El Supremo danés confirma que los arrestos masivos en Copenhague fueron ilegales

COPENHAGUE.- El Tribunal Supremo de Dinamarca ha confirmado el fallo del Tribunal Municipal de Copenhague que declaraba ilegales los cinco arrestos en masa registrados durante la Cumbre del Clima de Copenhague, celebrada en 2009 en la capital danesa, según ha informado el colectivo ecologista 'Klimakollektivet' en un comunicado. 

   Cerca de 1.000 personas fueron detenidas de forma preventiva durante los días que duró la citada cumbre internacional. De éstas, unas 250, residentes en Dinamarca, Suecia, Francia y Gran Bretaña,  presentaron demandas contra la policía danesa por arresto y detención ilegal. Todos los detenidos fueron obligados a sentarse en cadenas humanas en el asfalto durante varias horas de la noche.

   El Tribunal Supremo, de esta forma, ha ratificado la condena a la Policía, que deberá pagar entre 2.200 y 3.300 coronas danesas --frente a las 9.000 que reclamó el Tribunal municipal-- por los daños y perjuicios ocasionados a los manifestantes que denunciaron los hechos, al entender que la detención violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe los tratos "inhumanos" o "degradantes".

   Por su parte, el representante policial, Johan Reimann, ha mantenido que "los agentes actuaron correctamente", según informa el diario digital 'The Copenhaguen Post'. En este sentido, la Policía trató de demostrar que la mayoría de los detenidos eran posibles alborotadores.

   En cualquier caso, Reimann ha expresado su pesar por los manifestantes inocentes que fueron detenidos, entre ellos un grupo de 'Hare Krishna' y manifestantes ancianos. En este sentido, ha sentenciado que la policía "debería haber hecho un mejor registro de las razones de cada uno de los arrestos".

La Junta militar egipcia promete dejar el poder el 30 de junio

EL CAIRO.- El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el órgano que mantiene el poder desde que el anterior presidente, Hosni Mubarak, dejó el cargo el 11 de febrero de 2010, ha subrayado este miércoles que abandonará el poder el 30 de junio, con la celebración de las primeras elecciones presidenciales democráticas en Egipto, al tiempo que ha reivindicado el protagonismo del Ejército en la revolución del 25 de enero, que obligó a Mubarak a abandonar su puesto.

   En un comunicado publicado en su página de la red social Facebook, la junta militar ha dicho que pronto revelará hechos y secretos que harán que los egipcios se sientan orgullosos de sus Fuerzas Armadas.

   "Ha pasado un año entero desde la revolución del 25 de enero pero todavía no ha llegado el momento de revelar varios hechos relacionados con los meses que precedieron a la revolución para que no se diga que estamos intentando lavar nuestra imagen", ha afirmado el órgano castrense que lidera el mariscal de Campo Mohamed Hussein Tantawi, quien fue ministro de Defensa en la última etapa del régimen de Mubarak.

   "El momento llegará cuando estemos (los militares) en nuestras unidades protegiendo el cielo, el mar y la tierra de Egipto. Entonces revelaremos varias verdades que harán que esta nación se sienta orgullosa de sus Fuerzas Armadas", ha afirmado la junta militar en su escrito, recogido por el diario 'Al Masry Al Youm'.

   El Consejo Supremo ha asegurado que predijo con meses de antelación el estallido de la revolución del 25 de enero contra Hosni Mubarak aunque desconocía quién estaría al frente de este movimiento social, liderado finalmente por los jóvenes, que "entregaron sus vidas por Egipto enfrentándose a los más crueles instrumentos de supresión"

   Tras afirmar que el Ejército "apoyó" la revolución "y Dios dio a los egipcios la victoria", el Consejo Supremo militar ha subrayado su compromiso de abandonar el poder el próximo 30 de junio y ha recordado que ha derogado la ley de Emergencia y ha gestionado las primeras elecciones parlamentarias libres.

   La declaración de la junta militar con motivo del primer aniversario de la revolución del 25 de enero ha coincidido con la masiva participación en las manifestaciones celebradas este miércoles en la plaza Tahrir de El Cairo para recordar el inicio de esa revuelta que terminó provocando la renuncia del presidente Mubarak.

   Un grupo formado mayoritariamente por jóvenes se ha reunido en la calle cercana a la céntrica plaza en la que se registraron en noviembre y diciembre pasados enfrentamientos de manifestantes con policías y militares, según ha informado Reuters. Los manifestantes han gritado en esta ocasión lemas como "Abajo el régimen militar" y "Revolución hasta la victoria, revolución en todas las calles de Egipto".

   La plaza de Tahrir también ha acogido este miércoles en uno de sus laterales a los seguidores del movimiento islamista Hermanos Musulmanes, que se mantuvo ilegalizado durante el régimen de Mubarak, así como de otros grupos islamistas congregados allí para celebrar los resultados en las elecciones parlamentarias, en las que formación impulsada por Hermanos Musulmanes ha obtenido la mayoría de los votos.

   "Estoy muy feliz por el aniversario de la revolución del 25 de enero. Nunca soñamos con algo asó. La victoria de la revolución se ha logrado con la elección del Parlamento", ha explicado Jaled Mohamed, miembro de Libertad y Justicia, el partido de los Hermanos Musulmanes.

   Los Hermanos Musulmanes de hecho han conseguido situar a uno de sus miembros en la Presidencia del país, algo inconcebible en enero de 2011, cuando el entonces presidente, Hosni Mubarak, ordenaba a las fuerzas de seguridad reprimir las manifestaciones en su contra.

Los egipcios celebran el primer aniversario de su revolución en la plaza Tahrir

EL CAIRO.- Miles de egipcios están celebrando este miércoles en la plaza Tahrir de El Cairo el primer aniversario de la revolución que derrocó al presidente Hosni Mubarak el 11 de febrero de 2011. Mientras unos han abogado por llevar a cabo otra revuelta contra el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que gobierna el país actualmente, otros han aplaudido los cambios políticos realizados.

   Ya ha pasado exactamente un año desde el comienzo las protestas inspiradas por la revuelta de Túnez. Activistas impulsores de la 'Revolución del 25 de Enero' preocupados por la posibilidad de que los militares estén impidiendo las reformas para proteger sus intereses van a ir caminando hasta la plaza Tahrir para reclamar que el Consejo Supremo, que sustituyó a Mubaraj, entregue el poder a políticos civiles.

   "Abajo el régimen militar" o "Revolución hasta la victoria, revolución en todas las calles de Egipto" son algunos de los lemas que han coreado los manifestantes en Tahrir.

   Pero entre los grupos que se oponen a una nueva revuelta están los partidos islamistas que han triunfado en las recientes elecciones legislativas. Farid Ismail, miembro del Partido de la Libertad y la Justicia (de los Hermanos Musulmanes), la formación que más escaños tiene en el Parlamento, ha declarado: "Hoy celebraremos la revolución como un logro del pueblo, pero también presionaremos para que se cumplan el resto de las demandas de la revolución".

   Este martes ya se notaba la tensión en Tahrir, donde habían empezado a congregarse cientos de personas que montaron tiendas de campaña. "El Consejo militar es Mubarak", opinó Amr al Zamlout, un hombre de 31 años que llevaba una pancarta que denunciaba que "No ha habido un cambio" y expresó su deseo de derrocar al régimen militar.

   En cambio, Mohamed Othman, que trabaja como contable, subrayó que Egipto necesita estabilidad, no más protestas, para que la economía se pueda recuperar. "En cualquier caso, el Consejo va a dejar el poder. Desde luego que la revolución es incompleta, pero eso no significa que debamos perturbar la vida cotidiana", dijo a los manifestantes, que se enzarzaron en una discusión con él.

   El Consejo Supremo, encabezado por el mariscal de campo Mohamed Husein Tantawi, ha asegurado que este órgano cederá el poder a finales de junio a un presidente elegido en las urnas, con lo que concluirá el proceso de transición a la democracia.

   Sin embargo, los defensores de la democracia recelan de la junta militar y consideran que el gran número de juicios marciales celebrados y el uso de la violencia contra manifestantes demuestran que el Ejército también gobierna de forma autocrática.

   Tantawi, que fue ministro de Defensa de Mubarak durante dos décadas, volvió a defender a los militares de esas acusaciones en un discurso televisado. "La nación y las Fuerzas Armadas tienen un objetivo: convertir Egipto en un Estado democrático", recalcó este martes.

   Recientemente, el Consejo Supremo indultó a unas 2.000 personas condenadas en tribunales marciales desde el derrocamiento del presidente, y el martes anunció un levantamiento parcial del estado de emergencia.

   Aun así, se mantiene una cláusula que establece que las normas del estado de emergencia se podrán aplicar en casos de "gamberrismo", un término vago sobre el que Estados Unidos ha pedido una aclaración y que ha motivado las críticas de organizaciones de Derechos Humanos.

Los delegados de Kuwait, EAU y Bahréin ya han abandonado Siria

DAMASCO.- Los representantes de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin en la misión de observadores de la Liga Árabe ya han abandonado Siria en cumplimiento de la orden dada ayer martes en ese sentido por los Gobiernos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

   Los delegados de estos tres países ya han salido de Damasco y se espera que los representantes de los otros tres Estados miembros del CCG lo hagan en breve.

   No obstante, un miembro de la delegación ha asegurado que la marcha de los representantes de los países del CCG no afectará a la misión, que ha sido prorrogada hasta el 23 de febrero.

   "No tendrá ningún impacto en el trabajo de la misión, aquí todos somos profesionales y podemos hacer nuestra labor", explicó bajo condición de anonimato. "Éramos más o menos 170 y con su marcha somos alrededor de 120", prosiguió. "Por supuesto, necesitamos más observadores y pronto llegarán otros nuevos para sustituir a los que se han ido", advirtió.

La Fiscalía General española no investigará a la infanta Cristina por su papel en Aizoon

MADRID.- La Fiscalía General del Estado ha rechazado investigar la denuncia presentada por el abogado Fernando Pamos contra la infanta Cristina por su papel en la empresa Aizoon al considerar que no ha quedado demostrado que tuviera conocimiento de las actividades irregulares de la entidad. 

"La hipótesis no se acompaña de la más mínima concreción", dice el Ministerio Público en un escrito remitido al letrado.

   Pamos solicitó a la Fiscalía que abriera una investigación con el fin de que se aclarara el papel de la infanta en Aizoon y su responsabilidad en unas compras particulares que podrían haber sido abonadas por dicha firma, según se señala en un correo electrónico obrante en el sumario en el que está imputado su esposo, Iñaki Urdangarín.

   El abogado solicitaba concretamente la incoación de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción en pieza aparte a la que ya se investiga en el Juzgado de Instrucción número 3 de Mallorca en relación a Aizoon, el Instituto Nóos y otras sociedades vinculadas al duque de Palma.

   En el citado correo intervenido en la operación Babel Urdangarín y otro interlocutor se refieren a unas compras particulares de la Infanta y a la dificultad de que estas sean "justificadas por gastos de Aizoon" --sociedad de la que la hija del Rey es propietaria en un 50%--, "resarciéndose del gasto originado, con posteridad, 'desde la caja'", según señala la denuncia haciendo mención a este documento.

   No obstante, la Fiscalía considera que la denuncia se basa exclusivamente en "informaciones periodísticas" y "no contiene un relato de hechos" que permita investigar a la infanta.

  "En ningún momento se describe una conducta de aquella que resulte incardinable en ningún tipo penal", dice el Ministerio Público que añade que la denuncia no se acompaña de "la más mínima concreción acerca de ninguna forma de participación o intervención" en ninguna de las actuaciones presuntamente irregulares.

  A juicio del abogado, los hechos podrían constituir delitos de fraude, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, delito societario de gestión y de falsedad en documento mercantil.

   En la denuncia, de ocho páginas, se solicitaba al Ministerio Público que "desempeñe su preponderante papel igualando a todos los españoles" ante la ley y se califica de "imposible" que la Infanta "no estuviere al tanto de las actuaciones de su esposo (...) como para acumular semejante patrimonio".

   "Desde mi experiencia, y lo aseguro sin prueba en contrario, si fuera la misma otra persona, ya hubiera sido detenida o su patrimonio objeto de una grandísima investigación. Y es que no debe haber ciudadanos de primera y de segunda", concluía Pamos el escrito presentado.