martes, 9 de abril de 2013

La fuerte presencia policial evita el 'escrache' de la PAH frente a la sede del PP en Madrid

MADRID.- El dispositivo formado por más de una treintena de furgones de la Policía Nacional y decenas de agentes ha impedido este martes que los activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llevasen a cabo un 'escrache' en la sede nacional del PP de la madrileña calle de Génova.

   El acto había sido convocado a través de las redes sociales para reclamar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en el Congreso y que solicita la dación en pago.    
   A las siete de la tarde, unas 200 personas se han congregado en la glorieta de Alonso Martínez con la intención de acceder a la calle Génova, cortada al tráfico por la Policía, que además ha controlado el acceso por las vías perpendiculares y por la plaza de Colón. Solo los vecinos, previa identificación, han podido entrar a la zona protegida por la Policía.
   Los participantes en el 'escrache' han evitado permanecer frente a la valla custodiada por los agentes y se han reunido en el cercano bulevar de Alonso Martínez para celebrar una asamblea bajo la vigilancia de los agentes de la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios.
   Durante algo más de hora y media, varias personas han intervenido en la improvisada asamblea y, mégafo en mano, han relatado su experiencia al ser desahuciados, muchos de ellos, de origen sudamericano y vinculados a la PAH.
   En las intervenciones, los asistentes, que se han resistido al viento que soplaba en Madrid, han gritado consignas como 'Sí se puede' o 'El pueblo unido jamás será vencido' y portaban pancartas con lemas 'Si me echas de casa dormiré en tu puerta'.
   Sobre las ocho y media y tras anunciar nuevos 'escraches' a lo largo de esta semana, los miembros de la PAH han desconvocado la asamblea. Muchos de los congregados se han marchado en grupo para evitar identificaciones de la Policía, según ha explicado un portavoz de la Plataforma, y demostrar "la voluntad pacífica" de la protesta que ha finalizado sin incidentes.
   Unos minutos después, sobre las nueve de la noche, la Policía ha reabierto el tráfico en la calle Génova. Varios furgones han permanecido estacionados frente a la sede del PP.
   Esta acción se encuadra en el marco de una iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que ha convocado 'escarches' ante las sedes del PP de unas 40 ciudades de toda España para reclamar la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de desahucios.
   En la convocatoria de los actos, la PAH recuerda que la ILP fue presentada en el Congreso con el respaldo de 1,4 millones de firmas y lamenta las enmiendas que el PP a introducido a la misma y que suponen una "rebaja sustancial" de las propuestas contempladas en la ILP --que recuerda que son propuestas de "mínimos"-- y "perpetúan la condena y el drama en el que se encuentran miles de familias".
   "El PP ahora tiene la obligación de escuchar el clamor popular, está en sus manos aceptar las demandas de la ciudadanía, o continuar perpetuando una situación que condena a miles de personas a una muerte civil", apostilla.
   Asimismo, la PAH critica el "burdo intento" realizado por el PP de "criminalizar la campaña de escraches informativos" a los diputados de esta formación. De hecho, según informaron a Europa Press fuentes 'populares', el PP ha sumado hasta este lunes un total de 15 casos de 'escrache' a sus diputados.

IU avisa de que apoyará todas las protestas "no violentas" en relación a los 'escraches'

MADRID.- El portavoz de la Izquierda Plural y diputado de IU por Sevilla, José Luis Centella, ha querido dejar claro este martes que la federación no impulsa ningún 'escrache' contra diputados del PP pero, eso sí, ha avisado de que apoyará todos los actos de protestas "no violentos" que se celebren en torno al problema de la vivienda en España.

   En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Centella ha respondido así al ser preguntado sobre el acoso sufrido este lunes por el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado y parlamentario del PP por Cádiz, Aurelio Romero, detrás del cual podrían estar las Juventudes de IU, según publica el diario 'El Mundo'.
   A este respecto, Centella ha insistido en que IU no promueve este tipo de acciones de protesta, sino que son los colectivos, en este caso antidesahucios, los que las convocan. Ahora bien, a renglón seguido ha remarcado que el partido de Cayo Lara respaldará este tipo de actos "no violentos".
   "Censuramos cualquier acción violenta --ha aseverado--. Lo demás es sobreactuar y desviar el foco sobre la necesidad de resolver el problema de la falta de vivienda o sobre los desahucios" que son, a su juicio, el "el gran escrache" que se puede producir en el Congreso contra los afectados por este drama social. "Eso sí que es violentar a la gente", ha apostillado.
   Preguntado en este punto si rodear y empapelar el despacho de un diputado, como le ocurrió este lunes a Romero, Centella ha respondido que eso lo tiene que decidir la justicia. "Si alguien cree que es una acción violenta, tiene un camino denunciarlo, pero rodear y gritar no es un acto violento, sino el ejercicio de la libertad de expresión", ha puntualizado, para quien la actitud del PP lo único que evidencia es "debilidad".
   También se ha referido Centella a la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, de movilizar a los fiscales contra los 'escraches' a los políticos para acusar al titular del Ministerio Fiscal de estar actuando como "un disciplinado militante del PP".
 "Se está cubriendo de gloria", ha llegado a comentar.
   Y es que, según ha defendido, lo que tiene que hacer Torres Dulce es requerir que se vigile el cumplimiento de la ley en todo el Estado "y en todos sus ámbitos, no en los que le indica el partido del Gobierno".

Manifestantes antidesahucio protestan ante varias sedes del PP en España

MADRID.- Cientos de manifestantes contra los desahucios protestaron el martes ante varias sedes del Partido Popular en diversas ciudades españolas horas después de que se conociese que la reforma de la ley hipotecaria impulsada por una agrupación ciudadana no sería debatida por el pleno del Congreso de los Diputados.

Las protestas, conocidas con el término argentino "escrache" y que durante la últimas semanas se habían realizado ante viviendas de diputados "populares" como la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, fueron convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La PAH impulsó, gracias a las casi 1,5 millones de firmas recogidas, la Iniciativa Legislativa Popular que desembocó en la reforma.
En Madrid, los manifestantes trasladaron su protesta a la plaza de Alonso Martínez, a pocos metros de la sede del PP en la calle Génova, fuertemente custodiada por agentes de la Policía Nacional, según informaron varios medios. Las concentraciones se repitieron en decenas de ciudades, incluyendo Barcelona o Sevilla.
Estas manifestaciones - con pancartas, panfletos y gritos a las puertas de los domicilios de varios políticos - dejan constancia de la irritación generalizada con la gestión de una profunda crisis económica, que tiene al país atravesando una profunda recesión y con uno de cada cuatro trabajadores en paro.
La ILP pedía la dación en pago - entregar la vivienda a cambio de cancelar la deuda hipotecaria - con carácter retroactivo, una moratoria de los desahucios y un alquiler social de viviendas vacías en manos de los bancos.
La plataforma ciudadana apuntó antes el martes en una rueda de prensa que el texto propuesto a la Cámara Baja por el partido con presencia mayoritaria, el PP, al que se había incorporado el proyecto de ley que tramitaba el Ejecutivo, no atiende a sus demandas.
Los casos de desahucios en España se multiplicaron casi por cuatro desde el principio de la crisis, en 2008, a 2012 frente al periodo 2003-2007, según datos judiciales. Estos procedimientos se han convertido en uno de los aspectos más duros de la crisis y en los últimos meses varios han terminado en suicidio.

Unos cien activistas antidesahucios realizan un 'escrache' ante la sede del PP-A en Sevilla

SEVILLA.- Unas cien personas pertenecientes a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sevilla ha llevado a cabo un 'escrache' --una forma de protesta que consiste en llevar las manifestaciones a los domicilios de parlamentarios, empresarios y cargos públicos-- ante la sede del Partido Popular andaluz en la capital andaluz ante la situación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regulación de la dación en pago.

   Fuentes de la plataforma han señalado que sobre las 18,00 horas comenzaron a llegar activistas antidesahucios a la calle San Fernando, en Sevilla, y media hora más tarde se inició la acción en sí misma.
   Según han apuntado hasta el lugar se ha llevado un furgoneta de la Policía, situándola ante la puerta de la sede, y han pedido el DNI a varios de los activistas allí reunidos, lo que, según explican, "ha calentado el ambiente".
   Por su parte, el colectivo no ha intentado parar la circulación del tranvía que discurre por esta calle y "está pasando con normalidad".

El Congreso español abre un nuevo plazo de enmiendas al proyecto Antidesahucios del PP

MADRID.- El Congreso ampliará de nuevo el plazo de tramitación del proyecto de ley Antidesahucios presentado por el PP como fusión de la propuesta del Gobierno y de la iniciativa legislativa popular, y permitirá la presentación de enmiendas a dicho texto hasta el próximo viernes, con la intención de celebrar una nueva sesión de Ponencia el próximo martes.

   Tras reunirse durante más de hora y media, los miembros de la Comisión de Economía designados para negociar esta norma no han llegado a ningún acuerdo sobre los contenidos, más allá de su decisión de volver a presentar enmiendas al texto refundido, que los 'populares' enviaron el pasado viernes a la oposición y que todos los grupos rechazan.
   Según han explicado fuentes del PP, este nuevo plazo se debe a la "falta de tiempo" para que la Mesa pudiera calificar y publicar el texto refundido, de tal manera que pasara a tramitarse en comisión. Por eso, ahora la intención es que el próximo martes, 16 de abril, se pueda celebrar una tercera y definitiva sesión de Ponencia y que ese mismo jueves o, a lo sumo, el martes 23, la tramitación culmine en la Comisión de Economía para poder remitir el proyecto al Senado, ya que también se ha rechazado volver a debatirlo en el Pleno de la Cámara baja.
   No obstante, la oposición duda de que exista margen para poder modificar la propuesta llegada del Gobierno, por lo que ya anuncia que tras la publicación del proyecto de ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) retomarán sus acciones parlamentarias presentando nuevas iniciativas en línea con la dación en pago. Sí se podrían incluir, no obstante, algunas correcciones de errores o de cuestiones técnicas, pero probablemente no habrá cambios sobre lo ya anunciado por el PP en temas de mayor calado.
   Así, la diputada socialista Leire Iglesias ha afirmado que el texto, tal cual está redactado en estos momentos, es "claramente insuficiente" y "no da solución a nadie".
 "No podríamos apoyar nunca un texto como éste", ha añadido, avanzando que el PSOE insistirá en las enmiendas que ya ha presentado --tanto al proyecto del Gobierno como a la ILP-- dado que en la redacción actual "no se ve el espíritu".
 "Quizás han incluido alguna coma o algún signo de puntuación", ha ironizado.
   Por eso, su interés está en llegar a acuerdos en los temas que considera más importante, como son evitar las cláusulas abusivas, equilibrar el mercado hipotecario garantizando las cédulas a futuro, dar una oportunidad de reestructurar su deuda también a las familias que ya han perdido la vivienda, que se incluya la iniciativa ciudadana, y que haya una alternativa real de vivienda social más allá del fondo creado por el Gobierno con los pisos de las entidades financieras.
   Además, Iglesias ha reiterado la necesidad de "paralizar todas las ejecuciones" mientras se debate esta normativa, reclamando que el Consejo de Ministros la apruebe este mismo viernes para dar margen al poder legislativo a negociar una "solución efectiva, y no parches".
   Por su parte, Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también ha criticado que el PP y el Gobierno "parecen no haber entendido la lección y quieren volver a cerrar en falso el conflicto", además de considerar que hacen una interpretación "cicatera" de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre la ley hipotecaria española.
   "El intento de cargarse la ILP es bastante evidente, y no son muy abiertos a aceptar propuestas del resto de grupos. Pero nosotros vamos a batallar hasta el final. Sea cual sea el resultado de este proceso continuaremos manteniendo vivas nuestras enmiendas con el texto de la ILP e incluso, si después no se aprobara, plantaremos batalla volviendo a presentar propuesta de ley en tanto en cuanto no se aborde una solución definitiva al problema dramático de estas personas", se ha comprometido, asegurando que su postura será "contundente pero dialogante".
   También el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, se ha mostrado tajante en la postura de su grupo: "No vamos a aceptar que una serie de reformas técnicas, por muy interesantes que sean, sustituyan al verdadero problema", ha proclamado, en referencia a propuestas como la moderación de los intereses de demora, las subastas extrajudiciales o los cambios en las tasaciones.
   Sin embargo, a su juicio el texto es "insuficiente" y sería "increíble" que se renunciara a esta oportunidad para solucionar el problema cuando "hay herramientas legislativas de sobra para hacerlo". Así, ha precisado que los cambios irrenunciables para la formación magenta pasan solucionar el problema de la liquidación de las deudas impagables mediante la dación en pago "u otras fórmulas".
   Para Gorriarán ,lo "fundamental" es dar una "solución definitiva a las deudas impagables" a través de procedimientos del tipo del concurso de acreedores. "Hemos hecho propuestas y otros grupos también. De momento, el Gobierno se ve que está lejos de esas posiciones pero somos optimistas y creemos que, a base de insistir, se podrá conseguir. Si el Gobierno consigue pactar una ley en esos términos la apoyaremos. Si no, no", ha zanjado.
   Lourdes Ciuró, de CiU, ha resumido su opinión sobre el texto en la palabra "decepción", tanto porque "no recoge la ILP ni en su espíritu ni en su alma" como porque "se ha negado la avocación a Pleno". No obstante, ha asegurado que su grupo seguirá "luchando para que el texto dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos" mediante la presentación de enmiendas que "adapten mejor la sentencia europea al texto legislativo, que no da la protección que debería"; y ha reiterado la petición de que, mientras tanto, se suspendan las ejecuciones para evitar "fallos contradictorios".
   El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, también ha puesto en duda que en el texto de los 'populares' se haya incluido alguna de sus propuestas, por lo que siguen estando "igual de en contra" que hace una semana, aunque dado que "ahora parece que tienen cierta voluntad de negociación" espera que se pueda concretar esa disposición en avances. No obstante, ve a su formación bastante lejos del Gobierno y cree que "el texto esté bastante cerrado y haya poca posibilidad de incorporar cosas importantes".
   Olaia Fernández Davila (BNG) ha expresado su "absoluta insatisfacción" con un texto que "lamina por completo la ILP" y, aunque ha reconocido que algunos cambios "mejoran la ley actual aparentemente" ha advertido también de que "no habrá quien pueda asumir" los requisitos exigidos. Rafael Larreina (Amaiur) también cree que la propuesta del PP "no resuelve nada" y ha insistido en la necesidad de paralizar los desahucios mientras se llega a un acuerdo, recuperar las peticiones de la ILP y dar respuesta a los deudores de buena fe.
   Por su parte, el portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha defendido que el texto incorpora medio centenar de propuestas de la oposición "en espíritu o parcialmente", y ha asegurado que su grupo busca "el mejor texto posible" con un equilibrio entre la mejora de las posibilidades de reestructuración de la deuda, el cumplimiento de la sentencia del TJUE y la protección del sistema hipotecario de tal manera que "se pueda acceder a la vivienda en el futuro".
   Tras recordar que ésta es la primera vez que se negocia una modificación "sustancial" de la legislación hipotecaria, Martínez Pujalte ha matizado que "el consenso no es un fin en sí mismo" por lo que, aunque la "voluntad" del PP es conseguir acuerdos con la oposición, su objetivo real es "atender a la situación dramática de muchas familias y evitar cláusulas abusivas en los contratos".

El Supremo confirma la absolución de Camps y Costa en el caso de los trajes

MADRID.-  El Tribunal Supremo ha acordado, por una mayoría de cuatro votos a uno, confirmar la absolución del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps y del que fuera general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, por un presunto delito de cohecho pasivo impropio, en la conocida como 'causas de los trajes'.

   La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso interpuesto por el PSPV al entender que concurrieron las mayorías necesarias para declarar no probados los hechos desfavorables del veredicto y que la motivación efectuada por el jurado popular no fue "arbitraria, ilógica o irrazonable al individualizar las pruebas y los elementos de convicción" que le llevaron a declarar la no culpabilidad de ambos mandatarios.
   El magistrado Juan Ramón Berdugo es el encargado de redactar la ponencia de la sentencia, la cual se conocerá más adelante. La Sala ha estado completada por Carlos Granados, Manuel Marchena, Antonio Del Moral y Joaquín Giménez, quien ha anunciado que presentará un voto particular.
   El alto tribunal ha adelantado el fallo tras la reunión que han mantenido desde primera hora de la mañana los cinco magistrados para dirimir sobre el recurso presentado por los socialistas valencianos, que ejercieron la acusación popular en este proceso derivado del 'caso Gürtel', y que entendían que existió una "manifiesta contradicción" entre los hechos declarados probados por parte de los miembros del jurado y el fallo final. Además, veían insuficiente el número de votos que culminaron en la absolución.
   La Fiscalía no recurrió la absolución, aunque sí ejerció la acusación cuando se desarrolló el juicio ante el jurado popular. Pidió entonces 33.000 euros de multa para el presidente de la Generalitat por un delito de cohecho pasivo impropio y la misma pena para Costa.
   La Sala de lo Penal se hace eco de la doctrina sobre la Ley del Jurado en base a un acuerdo alcanzado el pasado 13 de marzo, por el cual se aclaraba su interpretación cuando no se alcanza una mayoría de cinco votos favorables a la absolución ni siete favorables a la condena.
   Los magistrados acordaron que "para declarar probado un hecho desfavorable será necesario el voto de, al menos, siete jurados" y que "para declarar no probado el hecho desfavorable" al acusado se necesitan, como mínimo, cinco votos.
   "Si no se alcanza alguna de esas mayorías, no habrá veredicto válido y habrá que operar en la forma prevista en los artículos 63 y 53 de la Ley del Jurado", añade el acuerdo, que precisa que cinco votos serán suficientes para declarar acreditado el hecho favorable para el procesado. "El hecho favorable se considerará no probado por el voto de cinco jurados", recoge.
   Un jurado integrado por seis hombres y tres mujeres decididió el 25 de enero de 2012, por cinco votos a cuatro que Camps y Costa no eran culpables. El proceso se inició en febrero de 2009 cuando la Policía registró la sede de la empresa Orange Market en Valencia, vinculada a la "trama Gürtel".
   La Fiscalía Anticorrupción pidió 33.000 euros de multa para el presidente de la Generalitat por un delito de cohecho pasivo impropio y la misma pena para Costa; 24.750 para el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret y 21.000 para el exvicepresidente del Consell Víctor Campos. El PSPV pidió para Camps hata tres años años de cárcel y ocho de inhabilitación.
   Con la decisión del jurado se dio la paradoja de la condena al exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el que fuera responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia y ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret, quienes aceptaron pagar una multa de 9.600 euros por los mismos hechos por conformidad.
   El PSPV recurrió la sentencia en base a una serie de criterios. El primero de ellos se fundamenta en quebrantamiento de forma al existir contradicción entre los hechos declarados probados. Este hecho, a su entender, debería haber obligado al magistrado a devolver el acta al jurado.
   El segundo de los criterios se engloba también en el quebrantamiento de forma pero hace referencia a que se ha dictado una sentencia sin la concurrencia del número de votos exigidos por la ley. El abogado del PSPV, Virgilio Latorre, aludió en su recurso de casación a la infracción del precepto constitucional, al considerar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva; el derecho a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; y el derecho a un procedimiento con todas las garantías.
   En otro apartado, el abogado comentó que ha habido infracción de ley al existir error en la apreciación de la prueba, en base a una serie de documentos que "demuestran la equivocación del juzgador" sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.
   Entre otros documentos, el letrado aludía a unas hojas de pedido de la sastrería de Forever Young a Sastgor, en las que constan tres pedidos de prendas de vestir a nombre de Ricardo Costa y cuatro a nombre de  Camps. También nombraba un recibo de venta por la compra de cuatro corbatas en el que aparece la nota manuscrita de 'Camps'; y un listado dirigido a la Atención de Pablo Crespo --uno de los presuntos cabecillas de la trama-- con una relación de personas e importes atribuidos a cada una de ellas. En esta última aparecía el nombre de Ricardo Costa y de Francisco Camps, a quienes se les atribuye una cuantía de dinero.
 Además, Latorre recordaba en su escrito que había una relación de tickets de venta de Milano Difusión que fueron pagados con dos cheques emitidos por Orange Market que hacen referencia a Camps y a Ricardo Costa; facturas de Sastgor a Castellana Inmuebles y Locales de prendas confeccionadas a nombre de Francisco Camps; y confirmaciones de pedido tanto a Milano como a Forever con los nombres de Francisco Camps y Ricardo Costa.

Jordi Pujol Jr. movió 32 millones a paraísos fiscales entre 2004 y 2012

MADRID.- Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, movió 32.407.658 euros en divisas con destino a paraísos fiscales entre el 30 de marzo de 2004 y el 28 de noviembre de 2012 , según revela un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Así consta en un auto dictado este martes por el instructor en el que se revela que el hijo mayor de Pujol llevó a cabo 118 operaciones financieras en esos ocho años que partieron de los bancos Mediolanum, BBVA y Credit Suisse y finalizaron en entidades de 13 países diferentes, entre ellos las Islas Caimán, Gabón o Lietchenstein.
El juez instructor, que investiga a Pujol Ferrusola después de que su exnovia denunciara que trasladó dinero en metálico en bolsas a Andorra, acuerda en su auto que los tres bancos le remitan "a la mayor brevedad y en un plazo no prorrogable de 15 días" la documentación que tengan sobre los movimientos realizados por el investigado.
En concreto, el juez solicita a las entidades financieras la cartulina de firmas, los contrato de apertura, extractos y soportes documentales consignados desde el año 2004 hasta la actualidad de cualquier cuenta bancaria y producto financiero, incluyendo los que ya estén "cancelados", de los que sean titulares Jordi Pujol Ferrusola y cinco empresas vinculadas a él.
Se trata, en concreto, de las sociedades mercantiles Iniciatives Marketing i Inversions S.A., Inter Rosario Port Services, Project Marketing Cat S.L., Active Translation S.A. e Iberoamericana de Business and Marketing, de los que el investigado fue "socio, administrador o autorizado" en sus cuentas bancarias, extremo que quiere corroborar el titular del Juzgado Central de Instrucción número.
El juez considera que esta diligencia, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, resulta "pertinente, necesaria y proporcionada a los fines de la presente instrucción" sin perjuicio de la "ulterior determinación" de la participación de Pujol Ferrusola en estas operaciones y del "origen o justificación" de las mismas.
El informe de la Agencia Tributaria, que fue entregado al juez Ruz el pasado 5 de marzo, detalla que el hijo mayor de Pujol o las citadas sociedades realizaron movimientos de divisas con el exterior e importaciones y exportaciones con destino a diez países además de las Islas Caimán, Gabón y Lietchenstein. Los otros destinos eran Luxemburgo, Andorra, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia y Reino Unido.
Este oficio también revela que el denunciado no se acogió a la denominada amnistía fiscal, al no constar que presentara declaración tributaria especial.
Jordi Pujol Ferrusola es investigado después de que su exnovia, María Victoria Álvarez, presentara una denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que mantuvo ante el juez el pasado 17 de enero en la que señalaba que acompañó a éste a Andorra para trasladar una mochilla llena de billetes de 500 euros.
La mujer aseguró que realizó viajes a México junto a su entonces novio relacionados con la gestión de casinos y la construcción de un hotel, y a Londres para invertir en una empresa de comunicaciones. En esta última ciudad, según su relato, Pujol Ferrusola se reunió con una persona dedicada a blanquear dinero en las Islas del Canal que "les llevaba muchos negocios a su familia"; y la mujer también relató ante la Policia que Jordi Pujol Ferrusola realizó viajes a Argentina en 2008 para hacer inversiones en el Puerto del Rosario.