MADRID.- El Grupo Popular ha adelantado su rechazo a que el Pleno del Congreso tome en consideración una proposición de ley de UPyD para reformar la Ley Concursal y abrir la puerta a que los poseedores de un crédito hipotecario se puedan declarar insolventes para acudir a la dación en pago y saldar su deuda con la entrega de la vivienda.
El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha defendido que su propuesta pretende "afrontar con rapidez" el "drama" de las personas que, por "situaciones sobrevenidas", no pueden hacer frente a sus hipotecas. Su idea es retocar la Ley Concursal para que los acreedores puedan acudir a la autoridad judicial y buscar un acuerdo con las entidades bancarias para renegociar las hipotecas y, en caso de no lograrse, permita a las personas físicas declararse insolventes y responder únicamente a la deuda con sus bienes embargables, quedando exonerado el pasivo restante.
Además, también fija nuevos criterios para las subastas públicas de viviendas, quitas automáticas e interrupción de intereses de demora en caso de negociación, y cancelación del incremento patrimonial en el IRPF a los desahuciados que no ingresen más de 12.000 euros anuales. Para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro, UPyD propone establecer un límite máximo a los intereses moratorios de las hipotecas, entre otras cosas.
La iniciativa recoge también la exigencia "por ley" de que los bancos ofrezcan "hipotecas de responsabilidad limitada" como "lo normal salvo acuerdo expreso" y reclama una Ley de Crédito Responsable para que, "si ha habido un fraude, incumplimiento o abuso de la entidad financiera, esté obligada a aceptar la dación en pago".
"Hay que acabar con el principio de responsabilidad ilimitada para evitar condenar a los deudores al ostracismo económico y financiero, y también evitar desestabilizar al sistema financiero", ha defendido, alertando a su vez del trato desigual que se otorga a empresas y ciudadanos cuando se encuentran en situaciones de impago.
El diputado 'popular' Pablo Matos ha justificado el rechazo de su grupo en que la propuesta de UPyD fue presentada antes de que el Consejo de Ministros aprobara un conjunto de medidas para "reducir el impacto de los desahucios", incluyendo la dación en pago "por primera vez".
"No entendemos cómo se decidió traer esta propuesta al Pleno una semana después de haber anunciado el ministro la iniciativa y de haberse publicado", ha dicho.
Además, ha criticado que se presenta, "no para evitar el lanzamiento de la vivienda, sino para que el deudor, una vez perdida la vivienda, no continúe debiendo el resto de la deuda el resto de su vida". "Y eso es una consecuencia más de un sistema hipotecario injusto y desproporcionado, pero no es la más grave. El verdadero drama es la pérdida del hogar familiar por quienes se encuentran en una situación de insolvencia sobrevenida", ha añadido.
Por eso, ha optado por "otorgar a la vivienda un tratamiento singular", diferenciado del resto de garantías de créditos, porque "lo es todo, es el hogar, y debe ser protegido especialmente, en los casos de deudores de buena fe".
Por ello, ha defendido que la propuesta del Gobierno es más completa, porque intenta evitar el desahucio con reestructuraciones de la deuda o quitas, y que prevé también alquileres para quienes finalmente pierdan su piso. "Seguimos prefiriendo la norma aprobada por el Gobierno", ha zanjado Matos.
El responsable de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, ha reconocido que la propuesta de UPyD es "en buena medida insuficiente", pero ha votado a favor porque "merece la pena discutirlo" para encontrar una solución a "uno de los más graves y acuciantes problemas que atraviesa la sociedad española".
"La respuesta del Gobierno es claramente insuficiente y hay que ir más allá, porque el problema se incrementará en los próximos años", ha señalado el exministro, tachando el código de buenas prácticas del Gobierno de ser "paradójico" ya que incluye unas buenas prácticas que "debe de ser que no se seguían" y que tampoco se conocían, dado su carácter voluntario.
El 'popular' ha replicado a Gómez citando a algunos compañeros socialistas, como Josep Borrell o José Bono, que "han deseado que hubiera sido el PSOE el que aprobara algunas iniciativas como la dación en pago".
Varios partidos de izquierdas también han apoyado esta propuesta de UPyD, y han aprovechado la ocasión para criticar el código de buenas prácticas aprobado por el Gobierno, que tachan de "agua de borrajas" y "engaño" porque sólo prevé una posibilidad de dación en pago con criterios estrictos para poder acogerse y que se aplicará cuando los bancos así lo decidan.
Así, Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha reconocido que su grupo no tiene "plena conformidad con todo el contenido" de la propuesta pero "sí es favorable a que la Cámara trate de nuevo la cuestión", avisando de que si el Gobierno no se aviene a buscar una solución "real" al problema se seguirá hablando sobre el asunto en el Congreso.
"No vamos a cejar ni un minuto hasta conseguir que ustedes aborden de una forma seria y rigurosa la escena de desespero por la imposibilidad de pagar sus deudas y por las falsas soluciones que ustedes les están dando", ha dicho dirigiéndose a la bancada del Ejecutivo.
"No es un tema fácil, cualquier decisión tiene repercusiones importantes pero, como dice el Gobierno en relación con la reforma laboral, no nos podemos quedar de brazos cruzados ante una situación muy cruda", ha apuntado el diputado catalán, criticando al Gobierno que haya creado "falsas expectativas" con sus anuncios de dación en pago que "no son decretos leyes sino reales engaños" porque sólo se aplica a personas "que no están en exclusión, sino en el corazón de las tinieblas".
El diputado de Compromís Joan Baldoví ha tachado de "descorazonador" cada debate sobre este asunto, y ha reprochado que en la votación, el pasado martes, de una iniciativa de la Izquierda Plural sobre este mismo tema, "se volvió a demostrar quién manda en este país".
"El PP volvió a defender los intereses de los poderosos y se puso de espaldas a los débiles, y el PSOE se puso de perfil", ha dicho, apostando por una formulación en línea con lo que piden las plataformas de afectados por los desahucios. Por su parte, Joan Tardá, de ERC, opina que la dación en pago "debe ser en justicia una obligación legal".
CiU, por boca del diputado Pere Macías, ha afirmado que UPyD ha "copiado esta proposición de ley del Parlament de Cataluña", donde se está usando la perspectiva concursal para "dar segundas oportunidades" a los ciudadanos como se hace con los empresarios, justificando así su voto favorable a que se tome en consideración la iniciativa.
A renglón seguido, ha recordado que el presidente, Mariano Rajoy, "se comprometió a crear una subcomisión para abordar la reforma del sistema hipotecario", que espera se convoque para poder debatir sobre diferentes propuestas que, relativas a este asunto, llegan de diferentes colectivos y entidades del país. "Porque con la solución del Gobierno no se soluciona la gran mayoría de las problemáticas que tienen muchas familias", ha añadido Macías, apostando por "trabajar" mucho este asunto.
Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarria considera que la iniciativa está "bien articulada en términos jurídicos" pese a que tiene algunas carencias y puede presentar complicaciones legales por optar por la vía de la Ley Concursal. No obstante, ha apostado por, "entre todos", mejorar la propuesta para "dar solución a un problema de justicia social".
