miércoles, 23 de julio de 2014

La deuda del Estado y el déficit público impiden a España salir de la crisis

SALAMANCA.- El economista José María Gay de Liébana ha asegurado hoy que los "datos reales" de la economía española, como la deuda del Estado y el déficit público, hacen ver una realidad diferente a la que señala el Gobierno: "no hay salida de la crisis".

Gay de Liébana ha participado, junto al catedrático de la Universidad de Salamanca Julio Pindado, en el Foro de Economía de La Gaceta sobre "Cómo saldremos de la crisis. La importancia de las Pymes".
El economista y profesor de la Universidad de Barcelona, ha asegurado: "Eso que dicen de que salimos de la crisis es mentira" y ha reconocido que "las pequeñas y medianas empresas (pymes) son las que sufren cada día más".
También ha considerado como negativa la situación laboral en España, ya que "los trabajos son efímeros y el empleo coyuntural", a lo que ha unido los datos que él maneja en macroeconomía, que le han llevado a asegurar que "las previsiones macroeconómicas se hunden en la miseria".
"Desde que ha llegado Mariano Rajoy al Gobierno la deuda pública se ha incrementado en 250.000 millones de euros y la deuda del conjunto del Estado ha subido hasta un billón de euros", ha añadido.
José María Gay de Liébana ha explicado que "nos toman el pelo", pues en su opinión "no hay salida a la crisis con estos gobernantes, porque son ellos los que nos han hundido y ahora nos empuja a despeñarnos".

El 34,6 % de los griegos vive por debajo del umbral de la pobreza

ATENAS.- El 34,6 % de los griegos vivía en 2013 por debajo del umbral de la pobreza, anunció hoy la oficina de estadística helena Elstat, lo que sitúa a Grecia como el cuarto país más pobre de la Unión Europea (UE).

De acuerdo a los últimos datos, un total de 3.795.100 personas vivían en 2013 por debajo del umbral de pobreza (con ingresos inferiores al 60 % de la renta media de la población del país).
Esta tasa se ha incrementado desde 2010, año en que Grecia firmó el primer memorándum con la troika de acreedores (27,6 % en 2010, 27,7 % en 2011 y 31 % en 2012).
Por delante de Grecia, los países con mayor número de población que no puede hacer frente a las necesidades básicas son Bulgaria (49,3 %), Rumanía (41,7 %) y Letonia (36,2 %), según datos de Eurostat.
Los estados comunitarios con las tasas de pobreza más bajas son Países Bajos (15 %), República Checa (15,4 %), Suecia (15,6 %), Finlandia (17,2 %) y Luxemburgo (18,4 %).

Una decena de excargos del PP cumplen ya pena de cárcel

MADRID.- El próximo ingreso en prisión del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y del expresidente balear Jaume Matas aumentará a una docena el número de excargos del PP que ya han entrado en la cárcel cumpliendo condena por diferentes causas relacionadas con la corrupción.

Este miércoles, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años de cárcel que la Audiencia de Castellón impuso a Fabra por cuatro delitos contra la Hacienda Pública que habría cometido al estafar más de 693.000 euros entre 1999 y 2003, lo que le llevará a entrar en prisión en los próximos días.
También Matas quedará privado de libertad próximamente después de que le fuera denegado el indulto por la condena de nueve meses impuesta por la Audiencia de Palma por tráfico de influencias en la contratación irregular del periodista Francisco Alemany, quien también entrará en prisión.
Y otro exdirigente 'popular' que entrará en la cárcel próximamente es el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómico Ángel Hernández Mateo, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha dado de plazo hasta el día 31 de este mes de julio para ingresar en prisión condenado a tres años por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.
Todos ellos se suman a la decena de excargos del partido liderado por Mariano Rajoy que ya están en prisión por diversas causas relacionadas con la corrupción. El más destacado es el extesorero y exsenador Luis Bárcenas, el único de los más de 150 imputados del 'caso Gürtel' que está en la cárcel a la espera de que se celebre el juicio.
El resto de encarcelados pertenecieron al PP balear, afectado por numerosos escándalos en la época de Matas. Uno de los que cumplen condena es el exconselller Josep Juan Cardona, condenado a 16 años de prisión por el caso Scala, centrado en el desvío de más de cinco millones de euros a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares.
También están en la cárcel por el mismo caso el ex director general de Promoción Industrial en el último mandato de Matas, Kurt Viaene, condenado a cinco años y cinco meses; la exgerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares en el mismo periodo, Antònia Ordinas, condenada a cuatro años y dos meses de cárcel; y el exconcejal en Lloseta, condenado a tres años y nueve meses.
Por el caso Andratx, una trama de corrupción urbanística y de concesión de licencias ilegales, cumplen condena el exalcalde de la localidad Eugenio Hidalgo y el exdirector general de Ordenación Territorial, Jaume Massot. También está en la cárcel condenado en firme a cinco años de prisión el exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal por una trama de desvío de fondos.
Caso aparte es el del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, que entró en prisión en 2009 por malversar fondos en clubes de alterne masculinos y abusar de menores, aunque desde el mes de marzo se encuentra en un Centro de Inserción Social y sólo acude a la cárcel a dormir.
 En la misma situación se encuentra el exalcalde de Totana (Murcia) Juan Morales.

El Congreso gasta 1,4 millones en ADSL para las casas de los diputados españoles

MADRID.- El Congreso los Diputados ha convocado un concurso para adjudicar el contrato de los servicios de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones de la Cámara, que incluye la renovación de los móviles que utilizan los diputados, así como las líneas de ADSL de las que disponen en sus domicilios. El precio máximo de la adjudicación se ha fijado en 1.456.840 millones hasta que concluya 2016, aunque podría ampliarse un año más, con lo que se calcula que ascendería hasta 1,9 millones. 

Según los pliegos aprobados por la Mesa del Congreso,  el objeto del contrato es facilitar las comunicaciones, fijas y móviles, tanto de voz como de datos, que sean necesarias para el correcto funcionamiento y desarrollo de las tareas propias de la Cámara, así como el mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones.
La ejecución de los servicios objeto del contrato se realizará en las instalaciones ubicadas en los edificios del Congreso, en los domicilios de los 350 diputados, así como en "cualquier otro lugar dónde se deba posibilitar la comunicación del terminal móvil asociado a cada línea asignada por el Congreso de los Diputados".
En el caso de la telefonía móvil, el servicio deberá estar soportado por tecnología de última generación, la red tendrá que ser actualizada de forma continua, manteniendo en todo momento las funcionalidades más avanzadas en el servicio prestado.
La empresa que gane el concurso deberá garantizar la dotación de las terminales y su mantenimiento. En principio se adquirirán 650 líneas (425 para smartphones de última generación y 225 para smartphones básicos o de media gama). Además, tendrá que tener varios terminales, tarjetas y cargadores en 'stock'. Al final de la vigencia del contrato los móviles propiedad del Congreso serán liberados.
Además de mantener los números actuales, la compañía adjudicataria prestará mantenimiento a todo riesgo de los terminales móviles y sus accesorios.
Respecto al servicio de telefonía fija- ADSL , se valorará el coste unitario de acceso telefónico y ADSL en diferentes ubicaciones del territorio nacional, hasta un total de 350 líneas facturadas en función del número de líneas efectivamente en servicio en cada momento.
La Mesa del Congreso también ha abierto otro concurso para adjudicar el suministro de carburante de automoción en sus variantes de gasolina y diesel para los vehículos del Parque Móvil de la Cámara. En este caso, el presupuesto máximo de licitación asciende a 66.550 euros, IVA incluido. Tendrá una duración inicial de un año pudiendo ser objeto de prórroga, por un año más. De ser así el montante total sería, impuestos excluidos, de 110.000 euros.
En el precio máximo de licitación están incluidas las tasas especiales aplicables a hidrocarburos y todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole.
Los pliegos aprobados por la Mesa del Congreso especifican que el presupuesto constituye el gasto que "como máximo" podrá realizar la Cámara en cada ejercicio, que no tiene que equivaler al gasto final que efectivamente realice, que dependerá de las concretas necesidades de suministro a lo largo de cada año. La Mesa de la Cámara podrá, justificadamente, ampliar para un ejercicio el gasto máximo para este contrato.
Inicialmente se estima que se consumirán más de 44.000 litros anuales (33.000 litros de gasóleo A y 11.000 litros de gasolina de 95 octanos). El suministro se efectuará desde las estaciones de servicio de la red distribuidora de la empresa adjudicataria, que deberá tener implantación geográfica de surtidores de todos los productos que se requieren.
Las empresas, en sus ofertas económicas, indicarán el porcentaje de descuento a aplicar por litro de carburante suministrado sobre el precio de venta al público vigente en el último viernes anterior a la fecha límite del plazo de presentación de ofertas a este procedimiento.

Podemos logra apoyo de los grupos españoles en la Eurocámara para exigir que se paren los desahucios

BRUSELAS.- Los grupos políticos españoles en el Parlamento Europeo, menos el PP y UPyD, han acordado enviar sendas cartas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para exigir que se paralicen los desahucios en marcha en aplicación de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). 

La iniciativa surgió de una reunión de los grupos convocada por Podemos después de entrevistarse, el martes por la mañana con el abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafael Mayoral, para "buscar un compromiso en favor de la ciudadanía más allá de las siglas de cada partido", según ha explicado Podemos en un comunicado.
Podemos ha recalcado que, para el abogado de la PAH, la sentencia de Luxemburgo demuestra que en España "se violan sistemáticamente los derechos humanos en las ejecuciones hipotecarias", y en particular, el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva.
La sentencia responde a cuestiones prejudiciales de la Audiencia Provincial de Castellón y considera que la nueva ley hipotecaria española vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y también la directiva de protección de los consumidores.
Ante esta situación, los representantes en la Eurocámara de Podemos, PSOE, BNG, Bildu, IU, ERC, PNV, Compromís, ICV, CiU y Ciudadanos han decidido crear un equipo de trabajo para lanzar iniciativas parlamentarias desde Bruselas y paralizar esta situación y exigir un cambio.
Por su parte, el PSOE ha subrayado su compromiso con la ciudadanía al sumarse a esta iniciativa y su empeño "poner el rescate de las personas por delante del rescate a las entidades financieras".
En un comunicado, los socialistas han subrayado que la diputada en el Congreso y portavoz del PSOE en temas de Vivienda, Leire Iglesias, solicitará en la Diputación Permanente del Congreso la comparecencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que explique las medidas que piensa adoptar ante la sentencia del TJUE.
En las cartas que los grupos remitirán a Rajoy y al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, los partidos exigen aplicación de la sentencia. Al jefe del Ejecutivo, le piden que adopte las medidas necesarias para asegurar que los procedimientos de ejecución hipotecaria se adecúan al Derecho Europeo, y adaptar también la legislación española.
Por su parte, al CGPJ le reclaman que elabore y difunda entre los jueces un documento informativo sobre los contenidos y repercusiones de la sentencia y que haga un seguimiento de las sentencias que adopten a partir de ahora los tribunales españoles.
Las cartas, tal como las ha distribuido Podemos, están firmadas por su eurodiputado Pablo Iglesias, y por Ana Miranda (BNG), Marina Albiol (IU) Izaskun Bilbao (PNV), Ernest Urtasun (ICV), Iosu Juaristi (Bildu), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Ernest Maragall (ERC), Jordi Sebastià (Compromis); Ramon Tremosa (CDC), Javier Nart (Ciudadanos) y Frances Gambús (UDC).