miércoles, 17 de mayo de 2017

La corrupción hunde la marca del PP en toda España y le arrebata 1,64 millones de votos

MADRID.- El Partido Popular se está desmoronando por los continuos escándalos de corrupción que implican a sus dirigentes más emblemáticos y en unas elecciones generales anticipadas se desplomaría en las urnas: perdería 24 escaños y a uno de cada cinco de sus votantes, según el último análisis de las encuestas elaborado para 'Público' por Jaime Miquel y Asociados.

El blindaje electoral del PP frente a la corrupción se está resquebrajando. Sus votantes huyen en masa hacia su marca blanca (Ciudadanos) o se convierten en un inmenso granero de nuevos abstencionistas, hasta socavar por primera vez el búnker de escaños que le garantizaba el desproporcionado sistema electoral español: si hoy se celebrasen elecciones generales anticipadas, el Partido Popular quedaría a tanta distancia de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados que ninguna suma de posibles aliados le permitiría gobernar, a pesar de que el número de escaños de C's se dispararía. 
Al mismo tiempo, esa gigantesca sangría de votantes conservadores desencantados hacia el estanque de la abstención provocaría la participación electoral más baja en casi 40 años: sólo un 68,3% del censo acudiría a las urnas, según las estimaciones del desk research del Observatorio Continuo que elabora el gabinete demoscópico Jaime Miquel y Asociados (JM&A) para Público, evaluando y ponderando las principales encuestas electorales de las últimas semanas.
Que este hundimiento del gran partido conservador se debe a los continuos escándalos de corrupción que implican a sus dirigentes más emblemáticos queda patente en que la otra formación política que se desplomaría sería la antigua Convergència –hoy renombrada Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat)–, también inmersa en numerosos escándalos de corrupción.
La pérdida por el PP de 1,64 millones de votos equivale a la fuga de más de uno de cada cinco de los que le expresaron su apoyo en las urnas en la última consulta electoral para el Congreso. Eso, en votos válidos equivale a una pérdida del 20,8% de sus votantes en sólo diez meses de legislatura, algo sin precedentes.
Aunque las cifras absolutas de los daños que sufriría el PDECat –unos 65.000 votos menos, con una caída de dos décimas porcentuales sobre los votos válidos, y una pérdida de dos escaños– parecen moderadas, en realidad suponen un durísimo varapalo de los catalanes al partido que ha gobernado Catalunya durante 27 de los últimos 37 años: casi el 14% de los votantes que le restaban le darían la espalda, cuando su base electoral ya se había reducido a menos de la mitad en las elecciones generales de estos seis años pasados.
Esos batacazos de partidos conservadores tambaleantes por su corrupción interna acaban beneficiando a los partidos emergentes. En el caso del PP, el trasvase de casi 600.000 de sus seguidores hacia Ciudadanos –según las estimaciones de transferencias de votos, pues no toda la ganancia de C's se debe a votantes populares– hace despegar definitivamente a la formación de Albert Rivera, que gana 21 de los 24 escaños perdidos por los populares y supera el listón del medio centenar de diputados.
En cuanto a Unidos Podemos, consolida y refuerza su posición en el Congreso, donde gana otros tres puestos hasta sumar 74 diputados con sus confluencias.
El PSOE, por su parte, logra mantener su nivel de apoyo total: su porcentaje de votos válidos se mantiene idéntico, pero aumenta su representación parlamentaria en dos escaños. Eso se debe al reparto territorial de los escaños.
Por comunidades, el Partido Popular se descalabra en Andalucía (donde pierde 5 escaños), Madrid, Catalunya y las dos Castillas (donde pierde 3 en cada una) y Valencia, Galicia y Aragón (con 2 menos en cada una). También cae un escaño en Extremadura. Es decir, su desplome está bien repartido por la geografía española.
El PSOE obtiene ganancias –siempre a la espera del resultado de sus primarias internas, claro– en Catalunya (+2), Valencia y Andalucía (+1 en cada una), y pierde un escaño en Galicia y otro en Aragón.
Pero donde se ve el fenómeno más importante de esta evolución electoral es en el ascenso de Ciudadanos, casi siempre a costa del PP: gana 4 congresistas en Castilla-La Mancha; 3 en Madrid y otros tantos en Castilla y León y en Andalucía; 2 en Catalunya y en Galicia, y uno en Valencia, Aragón, Extremadura y La Rioja. Sólo en esta última es a costa de Unidos Podemos, igual que uno de los 4 diputados que gana en la comunidad castellano-manchega.
Finalmente, Unidos Podemos sube dos escaños en Aragón y uno en Andalucía, Galicia y Valencia. En Catalunya no varía su cuota en el Congreso de los Diputados, pero vuelve a ganar claramente, con 12 parlamentarios, frente a los 10 de ERC y los 9 del PSC.
El descalabro del PP es especialmente vistoso en Andalucía, donde pierde la mayoría de diputados al Congreso y queda tres escaños por detrás del PSOE-A.
No obstante, donde sí se aprecia muy claramente el fin de una era bipartidista es entre la juventud: de los 386.000 jóvenes que han cumplido los 18 años desde la última cita con las urnas –y, por tanto, podrían votar por primera vez–, uno de cada tres se abstendría, pero el reparto de los otros dos tercios es muy revelador. Mientras un 20% de esos novatos se decantarían por Unidos Podemos, y otro 16% apoyaría a Ciudadanos, el porcentaje de los que expresan sus preferencias por alguno de los dos grandes es exiguo: un 12% por el PP y ¡sólo un 8%! por el PSOE.

viernes, 12 de mayo de 2017

Grynspan ve la corrupción como el problema central en la pérdida de confianza en América Latina


BUENOS AIRES.- La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, afirmó hoy que la "corrupción" y la falta de "transparencia" es un problema fundamental de la pérdida de confianza en la democracia y las instituciones en América Latina, además de lastrar el crecimiento económico.

Durante un encuentro de expresidentes iberoamericanos, empresarios y académicos celebrado en Buenos Aires, Grynspan apuntó que "será difícil" conseguir "sociedades más prósperas" si no se restauran los vínculos entre "gobernantes y gobernados".


En concreto, se refirió a los datos del último Latinobarómetro, que reveló que América Latina es la región "más desconfiada del mundo" (ocho de cada diez habitantes confiesan que no confían en el otro).
Aunque no es el "único", "la corrupción y falta de transparencia" es un "problema central" en este asunto, consideró Grynspan durante su intervención en un panel titulado "La ética de las instituciones".
A esto se une que la sociedad actual es "mucho menos tolerante" con estos problemas y con la "desigualdad" y se ha vuelto mucho más activa, gracias en gran parte a los cambios tecnológicos.
"Es una sociedad con más voz pero también es una sociedad con más instrumentos. Un celular en manos de un ciudadano en este momento es un instrumento que posibilita documentar y probar actos de corrupción de los que antes no teníamos conocimiento. Esto ha hecho que la corrupción sea un acto mucho más visible", remarcó.
Además se mostró convencida de que la corrupción lastra el "crecimiento" económico a largo plazo, si bien puntualizó que a veces en el corto plazo los efectos no se notan, incluso al contrario.
Por ello hay que empezar a pensar que "el corto y el largo plazo empiezan al mismo tiempo" para que no ocurra que "uno se come la piña" pero es a "otro al que le duele la panza".
En un contexto de transformación de las sociedades, las instituciones no están cambiando a la misma velocidad para dar "respuestas", señaló, y el problema no es solo la corrupción financiera sino también el ejercicio sesgado del poder.
Hay, según Grynspan, una "percepción de los ciudadanos de que las decisiones del sistema político están sesgadas hacia grupos minoritarios de la sociedad.
"Los resultados de ese ejercicio son injustos y por tanto promueven desigualdades inaceptables", prosiguió.
En la lucha contra este problema, valoró los esfuerzos de cooperación latinoamericana que se han dado recientemente, como el intercambio de experiencias realizado en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En el panel, moderado por el exministro de Justicia español Alberto Ruiz-Gallardón, Grynspan estuvo acompañada por el politólogo argentino Natalio Botana, quien alertó de que la corrupción puede dar lugar a una reacción "jacobina".
"En estos momentos de cambio, de mutaciones civilizatorias, reaparece la corrupción como un tema antiguo con las mismas características que tenía cuando aristóteles pensó el problema", expuso.
"Se ha transformado en un actor político (...). Afecta directamente a la crisis de las élites, la crisis de la mediación de las democracias representativas", indicó el politólogo.
Anteriormente, en la introducción del tema, Ruiz-Gallardón había repasado como los problemas de representación y desafección ciudadana están en el origen de fenómenos como el de Donald Trump en Estados Unidos o el de Marine Le Pen en Francia.
"El motor en estos momentos del movimiento antiliberal-populista es negativo, no es proactivo, es en contra de las élites", subrayó.
En este encuentro, organizado por la fundación Círculo de Montevideo y el grupo empresario argentino Werthein, participan, entre otros, los expresidentes Julio María Sanguinetti (Uruguay), Felipe González (España), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y Ricardo Lagos (Chile).
Durante las dos jornadas de trabajo se debatieron temas como la revolución tecnológica, el auge del populismo en Europa y Estados Unidos, la situación en Venezuela, y las oportunidades que ofrece el escenario internacional actual para América Latina, especialmente si México, Argentina y Brasil logran una voz conjunta que represente a la región aprovechando su participación en el G-20.
La conclusión estuvo encabezada hoy por la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, quien insistió en la importancia de que la región piense soluciones colectivas para poder ofrecerse como "alternativa" al mundo.

La Fundación 'Francisco Franco' acudirá a los tribunales si se intenta sacar al dictador del Valle de los Caídos

MADRID.- La Fundación Francisco Franco ha anunciado que acudirá a los tribunales, tanto españoles como extranjeros, si se materializa la proposición no de ley aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados en la que se insta al Gobierno a sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos.

Así lo explicó Francisco Torres, portavoz y patrono de esta fundación, quien valoraba así la iniciativa aprobada en la Cámara Baja con los votos favorables de PSOE, Podemos y Ciudadanos, la abstención del PP y el voto contrario de ERC, que la consideró insuficiente.
Torres destacó que la iniciativa aprobada contraviene la legalidad vigente y es meramente declarativa. No obstante, afirmó que si se intenta sacar a Franco del Valle de los Caídos, la Fundación Francisco Franco llevaría el asunto ante la Justicia. 
"Lucharemos en los tribunales contra esto, tanto en los de aquí como en los internacionales", afirmó.
Explicó que pedirían la intervención judicial porque no confían en que ningún diputado "tuviera el valor de decirles nada" a los que promueven esta medida, aunque estuviera en contra. Sostuvo que esta inacción responde a que para algunos representantes públicos "es más importante el escaño que la coherencia".
El portavoz de la fundación hizo estas consideraciones tras tildar la proposición sobre retirada de los restos de Franco de "propuesta trampa", puesto que "vulnera" lo dispuesto al respecto en la Ley de Memoria Histórica y en el informe de la comisión que presidió el exdiputado socialista Ramón Jáuregui.
Según Torres, en ambos casos se dice "claramente" que cualquier cosa que se quiera hacer sobre el Valle de los Caídos debe contar con el "consentimiento" de la Iglesia, debido a que es la institución que gestiona la basílica donde están los restos de Franco.
Al mismo tiempo, atribuyó la iniciativa aprobada este jueves en el Congreso a que el PSOE se está viendo "arrinconado" por Podemos, IU y ERC en cuestiones de memoria histórica. Además, defendió que, con esta proposición, el portavoz socialista en la Cámara Baja, Antonio Hernando, ha pretendido echarle "una manita" a Pedro Sánchez en su carrera por recuperar el liderazgo de su partido.
Por último, Torres criticó que el PP se hubiera abstenido en una iniciativa parlamentaria que "incumple" la normativa en vigor y que contribuye a "seguir la campaña de acoso y derribo" respecto a los restos de Franco.

El Gobierno no exhumará a Franco para no “reabrir heridas”

MADRID.- El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reprochado al PSOE que esté ahora más preocupado por exhumar los restos de Franco que de celebrar los cuarenta años de democracia, insistiendo en que no es una buena idea abrir "viejas heridas y viejas historias".

Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha referido a una proposición no de ley del grupo socialista, aprobada el jueves en el Congreso con la abstención del PP y de ERC, en la que se pedía la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Según ha dicho, le parece “extraño” que el PSOE traiga esta iniciativa en lugar de conmemorar la Transición, y ha recordado a este partido que pudo haber llevado a cabo la exhumación de los restos del dictador cuando estuvo gobernando.
Ha insistido en que el Ejecutivo cree que la Transición fue “un modelo” para el resto de países europeos, un modelo que se sustentó en “superar la Guerra Civil” y eso es algo que aceptó “mucha gente”, incluso los que lucharon en ese conflicto, que hicieron “el esfuerzo” de pasar página.
El Gobierno, ha explicado, cumple con la Ley de Memoria Histórica, recordando que el Valle de los Caídos es también un lugar de culto y en el que no se pueden hacer actos propagandísticos.

En las conversaciones entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, aparece un intento de chantaje a Mariano Rajoy

MADRID.- Mariano Rajoy fue presuntamente chantajeado con un vídeo en el que aparecían pruebas de la financiación irregular del Partido Popular. Concretamente, en las grabaciones se vería a un empresario entregando dinero al extesorero del PP Álvaro Lapuerta, según La Sexta, que ha tenido acceso a las conversaciones entre el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana que se incluyen en el sumario del 'caso Lezo'.

En una de las grabaciones conseguidas durante la investigación de la Operación Lezo, el expresidente madrileño le comenta a Zaplana que Rajoy “soltó la pasta por la puta cinta, para taparlo”.
Según las grabaciones obtenidas por la UCO, Ignacio González atribuye la grabación de la cinta a Ildefonso de Miguel, antiguo responsable del Canal de Isabel II y también investigado en la misma causa. 
“Empiezo a pensar que fue bastante más listo. Le sacó una grabación a un empresario que tengo que hacer memoria de la empresa que era, diciendo que le daba pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy. Y esa cinta…  yo en aquel momento macho, no estaba en esta guerra. Ildefonso cogió esa cinta, porque nos estaban atacando, y se la dio a Julio Ariza”, cita González en la grabación. “Y ahora me he enterado de que Julio Ariza, con esa cinta, se fue a ver a Mariano a chantajearle”.
El empresario al que alude Gónzalez en la conversación grabada es Rafael Palencia, de la compañía Degremont, según la Cadena Ser. Palencia, que aparece en los papeles de Bárcenas y también fue mencionado por Francisco Correa como pagador de mordidas al PP en la trama del tres por ciento a cambio de adjudicaciones, confesó en la grabación que era un donante habitual del PP.
“Julio Ariza es exactamente igual, vamos a ver. Los personajes no tienen nada que ver en el fondo, Pedro Pérez, Esperanza Aguirre, Julio Ariza… Si tú quieres que algo se sepa, cuéntaselo a cualquiera de estos”, responde Eduardo Zaplana a las palabras de González, actualmente en prisión.
Julio Ariza fue el máximo responsable del Grupo Intereconomía y tuvo bajo su mando a Ildefonso de Miguel, mano derecha de González en el Canal de Isabel II y el presunto muñidor de la grabación y posterior chantaje al presidente del Gobierno y del PP.
Mariano Rajoy, según la versión que Ignacio González cuenta a Eduardo Zaplana, mandó a Luis Bárcenas para frenar la amenaza y pagar al responsable del Grupo Intereconomía. Pero González añade algo más que puede dar alguna pista de cuánto dinero se pudo pagar de ser cierta la operación que desvela el expresidente de Madrid: “Se la ofrecieron (la grabación) al Gobierno venezolano por diez millones de euros”, narra en la conversación obtenida por la UCO.
Ariza, en declaraciones a LaSexta, ha negado haber participado en ese supuesto chantaje. “Es una cinta en al que una persona cuenta a otra que va a Génova, este señor le dice que iba al despacho de Lapuerta y le pedía el dinero. Ni está Lapuerta en la cinta ni demuestra nada”, ha asegurado el exresponsable de Intereconomía.
Además, ha explicado que se trata de “una cinta que tiene un periodista y que nosotros no pudimos publicarla porque hubiera sido ilegal y porque no pudimos contrastar con la persona que aparecía en el audio. Desde hace cuatro años ese periodista tenía esa cinta y no ha podido publicarla”, ha explicado. Y ha lanzado un aviso: “Meto una querella a quien diga que hemos chantajeado. No hemos chantajeado a nadie. A nadie”.
 “Jamás nadie nos pagó un duro y jamás hablé con Rajoy de este tema”, ha concluido.

El exdirector del Canal intentó destruir documentos dos meses antes de intervenir la Fiscalía

MADRID.- El exgerente y exdirector del Canal de Isabel II se puso en contacto con dos trabajadores de la empresa para intentar que destruyeran documentos clave relacionados con la filial sudamericana Inassa dos meses antes de la denuncia de la Fiscalía y coincidiendo con la investigación de la Comunidad de Madrid por presuntas “anomalías”, informa este viernes la Cadena Ser. Adrián Martín López de las Huertas fue detenido en la operación Lezo y está en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros.

Las presiones del exdirector entre 2012 y 2016 y gerente desde ese momento hasta su arresto han sido denunciadas esta semana en el juzgado por la actual dirección del Canal. Según el escrito, Adrián Martín entregó “a finales de abril de 2016” una lista de 16 documentos que debían ser “destruidos” a una empleada perteneciente al “staff de la Dirección General”.
Se trataba de informes de actividad de Inassa, elaborados todos ellos por su presidente, Edmundo Rodríguez, pieza clave la investigación del ‘caso Lezo’ por la adquisición presuntamente fraudulenta de empresas en Latinoamérica. La empleada cumplió las órdenes de Martín, pero guardó una copia digital de los documentos que ha puesto a disposición del Canal.
Otro de los empleados de la empresa de aguas, un administrativo, también ha denunciado presiones del exgerente en mayo del año pasado y el pasado 3 de mayo, cuando ya estallado la operación contra la trama de Ignacio González. 
 En la primera de las llamadas, este trabajador asegura que Adrián Martín le pide que “haga el favor de eliminar” los datos sobre sus reuniones “durante el periodo de 2012 a 2016”, cuando aún era director general, porque había “anotaciones personales de él y que no deben estar allí”.
En este caso, el trabajador no cumplió el mandato e incluso bloqueó el acceso de su superior a la base de datos.
Más llamativa es otra comunicación, que el denunciante fecha el miércoles de la semana pasada. En ella, que se produce a través de la mujer de Adrián Martín con la excusa de que su teléfono “seguramente” está “intervenido”, el exgerente asegura “necesita saber qué se dice de él en unos informes que hay en Canal de Isabel II Gestión” porque “están yendo a por él”.
Ante la negativa de su interlocutor, Adrián Martín “se echa a llorar” y suplica el contenido de esos informes, asegura la Cadena Ser, sin obtener en cualquier caso la investigación.

miércoles, 10 de mayo de 2017

España es vista en el exterior como "un país honesto" pese a la corrupción


MADRID.- La imagen de España en el exterior se ha mantenido en el último año en un notable y ha dejado de asociarse con la "crisis", apareciendo como "un país tradicional, confiable, honesto, fuerte, rico, religioso y tolerante", donde la corrupción no tiene un impacto detectable en la percepción desde fuera.

Así lo recoge la séptima oleada del Barómetro Imagen de España (BIE) realizado por el Real Instituto Elcano, encuesta efectuada en once países (Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, China, Chile, Ecuador, Marruecos y Turquía) que mide desde 2012 la evolución de la imagen del país.
La valoración de España en esta encuesta, presentada hoy por la investigadora Carmen González Enríquez, es de 7,1 sobre 10, una décima por debajo con respecto a 2016.
Se produce un aumento de la imagen de España en Europa y Estados Unidos, que se ve compensada en la media por la menor valoración que se hace desde Marruecos, Turquía o Japón.
Según la encuesta, Italia es el país que otorga la nota más alta a España, que es el país europeo peor valorado por Marruecos, el Estado que valora más negativamente a España.
Un año más, España es valorada sobre todo como destino turístico. En esta ocasión se ha introducido como elemento nuevo a valorar el de la comida española y su puntuación resulta muy alta, ocupando el segundo lugar, por encima incluso de la que se da a los deportistas.
Existe unanimidad entre los ciudadanos de los diferentes países en su evaluación del atractivo turístico como el principal activo de España y sólo en un caso, el de Ecuador, hay otro elemento que alcanza una nota tan alta: las infraestructuras.
Como en anteriores oleadas, el fútbol se ha convertido en uno de los principales signos de identidad y origen de prestigio internacional para España.
En cuanto a los estereotipos, España ha dejado de estar asociada con la palabra "crisis" que aparecía de forma notoria en la oleada de 2015.
Se comprueba además que cuanto más lejano es un país, más peso tienen en la imagen de España el fútbol y todo lo relacionado con los toros y el flamenco.
En Alemania, Reino Unido y Francia, los países cuyos ciudadanos son los que con más frecuencia visitan España como turistas, el país aparece asociado a elementos que componen el turismo: sol, playas, ciudades, fiesta y paella, aunque los toros también se mencionan.
En Estados Unidos, Chile, China, Japón y Turquía la primera imagen asociada a España es el toro, "como icono y no sólo como corrida", precisa la investigadora de Elcano.
Sin embargo, la imagen de España en Ecuador se aleja de estos estereotipos y también de los turísticos y utiliza los términos "moderno" en primer lugar y "migración" en segundo.
En Marruecos, el fútbol es más importante en la imagen de España que los toros, y le siguen las menciones al islam. En conjunto, un 10 % de los entrevistados en este país árabe plantean referencias al pasado árabe y musulmán español.
Según el barómetro, España es vista como un país más tradicional que moderno en los países más ricos. Hay un gran acuerdo en los países de la muestra respecto a que España inspira confianza, y sólo en Reino Unido, Marruecos y Chile hay porcentajes cercanos al 25 % de los entrevistados que eligen la opción "no inspira confianza".
En el par rico-pobre, España sigue alejándose del extremo "pobre" que en 2015 muchos europeos identificaban con el país. Todavía un 63 % de los alemanes y de los franceses definen España como pobre.
Entre los elementos negativos destaca la imagen de "ociosa" que caracteriza a España en Japón.

El PP pide que Rajoy testifique por videoconferencia en 'Gürtel'

MADRID.- El PP ha pedido al tribunal que juzga el caso Gürtel que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda declarar como testigo en la vista oral por videoconferencia, ya que la "posición institucional" del testigo así lo "aconseja".

En un escrito dirigido al tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel,  el abogado del PP Jesús Santos alega que a tenor de "la legislación aplicable y las circunstancias concretas" procede acordar la declaración por videoconferencia "dado que, sin conculcar el derecho de las partes a un proceso con todas las garantías, es el medio que menos perjudica o perturba el ejercicio normal de su cargo como Presidente del Gobierno".
El representante legal del PP expone además, para reforzar su petición, que la "agenda del Presidente del Gobierno, de este o de cualquier otro país, es un asunto de Estado que afecta a la totalidad de los ciudadanos".
"Tan solo basta consultar la agenda publicada por el Palacio de la Moncloa en su página web para confirmar el perjuicio evidente que causaría al desempeño de dicho cargo público la paralización de su actividad para comparecer en persona" ante el tribunal, alega.
El abogado del PP critica que la acusación popular que ejerce Adade, que fue la que solicitó la testifical de Rajoy, haya querido "imponer" al tribunal "una serie de consideraciones en relación con la forma en que ha de practicarse la declaración de un testigo, como es la del Presidente del Gobierno".
Considera Santos que esta acusación se equivoca al entender que el tribunal ha decidido ya que ese testimonio debe darse en persona ante los magistrados, "olvidando la regulación existente, la práctica judicial, así como que esa es una decisión discrecional del Tribunal que debe acordar de oficio o a instancia del interesado".
Partiendo de esa premisa, que el PP considera errónea, Adade se opuso a la videoconferencia al entender que ese sistema no suponía "la comparecencia presencial del testigo ante el tribunal".
Así, "de modo cuando menos aventurado, viene Adade a erigirse como sabedor de la voluntad de los miembros del Tribunal" y proponer la posibilidad de que el tribunal y las partes se trasladen "al despacho oficial del testigo" como se hizo durante la instrucción de los papeles de Bárcenas con el expresidente del Senado Pío García Escudero.
El representante del PP difiere por tanto de esa interpretación, de que el testimonio debe realizarse en persona, y alega que ni en el auto en el que se admite la testifical, ni las leyes, ni la jurisprudencia, exigen "la declaración presencial del presidente del Gobierno ante un tribunal por petición de una acusación popular", que no contó con el respaldo de la Fiscalía.
Cree que el tribunal no adoptó decisión alguna al respecto y añade que uno de los magistrados, el presidente Ángel Hurtado, que se opuso a la declaración de Rajoy, señaló en su voto particular que existen "suficientes razones" para hacerlo por videoconferencia y lamentaba que sus compañeros, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, no hubieran dicho en su auto nada "al respecto".
Entiende que es el tribunal "el que debe resolver,bien de oficio, o bien a instancia del interesado, la posibilidad de declarar mediante el sistema de videoconferencia u otro de características similares" y considera que en el citado auto los magistrados no resolvieron la forma en que se debía tomar declaración a Rajoy como testigo.
Además, el abogado destaca que el tribunal y Adade "han omitido mencionar el artículo 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) y ello, a pesar de que se dan las razones de utilidad y orden público a tenor de las cuales debería practicarse la meritada declaración por medio de videoconferencia".
"La posibilidad de realizar actuaciones judiciales a través de videoconferencia está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico y es una práctica cada vez más extendida en el proceso penal", observa.

La delegada del Gobierno en Madrid, imputada

MADRID.-Un Juzgado ha incoado diligencias previas para investigar por delito societario a 16 exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid, entre ellos la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González.

Se trata de un auto del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, que les da traslado de la denuncia formulada contra ellos por la Fiscalía y les advierte de que figuran como investigados (imputados), y que además ofrece acciones a los posibles perjudicados de Mercamadrid, informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las diligencias se abren respecto a Concepción Dancausa, Pablo González -hermano de Ignacio González, en prisión provisional por otra causa de corrupción, el caso Lezo-, José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz.
Además, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Álvarez y José Domingo Rodríguez Losasa, todos los cuales integraban en 2013 el Consejo de Administración de la empresa pública Mercamadrid.
En su denuncia la Fiscalía solicita al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio".
Para la Fiscalía, el "enriquecimiento ilícito" de Mercaocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por cánones impagados, al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013, cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.
En total, hasta octubre de 2016, Mercaocio recibió 2.255.349 euros "para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno", según la Fiscalía.
El Ayuntamiento de Madrid llevó a la Fiscalía en enero de 2016 el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial "lesivo" que le costó 623.000 euros al año.

Catalá no dimitirá porque tiene "la confianza de Rajoy''

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que no va a dimitir y que piensa seguir trabajando por el interés de los ciudadanos como ha hecho en los últimos treinta años porque tiene "la confianza" de quien tiene que tenerla, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Catalá se ha pronunciado así en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE y Ciudadanos le han hecho tres preguntas sobre su gestión del caso Lezo, las presuntas injerencias del Ejecutivo en la actuación de la Fiscalía y su relación con Ignacio González, detenido por corrupción y en prisión provisional por el referido procedimiento judicial.
Y lo ha hecho pese a que el PSOE, a través de la diputada Isabel Rodríguez, le ha advertido de que si no dimite hoy planteará la próxima semana en la Cámara su reprobación para exigir su relevo, y de que Ciudadanos, por boca de José Manuel Villegas, haya puesto en duda que pueda seguir al frente del Ministerio si no da explicaciones suficientes.
"Estoy nombrado por el presidente del Gobierno; tengo la confianza de quien tengo que tenerla", ha recalcado Catalá, quien ha defendido de nuevo la autonomía de la Fiscalía y ha prometido dar todas las explicaciones que se le pidan, siempre y cuando sean de sus actos.
Además, ha pedido a los diputados -en concreto a Villegas- pruebas de sus acusaciones de que él ha filtrado datos del caso Lezo o ha avisado a Ignacio González. Isabel Rodríguez ha comentado que "hay algo más grave que su partido esté carcomido por la corrupción y es que desde el Ministerio de Justicia se estén nombrado a aquellos fiscales que están protegiendo la corrupción del PP".
"La única respuesta que merece esta Cámara y este país es saber si usted va a dimitir como ministro de Justicia", ha insistido. Isabel Rodríguez ha considerado que "el caso Lezo tiene que ser el último capítulo en la injerencia del Ministerio de Justicia y del Ministerio Fiscal en los casos de corrupción".
"Yo estoy nombrado por el presidente del Gobierno, intento cumplir cotidianamente con mis obligaciones y tengo la confianza de quien tengo que tenerla y por tanto seguiré trabajando como lo llevo haciendo desde hace más de treinta años al servicio del interés general del conjunto de los ciudadanos", ha mantenido el ministro.
Ha estimado que "acusar gravísimamente a profesionales servidores públicos como los fiscales de que protegen la corrupción no es precisamente una declaración de confianza en las instituciones".
Por su parte el diputado socialista Rafael Simancas ha preguntado a Catalá por qué se ha nombrado fiscal jefe Anticorrupción a Moix, del que ha comentado que fue el encargado de "enterrar" cualquier prueba que hubiera del "golpe antidemocrático" que supuso el "tamayazo", el episodio que le impidió ser presidente de la Comunidad de Madrid.
El ministro ha recordado que Moix es un fiscal con treinta años de carrera y que "si algo está haciendo al frente de la Fiscalía Anticorrupción es promover la acción de la justicia como es su obligación".
"Esa persona que se supone que tenía mucho interés en que fuera Moix el fiscal jefe Anticorrupción está en la cárcel porque los fiscales han pedido que se decrete prisión contra ese señor", ha destacado Catalá en referencia a Ignacio González.
José Manuel Villegas ha señalado al ministro que "va a tener que dar explicaciones sobre si filtró o no información sensible a su compañero de partido Pedro Antonio Sánchez -el anterior presidente de Murcia- y sobre si se ha presionado a la Fiscalía para que actúe favoreciendo los criterios procesales de sus compañeros de partido investigados por corrupción",
"También sobre si ha filtrado información a Ignacio González, sobre su SMS de apoyo al mismo y sobre por qué éste tenía un plan para zafarse de la justicia y contaba con usted como colaborador principal, como pieza clave", ha concluido, ante lo que Catalá le ha advertido de que para acusarle de todo ello debería tener pruebas.

Caso Lezo: Rajoy defiende a Moix y dice que actúa con independencia

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido hoy al fiscal anticorrupción, Manuel Moix, y ha asegurado que es un "profesional con amplia y exitosa trayectoria" que actúa con "total independencia y plena responsabilidad".

En la sesión de control del Congreso, Rajoy ha insistido en la "independencia absoluta de la fiscalía" y en su respuesta al líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado a éste de no tener la misma posición porque en su momento, cuando buscó una coalición con el PSOE abogó por jueces y fiscales "comprometidos" con el "gobierno de cambio" que quería formar.

Iglesias, por su parte, ha recordado a Rajoy las grabaciones del expresidente madrileño Ignacio González apostando por el nombramiento de Moix por ser su "preferido" y le ha explicado que la moción de censura que va a presentar contra él no se impulsa por diferencias ideológicas, sino porque los populares están "parasitando las instituciones del Estado".

Tres semanas después de que se desarrollara la operación Lezo, la oposición examina hoy de forma exhaustiva la gestión del Ejecutivo y del fiscal general del Estado en ese caso, de la que tendrán que dar cuenta el sede parlamentaria desde el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, hasta el propio José Manuel Maza, pasando por el ministro del Interior, José Antonio Zoido y el de Justicia, Rafael Catalá.

Además del 'caso Lezo', el Congreso debate también las últimas propuestas del Gobierno en vivienda y la situación en Cataluña:

"Creo que está funcionando muy bien la fiscalía anticorrupción, usted debería alegrarse", le ha dicho Rajoy a Iglesias, quien en su réplica ha recurrido al pasado del presidente como líder de la oposición para reprocharle su posición en este caso.

Así, el líder de Podemos ha recordado el episodio de 2009 cuando se supo que el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo había coincidido en una cacería con el juez Baltasar Garzón.

Aquel encuentro fue definido como "un atentado a la calidad democrática" por Rajoy, quien como ha recordado Iglesias dijo entonces que era también "motivo más que suficiente" para la dimisión del ministro y advirtió de que se estaba "liquidando la separación de poderes".

"Tenía usted razón", le ha dicho Iglesias a Rajoy, para citarle después las conversaciones de Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana en las que decía que Moix es "un tío serio" y que sería "cojonudo" que fuese nombrado fiscal anticorrupción.

martes, 9 de mayo de 2017

El ‘caso Lezo’ salpica a Gallardón por utilizar un paraíso fiscal para comprar 'Inassa'


MADRID.- El juez Eloy Velasco investiga la compra por parte del Canal de Isabel II de Inassa, la empresa que controla Aguas de Barranquilla en Colombia. Según informa este martes OkDiario, la compra se hizo desviando 73 millones de dólares (83 millones de euros de entonces y 67 al cambio actual) al paraíso fiscal de Panamá cuando Alberto Ruiz Gallardón estaba al frente de la Comunidad de Madrid.

La operación se cerró a caballo entre 2001 y 2002, nada más llegar a la presidencia del Canal de Isabel II Pedro Calvo, persona de la máxima confianza de Gallardón, que sustituía en el cargo a Carlos Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja, quien casualmente habría dejado el cargo poco antes de que se ejecutara la compra.
En aquella época Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas en la Comunidad de Madrid, era gerente del Canal de Isabel II. El Consejo de Gobierno presidido por Gallardón dio el visto bueno a la operación el 21 de noviembre de 2001.
En una de las conversaciones telefónicas intervenidas a Ignacio González, el expresidente decía que la compra de Inassa “sí que fue un pelotazo”. Lo dijo después de que Cristina Cifuentes, el pasado mes de julio, presentara un informe ante la Fiscalía Anticorrupción en el que detallaba irregularidades en la compra de la braileña Emissao en noviembre de 2013, que se cerró con un pago de 23 millones por una empresa que apenas valía 5. En el caso de Inassa su valor real era de 7 millones de dólares, diez veces por debajo del precio que se pagó.
De hecho, la compra de Inassa se consumó pese a las advertencias que se formulaban de un informe elaborado por el despacho Garrigues en el que se alertaba de la posible ilegalidad de realizar el pago a través de un paraíso fiscal. En él también se ponía en cuestión el precio. Aunque Panamá en este momento no está considerado paraíso fiscal gracias a un acuerdo de colaboración al que se llegó en 2011, en 2001, fecha la que se inició la operación, sí figuraba como tal en el listado de la Agencia Tributaria.
El Grupo Inassa se describe en su página web como “cabecera de expansión de Canal de Isabel II Gestión en América Latina, con amplia trayectoria en la gestión del ciclo integral del agua”. Tiene presencia en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Brasil.

Los altos ejecutivos de EE.UU. ganaron 347 veces más que sus trabajadores en 2016

WASHINGTON.- El salario de los principales ejecutivos de las empresas del índice S&P 500 de Wall Street ascendió en 2016 un 5,9 %, y el ratio de sus ingresos creció a 347 veces más que el del empleado medio, indicó hoy un estudio del sindicato estadounidense AFL-CIO. En 2015, el ratio fue de 335 veces más salario que el de los trabajadores.

El consejero delegado medio de estas empresas recibió una retribución media de 13,1 millones de dólares el pasado año, mientras que el sueldo medio de un empleado se situó en 37.620 dólares.
La compensación de los ejecutivos supone un alza del 5,9 % comparado con el año pasado, mientras que, si se ajusta por la inflación, la de los trabajadores se ha estancado.
"El reporte de este año ofrece mayores evidencias de que la avaricia de los consejeros delegados está impulsando la crisis de desigualdad de ingresos en Estados Unidos", aseguró Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la principal asociación gremial del país.
Trumka remarcó que "las grandes empresas continúan encontrando la manera de modelar la economía a su favor y en línea con los bolsillos de sus jefes a expensas de los trabajadores que hacen que los negocios prosperen".
"Demasiado a menudo, las empresas ven a sus trabajadores como costes que deben ser recortados, más que activos en los que invertir", agregó.
Este incremento ahonda en la tendencia que se ha venido registrando en Estados Unidos en las últimas décadas, y que ha alimentado el recelo respecto a la disparidad de ingresos.
En la década de 1960, los principales ejecutivos recibían un salario cerca de 20 veces más que el de su empleado medio, en 1980 el ratio ascendía a 42 veces y en 1990 a 107 veces.
En 2013, se sobrepasó por primera vez el umbral de ratio de 300 veces la compensación de altos cargos respecto a la de los trabajadores, según un análisis del centro Economic Policy Institute.
Entre los consejeros con mayores ingresos en 2016 figuran Thomas M. Rutledge, de Charter Communications, con 96 millones de dólares anuales (2.100 veces más que el trabajador medio); y Philippe P. Dauman, de Viacom, con 93 millones anuales (2.400 veces el de un empleado).
A continuación, se encuentran Leslie Moonves, de CBS, con 69 millones anuales (1.800 veces); Fabrizio Freda, de Estee Lauder Companies, con 48 millones anuales (1.280 veces); o el jefe de Nike, Mark G. Parker, con 47 millones anuales (1.260 veces).
Estos datos son de dominio público después de que la Comisión del Mercado de Valores (SEC) aprobara durante la Presidencia de Barack Obama (2009-2017) una normativa que exige revelar el ratio entre retribuciones de los consejeros delegados y los sueldos de los empleados, dentro de la ley "Dodd-Frank" de reforma financiera de 2010.

Podemos y ERC reclaman al Senado indagar el papel español en la Guerra de Irak


MADRID.- Unidos Podemos y ERC han presentado este martes una iniciativa para crear una comisión de investigación en el Senado sobre el papel de España en la Guerra de Irak, con especial atención a la "estrategia de comunicación engañosa" que justificó la invasión y a las promesas hechas a empresas españolas para la reconstrucción.

La iniciativa se debatirá en el pleno que la Cámara Alta celebrará dentro de dos semanas y ha sido presentada en rueda de prensa por la senadora de Unidos Podemos Sara Vilà, el senador de ERC Jordi Martí y la representante de la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Irak (CEOSI) Sara Sánchez.
Su propuesta reitera otros intentos previos para esclarecer diversos aspectos de la Guerra de Irak de 2003, tanto en el Congreso como en el Senado, donde Podemos ya buscó sin éxito, en esta misma legislatura, la comparecencia del expresidente del Gobierno José María Aznar para explicar el rol que desempeñó España.
El propósito final de la comisión sería indagar “sobre las causas y consecuencias de la participación de España en la Guerra de Irak” a partir de numerosos aspectos resumidos en siete puntos.
En ellos, según el documento que debatirá el pleno, se alude a la “estrategia de comunicación engañosa citada en el informe Chilcot acordada por Blair y Aznar” a fin de averiguar “qué medios de comunicación españoles participaron en ella y qué cargos públicos colaboraron en generar una ‘buena opinión en los ciudadanos conforme se había hecho todo lo posible para evitar la guerra’”.
También se pretende estudiar el papel de Aznar “para intentar legitimar la invasión”, así como la “influencia” del Gobierno de España en la Cumbre de las Azores, o aclarar por qué el Ejecutivo “decide seguir con la intención de invadir Irak aun sabiendo que no había armas de destrucción masiva”.
En este punto se citan distintas declaraciones de altos cargos sobre la entrada de empresas españolas en las tareas de reconstrucción del país y los beneficios que supondrían para ellas.
El carácter de la misión encomendada a las tropas españolas en Irak y su coste, así como las repercusiones del conflicto en la actual situación del país completan la relación de asuntos que los dos grupos proponentes quieren que sean estudiados por el Senado.
El llamado “informe Chilcot”, una investigación encargada por el ex primer ministro británico Gordon Brown en 2009 considerada muy rigurosa por los promotores de la comisión sirve también de base para justificar su propuesta, y de hecho recuerdan que José María Aznar es citado hasta en once ocasiones en el documento.
La senadora Vilà se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de que senadores de Compromís, o del PDeCAT puedan apoyar la comisión, e incluso del PSOE, habida cuenta del rechazo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mostró a esta guerra, y ha emplazado también a los senadores del PP a respaldarla y “desmarcarse del Gobierno”.
Jordi Martí ha anunciado que el resultado de la votación en pleno de la propuesta les servirá para sopesar las posibilidades de que tenga éxito en el Congreso.
Ha hecho hincapié en que lo que pretenden es “esclarecer la verdad, dirimir responsabilidades, hacer justicia y reparar a las víctimas” e indagar en aspectos concretos como los 6.000 millones de euros supuestamente prometidos a las empresas españolas para la reconstrucción del país.
Además, la senadora Vilà ha rechazado que la Guerra de Irak sea “un tema del pasado o del Paleolítico” porque tras 14 años las consecuencias de esta “devastadora” guerra son “incalculables” como millones de víctimas, incluidos los once soldados y los dos periodistas españoles que fallecieron entonces.
Por su parte, la representante de CEOSI ha recordado que el pueblo iraquí “sigue resistiendo” 14 años después de la guerra aunque las “cifras escalofriantes de asesinados, desaparecidos y muertos” y la repercusión del conflicto ha hecho que “el país que conocimos prácticamente haya desaparecido”. Esta es la razón por la que CEOSI apoya crear una comisión que sirva para “reparar la memoria de los millones de víctimas que ha dejado la Guerra de Irak”.

PP y Podemos se enzarzan en el Congreso por Venezuela y la corrupción

MADRID.- El PP y Podemos se han enzarzado hoy en una discusión en la que los populares han pedido al partido de Pablo Iglesias que "rompa" sus "anclajes" con el Gobierno de Nicolás Maduro, mientras la formación morada ha acusado al partido del Gobierno de usar Venezuela para ocultar su "ciénaga" de corrupción.

El PP ha defendido esta tarde en el pleno del Congreso una proposición no de ley que se votará el jueves y que busca un pronunciamiento de la Cámara para exigir al régimen venezolano que respete la democracia, garantice la separación de poderes y libere a los presos políticos.
Los populares cuentan ya con el apoyo del PSOE, con el que siguen negociando una enmienda para el texto definitivo, y con Ciudadanos y otros partidos como el PNV, mientras que Podemos va a abstenerse.
Se da la circunstancia, además, de que Izquierda Unida -integrada en el grupo de Unidos Podemos- votará por primera vez en esta legislatura de forma distinta a Podemos, ya que lo hará en contra.
El "número tres" del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha sido el encargado de defender la iniciativa y durante buena parte de su intervención se ha dirigido directamente a Podemos para pedir a ese partido que aproveche la ocasión para desvincularse de Maduro, "suelte la mano que les dio de comer" y sean "coherentes" no con el gobierno venezolano, sino con la libertad y la democracia.
"No existen excusas, ninguna, sólo si se considera que Venezuela es una democracia ejemplar", ha dicho Maíllo, recordando que Pablo Iglesias hizo este calificativo en una intervención en televisión en 2013.
El coordinador general del PP ha insistido además en pedir a Podemos que se una al reclamo de las principales organizaciones internacionales y pida la libertad de los presos políticos de ese país.
Con dureza ha respondido a Maíllo el responsable de Exteriores de Podemos, Pablo Bustinduy, quien ha acusado al PP de utilizar Venezuela para desviar la atención sobre los casos de corrupción que le afectan.
Así, ha asegurado que, cuando estalló el caso Lezo y fue detenido el expresidente madrileño Ignacio González o cuando dimitió Esperanza Aguirre, dirigentes del PP como el propio Mariano Rajoy o el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, colgaron mensajes en Twitter para denunciar la situación venezolana.
"Una y otra vez repiten la misma jugada como malos futbolistas que tienen un solo regate y en medio de la ciénaga irresponsable de corrupción" que azota al PP, le ha dicho a los populares Bustinduy.
Además, ha acusado al PP de no haber hecho ni una sola propuesta "viable" para Venezuela y le ha reprochado su actitud "irresponsable" por no contribuir a una "solución política dialogada" para ese país y utilizarlo solo para tratar de "deslegitimar" a Podemos.
Desde el PSOE, Antonio Gutiérrez Limones ha justificado el apoyo a la iniciativa del PP, porque los socialistas, ha dicho, no pueden permanecer impasibles ante la grave situación venezolana, pero ha defendido la enmienda presentada porque insta de forma más explícita no solo a liberar los presos sino también a impulsar un calendario electoral en ese país y facilitar un canal humanitario para los ciudadanos.
Joan Tardá, de ERC, ha acusado a los populares de practicar el "cinismo y la hipocresía" con este asunto y ha dudado de las intenciones del "partido más corrupto de Europa", un calificativo por el que ha pedido la palabra el portavoz del PP, Rafael Hernando, para exigir una rectificación.
Tardá ha aceptado para concretar que quería decir que el PP es el partido con más casos de corrupción abiertos de Europa.
El PP cuenta para la votación del jueves con el apoyo, además del PSOE, de Ciudadanos, y el diputado Fernando Maura ha considerado que España debe liderar una respuesta internacional en favor de la democracia en Venezuela.
También apoya la iniciativa el PNV, que ha recalcado la situación constitucional inaceptable de Venezuela e insostenible para sus ciudadanos, en palabras de Aitor Rivera.
Al debate de esta iniciativa han asistido familiares de presos opositores venezolanos.
El padre de Leopoldo López ha subrayado tras el debate que el apoyo del Congreso español da "mucho aliento" y ha valorado el respaldo recibido y la "unidad de criterio" de la Cámara, salvo alguna "pequeña minoría", a favor de la propuesta.
Por su parte, Mitzy Capriles, mujer de Antonio Ledezma, ha dicho estar agradecida a la Cámara y "doblemente" al PP por proponer la propuesta ante esta "tragedia tan grande" que viven los venezolanos.

La Fiscalía asegura que Ignacio González recurrió a algún juez, fiscal o policía para tener impunidad

MADRID.-La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el expresidente madrileño Ignacio González recurrió a personas con "influencias" en las carreras judicial y fiscal, o incluso de la Policía, "para lograr impunidad en sus acciones", motivo por el que se opone a su puesta en libertad por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En su informe, en respuesta al recurso de apelación interpuesto para reclamar su puesta en libertad tras haber ingresado en prisión el 21 de abril, la Fiscalía recuerda que el propio González admitió en su declaración que recurrió algún miembro del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura "para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar con quién".
En cuanto al arraigo familiar invocado para obtener su excarcelación, Anticorrupción expone que la "mayor parte de los miembros de la familia" del expresidente madrileño "presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un escrito en el que se opone a la excarcelación del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, principal imputado en la 'operación Lezo', según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La defensa de González apeló la semana pasada ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la prisión preventiva que el exdirigente madrileño cumple desde el pasado 21 de abril y solicitó su puesta en libertad alegando que no existe riesgo de que pueda fugarse.
Argumentó, entre otras razones, que huir de la justicia es "materialmente imposible" porque tiene sus bienes embargados y carece de medios económicos, además de tener un "arraigo notorio" en España donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor de las cuales "va a celebrar su boda en pocos meses".

División en la izquierda por la iniciativa sobre el Valle de los Caídos

MADRID.- Contra todo pronóstico, la proposición no de ley del PSOE que pide un nuevo impulso de la Ley de Memoria Histórica y exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, no ha concitado el respaldo de partidos de izquierda como Podemos o ERC, que creen insuficiente la iniciativa de los socialistas.

El pleno del Congreso ha debatido hoy -aunque votará el jueves- esta proposición no de ley del PSOE que, al no tener rango de ley, no es de obligado cumplimiento para el Gobierno.
Podemos amenaza con abstenerse el jueves si no se aceptan sus enmiendas, lo mismo que ERC que incluso se plantea votar en contra ante una iniciativa que califica de "monumento al cinismo político".
Del otro lado, el PP se opone también a la propuesta en su conjunto mientras que Ciudadanos está dispuesta a apoyarla, siempre que no se acepten las enmiendas de ERC y Podemos.
Así las cosas y siempre que no se acerquen posturas de aquí al jueves, la iniciativa no parece que pueda salir adelante por los vetos cruzados.

El PP admite que existen "discrepancias" entre fiscales

MADRID.- El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha admitido este martes que existen "discrepancias" en el seno de la Fiscalía pero ha proclamado que, a diferencia de lo que ocurría antes, en los asuntos de corrupción "ahora no se tapa a nadie" como sucedió, por ejemplo, con el 'caso Pujol'.

Así se ha pronunciado el dirigente 'popular' en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado sobre el hecho de que el fiscal anticorrupción, Manuel Moix, mintiera al afirmar que él no había promovido que se apartara del 'caso Lezo' al fiscal Carlos Yáñez, sino que era el representante del ministerio público quien quería dejarlo.
Hernando ha dicho desconocer la existencia de un decreto en el que Moix releva a Yáñez, pero ha apuntado que, como en tantos colectivos, en el seno de la Fiscalía se producen discrepancias "entre distintas personas".
"Supongo que unas veces tienen razón unos y otras otros", ha añadido, incidiendo en que lo que hay que hacer es "dejar trabajar" a los fiscales y confiar en las instituciones.

Además, ha remarcado que "ahora no se tapa a nadie", que "quien la hace la paga" y, gracias a las normas impulsadas por el Gobierno del PP se "va a recuperar hasta el último céntimo de lo defraudado" en asuntos de corrupción.
"Esto no se hizo con el PSOE", ha sentenciado tras enumerar algunas de la reformas anticorrupción aprobadas entre 2011 y 2015 y asegurar que a los 'populares' "nadie les va a poner colorados" con esta cuestión.
Hernando también ha recordado que el próximo jueves se constituirán en el Congreso sendas comisiones de investigación, una sobre la supuesta financiación ilegal del PP y otra sobre la crisis financiera y el rescate de las cajas y que los 'populares' esperan llegar a un acuerdo con el resto de grupo sobre los miembros de las mesas de sendos órganos.
Para presidir la comisión sobre las cajas se perfila la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, mientras que el diputado de Ciudadanos y vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, podría hacerse con la presidencia de la relativa al PP.

El fiscal cree que el número dos de Interior avisó a Ignacio González de la 'operación Lezo'

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción se opone a la excarcelación del expresidente madrileño Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, ante el riesgo de fuga y de manipulación de pruebas, en un escrito donde alude a una "presunta investigación 'chivada'" del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

En su informe, en respuesta al recurso de apelación interpuesto para reclamar su puesta en libertad tras su ingreso en prisión el 21 de abril, la Fiscalía destaca que el juez Eloy Velasco valoró ya en el auto de prisión "la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar".
Recuerda en este sentido la conversación que se grabó en el despacho del expresidente madrileño a los hermanos Ignacio, Isabel (diputada madrileña) y Pablo González, éste último también en prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros.
En esa conversación, del 6 de marzo, se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad", refiriéndose a José Antonio Nieto quien admitió una reunión con Pablo González dos días después de la reunión de los hermanos.
Los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, relatan cómo antes de esa reunión Pablo González contactó con sus hermanos y en una de esas llamadas al hablar de Ignacio dice: "Le habían avisado de que tenía pinchados los teléfonos...Vamos, vamos se quedó un poco preocupado".
Añade además que el propio González admitió que contactó "con algún alto cargo de la Policía Nacional para saber "cómo estaban algunas cosas y conocer si tenían algún informe que le afectase" y también reconoció que recurrió algún miembro del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o de la Policía "para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar con quien".
"Los investigados han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones", destacan los fiscales.
De hecho aseguran que ha sido "una constante" en esta investigación que González, "junto con otros investigados, se han valido de sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de entorpecer o dilapidar el procedimiento".
Y es que, señalan, "Ignacio González ha demostrado una capacidad real de acción para interferir en el normal desarrollo de la investigación por las vías ilícitas señaladas".
"Para ejecutar esta acción de entorpecimiento de la investigación" González y su hombre de confianza en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, recurrieron "a personas perteneciente al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial".
La Fiscalía habla asimismo de "un pacto delictivo" entre los investigados, cuyo "principal nexo es el conocimiento, la participación y la ocultación de 'componendas ilícitas pagadas con dinero público'".
Sobre el desvío de fondos, la investigación tiene ya acreditado que González "disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta" y en cuanto al arraigo familiar invocado para obtener su excarcelación, la Fiscalía apunta a que la "mayor parte de los miembros de la familia" "presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".
La Fiscalía considera además que el que sea una persona de notoriedad pública tampoco anula el riesgo de fuga, ya que "la realidad judicial de España" ha demostrado que en otros casos en que eso parecía "impensable" la huida finalmente se produjo.

Contra la pueta en libertad de Edmundo Rodríguez

En otro informe, los fiscales también se oponen a la puesta en libertad de Edmundo Rodríguez, cesado hace un año como presidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II.
Principalmente porque el "ingente dinero público desviado permanece oculto", afirma el fiscal, que hace hincapié en el "uso indiscriminado" que se hizo de la empresa pública que presidió Rodríguez de 2003 a 2016.
Inassa fue gestionada, según el fiscal, "como si de una empresa privada se tratase", hasta tal punto que el propio Rodríguez manifestó al juez que "era privada y así se gestionó", aunque luego reconoció que quien ponía el dinero para sus ampliaciones de capital e inversiones era Canal Extensia, empresa pública, y que el dinero comprometido también lo era.
"Estos tejemanejes, alejados del control de los órganos de fiscalización de la Comunidad de Madrid, y sin contar con las autorizaciones legalmente previstas, le han granjeado indiciariamente elevadas ganancias ilícitas",, lo que explicaría sus inversiones inmobiliarias en Colombia, República Dominicana y Londres.
La investigación también apunta a que los imputados pudieron pagar comisiones a funcionarios en Panamá, Colombia o República Dominicana a cambio de adjudicaciones, "negocios que presuntamente siguen a día de hoy reportando ingentes beneficios fraudulentos" a Rodríguez.
"Una de las operaciones más groseras" de Rodríguez, destaca el informe, fue la adquisición de la empresa brasileña Emissao con un sobreprecio de 20 millones de euros de capital público de la Comunidad de Madrid que se desvió y que le generaron unas ganancias que depositó en cuentas de Suiza.

La preocupación por el paro cae a niveles anteriores a la crisis

MADRID.-La preocupación por el paro ha alcanzado en el barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el nivel más bajo desde octubre de 2008, pues es el principal problema para el 69,6 por ciento de los españoles, el menor porcentaje de estos casi nueve años.

También registra su punto más bajo en dicho periodo de nueve años la descripción negativa de la situación económica, que en el barómetro ven mala o muy mala un 55,7 por ciento de los españoles, el menor índice desde junio de 2008.
El estudio de abril del CIS, que se hizo entre los días 1 y 8 de ese mes, antes de que se activara la operación Lezo contra los supuestos casos de corrupción en el Canal de Isabel II de Madrid, consolida a la corrupción como el siguiente problema ciudadano, ya que lo cita un 42 por ciento de los encuestados.
Se frena el aumento que tuvo su pico en el barómetro anterior, de marzo, cuando lo mencionaron como principal preocupación un 44,8 por ciento de españoles.
De nuevo sobre la preocupación por el paro, fue el barómetro de noviembre de 2008 el primero que superó la barrera del 70 por ciento en la lista de principales problemas ciudadanos, y desde entonces siempre ha rebasado ese umbral.
Es decir, con motivo del estallido de la crisis y durante este periodo de secuelas, siete de cada diez ciudadanos, o más, aseguraban que el paro era su principal preocupación. Hasta la encuesta de hoy.
Hay que remontarse al CIS de octubre de 2008 (el paro fue el primer problema del 64,9 por ciento de los entrevistados) para encontrar un índice de preocupación ciudadana menor al 69,6 por ciento de este barómetro de abril.
Asimismo, este último CIS señala que sólo un 15,2 por ciento de los encuestados considera que la situación económica será peor dentro de un año, lo que revela un nuevo descenso en comparación con barómetros anteriores. Desde finales de 2015 el pesimismo no era tan bajo. Por el contrario, más de un 70 por ciento de los ciudadanos opina que la economía, en un año, estará mejor o igual que ahora.
También la percepción sobre la situación política ha disminuido en casi tres puntos, ya que el 68 % de los encuestados declara que es mala o muy mala frente al 70,9 del mes pasado. Un 24 por ciento ve la situación política como regular, un 4,1 % como buena y sólo un 0,1 % la ve muy buena.
Tras el paro y la corrupción, los problemas de índole económico son citados por el 21,2 por ciento de los ciudadanos, en tanto que los partidos políticos son una preocupación para el 20,9 por ciento. Paro, corrupción, economía y partidos ocupan por tanto los primeros cuatro puestos en la lista de problemas de los españoles.
A cierta distancia, la sanidad, que es una preocupación para el 12,6 por ciento de los ciudadanos; la educación, que lo es para el 10,4; y los "problemas de índole social", a los que se refieren un 10,1.
La violencia contra la mujer, en uno de los años en los que se han producido más asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas, aparece como problema para un 2,8 por ciento de los ciudadanos. Las pensiones, para algo más del 4 por ciento.
El 2 por ciento menciona el terrorismo internacional y no llega al 1 por ciento los ciudadanos que hablan del nacionalismo como problema fundamental.

Según el CIS, el PSOE adelanta a Podemos y el PP pierde apoyos

MADRID.- El PP ha perdido un punto y medio en estimación de voto hasta el 31,5 por ciento según el último barómetro del CIS, que refleja una subida de 1,3 puntos para el PSOE -19,9- que recupera la segunda plaza ante la bajada de 2 puntos de Unidos Podemos y sus confluencias, que se quedan con el 19,7.

Según esta encuesta, Ciudadanos sería además el partido que más sube de los cuatro grandes, ya que obtiene 2,5 puntos más que en el sondeo anterior y alcanza el 14,9 por ciento de los votos.
El trabajo de campo de esta encuesta tuvo lugar entre el 1 y el 8 de abril, coincidiendo con la dimisión del presidente murciano Pedro Antonio Sánchez, pero antes de que estallase el caso Lezo con la detención e ingreso en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y después de conocerse que Susana Díaz se presentaría a las primarias del PSOE.
En quinto lugar estaría ERC, que baja una décima y se queda en 2,9 por ciento, seguido de PDeCAT, que sube tres décimas hasta el 2 por ciento y el PNV, que baja siete décimas y se queda en el 1,1 por ciento, el mismo porcentaje que obtendría Bildu, dos décimas por encima del anterior sondeo. Coalición Canaria obtendría un 0,3 por ciento, una décima más que en el anterior sondeo elaborado el mes de enero pasado.
Es el segundo barómetro consecutivo en el que el PP pierde apoyos desde que se celebraron las últimas elecciones generales. La encuesta de octubre reflejaba una estimación de voto para los 'populares' del 34,5 por ciento, que cayó al 33 por ciento en enero, y que ahora se ha quedado en el 31,5 de los sufragios.
En voto directo -sin la estimación del CIS- el PP también desciende del 20,7 por ciento de enero al 18,5 por ciento de abril, mientras que el PSOE sube del 12,7 al 13,4 por ciento.
También en este apartado, Unidos Podemos y sus confluencias se deja casi un punto hasta el 14,1 de voto directo, en la primera encuesta que publica el CIS desde la asamblea de Vistalegre II en la que las tesis de Íñigo Errejón fueron derrotadas y se produjo una profunda reestructuración del partido.
Ciudadanos vuelve a ser el partido que más sube en voto directo, del 8,0 por ciento en enero a 9,2 por ciento en el barómetro de abril.

Centenares de guardias civiles cobran las horas extras casi dos años después de hacerlas

MADRID.- El Gobierno reconoció que unos 7.500 guardias civiles recibieron en enero las retribuciones que les correspondían a las horas de exceso, nocturnas y festivas trabajadas en abril de 2015 y que no recibieron en su día.

Según figura en una respuesta parlamentaria al diputado de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado, la Dirección General de la Guardia Civil debía diversos conceptos de productividad a agentes desde hace casi dos años y que pueden suponer en la nómina entre 300 y 600 euros, según la escala del agente.
"Es inaceptable el estado de abandono y el desprecio con el que este Gobierno trata a los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil. Precisamente el PP, el que más habla de patria, es el que menos cumple con los servidores de la misma", denunció Delgado, exmiembro del instituto armado.
Además de las horas extras, nocturnas o festivas que no fueron abonadas, la respuesta del Ejecutivo también admite que en las nóminas del pasado mes de febrero se abonaron los retrasos del llamado abono de trabajador nocturno correspondientes a 2015, así como el 2016.
En total, fueron perceptores del pago de este concepto de productividad 5.676 agentes, de los cuales 3.401 son de abonos con retraso de 2016 y 2.274 de 2015.
A juicio de Delgado es "muy injusto" que los agentes tengan que soportar, además de la discriminación salarial que padecen, "el retraso de las retribuciones por un trabajo que ya han realizado".

La juez archiva una denuncia a Ruiz Gallardón por los sobrecostes de la M-30

MADRID.- Un juzgado de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia presentada contra el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón (2003-2011), por la presunta comisión de sendos delitos de malversación y prevaricación administrativa por la "omisión de los trámites esenciales en la constitución y transformación" de la entidad 'Madrid Calle 30 S. A.', responsable de la gestión y ejecución de las partidas públicas destinadas a la remodelación de la principal carretera de circunvalación de la ciudad. 

La magistrada Luisa Lázaro ha rechazado investigar la presunta apropiación indebida de fondos públicos y falseamiento de las cuentas públicas de la entidad, denunciada por el partido político Contrapoder, dirigido por el abogado murciano José Luis Mazón
El argumento de la juez para archivar la denuncia es que "el control económico y presupuestario de los entes autonómicos se ejerce tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Cámara de Cuentas en el ámbito que les es territorialmente propio, en este caso Madrid".
Asimismo, añade la magistrada que "la actuación de tales entes fiscalizadores del sector público se contrae a su propio ámbito competencial, con exclusión en todo caso de aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de delito, proponiendo en la correspondiente memoria las medidas a adoptar, en su caso, para la mejora de la gestión económica y financiera del sector público". 
Por lo tanto, concluye que no queda debidamente acreditada la perpertración de infracción penal alguna de Ruiz Gallardón.
Según la denuncia, se han perpetrado multitud de gravísimas irregularidades constatadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en su informe de fiscalización de la empresa mixta municipal 'Madrid Calle 30', en los ejercicios de 2012 y 2013, "cuya apariencia de diversos tipos delictivos era más que evidente", como las graves irregularidades de falseamiento de cuentas y sobreprecios (malversaciones) y delitos de falsificación de contabilidad pública conectadas a la misma mercantil mixta.
Ante el sobreseimiento provisional, el denunciante José Luis Mazón ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para que obligue a la juez a investigar los hechos.

Las familias y empresas españolas en quiebra suben casi un 50% hasta marzo

MADRID.- Las familias y empresas españolas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas aumentaron un 3,9% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2016, hasta sumar 1.319, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este martes.

En concreto, las familias que se declararon en concurso de acreedores ascendieron a 263, lo que supone un incremento del 42,9% respecto al mismo trimestre de 2016, mientras que las empresas concursadas bajaron un 2,7%, hasta sumar 1.056 procedimientos de quiebra.

En tasa intertrimestral (primer trimestre del año sobre cuarto trimestre de 2016), el número de deudores concursados aumentó un 0,8%, con un repunte del 31,5% en el número de familias declaradas en concurso y un descenso del 4,8% en el caso de las empresas concursadas.
De las 1.056 empresas que entraron en concurso en el primer trimestre, 118 eran sociedades anónimas, con un descenso interanual del 0,8%, mientras que 842 eran sociedades limitadas, un 4% menos que en el primer trimestre de 2016.

Las personas físicas con actividad empresarial elevaron los procesos concursales un 38,3% en tasa interanual, hasta totalizar 65, y los incrementaron un 10,2% respecto al trimestre anterior.
Durante el primer trimestre, los concursos voluntarios subieron un 3,7% en relación al mismo periodo de 2016, hasta sumar 1.213, en tanto que los concursos necesarios avanzaron un 7,1%, con un total de 106 procesos.
Por clase de procedimiento, los concursos ordinarios aumentaron un 5% en tasa interanual y los abreviados, un 3,8%, hasta 190 y 1.129 procesos, respectivamente.