miércoles, 24 de octubre de 2012

Los empleados públicos españoles ganan un 30% más que la media

MADRID.-   El sueldo medio anual de los trabajadores españoles  con contratos temporales fue un 32% inferior al de los contratados de manera indefinida durante el año 2010, mientras que el sueldo anual del sector público superó en un 30,8% el salario medio, según la 'Encuesta Anual de Estructural Salarial' del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos correspondientes a 2010.

   En concreto, el salario medio bruto medio alcanzó los 22.790,20 euros en 2010, frente a los 29.811,67 euros del sector público. El sector privado, por su parte, presentó un salario medio de 21.231 euros, un 6,8% inferior al promedio anual.
   Por su parte, el salario anual de los directores y gerentes superó ampliamente los 50.000 euros en 2010, sobrepasando así en un 148,8% el salario medio de aquel año.
   También se situaron por encima del salario medio los técnicos y profesiones científico intelectuales (un 45,6% por encima) y los técnicos y profesionales de apoyo (un 22,5% superior), mientras que el resto de ocupaciones presentaron salarios inferiores a la media, siendo los más bajos los de los trabajadores en ocupaciones elementales.
   Aunque el salario medio anual se aproximó a los 23.000 euros en 2010, el INE precisa que el salario más frecuente en 2010 fue de 16.489,9 euros anuales, con una diferencia entre ambos de más de 6.000 euros. El organismo estadístico explica esta diferencia en el hecho de que aunque pocos trabajadores cobraban salarios muy altos en 2010, "influyeron notablemente en el salario medio".
   Las diferencias salariales entre hombres y mujeres apenas han variado respecto a la anterior encuesta. En general, la ganancia media anual de los hombres fue de 25.479,74 euros al año, mientras que la de las mujeres supuso el 77,5% de esta cuantía, con 19.735,22 euros.
   El INE ha destacado que el número de mujeres que ganaron menos de 14.000 euros al año fue mayor que el de varones. A partir de esta cifra, las mujeres de cada nivel salarial son siempre inferiores en número al de los hombres con el mismo sueldo.
   Los datos de Estadística reflejan que la actividad económica que presentó el mayor salario medio en 2010 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 48.803,35 euros por trabajador de media al año, un 114,1% más que la media anual. A continuación, se situaron las actividades financieras y de seguros, con 41.638,7 euros, un 82,7% más que el promedio nacional.
   Por el contrario, los salarios medios anuales más bajos correspondieron a la hostelería, con 14.629,55 euros; y las actividades administrativas y servicios auxiliares, con 15.682,32 euros, cantidades inferiores en un 35,8% y un 31,1% al promedio.
   Por comunidades autónomas, los salarios más elevados correspondieron a País Vasco (26.593,7 euros), Madrid (25.988,95 euros) y Cataluña (24.449,19 euros), frente a las remuneraciones más bajas, que se localizaron en Canarias (19.315,56 euros), Extremadura (19.480,55 euros) y Galicia (20.241,99 euros).
   Por edades, el organismo estadístico ha resaltado que en 2010 hubo una relación positiva entre la edad de los trabajadores y el nivel salarial, de forma que los de mayor edad, los más antiguos y los más experimentados percibieron los salarios más elevados.
   El salario medio anual en 2010 para los trabajadores de 20 a 24 años fue de 13.349,15 euros, frente a los 28.234,60 euros de los trabajadores de 55 a 59 años.

IU advierte de que "si no se provoca, la gente se manifiesta en paz"

MADRID.-   Izquierda Unida (IU) no cree que el movimiento del 25-S se haya desinflado, pese a la menor asistencia registrada en la segunda protesta, ha asegurado que la movilización ciudadana va a continuar y ha advertido de que "si no se provoca, la gente se manifiesta en paz", como este martes se puso de manifiesto en los alrededores del Congreso.

   En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, el diputado de IU por Asturias y excoordinador general de la federación, Gaspar Llamazares, ha negado que el 25-S haya perdido fuelle. Es más, ha puesto de relieve que existe una "fuerte" movilización de los ciudadanos contra las políticas de ajuste y que ésta va a continuar.
   "El PP se equivoca si piensa que los resultados electorales le avalan para seguir endureciendo su política de recortes", ha avisado Llamazares, para quien "la contestación social" frente a las mismas forma parte de la democracia "igual que el Parlamento"
"Lo mismo", ha acotado IU.
   En términos similares se ha manifestado su compañero por Sevilla y portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella, quien ha restado importancia a la menor participación que hubo este martes en la nueva manifestación en las inmediaciones de la Cámara Baja y ha apuntado que "si no se provoca, la gente se manifiesta en paz, de forma tranquila y planteando reivindicaciones".
   Unas reivindicaciones con las que Centella ha dicho que su partido se encuentra "muy cómodo" en tanto en cuanto lo que tratan es de poner encima de la mesa la necesidad de dar "más vitalidad" a la democracia y poner al Congreso "al servicio" de los ciudadanos.
   Dicho esto, ha cargado contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a la que ha echado en cara que siga "provocando" a los manifestantes, a la que ha querido dejar claro que sus provocaciones tienen "menos eco" y a la que ha pedido que deje de "perder el tiempo" en este sentido.
   Centella ha respondido así a Cifuentes después de que este martes recordara que la nueva protesta convocada en el entorno del Congreso por los organizadores del 25-S era "ilegal" y advirtiera de que la Policía actuaría para garantizar el orden de la misma forma que hizo con la primera manifestación.

Bronca en el CGPJ por el informe que critica el procedimiento de ejecución hipotecaria

MADRID.-   La inclusión en el Pleno del CGPJ de un informe coordinado por el vocal Manuel Almenar en cuyo anexo se critica duramente el actual sistema de desahucios ha provocado este miércoles un duro enfrentamiento entre diversos sectores de este órgano, que finalmente ha acordado no asumir su contenido.

   La bronca ha tenido su origen en la filtración a la prensa del citado anexo, en el que se proponen diversas medidas para modificar un procedimiento de ejecución hipotecaria que se tilda de "privilegiado" para los intereses de los bancos.
   Según una nota difundida por el Consejo, dicho texto "no fue formalmente aprobado por el grupo de magistrados responsable de la elaboración" del texto, por lo que el órgano de gobierno de los jueces se ha limitado a señalar que no asumía su contenido y que tan siquiera lo sometía a debate.
   Otras fuentes del Consejo señalan, sin embargo, que el vocal Almenar y otros consejeros han explicado que el contenido de este anexo sí había sido consensuado por los seis magistrados que elaboraron el inform, que les había sido encargado para estudiar medidas de agilización de los procedimientos civiles.
   El texto, a pesar de ser incluído en el orden del día del Pleno, era desconocido para los vocales hasta ayer a mediodía. El asunto de los desahucios no aparecía en el índice, por lo que para muchos consejeros el tema pasó desapercibido hasta que conocieron su contenido en los medios de comunicación, han informado a Europa Press fuentes de este órgano.
   Durante el Pleno celebrado este miércoles un grupo de vocales ha propuesto llevar el contenido del informe a la Comisión de Estudios del Consejo, pero la mayoría se ha negado argumentando que al Consejo del Poder Judicial no le compete la iniciativa legislativa.
   Para otros vocales, se trata de un informe como muchos de los que llegan a este órgano, éste concretamente centrado en la agilización de procesimientos civiles (hay otros dos encargados sobre procesos penales y contenciosos) y su función es la de servir de instrumento de debate en los ámbitos universitario, social y parlamentario.
   Entre otras medidas para afrontar el actual incremento de desahucios, el citado anexo sugiere la  modificación del régimen de tasación de viviendas, un aumento las atribuciones de los jueces en este tipo de procedimientos e incluso que parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado se extiendan al cliente.
   Reconoce también que el actual panorama económico, en el que se registran cinco veces más ejecuciones hipotecarias que al inicio de la crisis,  (un aumento del 20,6 por ciento en el último año) "evidencia una situación excepcional que requiere soluciones excepcionales".
    Pese a advertir que parte de sus propuestas pueden ser consideradas por muchos como "descabelladas", el autor del informe añade que "lo que no puede negarse es que es preciso que se inicie un debate jurídico  (el debate social ya existe) y se plantee una revisión del régimen legal y procesal de ejecución de los préstamos hipotecarios, ya que el número de lanzamientos o desahucios derivados de la ejecución de hipotecas puede considerarse como un auténtico drama social". 
 El informe sobre agilización lo firman los magistrados Ángel Galgo Peco, Pilar López Asensio, Enrique García García, María del Mar Hernández Rodríguez, Pablo Quecedo Aracil y Pedro Luis Viguer Soler.

En plena crisis, las Fallas de 2013 costarán 7,773.836 de euros

VALENCIA.- Las comisiones falleras de la ciudad de Valencia y el área metropolitana gastará en sus monumentos de 2013 un total de 7,773.836 euros, lo que supone aproximadamente un millón menos que este año, cuando la cifra ascendió a 8.782.345 euros. 

   Así lo detallan las tablas que se trataron en la reunión de anoche del pleno de la Junta Central Fallera (JCF), que muestran que el importe declarado para las fallas infantiles asciende para el próximo ejercicio a 1.749.078 euros, frente a los 1.925.995 de 2012.
   Por lo que respecta a los monumentos grandes, la cantidad que se invertirá en 2013 es de 6.024.758 (en la recientes Fallas este número llegó a 6.856.349 euros).
   En las tablas también se detallan las comisiones que integrarán cada categoría y llama la atención que en la Sección de Especial figuran 11 fallas, dos menos de las que han competido este año en la categoría de honor de las fiestas josefinas.
   Aunque los baremos que marcan la categoría de cada falla se han de aprobar en la Asamblea de Presidentes que se celebrará próximamente y que será la que determine la clasificación definitiva, parece, según fuentes consultadas que las dos fallas que pueden dejar la sección serán la de Archiduque Carlos-Chiva --que ya hizo público que no concurriría en Especial-- y La Merced.

La Generalitat valenciana pondrá unas 1.200 viviendas a disposición de las familias desahuciadas

VALENCIA.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha anunciado este miércoles que la Generalitat Valenciana pondrá unas 1.200 viviendas a disposición de las familias desahuciadas, en el marco del Programa Alquila Plus, un plan de vivienda en materia de alquiler, dirigido específicamente a las familias que han perdido su vivienda. 

   Bonig ha respondido este miércoles a la diputada socialista María José Salvador, en la sesión de control al Consell en el pleno de las Corts, que ha retomado su actividad a las 16.30 horas. En concreto, la parlamentaria socialista le ha preguntado por las medidas que va a tomar su Conselleria para hacer frente a los desahucios.
   La titular de Infraestructuras ha indicado que el Gobierno valenciano cuenta con 1.200 viviendas, de las que 605 se encuentran vacías y algo más de 600 están pendientes de que el Consell recobre su titularidad "bien por impagos o porque están en litigios".
   Además, ha señalado que la Generalitat ha recuperado 26 viviendas en Paterna y cinco en Castellón, que "junto a las del parque público de la Generalitat" se pondrá a disposición de las personas afectadas por los desahucios.  
   Isabel Bonig ha señalado que la Generalitat ya ha tomado medidas contra los desahucios, como la puesta en marcha del programa de alquiler de interés social. Para el impulso de este plan, el Consell ha mantenido reuniones con ayuntamientos "para aunar esfuerzos" y, además, ha elaborado un modelo de convenio de colaboración, que ya ha enviado a más de 20 ayuntamientos y remitirá a otros diez consistorios para su aprobación.
   La consellera ha comentado que ya se ha dictado una resolución que recoge los requisitos para acceder al Programa Alquila Plus y ha subrayado que los interesados ya pueden solicitar su inscripción.
   María José Salvador, por su parte, ha denunciado que la Comunitat Valenciana es la que más desahucios registra y ha puntualizado que en lo que va de año se han realizado 8.600. Asimismo, ha criticado que el Consell ha anunciado dos veces el mismo plan, en noviembre de 2011 y en junio de 2012.
   Bonig le ha respondido que la autonomía con más desahucios no es la Comunitat Valenciana, sino Andalucía y ha destacado que la competencia en esta materia es estatal "y es un ámbito que entra exclusivamente en el derecho privado".
   La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, que viste una camiseta en la que podía leerse 'No al ERE en FGV', también ha preguntado a Bonig por las medidas para frenar los desahucios.
   Bonig ha señalado que el desahucio de una familia "es un hecho lamentable que a todos nos gustaría poder evitar", pero ha señalado que "se produce en el ámbito privado y la competencia corresponde al Estado, como dice la Constitución".
   Oltra, que viste una camiseta en la que puede leerse 'No al ERE en FGV', ha criticado que "aquí el dinero público se va a rescatar la banca" por lo que considera que "tendremos que pedirle algo a cambio".  Además, ha resaltado que "lo que dice la Constitución es que la gente tiene derecho a una vivienda digna".

Expedientan a 50 manifestantes en Madrid

MADRID.-   Un total de 50 personas han sido expedientadas por tomar parte en la concentración de ayer martes en torno al Congreso de los Diputados convocada por la coordinadora 25S, una protesta que no había sido comunicada a las autoridades, han informado fuentes de la Delegación de Gobierno.

   Según estas mismas fuentes, la multa administrativa que se suele aplicar en estas situaciones ronda los 300 euros, si bien todo queda a expensas del procedimiento sancionador que se inicia ahora.
   Una vez la Policía solicita el DNI a los manifestantes para proceder a su identificación en plena calle, se procede a realizar un expediente policial que es remitido a la Delegación de Gobierno, la cual decide si incoa el expediente sancionador a la vista de lo que consta en la información facilitada por los agentes.
   El siguiente paso consiste en designar un instructor e iniciar un periodo de alegaciones de 15 días en los que el expedientado puede presentar alegaciones y aportar cuantos documentos estime convenientes. Tras estudiarse esos argumentos, se dicta una resolución ante la que se abre un nuevo periodo de alegaciones antes de adoptarse una decisión final.
   Contra esta resolución también hay posibilidad de presentar un nuevo recurso de alzada ante el Ministerio del Interior. Además, en caso de que en esta instancia también le fuese desestimado, el expedientado podría pasar de la vía administrativa a la judicial mediante la presentación de un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo.
   La Delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes ha explicado este miércoles que la concentración era "ilegal" en tanto en cuanto no se había comunicado "como marca preceptivamente la ley" y, "en consecuencia, se aplicará lo que la propia ley establece", es decir, abrir un expediente administrativo sancionador "a las personas que la convocaron y a los promotores de la misma", esto es, la Coordinadora 25-S.
   Cifuentes ha explicado en una entrevista radiofónica que ayer ya se tomaron algunas identificaciones y que la Delegación iniciará por su parte la apertura de los expedientes.
   "Las manifestaciones y concentraciones se pueden llevar a cabo con total libertad, porque es un derecho reconocido, pero se tienen que notificar a la Delegación y cumpliendo unos requisitos que establece la ley, cosa que ayer no ocurrió", ha lamentado.
   Los propios agentes de la Policía comunicaron personalmente a los primeros manifestantes concentrados en la Cuesta de Moyano que la concentración convocada no había sido comunicada a la Delegación de Gobierno, por lo que se sancionaría a quienes continuasen la protesta que posteriormente se trasladó a los aledaños del Congreso de los Diputados donde se debatía sobre los Presupuestos generales del Estado.
   "Esto es una concentración no comunicada todo el que se quede va a ser sancionado", anunció uno de los agentes a las decenas de personas que comenzaban a concentrarse.
Por otra parte, la Coordinadora 25S ha denunciado este miércoles que algunas de las personas identificadas por la Policía en los alrededores de la Cuesta de Moyano, donde dieron comienzo las acciones de protesta contra los Presupuestos Generales del Estado que tuvieron lugar ayer en Madrid y que finalizaron en Neptuno, eran ajenas a la protesta.
   "Ayer se le pidió el carné a gente cuando salía del metro que ni siquiera iba a la manifestación", ha denunciado una de las portavoces de la Coordinadora 25S, para añadir que varios miembros de la plataforma convocante de las protestas que llaman a rodear el Congreso fueron testigos de este hecho.
   La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto expediente a un total de 50 personas por tomar parte en la concentración de este martes en torno a la Cámara Baja convocada por la Coordinadora 25S, una protesta que no había sido comunicada a las autoridades, según han informado fuentes esta institución.
   Según la portavoz de la Coordinadora, que no quiere revelar su nombre por seguridad, esta práctica forma parte de la "estrategia de criminalización" emprendida por la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, con la que además está "privando a los ciudadanos de su derecho a la libre circulación".
   "Nos parece que es una forma de jugar con los derechos de los ciudadanos, porque se les prohíbe la libre circulación por la calle", ha señalado, para insistir en que algunos de los identificados "no tenían nada que ver" con la protesta.
   Asimismo, esta portavoz ha acusado a Cifuentes de llevar a cabo estas prácticas para "figurar" e intentar que al día siguiente de las manifestaciones se hable de ella y no de los "logros" conseguidos, como el hecho, a su juicio, de que la concentración en Neptuno se llevara a cabo "sin detenidos ni heridos" y de forma pacífica.
   "Ayer hubo una concentración donde todo el mundo mostró su repulsa a los Presupuestos. Se hizo de forma pacífica. Si quiere fama que se vaya a otro sitio. Quiere que al día siguiente en lugar de hablar de los buenos resultados, como que no ha habido ningún incidente, estemos hablando de ella", ha criticado.
   Por otra parte, la representante de la Coordinadora ha confirmado que no tienen intención de comunicar por los cauces oficiales a la Delegación del Gobierno en Madrid la manifestación convocada para el próximo sábado día 27 que saldrá desde Plaza de España a las 18.00 horas y que tiene como destino, una vez más, la plaza de Neptuno, cercana al Congreso de los Diputados.
   "No vamos a comunicar. La protesta está ya comunicada. Ahora que pongan las medidas para que no se haga daño en el tema de circulación del tráfico", ha apuntado.
   Cifuentes ya ha advertido este miércoles de que el sábado se actuará "con la ley en la mano y protegiendo la legalidad" y que la Policía se encargará de mantener el orden público "si se producen incidentes"
"Espero que sea una movilización pacífica y si es pacífica, la Policía no va a intervenir, pero si no lo es, tendrá que hacerlo", ha añadido en declaraciones a RNE.
   Asimismo, la portavoz de la Coordinadora ha manifestado que este sábado esperan más afluencia de gente que la registrada en la concentración de este martes, la menos multidudinaria de las celebradas desde la primera acción, que tuvo 25 de septiembre y que se saldó con 35 detenidos y más de 60 heridos a raíz de los disturbios entre la Policía y los manifestantes.

Choques brutales en la quinta jornada de protestas en Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ.- La quinta jornada de protestas por la promulgación de la llamada Ley 72, que autoriza la venta de terrenos en la Zona Libre, se ha saldado con brutales enfrentamientos entre los manifestantes, que exigen la derogación de la norma jurídica, y la Policía en la ciudad de Colón, ubicada en la costa norte de Panamá.

   Cientos de personas se han manifestado por quinto día consecutivo en las principales ciudades panameñas, aunque la protesta más multitudinaria ha tenido lugar en Colón, a la que han asistido mayoritariamente estudiantes, según informa el diario local 'La Estrella'.
   Lo que ha comenzado como una protesta pacífica rápidamente se ha tornado en violenta cuando grupos de manifestantes han levantado barricadas, incendiado neumáticos y lanzado piedras y palos a los agentes, que han respondido con el lanzamiento de gases lacrimógenos y balas de goma.
   En este contexto, un grupo de dirigentes del partido opositor Frente Amplio de Colón (FAC), que ha asistido a la manifestación, se ha refugiado en la iglesia de San José. Sin embargo, la Policía ha irrumpido en el templo cristiano para detenerlos.
   De acuerdo con el líder del FAC, Edgardo Voitier, las fuerzas de seguridad han entrado violentamente en la iglesia --incluso algunos medios de comunicación locales indican que han realizado disparos-- y han arrestado a cuatro miembros del partido político.
   Las protestas comenzaron el pasado viernes, cuando el presidente panameño, Ricardo Martinelli, sancionó la Ley 72 para permitir la venta de terrenos en la Zona Libre de Colón (ZLC), un área exenta de impuestos, con el fin de recaudar unos 2.000 millones de dólares en los próximos 20 años e invertirlos en desarrollo social.
   La Zona Libre se creó en 1948 para aprovechar comercialmente el enclave del canal de Panamá. Desde entonces, miles de compañías de todo el mundo tienen una base de operaciones en la ZLC, desde donde parten rutas hacia Japón, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.
   En estos cinco días de protestas, un niño de nueve años de edad ha fallecido, decenas de personas han resultado heridas --entre manifestantes y fuerzas de seguridad-- y alrededor de un centenar han sido detenidas por los disturbios.
   En el transcurso de esta semana parece que el Gobierno de Martinelli se ha quedado solo en su defensa de la Ley 72, ya que la Cámara de Comercio de Colón inició un paro de 48 horas que este martes ha prorrogado otro día para exigir la derogación de la norma jurídica, mientras que gremios profesionales, sindicatos y la comunidad educativa se han sumado a la protesta.