martes, 6 de noviembre de 2012

El alcalde de Montreal dimite tras ser implicado en una red de corrupción

MONTREAL.- La policía de Québec inició hoy una serie de registros en empresas de construcción de la provincia horas después de que el alcalde de Montreal, Gérald Tremblay, dimitiese tras ser acusado de estar implicado en una red de corrupción vinculada con la mafia.

Tremblay, de 70 años de edad, anunció su dimisión de forma repentina la noche de ayer después de que varios testigos declarasen ante una comisión que investiga una red de corrupción en Québec que el partido del alcalde de Montreal recibió millones de dólares de forma ilegal.
La comisión investigadora ha escuchado a decenas de testigos desde que inició sus vistas hace un año, entre ellos Joseph Pistone, el antiguo agente del FBI que se infiltró en la mafia estadounidense, historia que inspiró la película "Donnie Brasco", y que testificó sobre las relaciones de la mafia de Nueva York y la de Montreal.
Pistone dijo que la mafia controla el sector de la construcción y está infiltrada en los sindicatos.
La comisión investigadora está estudiando la adjudicación de contratos públicos al sector de la construcción en Québec tras años de rumores sobre la rampante corrupción en la industria y las actividades de la mafia de Montreal, la segunda ciudad más importante de Canadá.
Desde el inicio del trabajo de la comisión, conocida en Canadá por el nombre de la jueza que la dirige, France Charbonnneau, la policía de Québec ha arrestado a varios de los principales empresarios de la construcción de la provincia, incluido Pablo Catania, uno de los mayores promotores inmobiliarios de Québec.
La policía también ha arrestado a Frank Zampino, un expolítico que hasta 2008 fue la mano derecha de Tremblay y posteriormente se convirtió en un alto ejecutivo en una de las principales firmas de ingeniería de Québec.
La comisión también ha escuchado el testimonio del exdirector de ingeniería de Montreal, Gilles Surprenant, que reconoció que las empresas de construcción le sobornaron constantemente y que esas compañías pagaban un porcentaje de todos sus trabajos a la mafia de Québec.
Las acusaciones de corrupción y de connivencia entre el sector de la construcción y el mundo de la política de Québec fueron uno de los temas de la reciente campaña electoral en la provincia y que resultó en la victoria el pasado 4 de septiembre del soberanista Partido Quebequés (PQ).
El nuevo Gobierno del PQ presentó el 1 de noviembre un proyecto de ley contra la corrupción en Québec que permitirá a la policía y la comisión del mercado de valores de la provincia investigar todas las compañías que pujan por contratos públicos.

La Defensora del Pueblo propone en España un proceso de conciliación previo al desahucio

MADRID.-   La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha anunciado este martes en el Senado que va a proponer al Gobierno, con el objetivo de evitar desahucios, que establezca un acto previo de conciliación, así como un procedimiento de insolvencia de las personas físicas, en el que se establezcan plazos y prórrogas, que hagan el pago de las hipotecas más flexible.

   "Es algo que quiero hacer llegar esta misma tarde al Gobierno. Sé que es motivo de preocupación de todos los partidos y grupos parlamentarios, que se ha presentado en el Congreso una proposición no de Ley y que los jueces también han hecho manifestaciones al respecto. Pero también existe lo que dicen los ciudadanos y que manifiestan miles de familias españolas", ha advertido.
   Becerril pedirá también que se limiten los intereses de demora y los gastos de ejecución, y propondrá la dación en pago en determinadas circunstancias.

La Junta de Andalucía exige al Gobierno central que consulte a los movimientos sociales sobre los desahucios

SEVILLA.-   La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha reclamado este martes al Gobierno que "si pretende ofrecer soluciones al drama de los desahucios y no volver a errar, debe escuchar a los afectados y a los movimientos sociales que llevan años atendiendo y defendiendo a las familias y paralizando desahucios, poniendo además este drama social en la agenda social y política".

   "La comisión interministerial debe contar con los movimientos sociales. Las soluciones al drama de los desahucios no pueden adoptarse a puerta cerrada, sino escuchando a los colectivos que luchan en defensa del derecho a la vivienda", ha añadido en comisión parlamentaria.
   Cortés también ha señalado que el Gobierno central "debe contar" con la Comunidad Autónoma andaluza en la búsqueda de soluciones, no sólo porque el Gobierno andaluz tiene las competencias en materia de vivienda, sino porque la Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en marcha "herramientas útiles", en referencia al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, donde se engloba el servicio gratuito que prestan las ocho oficinas provinciales para la prevención, intermediación y protección a las personas que están en riesgo de perder su vivienda o que ya la han perdido. Cortés ha recordado que dichas oficinas son resultado de un prolongado proceso de diálogo con colectivos sociales.
   "La política no puede hacerse sin contar con los ciudadanos, con la sociedad civil. Debemos hacerla con más democracia para dar respuesta a gente que lleva demasiado tiempo esperándolas", ha añadido Cortés, que ha recordado que planificar las políticas que inciden en la vida de la gente "a puerta cerrada" ha llevado ya a "errores" como el código de buenas prácticas, "asumido como equivocado e insuficiente por el propio Gobierno".
   "Una oportunidad de oro para acercar la política a los ciudadanos, para demostrar que se pueden dar respuestas desde lo público, es la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago y el alquiler social", ha asegurado la consejera.

Los concursos de acreedores alcanzan en España la cifra récord de 892 procedimientos en octubre

MADRID.- Los concursos de acreedores ascendieron a 892 durante el pasado mes de octubre, lo que marca una cifra récord, ya que es la primera vez que se superan los 800 procedimientos al mes en España, según el 'Estudio sobre Evolución Mensual de Concursos' realizado por Informa D&B.

   Este dato supone un incremento del 46% respecto al mismo mes de 2011 y del 94% en comparación con el mes de septiembre. Las empresas afectadas por estos procesos facturaban más de 1.920 millones de euros y empleaban a 7.070 trabajadores entre todas, según el estudio.
   De esta forma, los concursos acumulados desde enero ascienden a 6.484 y superan a todos los registrados el pasado año, cuando se alcanzaron los 6.056 procedimientos. Estas compañías contaban con 56.234 empleados y tenían unas ventas superiores a los 17.000 millones de euros.
   Cataluña es la Comunidad en la que se registraron más concursos de acreedores en octubre, con 220, seguida de Valencia (122) y Andalucía (111). En el acumulado anual, Cataluña es también la primera región del ranking al sumar 1.358 procesos, por delante de Valencia (949) y Madrid (779).
   Los sectores donde se acumulan más procedimientos concursales tanto en octubre como desde principios de año son construcción, comercio e industria manufacturera. Los tres juntos suman casi el 60% de los datos nacionales en lo que va de año, resalta Informa D&B.

Las familias y empresas españolas en quiebra suben un 16,5%

MADRID.- Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 1.646 en el tercer trimestre del año, cifra un 16,5% superior a la del mismo periodo de 2011.

   En concreto, las empresas en concurso aumentaron un 21,6% en el tercer trimestre, hasta las 1.466, mientras que las familias concursadas cayeron un 13% en relación al mismo trimestre de 2011, hasta sumar 180 procedimientos de quiebra, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este martes.
   En comparación con el segundo trimestre del año, el número de deudores concursados bajó un 27,6% entre julio y septiembre, con un descenso del 27,6% de las empresas declaradas en quiebra y un recorte del 26,8% en las familias que entraron en concurso de acreedores.
   Del total de concursos registrados en el tercer trimestre, 1.562 fueron voluntarios, un 16,1% más que el mismo trimestre de 2011, y 84 necesarios, un 23,5% más. Atendiendo a la clase de procedimiento, los abreviados descendieron un 0,1% en tasa interanual, mientras que los ordinarios se dispararon un 212,7%.
   De los 1.646 deudores concursados en el tercer trimestre, 1.466 fueron empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas) y de ellas el 77,8% eran sociedades de responsabilidad limitada.
   El 29,7% de las empresas declaradas en concurso en el tercer trimestre tenían como actividad principal la construcción y la promoción inmobiliaria, con 436 empresas en concurso.
   Por detrás de la construcción se situaron el comercio, sector que aglutinó el 19,9% de las empresas concursadas en el tercer trimestre (292 procedimientos), y la industria y la energía, con el 18,1% de concursos (266 procedimientos).
   Dentro de las empresas que se declararon en concurso en el tercer trimestre, 252 eran sociedades anónimas, un 24,8% más que en el mismo periodo de 2011, mientras que 1.140 eran sociedades limitadas, con un incremento del 24,9% respecto a julio-septiembre del ejercicio anterior.
   El 70,7% de las empresas concursadas en el tercer trimestre se concentraron en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta dos millones de euros) y fueron principalmente sociedades de responsabilidad limitada.
   Asimismo, el 86,6% de las empresas concursadas del tercer trimestre no pertenecía a ningún grupo empresarial, mientras que el 13,3% eran propiedad de un grupo español y el 0,1% estaban en manos de un grupo extranjero.
   Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el conjunto del tercer trimestre, dado que acapararon el 58,3% del total. Cataluña sumó 345 concursos, Comunidad Valenciana registró 243, Madrid tuvo 197, y Andalucía, 174.
   En el lado opuesto, las regiones con menos suspensiones de pagos en el tercer trimestre fueron La Rioja, con 15 procedimientos; Extremadura, con 18, y Cantabria, con 25 concursos.
   Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.

El Senado español justifica que su nueva web cueste 437.000€ porque es invertir en democracia

MADRID.-   El Senado español ha acometido este martes la presentación oficial ante la prensa de su nueva página web, que entrará en funcionamiento el próximo 12 de noviembre y que todos los grupos parlamentarios han ensalzado por ser un "instrumento de transparencia e información", al tiempo que han defendido el coste que ha tenido para las arcas de la Cámara Alta, más de 437.000 euros, por suponer una "inversión en democracia".

   El vicepresidente primero del Senado, el 'popular' Juan José Lucas, ha destacado que con la nueva web la Cámara Alta "da la cara" ante los ciudadanos porque su principal objetivo es actuar como "un medio de comunicación" entre los senadores y la ciudadanía.
   Ante las preguntas de los periodistas acerca del coste que ha tenido diseñar y poner en funcionamiento la nueva web, sobre todo teniendo en cuenta la desafección ciudadana hacia la política, todos los grupos parlamentarios han coincidido en defender la creación y utilidad de un instrumento en el que han colaborado activamente.
   El proyecto, en el que el Senado lleva trabajando dos años, ha tenido un importe de adjudicación de 437.691,5 euros, incluido el IVA, repartidos entre el coste de la web (274.350 euros), el del buscador (115.404 euros) y el de las páginas temáticas de niños, jóvenes y la visita en 3D (47.937,5 euros). El contrato se formalizó en julio del año pasado y el trabajo tenía que haber estado terminado en seis meses, pero se ha ido retrasado hasta que el resultado ha sido considerado bueno.
   En la nueva web no sólo cambia el diseño y presentación de la información, sino que se ha acometido una completa renovación tecnológica, de procedimientos y de cultura organizativa en el Senado, en línea con algunas medidas ya implantadas en los últimos años como la edición electrónica de las publicaciones oficiales o la publicidad directa en la página de las preguntas al Gobierno con respuesta escrita.
   El senador del PP José María Chiquillo ha dicho que, aunque el coste sea elevado, "todo tiene un precio" y, en este caso, se trata de una "inversión en democracia", por lo que ha mostrado su confianza en que la web obtendrá "su máxima rentabilidad".
   Para Ander Gil, del PSOE, la nueva página es "una sede del Senado en Internet", y ha justificado el gasto desembolsado porque la anterior web era "anacrónica" y le hacía falta una "renovación". Además, ha destacado la participación de los senadores a la hora de elaborar este portal, e incluso muchos de ellos se han comprometido a ser activos en las redes sociales. De hecho, en paralelo a la creación de la nueva web, la Cámara abrirá un perfil en la red social Twitter, @SenadoEsp.
   El portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, ha afirmado que la web permitirá a los senadores escuchar a los ciudadanos y a éstos incluso "reprender" a los parlamentarios, además de hacerles sugerencias o propuestas. Por ello, considera que es un instrumento que "vale lo que vale", aunque opina que "una política de mejor calidad siempre es rentable".
   Por su parte, los senadores de Entesa pel Progrés de Catalunya Mónica Almiñana y del PNV José María Cazalis han incidido en la "modernización" que supone esta nueva página web para la Cámara Alta, al tiempo que han destacado la "visibilidad" que se le da al Senado para que los ciudadanos puedan conocer el trabajo de los parlamentarios, ya que esta Cámara es una de las instituciones que sufre con "mayor intensidad" la desafección hacia la política.
   A la información accesible desde la web se accederá desde cuatro bloques principales: 'Actividad', 'Composición', 'Conocer el Senado' y 'Relaciones con los ciudadanos'. Este último permitirá la comunicación con el Senado, pedir y ofrecer información, enviar propuestas, etc. Todo llegará a un mismo departamento que se encargará de que cada asunto se distribuya a quien corresponda.
   Desde la portada, además, se podrá acceder al contenido preparado para niños y jóvenes, la visita virtual, la red Twitter, un boletín de prensa, retransmisiones de la actividad parlamentaria (hasta cuatro simultáneas), entre otros contenidos.

Garzón insta a los jueces a "no proteger a los reptiles depredadores que son los bancos"

PALMA DE MALLORCA.-  El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha manifestado que es en los asuntos sobre desahucios por falta de recursos económicos, entre otros ámbitos, donde los jueces "tienen una gran labor" que hacer en lugar de "proteger a los bancos, reptiles depredadores y tiranos".

   Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención ante los medios en un acto organizado por Proyecto Hombre Baleares con motivo de la conmemoración de su XXV aniversario, donde ha considerado que el sistema judicial español "tiene que evolucionar" para que la sociedad pueda confiar en él.
   Al ser preguntado en concreto por su confianza en los jueces, Garzón ha aseverado haber comenzado "a recuperar, en algún aspecto, la confianza" en ellos, aunque ha apuntado que se trata de algo "difícil" puesto que "hay muchos jueces que han demostrado no merecer que se confíe en ellos".
   En este contexto, Garzón ha apuntado que el sistema debe avanzar principalmente en el sentido de que las víctimas "sean debidamente protegidas" y la elección de la cúpula de la judicatura "cambie de modo que no exista la percepción de que a algunas personas no se les puede tocar".
Garzón  ha apelado a que se exija "una investigación exhaustiva y hasta las últimas consecuencias" en los casos de presunta corrupción que están siendo instruidos, al considerar que "si los jueces no dan la talla y se protege a quien más daño ha hecho, estarán actuando en perjuicio de la credibilidad y la transparencia".
Y  ha exigido "el máximo rigor y contundencia" en la instrucción y enjuiciamiento de las distintas causas que afectan a políticos actuales o exaltos cargos.
Garzón ha destacado el hecho de "tener la fuerza mental y la convicción en momentos difíciles para continuar trabajando en la línea que crees que debes seguir", tras lo cual ha apuntado que la solidaridad ha sido "el motor que me ha sustentado en los anteriores ámbitos".
   En este contexto, al ser preguntado por si una persona necesita ganar el reconocimiento de los demás, el exmagistrado ha respondido tajante que no, como tampoco "debe buscarse".
 "Esto también se puede encontrar en un apretón de manos o en un abrazo, que te llenan más que un premio falso en un acto donde hay muchas caras amables que en realidad no lo son". 
"Los reconocimientos buenos son los de la gente auténtica", ha sentenciado.

El juez Castro imputa a Matas, a su cuñado y al exconseller de Interior en el caso Over

PALMA DE MALLORCA.- El juez que instruye el caso Over Marketing, José Castro, ha imputado al expresidente del Govern Jaume Matas, al exdelegado del Gobierno central en Baleares y exconseller de Interior, José María Rodríguez, y al cuñado de Matas y extesorero del PP balear, Fernando Areal, dando así un paso más en el marco de la causa que estalló recientemente en torno a la presunta financiación ilegal del partido en las islas y el supuesto amaño de contratos en favor de Over. 

   En concreto, según el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Rodríguez ha sido citado para el próximo 12 de noviembre, a las 10.30 horas, mientras que Matas y Areal -quienes ya fueron imputados por el mismo magistrado dentro del caso Palma Arena- han sido emplazados para el día 13 a partir de las 9.30 y 11.00 horas, respectivamente.
   De acuerdo a la resolución judicial, Matas, investigado por otro lado en el caso Palma Arena a raíz del enriquecimiento presuntamente ilícito del que gozó cuando era presidente, y condenado a seis años de cárcel en una de las piezas de esta causa, será interrogado en torno a sus relaciones con Over y con su administrador Daniel Mercado, principalmente en relación a la financiación de las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, cuya creatividad asumió esta empresa publicitaria.
   Y es que, tal y como confesó ante el juez el propio Mercado en lo que se refiere a la primera de estas campañas, pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos en dinero negro e incluso manifestó que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos electorales que se debían cobrar en negro y no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.
   Mercado explicó cómo Areal establecía los pagos en dinero A y B -opaco al fisco-, si bien en una ocasión fue Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro, en las antiguas oficinas del partido. "Pero el grueso de los pagos en negro me los hizo Areal, a quien supongo que Matas ya le había dado instrucciones", apuntó el declarante.
   Al hilo de lo anterior, Mercado recordó que quien dirigía la campaña electoral era el propio expresidente, si bien los interlocutores directos con él eran la exconsellera de Obras Públicas Mabel Cabrer y el exconcejal de Urbanismo en Palma Javier Rodrigo de Santos. Y es que, apuntó, cuando Matas era ministro "tenía muy poco tiempo para atenderme, por lo que el trato más directo lo tenía con Cabrer y De Santos".
   Incidiendo en el papel de Rodríguez, quien ya estuvo a punto de ser imputado en el marco de otra causa de presunta corrupción, el caso Andratx, Mercado apuntó que se trataba del dirigente que "realmente tomaba las decisiones en el PP". Según recordó, los presupuestos que presentaba a los exaltos cargos del PP en relación con los comicios eran supervisados por Rodríguez, ya que éste tenía "una gran experiencia en costes de campañas electorales".
   Precisamente, respecto a Rodríguez, los investigadores tienen en sus manos un documento con la anotación 'Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000', lo que, según explicó Mercado, obedecía a que "este resto" se le tenía que abonar "en concepto de los servicios electorales". "Consigné el pago para reclamárselo a Rodríguez porque entendía que en el organigrama del PP el señor Areal era un mero ejecutor, y quien tomaba realmente las decisiones era Rodríguez", aseveró.
   Rodríguez, exsenador por Baleares y exsecretario genera del PP en las islas, ya se vio las caras con la justicia cuando en junio de 2010 el juez Francisco José Pérez le citó como testigo en la causa de corrupción urbanística conocida como caso Andratx, para ser interrogado sobre si fue él quien alertó al exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo -quien cumple condena por este proceso- de que iba a ser detenido, todo ello la misma mañana de los hechos.
   De hecho, tan sólo dos días antes -sábado por la mañana-, Rodríguez e Hidalgo mantuvieron varias llamadas para concretar la reunión que, por la tarde, mantendrían con Matas en la sede de la Presidencia del Govern balear, donde el expresidente insinuó al alcalde que algo iba a suceder en su Ayuntamiento y que, en ese caso, debía dimitir.
   Al día siguiente, domingo, Hidalgo acudió al Consistorio para destruir documentos que posteriormente fueron encontrados por la Guardia Civil en la basura. Durante la declaración de Rodríguez, el magistrado le advirtió en varias ocasiones de que podía ser imputado por un delito de falso testimonio ante las contradicciones en las que el exconseller estaba incurriendo durante el interrogatorio.

Putin cesa al ministro de Defensa por un presunto delito de malversación

MOSCÚ.-   El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha cesado este martes a su ministro de Defensa, Anatoli Serdiukov, y ha nombrado en su lugar al antiguo ministro de Emergencias y hasta la fecha gobernador de la región de Moscú, Sergei Shoigu, según ha informado la Presidencia, citada por la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

   Serdiukov figura entre los sospechosos de un supuesto caso de malversación de fondos públicos y de venta ilegal de inmuebles, terrenos y acciones pertenecientes al Ministerio de Defensa por parte de una empresa de servicios controlada por el departamento, Oboronservis. El desfalco pudo costar hasta 75 millones de euros al Estado.
   "Tomando en consideración la situación que ha surgido en relación con el Ministerio de Defensa, y con la intención de crear las condiciones requeridas para que haya una investigación objetiva sobre todos estos asuntos, he tomado la decisión de relevar de sus deberes al ministro de Defensa", ha declarado Putin en un comunicado.
   Con el nombramiento del general Sergei Shoigu, la titularidad del Ministerio de Defensa vuelve a recaer en un militar, en sustitución del civil Anatoli Serdiukov, según ha destacado RIA Novosti.

Sareb, una sociedad muy peculiar / Ángel Tomás Martín *


Desde hace demasiado tiempo y con una lentitud imperdonable procedente de una política económica dubitativa y mediatizada, se va a presentar la solución, que previo largos periodos de hipótesis y dudas, se considera mas idónea. Sabido es que largos años promoviendo una construcción impulsada por la especulación con un claro desequilibrio construcción-demanda, no podía tener otro fin que la enorme burbuja inmobiliaria, principal origen de la gigantesca crisis económica y financiera que venimos padeciendo.

Los activos de cada una de nuestras entidades financieras integran inmuebles adjudicados procedentes de operaciones de prestamos fallidos o de muy difícil recobro, por ausencia del control de riesgos y de regulación, vigilancia e inspección de los Entes supervisores. Estos inmuebles, en un mercado sin demanda, se han visto depreciados y sin prácticamente salida. La valoración de estos activos obligan a la banca a proceder a su liquidación a precios inaceptables, que dañan seriamente sus balances. Por otro lado, surgiría para la banca comercial una actividad (la gestión de activos inmobiliarios) ajena a la habitual, cuya licencia poseen, sin olvidar que su equipamiento humano carece de experiencia y preparación, practicando, por otro lado, competencia desleal al sector de la construcción y a su propia clientela.

Comercializar directamente tan importantes y depreciados activos, acumularía aún más pérdidas, necesitaría años para su regularización e impedirían la financiación de empresas y familias. En resumen, la recesión, el PIB y el ahorro seguiría decreciendo, el comercio exterior perjudicado y la recaudación fiscal en caída libre.

Solo existía un camino, la asistencia financiera necesaria para reforzar el capital y sanear los balances del sistema bancario, básico para iniciar el crecimiento económico, si viene acompañado del análisis e impulso de nuestra riqueza diversa, abandonada torpemente por la especulación inmobiliaria.

Eliminando las desacertadas expresiones: "banco malo", "activos podridos", "activos tóxicos"...entre otros, bastante lesivos, ha llegado el momento tan esperado como deseado que ponga en marcha, un ente que se denominará Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, de nombre oficial "Sareb" de duración máxima quince años. No será una sociedad de liquidación, sino de gestión exclusivamente y por tanto, no se la dotará de la licencia para el ejercicio de banca comercial ni de administración de activos de terceros. Su actividad, independiente de la misión encomendada, tendrá también como objetivo el beneficio, como cualquier otra sociedad anónima. Esto al menos se desprende de las diversas manifestaciones y comunicaciones del Ministerio de Economía. El modelo nórdico en la década de los 90, e irlandés, puesto éste último en práctica hace tres años, por su anticipación y transparencia, debía haberse acometido en España en su día y la reactivación del crédito podría haberse producido ya.

Expuesto lo anterior, resulta ineludible formular preguntas, analizar repercusiones y tomarnos la libertad de sugerir propuestas que puedan ayudar al mejor éxito de Sareb, al saneamiento de los balances bancarios, al crecimiento de la economía real y a la creación de puestos de trabajo.

Si Sareb es, como se anticipa, una sociedad mercantil con ánimo de lucro, y no una gestora inmobiliaria sin él, como debería ser y con una limitación de tiempo no inferior a veinticinco años equivalente al plazo normal de una hipoteca, (la urgencia en la venta de los activos es un error). Si el precio de incorporación de los inmuebles al balance de Sareb se estableciere obligatoriamente por el Banco de España (FROB), como así mismo su selección, quedaría eliminada la libertad operativa de compra en el seno de la "Sociedad", ya que la imposición conjunta del BCE, CE, y el FMI y la sumisión a las valoraciones a la consultora Oliver Wyman, eliminan las facultades de estos actos a los órganos de gestión de la nueva sociedad, y por tanto, difícil será conseguir cubrir libremente el 55 por ciento del capital que generosamente cede el Estado, quedándose como minoritario, pero con derechos y facultades que merman los de la mayoría. La cobertura de la suscripción de terceros, solo se conseguirá mediante otras compensaciones. Si además, la rápida venta de los inmuebles es otra imposición, la promoción de una sociedad gestora resulta cuando menos peculiar y excluida del sistema de libertad de mercado.

El gran volumen de activos adquiridos (se estiman en 90.000 millones de euros) a precios actuales en un mercado casi paralizado y su rápida salida al mismo, puede provocar: a).-Una disminución del "no exigible" en el balance de los bancos, con su correspondiente pérdida de cotización bursátil. b).- Una necesidad de tesorería compensatoria por la depreciación en la valoración de los inmuebles cedidos. Solo se recibiría el precio tasado por la consultora Wyman. c).- Una repercusión muy negativa en el sector inmobiliario. d).- Unos efectos paralizantes de estos activos en los bancos sanos, que deberán reajustar a la baja sus ofertas, o paralizarlas, y e).- un posible retraso de la recuperación económica.

¿Se ha elegido la mejor solución entre las variantes del abanico disponible? Tal vez el programa y el contenido de las normas que se contienen en el Decreto-Ley, requerían más y mejor estudio, y la obtención de un mejor acuerdo con Bruselas.

(*) Economista y empresario