MADRID.- Hace ocho meses el juez instructor Elpidio José Silva
estaba investigando un caso de corrupción de primer nivel que llevó unos
días a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, un
banquero con excelentes conexiones políticas.
Ahora Silva está preparando su propia defensa después de que Blesa,
que presidió la caja de ahorros ahora integrada en Bankia entre 1996 y
2009, se querellara contra él argumentando que estaba siendo perseguido.
La delicada situación del juez nace de una garantía procesal
española que permite a los acusados querellarse contra jueces, uno de
los muchos factores que han ralentizado una serie de destacados casos de
fraude, mermando la confianza en el sistema judicial y planteando dudas
sobre la influencia política, según las encuestas.
Silva, que niega que actuara de forma contraria a la ley, fue
apartado del caso y aunque luego fue reasignado, finalmente se abstuvo
por conflicto de interés ya que podría enfrentarse a un juicio por
prevaricación en la investigación de los posibles delitos cometidos en
Caja Madrid antes de que la entidad se integrara en Bankia, que luego
precisó el mayor rescate bancario de la historia de España.
Los abogados de Blesa declinaron hacer comentarios en esta historia,
pero en documentos judiciales han negado los delitos de falsedad en
documento mercantil, y apropiación indebida en la compra de un banco en
2008.
Silva continúa trabajando en otros casos y está escribiendo un
libro. Dice que lo va a titular: "La justicia desahuciada: España no es
país para jueces".
La percepción que la población tiene del fraude en España es una de
las más altas de Europa. Más de un 90 por ciento dijo sentirse frustrado
por el tiempo que se demoran las investigaciones y culpan
mayoritariamente a los recursos de los acusados, según una encuesta
independiente de Metroscopia.
"Por las demoras, a la gente le da la impresión de que hay poco
interés en investigar, o que hay algún tipo de colusión entre el
Gobierno y los jueces. El proceso lento da la sensación de unos
estándares bajos", dijo José Juan Toharia, presidente de Metroscopia.
España también cuenta con un número de jueces proporcionalmente
menor que Alemania, Francia, Italia o Portugal, y muchos cambian de
puesto a mitad de la instrucción, lo que contribuye a los retrasos.
Silva ha lanzado una campaña mediática para afirmar que las
acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas y tienen un
efecto negativo en las investigaciones de casos de corrupción.
"La querella contra mí es una querella abusiva y política, no es
jurídica. Tendrían que haberla archivado ya. No tienen nada contra mí",
dijo Silva en su piso de Madrid, mientras respondía a llamadas
de personas que estaban recogiendo firmas para apoyarle.
Baltasar Garzón, el exjuez español internacionalmente conocido por
perseguir al dictador chileno Augusto Pinochet, también fue acusado de
prevaricación y suspendido de la carrera judicial en 2010 por grabar
ilegalmente las conversaciones de algunos sospechosos del "caso Gurtel".
Garzón, que ahora es asesor en derechos humanos a nivel mundial,
afirma que fue perseguido políticamente por intentar investigar los
delitos cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Tras la muerte de Franco, el sistema judicial se rediseñó para
salvaguardar los derechos de los acusados, pero las querellas sin
fundamento contra jueces han conllevado largos retrasos en varios casos,
como los ocho años que transcurrieron hasta que se condenó a políticos y
promotores inmobiliarios en Marbella y la década que pasó hasta que el
político del PP Carlos Fabra fue juzgado por fraude a la Hacienda
Pública. Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel, pero ha recurrido
el caso.
Incluso la familia real española se ha visto salpicada por una larga
investigación por corrupción cuya fase de instrucción aún no ha
terminado. El juez lleva más de tres años investigando al yerno del Rey,
Iñaki Urdangarin, por malversación y fraude, entre otros, a través de
una fundación sin ánimo de lucro. El juez imputó el martes a su esposa,
la infanta Cristina, por un delito fiscal y otro de blanqueo de
capitales.
La infanta y su marido, que defienden la legalidad de sus acciones,
no han presentado ninguna querella para ralentizar el proceso, pero el
juez y el fiscal anticorrupción han discrepado sobre cómo continuar la
instrucción del caso.
La élite política española también se ha visto sacudida por la
acusación de que Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, acumuló
hasta 48 millones de euros en cuentas bancarias en Suiza y llevaba una
contabilidad paralela de la formación en el poder con dinero de los
magnates de la construcción.
Cuatro años después de iniciarse la investigación, está en prisión
provisional acusado de blanqueo de capitales y otros delitos, pero el
juicio podría demorarse aún varios años. También niega haber cometido
ninguna irregularidad.
Aunque pocas personas querrían volver a un sistema menos garantista
con los acusados, y cada año se plantean un puñado de casos contra
jueces por conducta impropia, el lento ritmo de la rendición de cuentas
ha dañado la fe en las instituciones públicas, según las encuestas, que
muestran que los partidos minoritarios podrían salir beneficiados en las
próximas elecciones.
La investigación de Silva -suspendido cuatro meses el año pasado por
falta de motivación de otras de sus resoluciones- siempre iba a ser un
caso delicado, ya que Caja Madrid, como muchas cajas de ahorros
españolas, estaba estrechamente ligada al poder político, y Blesa era
amigo del expresidente del Gobierno José María Aznar.
Caja Madrid se vio inmersa en problemas tras el estallido de la
burbuja inmobiliaria en 2008. Fue rebautizada como Bankia tras fusionase
en 2010 con otras seis cajas, pero con miles de millones de préstamos
tóxicos a promotores inmobiliarios, pronto necesitó un rescate de 22.500
millones de euros.
El rescate de la caja, su desastrosa salida a bolsa de 2011, y los
complejos instrumentos de deuda disfrazados de depósitos de ahorro
desencadenaron una serie de investigaciones penales.
Silva estaba investigando si Blesa esquivó las normas sobre la
gestión de riesgos cuando Caja Madrid compró City National Bank of
Florida en 2008. En junio emitió un auto en el que dijo que había
evidencias de cuatro delitos: societario, de administración desleal,
falsedad de documento mercantil, y apropiación indebida y decretó
prisión provisional para Blesa.
Blesa quedó en libertad tras pagar una fianza y sus abogados luego
se quejaron de que Silva había abusado de su autoridad. La fiscalía de
Madrid abrió una investigación sobre el juez por prevaricación y retardo
malicioso en la administración de justicia y delitos contra la libertad
individual de Blesa.
El sustituto de Silva en el caso ordenó el martes a Blesa comparecer
este mes para responder sobre la compra en Florida y determinar si
perjudicó a Caja Madrid. Los abogados de Blesa no han contestado aún al
auto.
Mientras, Silva recoge firmas para demostrar que tiene apoyo público.
"Si no me condenaran es porque lo pararíamos, porque toda la ciudadanía se movería".
