cuidar de mí. Pero me estaban ahogando.

P: ¿Considera que Marta y Cristina la han engañado en el testamento con Cartera de Valores IASA, la tenedora del 14% de El Corte Inglés?
- R: Cuando fuimos al notario, un señor de apellido Aznar, a abrir el testamento, en un despacho contiguo, habían hecho una junta de accionistas de IASA para sacar 140 millones de euros de patrimonio y dejarlo en 50.000 euros. Inocentemente firmamos el testamento porque desconocíamos que apenas unos minutos antes, usando su mayoría en la sociedad de cartera, iban a quedarse con parte del dinero. Fuimos sin abogados porque jamás pensamos que Martínez Echevarría, presidente de IASA y albacea, nos haría algo así. Tardaron tres años en darnos el primer dividendo, a finales de 2017. Queremos que reintegren el dinero.

- P: ¿Cree que ha sido una venganza porque su madre, doña Eustaquia, nunca consintió el matrimonio de su hermano con María José Guil ni las aceptó a ellas?
- R: No sé si es una venganza personal. Es cierto que mi madre no autorizó el matrimonio por la historia de María José, que ya había estada casada con un señor llamado Camorra, que tenía dos hijas. Mi hermano se casó cuando tenía 60 años, en secreto, en una capilla de un convento, con solo cinco personas. No nos enteramos ni que se habían casado porque él no se atrevió a decírselo y siguió viviendo en nuestra casa hasta varios meses después. Nunca vinieron a ningún acto de nuestra familia porque mi madre no lo permitió.

- P: ¿Y usted?
- R: Yo no actúo por venganza. Lo hago por defender lo que es mío, la sangre. A mí me gusta el dinero, como a todos, pero hay cosas que no se pueden comprar. Dimas nunca ha querido poner ninguna demanda porque no ha querido airear estas cosas. Y no demandamos a El Corte Inglés, demandamos a IASA, porque para nosotros El Corte Inglés es sagrado.

- P: ¿Es un tema de piel, de sangre?
- R: Ellas se creen las dueñas de El Corte Inglés, pero solo tienen el 15%. Es un expolio. Así está El Corte Inglés. Su sangre es Camorra, no Álvarez. Ellas no entraron en la empresa hasta que tuvieron cuarenta y tantos años e Isidoro nunca las quiso dentro para nada.

- P: Pero ellas mandan con ese 15% porque tienen el control de la Fundación Ramón Areces, dueña del 37% del capital. ¿Por qué piensa que quieren la salida de Dimas Gimeno de la presidencia y del consejo?
- R: Porque Dimas ha denunciado la corrupción interna, como la del departamento de seguridad que dirige Juan Carlos Cernuda, tras recibir unos anónimos con muchos detalles. Carlos Martínez Echevarría y Leopoldo Lasaga (el otro directivo coetáneo de Isidoro) nos han traicionado porque ellos quieren salir inmaculados de todo esto. Pero si mi hijo sale de El Corte Inglés saldrán cosas muy feas. Eso no puede quedar así.

- P: ¿Hay posibilidad de algún tipo de acuerdo para solucionar esta crisis familiar?
- R: Dimas sigue y sigue empeñado en llegar a un acuerdo. Quieren hacer lo mismo que con Leopoldo del Nogal, al que le pagaron una gran cantidad para que se fuera. Pero, aunque mi hijo quisiera llegar a un acuerdo, yo no lo firmaré porque tengo que defender los derechos de César Rodríguez (su abuelo), Ramón Areces, Isidoro y los 100.000 empleados. ¿Sabes los empleados que se han dejado la vida ahí? Víctor del Pozo, el consejero delegado, le ha dicho a mi hijo Miguel Ángel que yo acepte el dinero y me vaya a comprar bolsos. Ya hemos rechazado mucho dinero.

- P: ¿Considera que Marta está preparada para ser presidenta de El Corte Inglés, como se ha postulado para sustituir a tu hijo?
- R: Si Isidoro hubiera querido que sus hijas estuvieran en el consejo de administración, las hubiera nombrado justo antes de la junta general de accionistas del 31 de agosto de 2014, quince días antes de su muerte. Estas señoras echaron a todos los directivos que eran afines al presidente para tener todo el control. Víctor del Pozo los ha echado porque no les gusta a ellas. Hace un año estaba comprando yogures y Jesús Nuño de la Rosa (el otro consejero delegado) está ahí por lo que está.

- P: ¿Y su hijo?
- R: Ellas no quieren que se vaya Dimas, sino todos. Mi otro hijo, Miguel Ángel, que dirige el centro de San José de Valderas (Madrid) y mi yerno. Tenemos que desaparecer. Nos tenemos que ir todos. No solo del consejo de El Corte Inglés, también de la Fundación Ramón Areces, de la que Dimas y mi hermano César son patronos. ¿Pero qué hemos hecho?

- P: Supongo que ellas se sienten ofendidas por el trato que le dieron ustedes.
- R: Supongo, pero no lo sé. Yo no he vuelto a hablar con ellas. Yo he aguantado mucho, han dicho muchas cosas feas de mis hijos. A Dimas lo han machacado y hasta se han ensañado con él. Pero he querido aguantar para ver si llegábamos a un acuerdo. Dimas no va a estar en el consejo. O sigue de presidente, o lo echan. El no va a renunciar.

- P: ¿Se han sentado con otros socios para buscar una solución?
- R: Sí, pero cada uno tiene sus intereses. Los García Miranda —9%— son varios hermanos y alguno quiere vender. Los Areces, con otro casi 10%, están esperando. Y Qatar, si yo fuera Qatar, esperaría. Hará lo que le convenga, aguardando a quedarse con el chollo. Se quedará finalmente con El Corte Inglés, igual que hicieron con Harrods. Primero compraron el 10% y después se quedaron con todo.

- P: ¿Y con ellas?
- R: Sí. Ha vuelto a haber reuniones con Lasaga y Martínez Echevarría para buscar una solución. Pero Dimas no se va a ir. Lo tienen que echar. Que se mojen, que lo cesen. Y entonces va a haber cosas muy gordas.

- P: ¿Qué salida tiene El Corte Inglés?
- R: La única salida de El Corte Inglés es el lujo porque por abajo no puede competir con las otras empresas (en referencia a las marcas del Grupo Inditex). Tiene que ir al modelo de Lafayette, a Harrods. Dimas quería hacer del centro de Castellana el mayor centro de lujo de Madrid.

- P: ¿Qué diría su hermano de todo esto?
- R. Que luchara. Mi hermano nunca lo hubiera permitido. El pensaba que nosotros no teníamos que pagar los impuestos de la herencia. Carlos Martínez Echevarría no se lo dijo. Nosotros estuvimos presentes en todos los testamentos, en los trece, y ellas solo en el último. Les deja estrictamente la herencia legítima porque las adoptó en 2004, cuando ya estaban casadas y con hijos. Si ellas no hubieran hecho nada de esto, nunca hubiéramos demandado.

Tres presidents, trece consellers, tres alcaldes... el legado de la corrupción en el PP valenciano

VALENCIA.- Este martes, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detenían en Valencia al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, y otras seis personas, en el contexto de la operación Erial acusados de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. El exdirigente popular valenciano, para quien la jueza decretaba el pasado jueves su ingreso en prisión, se convertía así en el tercer president de la Generalitat imputado en una causa judicial. recuerda www.eldiario.es

Y no sólo jefes del Consell, los populares valencianos cuentan con numerosos representantes públicos encausados, entre ellos también trece exconsellers (dos de ellos también fueron expresidentes de las Corts), tres expresidentes de diputación o tres de los que han sido alcaldes de las principales ciudades de la Comunitat (Valencia y Alicante). Éste es el listado:

Presidents de la Generalitat

Eduardo Zaplana.- Ha sido el último -de momento- en caer. A pesar de las informaciones que le relacionaban con  Lezo o Púnica, finalmente ha sido otra causa por blanqueo -la llamada operación Erial- la que ha provocado la imputación e incluso encarcelación del primer president de la Generalitat que tuvieron los populares, el político que acabó con los gobiernos socialistas y abrió el camino del triunfo electoral a José María Aznar.

José Luis Olivas.- Fue president entre julio de 2002 y mayo de 2003 al relevar a Zaplana, quien fue elegido por José María Aznar para ocupar la cartera de Trabajo en su Gobierno. Olivas  dejó la política para presidir Bancaja y convertirse después en vicepresidente de Bankia como número dos de Rodrigo Rato en el banco resultante de la fusión de la entidad valenciana y Caja Madrid. 
Como su predecesor en el Palau de la Generalitat, también fue detenido y ya ha sido juzgado y  condenado a año y medio de prisión y una multa de 151.800 euros por falsedad y delito contra la Hacienda Publica al falsificar una factura de 500.000 euros a Vicente Cotino.

Francisco Camps.- Está imputado en el caso Valmor, en dos de las tres piezas separadas, por la  celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, y por la visita del Papa a Valencia, un caso en el que está acusado por malversación, prevaricación y falsedad. Camps, quien ya ha declarado en la primera de las causas de Valmor, no está implicado en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano a pesar de que su número dos en el partido, Ricardo Costa, le responsabilizó directamente en su declaración de las irregularidades.

Presidentes de las Corts Valencianes

Milagrosa Martínez.- La expresidenta de la cámara autonómica  ha ingresado este jueves en el centro penitenciario de Villena (Alicante) para cumplir una condena de nueve años de prisión por las contrataciones del 'stand' de la Comunitat Valenciana en Fitur a la trama Gürtel. La sentencia, ratificada por el Supremo, consideró probados los delitos de  malversación de caudales, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.

Juan Cotino.-  El líder del ala democristiana del PP valenciano ha sido imputado esta misma semana por el juez en la operación Erial -el jueves ya declaró ante la Guardia Civil-, aunque no es ésta la primera causa judicial en la que se ve inmerso. El que fue conseller y vicepresidente de Francisco Camps está imputado por la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia al ser  sospechoso de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y cohecho por facilitar la entrada de 'El Bigotes' en el V Encuentro de las Familias.

Consellers

Luis Fernando Cartagena.- Ingresó en prisión en 2008 para cumplir una pena de cuatro años a la que fue condenado en 2002 por malversación de fondos públicos y falsedad en documento mercantil al apropiarse de una donación de 49.000 euros que una congregación religiosa donó al Ayuntamiento de Orihuela, ciudad de la que fue alcalde. 
El exconseller de Obras Públicas con Eduardo Zaplana está también imputado en el caso Metrored, en el que la Fiscalía pide cinco años de prisión por haber defraudado presuntamente siete millones de euros. Está a la espera de otro juicio por un presunto fraude a Hacienda en el que se le piden tres años de cárcel por las primas únicas del Banco Santander.

Rafael Blasco.- El exconseller popular -antes lo fue con el PSPV-  cumple una condena de seis años y medio (inicialmente fue condenado a ocho años de prisión) en la cárcel de Picassent, donde también ha ingresado Eduardo Zaplana, por una de las piezas del caso Cooperación por el desvío de fondos destinados a ayuda al tercer mundo. Tan sólo un 3 por ciento de los 1,6 millones de euros en ayudas llegó a su destino, el resto fue destinado a la adquisición de inmuebles en Valencia. Todavía quedan pendientes de juzgar otras piezas de este caso.

Vicente Rambla.- El que fuera vicepresidente de Francisco Camps (ocupó hasta cuatro carteras distintas)  ha sido juzgado a principios de año en la Audiencia Nacional, junto a otros exdirigentes populares como Ricardo Costa, por una pieza de Gürtel relativa a la presunta financiación ilegal del PP valenciano. La Fiscalía solicita una pena de  seis años y tres meses de prisión para Rambla.

Víctor Campos.-  El también exvicepresidente de la Generalitat con Camps entre 2004 y 2007 fue condenado por cohecho impropio en el caso de los trajes, el mismo en el que fueron declarados no culpables el propio Camps y Ricardo Costa. El tribunal condenó a Campos a pagar una multa de 9.600 euros por haber recibido regalos de la trama Gürtel en forma de trajes, unos trajes que fueron decomisados.

Lola Johnson.- Quien fue mano derecha del exjefe del Consell Alberto Fabra,  abandonó el Consell siendo secretaria autonómica de Comunicación al ser citada como investigada por apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos en su etapa en RTVV. Además, la que fue portavoz de la Generalitat está  imputada en el caso Valmor en su etapa como consellera de Cultura y Deportes por el pufo de la Fórmula 1.

Serafín Castellano.- Conseller de Gobernación en 2007 y 2008, cuando sucedieron los hechos relacionados con el conocido cártel del fuego. Fue detenido en 2015 y desde entonces está imputado por  aceptar sobornos a cambio de adjudicaciones  para las tareas de extinción de incendios en la Comunitat Valenciana. La investigación recae finalmente en la Audiencia Nacional.

Mario Flores.- Conseller de Infraestructuras con Francisco Camps, está imputado en el caso Valmor por los sobrecostes en la construcción del circuito urbano para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Valencia entre 2008 y 2012 y que le ha costado a los valencianos 308 millones de euros. Se investigan supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.

Luis Rosado.- También en el contexto del caso Gürtel, en 2013  resultaba imputado el exconseller de Sanidad -junto a otros tres exaltos cargos de la conselleria- por la contratación supuestamente delictiva de varias empresas de la trama Gürtel para la producción de un vídeo promocional sobre el Hospital Clínico de Valencia.

Manuel Cervera.- Ex conseller de Sanidad. Imputado, en una de las investigaciones abiertas por Gürtel, por la   contratación del vídeo  sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008.

Maria Àngels Ramon-Llin.- Consellera de Agricultura con Eduardo Zaplana como president de la Generalitat, actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Valencia. Está  imputada en el caso Taula junto a ocho de sus nueve compañeros de partido por el presunto caso de blanqueo dentro del grupo municipal popular. Están acusados de haber contribuido a 'lavar' la caja b con la que presuntamente operaba el PP de Rita Barberá.

Alicia de Miguel.- Otra vez el caso Gürtel, en esta ocasión la pieza 5 (de un total de 6). En julio de 2013, De Miguel renunciaba a su escaño en las Corts tras ser imputada por un presunto fraccionamiento de los contratos 'Acto violencia de género, tolerancia cero año 2006', 'Acto balance general 2007', y 'Acto punto final 2007' en su etapa como consellera de Bienestar Social. Las adjudicaciones se produjeron en favor de sociedades vinculadas a la trama Gürtel.

Presidentes de Diputación

José Joaquín Ripoll.- Hasta 16 años de cárcel ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción para el expresidente de la Diputación de Alicante, a quien se le imputan los delitos de cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico de influencias en el caso Brugal. Ripoll, quien también fue vicepresidente del Consell con Eduardo Zaplana, está involucrado en la causa por el presunto amaño de los contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja junto a los empresarios  Ángel Fenoll y Enrique Ortiz.

Carlos Fabra.- El otrora todopoderoso barón popular castellonense se encuentra  en libertad tras cumplir condena por el caso Naranjax -ingresó en la prisión de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014-. La Audiencia Nacional de Castellón condenó en noviembre de 2013 a  Carlos Fabra a cuatro años de prisión por varios delitos contra la Hacienda Pública, aunque fue absuelto de cohecho y tráfico de influencias.

Alfonso Rus.- El hombre más poderoso en el PP valenciano fue detenido en enero de 2016 en la macrorredada contra la corrupción de la operación Taula, el conocido como caso Imelsa, abierta a raíz de una  denuncia de Esquerra Unida y en la que el exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Marcos Benavent, el yonqui del dinero, ha resultado ser una pieza clave. Rus está imputado en diferentes piezas de Taula por blanqueo y cobro de comisiones, malversación, tráfico de influencias y fraude en la contratación.

Alcaldes

Luis Díaz Alperi.- Este mes ha comenzado en Alicante el juicio contra el exalcalde de de la ciudad Luis Díaz Alperi por supuesto un fraude fiscal de 700.000 euros correspondientes a los años 2007, 2008 y 2010 por el que le piden nueve años y nueve meses de prisión. Díaz Alperi también se sentará en el banquillo por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. El juez del caso Brugal le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.

Sonia Castedo.- Relevó a Díaz Alperi al frente del Ayuntamiento de Alicante y como su predecesor también está imputada por corrupción en caso Brugal por el supuesto amaño del urbanismo de la ciudad en favor del empresario Enrique Ortiz. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 10 años de prisión para Díaz Alperi y Sonia Castedo e inhabilitación para cargo público durante 24 años para la exprimera edil alicantina. Castedo también fue imputada en el caso Rabassa, pero fue exculpada. La Fiscalía recurrió la decisión del juez.

Rita Barberá.- La exalcaldesa de Valencia, " alcaldesa de España" en palabras de Mariano Rajoy, llegó a declarar como  imputada ante el Tribunal Supremo -por su condición de aforada al ser senadora- en relación al caso Taula por la presunta financiación en negro del PP en Valencia. Sólo dos días después, Barberá  fallecía de un infarto a los 68 años en un hotel de Madrid, lo que provocó que la causa quedara archivada de forma automática al darse por extinguida su responsabilidad penal.