MADRID.- El Gobierno español quitará a los partidos políticos y
a los sindicatos su condición actual de personas jurídicas exentas de
responsabilidad penal y está dispuesto a abrir la puerta a sacar de las
listas electorales no a los imputados, sobre los que aún no pesa
indicios de responsabilidad criminal, pero sí a aquellos encausados a
los que se va a abrir juicio oral.
Así lo ha adelantado en el
Pleno del Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que
tiene intención de incluir estos cambios en la futura reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal o bien en el nuevo Código Penal.
El
anuncio se ha formalizado como respuesta a la interpelación planteada
por la portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa
Díez, quien se ha mostrado satisfecha con los cambios prometidos. "Me ha
alegrado la tarde", ha reconocido.
La líder de la formación
magenta ha recordado que España ocupa el trigesimoprimer puesto en el
ránking mundial de la corrupción y ha resaltado la necesidad de adoptar
medidas como un pacto para despolitizar la Justicia, restricciones en la
presentación de candidatos y también una reforma de la ley electoral.
En concreto, ha lanzado dos propuestas. Por un lado, excluir a los
imputados de las listas electorales y de los cargos públicos que ocupen,
pues considera que, "aunque la inmensa mayoría de los políticos son
personas altruistas y generosas", lo cierto es que actualmente se
calcula que hay más de un centenar de imputados ocupando cargos públicos
y "los partidos no toman las medidas necesarias para separar el trigo
de la paja y para apartar las manzanas podridas".
La segunda
propuesta de UPyD es "derogar" los privilegios de los partidos políticos
y, en concreto, sacarles de la lista de personas jurídicas exentas de
responsabilidad penal, un estatus que tienen las instituciones oficiales
y que limita la persecución penal a los individuos sin que se pueda
actuar contra los órganos ejecutivos y la organización.
"Es un
privilegio injustificado que no contribuye a combatir la corrupción
--ha asegurado--. Carece de justificación que los partidos y los
sindicatos estén exentos de responsabilidad penal porque son
asociaciones privadas, deberían estar en el régimen de responsabilidad
penal de las personas jurídicas".
Gallardón recogió el guante
de ambas propuestas. A su juicio, sólo el Estado, las instituciones de
carácter público, pueden tener ese "privilegio" de exención de
responsabilidad penal, mientras que los partidos y sindicatos "son
entidades de derecho privado y no tiene sentido eximirles".
"Sí, tiene toda la razón --ha replicado a Rosa Díez--. No es de recibo
que los partidos políticos y los sindicatos estén exceptuados de
responsabilidad penal. Eso será modificado por el Gobierno y los
partidos y sindicatos serán tratados exactamente igual que el resto de
personas jurídicas".
En cuanto a la exclusión de los
imputados, el ministro ha preferido elevar el listón. Según ha
explicado, la figura del imputado se implantó como una garantía para la
persona citada a declarar y ahora se ha convertido en una "precondena",
en lo que se conoce como "la pena del Telediario".
"Da igual
cómo acabe el proceso, al imputado ya se le ve como un condenado y eso
no es lo que quiso la Constitución --ha añadido--. No debemos aceptar la
terminología popular que identifica imputado con culpable, es mejor
apreciar un indicio racional de criminalidad".
A su juicio,
"no puede ser" que el reconocimiento de unas garantías procesales se
convierta en una condena previa hasta el punto de que una persona
imputada, sin que medie condena alguna, pueda ser privada del derecho a
ser elegido. "No podemos aceptar que un imputado sea privado de
derechos", ha insistido.
Es más, Gallardón ha recordado que, en el actual procedimiento
abreviado, la mera interposición de una querella ya conduce a citar como
imputado al denunciado, y ha remarcado que pudiera darse el caso de que
alguien, "de forma torticera", interpusiese una querella en vísperas
del plazo de presentación de listas para dejar fuera de la carrera
electoral a una persona, lo que implicaría dejar la confección de las
listas en manos de particulares.
Por ello, el Gobierno
prefiere buscar una fase judicial "ulterior" a la hora de establecer la
inelegibilidad, y en este sentido ha propuesto esperar a la apertura del
juicio, oral, que ya implica la existencia de un "indicio racional de
criminalidad".
Rosa Díez ha aceptado las contraofertas del
ministro y las plasmará en la moción que UPyD someta a votación en la
próxima sesión plenaria ordinaria. "Es un gran avance --ha reconocido--.
Me ha alegrado usted la tarde".
