lunes, 5 de noviembre de 2012

El PSPV propone que se obligue a los bancos a garantizar viviendas en alquiler social a las personas desahuciadas

VALENCIA.- El PSPV-PSOE propone que se "obligue" a las entidades financieras, sobre todo a aquellas que han recibido ayudas públicas, a tratar de llegar a un acuerdo con las personas que han sido desahuciadas. En este sentido, plantea que los bancos garanticen el acceso a una vivienda "digna" y en régimen de alquiler social a las familias que se han quedado sin casa, con un precio que no supere el 30 por ciento de sus ingresos.

   Así lo ha explicado el secretario general del PSPV, Ximo Puig, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la portavoz socialista de Vivienda en las Corts Valencianes, María José Salvador. Puig ha señalado que esta propuesta está dirigida a los 44.381 personas que han perdido su casa en la Comunitat Valenciana y la propondrán al PSOE nacional para que la defienda en el conjunto de España.  
   El dirigente socialista ha indicado que en la Comunitat Valenciana hay unas 150.000 viviendas disponibles, unas 120.000 que son propiedad de promotores o particulares en régimen de protección pública que están vacía, y otras 30.000 que tienen los bancos con implantación en la Comunitat Valenciana.
   Puig considera que "si se ha rescatado a los bancos, con el dinero público no pueden hacer lo que les dé la gana". A su juicio, "las ayudas a los bancos deben ser condicionadas" porque "si todos tienen rescate con condiciones, los bancos también".
   El también diputado nacional ha explicado que en la Comunitat Valenciana han sido 74.113 las ejecuciones hipotecarias y 44.381 los desahucios. Asimismo, ha indicado que alrededor del 20 por ciento de todos los desahucios de España se han producido en la Comunitat lo que "demuestra el peso de la crisis" en la autonomía valenciana.
   En su opinión, "cada desahucio es un drama personal, una ruptura, un camino de difícil retorno para muchas personas", por lo que entiende que "es el momento de la acción para evitar que mas familias se vean en la calle".
   Asimismo, ha hecho hincapié en que "no se puede estar indiferente porque cada día en España 206 familias, y de ellas 52 en la Comunitat Valenciana, se quedan en la calle". En esta línea, ha abogado por "salvar a la gente, a la que se está condenando a la marginación", y ha destacado que "la cohesión social es el atributo más importante de un país".
   Ximo Puig ha resaltado que "el objetivo fundamental" del conocido como 'banco malo' "no debería ser solo el negocio a corto plazo". En su opinión, "el 'banco malo' debe contar con la situación social y una parte de sus activos tienen que tener un objetivo social".
   María José Salvador, por su parte, ha lamentado la "insuficiente respuesta" por parte del Consell y ha criticado que un año después de anunciarse el 'Plan Alquila Plus' "no se ha puesto en marcha". Sin embargo, ha advertido de que aunque se aplicara sería "totalmente insuficiente" ya que solo contempla 1.200 viviendas, de las que 600 no estarían disponibles, puesto que se encuentran en mal estado.
   "Los socialistas no estamos satisfechos de lo que hemos hecho tampoco en el pasado", ha subrayado Ximo Puig, quien considera que en este "tema fundamental" con el Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "también se debería de haber actuado con mayor contundencia".
   No obstante, ha subrayado que "lo que no se puede es dejar pasar el tiempo sin tomar decisiones". Al respecto, ha recordado que el PSOE ha propuesto una ley contra los desahucios, el sobreendeudamiento y la insolvencia en el Congreso de los Diputados. Este norma, que beneficiaria a más de 30.000 personas en la Comunitat, es similar a las que existen en Francia o Suecia, conocida como "ley de segunda oportunidad".
   El objetivo fundamental de esta ley es "que nadie se quede en la calle por no poder pagar su hipoteca" y, para ello, plantea el establecimiento de nuevas condiciones para poder hacer frente al pago de la deuda, y contempla la dación en pago, pero también la posibilidad de poder continuar usando la vivienda habitual.
   Asimismo, Puig ha destacado que los socialistas valencianos han planteado en las Corts Valencianes una iniciativa para instar al Gobierno central a hacer las modificaciones legislativas necesarias en este sentido y que se establezca una línea extraordinaria de ayudas para complementar el pago mensual de la hipoteca a personas en riesgo de desahucio.
   Del mismo modo, los socialistas valencianos han presentado propuestas en ayuntamientos para que hagan "lo que les corresponde para ayudar a las familias que están en peor condiciones para afrontar la crisis". Además, el PSPV llevará a cabo una campaña explicativa con colectivos, asociaciones y sindicatos para explicar "cuál es la alternativa socialista ante una situación difícil".

Tramposos banqueros / Ignacio Ramonet

“Poderoso caballero
es Don Dinero” 
Francisco de Quevedo

A aquellos ciudadanos que aún lo ignoraban, la crisis les está demostrando que los mercados financieros son los principales protagonistas del actual momento económico de Europa. Representan un cambio fundamental: el poder ha pasado de los políticos a los especuladores de Bolsa y a una cohorte de tramposos banqueros. 

Cada día, los mercados mueven sumas colosales. Por ejemplo, casi 7 billones de euros, sólo en deudas de los Estados de la eurozona, según el Banco Central Europeo. La decisión colectiva diaria de esos mercados puede ahora derrumbar Gobiernos, dictar políticas y someter a pueblos.

El drama, además, es que estos nuevos “amos del mundo” no sienten ninguna preocupación por el bien común. La solidaridad no es su problema. Menos aún la preservación del Estado de bienestar. La única racionalidad que los motiva es la codicia. Especuladores y banqueros, movidos por la avidez, llegan a comportarse como mafias, con mentalidad de aves de rapiña. Y con una impunidad casi total. 

Desde que, en 2008,  estalló la crisis –en gran parte causada por ellos–, ninguna reforma seria ha conseguido reglamentar los mercados, ni meter en vereda a los banqueros. Y a pesar de todas las críticas formuladas contra la “irracionalidad del sistema”, el comportamiento de muchos actores financieros sigue siendo igual de cínico.

Es evidente que los bancos representan un papel clave en el sistema económico. Y que sus actividades tradicionales –estimular el ahorro, dar crédito a las familias, financiar las empresas, impulsar el comercio– son constructivas. Pero desde la generalización, en los años 1990-2000, del modelo del “banco universal”, que añadió toda clase de actividades especulativas y de inversión, los riesgos para los ahorradores se han multiplicado así como los fraudes, los engaños y los escándalos.

Recordemos, por ejemplo, uno de los más desvergonzados, protagonizado por el poderoso banco de negocios estadounidense Goldman Sachs que hoy domina el universo financiero. En 2001, ayudó a Grecia a maquillar sus cuentas para que Atenas cumpliese los requisitos y pudiese ingresar en el euro, la moneda única europea. Pero en menos de siete años, aquella fullería se descubrió y la realidad estalló como una bomba. Consecuencia: “Casi un continente sumido en la crisis de la deuda; un país, Grecia, expoliado y de rodillas; recesión, despidos masivos, pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores; reestructuraciones y sacrificios de los beneficios sociales; planes de ajuste y miseria” (1). 

¿Qué sanciones recibieron los autores de tan nefasto engaño? Mario Draghi, ex vicepresidente de Goldman Sachs para Europa, al corriente por tanto del fraude, fue premiado con la presidencia del Banco Central Europeo (BCE)… Y Goldman Sachs cobró en recompensa, por el maquillaje de las cuentas, 600 millones de euros… Confirmando así un principio: en materia de grandes estafas organizadas por los bancos, la impunidad es la regla. 

Lo pueden confirmar los miles de ahorradores españoles que compraron acciones de Bankia el día en que esta entidad salió a Bolsa. Se sabía que no tenía ninguna credibilidad y que el valor de su acción, según las agencias de calificación, ya estaba a un paso del bono basura…

Los ahorradores confiaron en Rodrigo Rato, presidente entonces de Bankia y ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien no dudó en afirmar el 2 de mayo de 2012 (cinco días antes de dimitir ante la presión de los mercados y poco antes de que el Estado tuviese que inyectar en la ­entidad 23.500 millones de euros para evitar su quiebra): “Estamos en una situación de mucha robustez desde el punto de vista de solvencia y también desde el punto de vista de liquidez” (2)… 

Cierto es que, menos de un año antes, en julio de 2011, Bankia había superado aparentemente las “pruebas de resistencia” realizadas por la European Banking Authority (EBA) a las 91 mayores entidades financieras de Europa. Bankia había obtenido un Core Tier I Capital (capital de máxima resistencia) del 5,4% (3), frente a un mínimo exigido del 5% en una situación de máximo estrés. Lo cual da una idea de la incompetencia e ineptitud de la EBA, organismo europeo encargado de garantizar la solidez de nuestros bancos…

Otras personas que pueden testimoniar sobre la desfachatez de los banqueros son las víctimas, en España, del “escándalo de las participaciones preferentes”. Un fraude que afecta a más de 700.000 ahorradores que han perdido sus economías. Se les hizo creer que adquirían algo parecido a un depósito a plazo fijo… Pero las participaciones preferentes son un producto financiero que no está cubierto por el fondo de garantía de los bancos. Éstos no están obligados –si no poseen liquidez– a devolver el capital inicial, ni los intereses generados.

Este timo también ha revelado que los ahorradores españoles víctimas de engaños bancarios no pueden contar con la protección del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (4). Ni, obviamente, con la del Gobierno que sigue ayudando masivamente a la banca mientras su política de recortes y austeridad castiga en permanencia a la ciudadanía. Para ayudar al sistema bancario español, Mariano Rajoy solicitó a la Unión Europea un crédito de hasta 100.000 millones de euros. Entretanto, los bancos españoles siguen favoreciendo la huida masiva de capitales… Se estima que, hasta septiembre pasado, 220 000 millones de euros se habían fugado oficialmente de España (5) … Una suma más de dos veces superior al crédito solicitado a Europa para salvar el sistema bancario español… 

Pero no terminan aquí los escándalos. Podríamos recordar que, estos últimos meses, los fraudes bancarios no han cesado. El banco HSBC fue acusado de blanquear el dinero de la droga y de los narcotraficantes mexicanos. El JP Morgan se lanzó a especulaciones desmedidas asumiendo inauditos riesgos que le acarrearon pérdidas de 7.500 millones de euros, arruinando a decenas de clientes. Igual le sucedió a Knight Capital que perdió más de 323 millones de euros en una sola noche a causa de un error de un programa informático de especulación automática por ordenador…

Pero el escándalo que más está irritando, a escala mundial, es el del Libor. ¿De qué se trata? La Asociación de Banqueros Británicos propone cada día un tipo interbancario llamado “London interbank offered rate” o  Libor por sus siglas en inglés. El cálculo de esa tasa lo realiza la agencia Reuters la cual, diariamente, pregunta a dieciséis grandes bancos a qué tipo de interés están obteniendo créditos. Y establece una media. Como es el tipo al que se prestan dinero los principales bancos entre ellos, el Libor se convierte en una referencia fundamental de todo el sistema financiero mundial. En particular, sirve para determinar, por ejemplo, los tipos de las hipotecas de las familias. En la zona euro, el equivalente del Libor se llama Euribor y se calcula sobre la base de la actividad de unos sesenta grandes bancos. En el mundo, el Libor influye sobre unos 350 billones de euros de créditos… Cualquier variación –por mínima que sea– de ese tipo puede tener una incidencia colosal.

¿En qué consistió el fraude? Varios bancos (de los que sirven de referencia para establecer el Libor) se concertaron entre ellos y decidieron mentir sobre sus tipos, manipulando de ese modo el Libor y todos los contratos derivados, o sea los créditos a los hogares y a las empresas. Y eso durante años.

Las investigaciones han demostrado que una decena de grandes bancos internacionales –Barclays, Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, Crédit Suisse, UBS (Union des Banques Suisses), Société Générale, Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland– se organizaron para manipular el Libor.

Este enorme escándalo demuestra que la delincuencia se halla en el corazón mismo de las finanzas internacionales. Y que, probablemente, millones de familias pagaron sus hipotecas a unas tasas indebidas. Muchas tuvieron que renunciar a sus viviendas. Otras fueron expulsadas de ellas por no poder pagar unos créditos artificialmente manipulados (6)… Una vez más, las autoridades encargadas de velar por el buen funcionamiento de los mercados hicieron la vista gorda. Nadie ha sido sancionado, aparte de cuatro compinches (7). Todos los bancos implicados siguen haciendo negocios.

¿Hasta cuándo las democracias podrán soportar esa impunidad? En 1932, en Estados Unidos, Ferdinand Pecora, un hijo de emigrantes italianos que llegó a ser fiscal de Nueva York, fue nombrado por el presidente Herbert Hoover para investigar la responsabilidad de los bancos en las causas de la crisis de 1929. Su informe fue abrumador. Propuso el término de “banksters” para calificar a los “banqueros gángsteres”. Sobre la base de ese informe, el presidente Franklin D. Roosevelt decidió proteger a los ciudadanos de los riesgos de la especulación. Sancionó a toda la banca imponiéndole el “Glass-Steagal Act” y estableciendo (hasta 1999) una incompatibilidad entre dos tipos de actividades: los bancos de  depósitos y los bancos de inversión. ¿Qué gobierno europeo de la zona euro tomará una decisión semejante? 

(1) Eduardo Febbro, “El gran truco que usó Goldman Sachs con Grecia”, Página 12, Buenos Aires, 13 de marzo de 2012.
(2) El País, Madrid, 2 de mayo de 2012.
(3) Basándose en ese deplorable informe, algunos ‘analistas’ afirmaban –¡hace apenas quince meses!–  que el sistema bancario español figuraba entre “los más sólidos del mundo”… He aquí, por ejemplo, lo que escribía un ‘diario de referencia’: “De hecho, los grandes bancos españoles superan holgadamente los requisitos de capital exigidos para resistir un hipotético deterioro extremo de la economía durante los próximos dos años” (El País, Madrid,15 de julio de 2011).
(4) Varias asociaciones han puesto a disposición de las víctimas su gabinete juridico. Consúltese, por ejemplo: la Asociación de Usuarios de Bancos, Seguros y Cajas de Ahorro (ADICAE) (adicae.net), y la Unión de Consumidores de España (www.uniondeconsumidores.info).
(5) Cinco días, Madrid, 21 de octubre de 2012.
(6) En España, país que tiene la ley más brutal en la materia, desde que se inició la crisis en 2008, más de 400.000 desahucios –es decir, desalojos a la fuerza de viviendas o locales–, han sido ordenados por los jueces.
(7) El banco Barclays  fue condenado a una multa de 365 millones de euros. Despidió a su presidente, Marcus Agius. Su Consejero Delegado, Bob Diamond, uno de los responsables de la manipulación del Libor, dimitió… a cambio de una indemnización de aproximadamente 2,5 millones de euros.

La FeSP pide a los ciudadanos que exijan medios veraces y plurales

MADRID.- Con motivo de la jornada "En pie por el periodismo" que, un año más, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha convocado hoy en todo el mundo, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) hace un llamamiento a la ciudadanía para que defienda y exija unos medios de comunicación públicos y privados que ofrezcan información veraz, plural y de calidad. 
En un comunicado de la junta ejecutiva federal de la FeSP, se dice:

"La existencia de unos medios con esas características es la única manera de que sea realidad el derecho a la información que tienen los ciudadanos, uno de los fundamentos de los sistemas democráticos.

La crisis económica mundial repercute seriamente en los medios de comunicación, lo que se traduce en que está afectando de manera muy negativa al derecho a la información de la ciudadanía. La FeSP reitera su llamamiento al Gobierno y a todas las administraciones públicas para que defiendan a los medios de comunicación y al periodismo y les pide que no adopten medidas que perjudiquen la mala situación de esas empresas y la precariedad de sus profesionales, porque eso es un ataque directo a la calidad de la democracia.

Los grandes grupos de comunicación han aprovechado el abaratamiento del despido aprobado por el Gobierno para desprenderse de buena parte de sus plantillas. Abc, El Mundo, Marca, Expansión, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya y, ahora, El País, además de varios grupos regionales de comunicación y otros muchos medios, han despedido a buena parte de sus trabajadores, lo que repercute negativamente en la calidad de la información que ofrecen.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP pide al Gobierno, a las administraciones públicas, a las empresas y, de manera especial, a la ciudadanía que consideren a los medios de comunicación como lo que son: unos instrumentos indispensables para la construcción de la democracia y para el progreso de la sociedad.

Con motivo de la jornada mundial "En pie por el periodismo", la FeSP insiste en la necesidad de constituir una mesa de diálogo,integrada por el Gobierno, las asociaciones empresariales, las organizaciones profesionales de periodistas y los sindicatos, para analizar la gravísima situación por la que atraviesa este sector y buscar soluciones a la misma".

Un diputado autonómico del PP pidió el embargo del paro de una desahuciada

MADRID.- El diputado en las Cortes de Castilla Leon, Raúl de la Hoz intentó que un juez embargase la prestación por desempleo de una mujer a la que Bankia reclamaba dinero tras la ejecución de una hipoteca. Raúl de la Hoz es el número 3 del PP en esa comunidad autónoma y ostenta la portavocía para temas económicos en ese parlamento. A su trabajo de parlamentario se suma el de abogado. La petición, denegada por el juez el pasado mes de septiembre, se realizó a favor de Bankia a quien el diputado prestó asistencia letrada durante el proceso judicial, según www.eldiario.es

El diputado popular pretendía embargar la prestación por desempleo a una mujer, por la deuda hipotecaria que contrajo tras la compra de una vivienda que posteriormente se quedó su exmarido tras la sentencia de divorcio. Aunque el abogado de la mujer, Jesús Guinea, argumentó en el juicio que el piso había sido adjudicado en sentencia al ex marido, De La Hoz, en representación de Bankia, intentó que la entidad bancaria recibiese también los 598 euros de prestación por desempleo que suponían los únicos ingresos fijos de ella. La entidad bancaria, para entonces, ya había ejecutado la hipoteca y embargado el inmueble que disfrutaba el marido tras el divorcio de ambos.
Según el abogado de la mujer, Jesús Guinea, "reclamar el embargo de una prestación por desempleo carece de sentido y es contrario a derecho". "La prestación por desempleo es prácticamente inembargable", dice Guinea en conversación con eldiario.es.
Sólo unos meses antes de la decisión judicial, el diputado y joven abogado del PP defendía los intereses de Bankia desde la arena parlamentaria. El pasado mes de Julio, el PP se opuso en el parlamento de Castilla León a una proposición socialista que planteaba obligar a las entidades financieras que se beneficien del rescate a renegociar las condiciones de las hipotecas cuyos titulares estén involucrados en algún proceso de desahucio.
Durante ese debate, De la Hoz dijo consideró la propuesta socialista como "una aberración" y señaló que, de llevarse a la práctica, España se convertiría en una república bananera. El debate parlamentario se produjo en el mes de junio. Tres meses después, un auto del magistrado de primera instancia número 12 de Valladolid obligó a Bankia a darse por satisfecha con la entrega de un inmueble como pago de las rentas pendientes con la entidad. Según el auto el juez consideró "antisocial" amparar la pretesión de la entidad de ahorro de cobrarse fondos de la prestación por desempleo. De la Hoz perdió el juicio.
La resolución judicial supone el reconocimiento de facto de la dación en pago a la que De La Hoz se opuso en sus debates parlamentarios. El auto, al que ha tenido acceso esta redacción, señala que "la continuación de ejecución frente a deudores con una evidente carencia de medios económicos le arrojará a una situación próxima a la exclusión social".
Raúl de la Hoz es Coordinador de Organización del PP de Castilla y León, ostenta la portavocía para asuntos económicos y tiene un destacado papel en el seno del partido. En el último Congreso del PP de Castilla León celebrado en Mayo a de La Hoz se le encargó la redacción de la ponencia que marca las pautas que rigen la relación del partido de Rajoy con la ciudadanía de aquella Comunidad Autonoma.

Ya hay más de dos millones de parados españoles que no cobran ninguna prestación

MADRID.- La crisis económica amenaza cada vez más con provocar una fractura social. El número de personas en paro que no recibe ningún tipo de prestación se ha disparado en España hasta niveles récord, según se desprende de los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y que recoge 'El País'. 

Sin contar los beneficiarios del plan Prepara (la ayuda de 400 euros, de la que no hay datos), ya hay más de dos millones de parados registrados que no reciben prestación o subsidio de desempleo, algo que no ocurría desde hace casi 25 años. Si, además, se tiene en cuenta que existe un desfase de aproximadamente un millón de parados entre los datos de Empleo y los de la Encuesta de Población Activa (EPA), considerados más fiables, habría cerca de tres millones de parados sin cobertura, una cifra sin precedentes en la historia económica española.

El índice que trata de medir el nivel de protección de los desempleados, la tasa de cobertura, ha caído hasta el 63,5%, el nivel más bajo en seis años, con la diferencia de que ahora el número de parados es más del doble que entonces. Esa tasa se calcula sin contar a los parados que no tienen experiencia laboral previa, quienes, por definición, no han cotizado para lograr prestaciones contributivas y tampoco suelen reunir los requisitos para beneficiarse de subsidios.

La dureza de la crisis provoca que aunque el gasto en prestaciones crece y desborda las erróneas previsiones del Gobierno, cada vez son más los parados sin protección.

Según los datos del mes de septiembre publicados hoy por el Ministerio de Empleo, ese mes había 2.836.592 beneficiarios de prestaciones, incluidos 143.388 perceptores del subsidio a trabajadores eventuales agrarios, que no cuentan como parados. De esa cifra, 1.326.135 reciben la prestación contributiva, a la que tienen derecho en función del tiempo en que se ha cotizado. Otros 1.134.574 parados que no tienen derecho a prestación perciben subsidios de desempleo. Finalmente, hay 232.495 parados que reciben la renta activa de inserción, la ayuda de 426 euros.

De lo que no hay datos es de los beneficiarios del plan Prepara, la ayuda de 400 euros cuyas condiciones de acceso se endurecieron y sobre la que el Gobierno rechaza dar cifras. Esa ayuda se puso en marcha por el anterior Gobierno precisamente para tratar de paliar los riesgos de exclusión social que entraña la creciente cifra de parados sin ingresos. La ayuda no está considerada como tal una prestación.

Con esa salvedad del plan Prepara, y descontando los beneficiarios del subsidio agrícola (que no se incluyen en la cifra de parados) había, por tanto, 2.693.204 parados con ayudas sobre un total de 4.705.279 parados registrados ese mes en los servicios públicos de empleo. La diferencia arroja esos más de dos millones de parados sin prestaciones, una cifra en la que están incluidos unos 378.000 parados sin empleo anterior. De ese total habría que descontar los beneficiarios del plan Prepara, que rondaban los 200.000 la última vez que hubo datos públicos.

Del otro lado, son muchos más los parados que no están inscritos en los servicios públicos de empleo y no cobran prestación, según revela la divergencia entre los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y la de las listas del paro. Tomando en cuenta ese millón de parados que no se apunta en los registros, son cerca de tres millones los que no tienen prestaciones.

CatalunyaCaixa revisará cien desahucios tras la ocupación de su sede

BARCELONA.-   CatalunyaCaixa se ha comprometido a estudiar un centenar de casos urgentes de personas afectadas por un desahucio, después de que más de 100 miembros y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hayan ocupado más de dos horas el vestíbulo de la sede central de la entidad financiera en Barcelona, ha declarado la portavoz de la plataforma, Ada Colau .

   Colau ha explicado que querían hablar con el presidente de la entidad, Adolf Todó, pero que finalmente han podido hablar durante casi una hora con el secretario del consejo de administración, y tras el encuentro, CatalunyaCaixa se ha comprometido a dar una respuesta en dos o tres días.
   Los miembros de la plataforma que se han reunido con representantes de la entidad han exigido la dación en pago como única respuesta a la problemática de los desahucios presentados, por lo que si alternativa que finalmente les ofrece la entidad no es ésta, estudiarán nuevas acciones.
   Fuentes de la entidad financiera han indicado que CatalunyaCaixa es una de las más activas en la búsqueda de soluciones ante esta problemática, y han destacado que a lo que se ha comprometido es a mejorar la interlocución con la plataforma.
   La protesta ha arrancado con una concentración en la plaza Urquinaona a las 10.30 horas, y desde las 11.00 más de 100 personas han ocupado el edificio de la entidad mientras que otro centenar de miembros se ha concentrado a las puertas hasta las 14.30.

Cospedal pide a la banca española buscar vías que eviten los desahucios

TOLEDO.- La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha subrayado que "hay que diferenciar" entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público, por lo que aboga por que los primeros den "un tratamiento distinto" a estas ejecuciones ya que "el dinero que les viene es público".

   En una entrevista en Televisión Española, Cospedal ha asegurado que hay "muchas cosas que se pueden hacer, no solo la dación en pago" para "limitar la sangría y el drama social" de los desahucios, y ha abogado por "trabajar en buscar vías que puedan flexibilizar esta situación".
   Así, ha defendido que "hay otras medidas que se pueden abordar" como se hará en Castilla-La Mancha, "donde los afectados por desahucios tendrán carácter preferente para acceder a viviendas de protección oficial" para alquiler o compra.
   La solución "no tiene que ver solo con la dación en pago, si no también con la flexibilidad a la hora de las ejecuciones hipotecarias". Además, Cospedal ha aseverado que "no es de recibo que una persona afectada por un desahucio no tenga derecho a prestaciones sociales y quienes no están en una situación tan dramática sí las tengan desde otro punto de vista".

Cayo Lara planteará a Rajoy convertir los desahucios en "alquileres sociales"

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha adelantado este lunes que en la reunión que mantendrá el próximo miércoles con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le planteará distintas propuestas para "paralizar los desahucios", transformándolos en "alquileres sociales" con los que acabar con el "problema humano" que suponen además de lograr sacar rentabilidad a las viviendas que se quedan vacías.

   En rueda de prensa en Madrid, Lara ha señalado que los desahucios son un "problema humano" pero también, desde el punto de vista económico, resulta una "sinrazón" que haya "centenares de viviendas vacías sin que se les busque una rentabilidad".
   Así, el dirigente de IU quiere proponer a Rajoy que, en lugar de acometer esos desahucios, se busque una cantidad de alquiler con la que los propietarios que no pueden pagar hipoteca no se queden en la calle y así la vivienda no se quede vacía, siendo la dación en pago, a su juicio, la "última instancia" a la que recurrir.
   En opinión de Lara, "es tal el despropósito que se está produciendo" en relación con el problema de la vivienda que espera que "el sentido común aparezca en la cabeza del Gobierno" y el presidente tenga en cuenta la sugerencia de IU.
   En este sentido, ha dicho que espera que la idea "bipartidista" de PP y PSOE para buscar un acuerdo para frenar los desahucios se amplíe a otras fuerzas políticas con representación parlamentaria, ya que ha recordado que, aunque los socialistas "se quieran erigir en defensores" de esta política, IU lleva reclamando desde la pasada legislatura que se tomen medidas al respecto.
   Así, ha criticado que el PSOE ponga ahora en marcha iniciativas contra los desahucios cuando durante el anterior Gobierno socialista "se echaron a 300.000 personas de sus casas". Sin embargo, ha aclarado que "cualquier iniciativa" en este sentido es "bienvenida".
   Por otro lado, Lara ha explicado que aprovechará la reunión con Rajoy para hacerle una "radiografía" de la situación económica en España, al tiempo que le propondrá una serie de "propuestas alternativas" como una reforma fiscal más justa que impulse la lucha contra el fraude así como planes contra el paro y la creación de empleo "a medio y largo plazo".
   Sobre una posible reforma de las pensiones, Lara ha advertido de que el Ejecutivo de Rajoy quiere "dar cumplimiento" al "pensionazo" que rechazó el año pasado cuando el Gobierno estaba presidido por el PSOE.
   "Estaríamos ante un gran despropósito porque la gente votó al PP porque estuvo en contra de la reforma de las pensiones del PSOE. Sería un despropósito como lo del IVA. Parece que las pensiones puede ser el siguiente sitio donde el Gobierno puede meter la mano", ha remarcado.

El CGPJ insta a reformar la ley hipotecaria ante el aumento de los desahucios

BARCELONA.- El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, apuesta por reformar la ley hipotecaria porque "la actual está creando una serie de disfunciones" que provoca un aumento de los desahucios.

   Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras presidir en Barcelona la inauguración de las XXII Jornadas de Jueces Decanos de España en las que a los largo de tres días los jueces reflexionarán sobre los problemas que más les preocupan, entre ellos las ejecuciones hipotecarias, para después proponer las pertinentes reformas.
   En este sentido, ha asegurado que las conclusiones a las que lleguen los jueces durante estos tres días en Barcelona sobre los desahucios y su "problemática social" se presentarán después al Ministerio de Justicia, Congreso y Senado.
   Fernando de Rosa ha asegurado que inspecciones del CGPJ han constatado este aumento de desahucios que sentencian los juzgados civiles de primera instancia que no tienen más remedio que basarse en la legislación actual.
   El vicepresidente del CGPJ ha participado en la inauguración de las jornadas junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, la consejera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández Bozal, y la jueza decana de Barcelona, Maria Josep Feliu.
   En las jornadas participan 46 jueces decanos de todo el territorio español que durante tres días harán diversas sesiones de trabajo en las que hablarán de los temas que más les afectan como responsables de los partidos judiciales como la nueva oficina judicial, los tribunales de instancia, las sustituciones o la convocatoria de oposiciones.
   Entre ellos también el informe del grupo de trabajo designado por el CGPJ y coordinado por Manuel Almenarque que critica duramente el sistema de desahucios y propone diversas alternativas para modificar el procedimiento de ejecución hipotecaria.
   Por otra parte, durante la inauguración, el presidente del TSJC ha defendido estas jornadas de reflexiones de los jueces como una forma más de "canalización del clamor social", y ha lamentado que a veces se pone en duda su legitimidad.
   Fernández Bozal ha pedido a los jueces "sensibilidad" para entender que la crisis la dotación de medios a la administración de justicia, y ha apostado por una mayor colaboración entre las administraciones públicas y el poder judicial.
   Por su parte, la jueza decana de Barcelona ha acusado al Gobierno de "debilitar" al CGPJ con algunas de sus iniciativas que, en su opinión, no mejoran la administración de justicia como servicio público.

El Partido Comunista investigará la fortuna familiar del primer ministro chino

PEKÍN.- El Partido Comunista de China (PCCh) ha iniciado una investigación interna sobre la fortuna oculta que supuestamente posee la familia del primer ministro del país, Wen Jiabao, basándose en el reportaje publicado la semana pasada por el diario estadounidense 'The New York Times'.

   Según fuentes consultadas por el diario hongkonés 'South China Morning Post', Wen ha enviado una carta al Comité Permanente del Politburó --el máximo órgano ejecutivo del PCCh--, en la que solicita la apertura de una investigación interna sobre los activos de su familia.
   Al parecer, el Comité Permanente del Politburó ha aceptado la petición del primer ministro, aunque las fuentes no han detallado cuándo comenzará la investigación ni si sus resultados se darán a conocer a la opinión pública.
   Algunos veteranos del PCCh ya se habían adelantado a esta solicitud, exigiendo a Wen que detallara el patrimonio de su familia, especialmente en lo tocante a Ping An, una empresa que, de acuerdo con el diario estadounidense, sirve de vehículo de inversión para su círculo cercano.
   Los veteranos del PCCh, contrarios a la línea liberal impuesta por Wen en el Gobierno, están molestos porque, a pesar de las revelaciones del 'NYT', la prensa china de ultramar, que normalmente critica a los líderes continentales, ha alabado la reacción del primer ministro.
   Algunos de estos medios de comunicación han apuntado que Wen ha impulsado la investigación interna para promover la aprobación de la llamada 'ley de la luz', paralizada desde hace años, que establece la obligación para los líderes chinos de declarar el patrimonio familiar.
   Tanto Wen como su familia han desmentido la información del 'NYT', asegurando que no poseen una fortuna oculta y que sus negocios son legales en el gigante asiático. Además, el primer ministro se ha ofrecido a publicar sus cuentas personales.
   El 'NYT' reveló que los familiares y amigos de Wen poseen participaciones en una amplia red de empresas por valor de 2.700 millones de dólares (2.087 millones de euros), basándose en los informes corporativos y de los entes reguladores emitidos entre 1992 y 2012.
   La fortuna familiar se ha forjado en paralelo al ascenso de Wen en los órganos de poder de China, sobre todo desde 1998, cuando fue nombrado viceprimer ministro y 2003, cuando fue nombrado primer ministro, cargos por los que le competen las decisiones sobre los movimientos de capital de las empresas chinas y la inversión pública en determinados sectores.
   Gran parte de la riqueza de la familia del primer ministro está en manos de su mujer, Zhang Beili, a la que popularmente se conoce como 'La Reina de Diamantes', porque ha conseguido toda su fortuna en el negocio de la comercialización de joyas en China.
   Otro de los grandes beneficiarios de los negocios familiares es el único hijo del matrimonio, Winston, de 40 años de edad, conocido como 'El Principito', que junto a su mujer ha hecho lucrativos negocios en la industria tecnológica, electrónica y financiera.
   El hermano pequeño del primer ministro también se ha beneficiado directamente de la gestión de Wen, ya que es el propietario de una compañía que ha conseguido más de 30 millones de dólares (23 millones de euros) en contratos y licencias estatales.
   También destaca el papel de Duan Weihong, amiga íntima de la mujer del primer ministro y directora de Taihong, una compañía que gestiona las acciones de los familiares y amigos de Wen en Ping An, valorada actualmente en 60 millones de dólares (46 millones de euros).
   Las revelaciones del 'NYT' podrían perjudicar a Wen de cara al Congreso del PCCh, en el que se elegirá a la nueva cúpula de poder del gigante asiático, y en el que el primer ministro espera ver colmadas sus aspiraciones de llegar a la cúspide del régimen comunista como presidente.

Aumenta un 1.780% el gasto de material antidisturbios en España

La letra pequeña de los Presupuestos de 2013
  • Más inversión en antidisturbios y equipamientos de protección
  • El gasto pasará de 173.670 euros en 2012 a 3,26 millones en 2013
  • El presupuesto a cinco años se dispara de 759.330 euros a 10 millones
  • Habrá recortes en Seguridad Ciudadana, armamento y plantilla
  • Los artificios lacrimógenos puede valer 28 euros; los escudos, 140
MADRID.- El gasto en material antidisturbios y equipamiento de protección de la Policía Nacional española se multiplicará 18,8 veces en 2013, un 1.780% más, según recoge el Proyecto Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.

A pesar de los recortes en el ministerio del Interior, cuyo presupuesto se reducirá un 6,3% y que afectarán a partidas como Seguridad Ciudadana, el gasto en nuevas inversiones y renovación de “Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa” se elevará desde los 173.670 euros de este año a 3,26 millones en 2013.
En concreto, el gasto se disparará en la reposición de este material. Si en los presupuestos de 2012 se contemplaba un gasto total de 759.330 euros durante cinco años, entre 2011 y 2015, el Ejecutivo prevé ahora una inversión de 10,02 millones de euros entre 2012 y 2016.
Los anteriores presupuestos contemplaban un gasto de entre 148.260 y 157.330 euros anuales entre 2012 y 2015 en la reposición de esta partida. Ahora, el Gobierno prevé gastar 148.260 euros este año y multiplicar la partida a 3,24 millones en 2013 y 3,19 millones en 2014 y 2015.
Sólo se contempla volver a niveles de gasto parecidos a los de este año en 2016, cuando ya habría acabado la presente legislatura. Sus 248.260 euros evitan además que el total para estos cinco años sea aún superior.
Respecto a la inversión en nuevo material, este concepto apenas repunta de 25.900 a 27.410 euros anuales.
En el caso de la Guardia Civil, la inversión en reposición de “Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa” se reducirá de los 250.000 euros previstos en los anteriores presupuestos a 150.000 euros en los nuevos.

¿Cuánto cuesta un escudo?

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 no desglosa en más profundidad el destino de cada una de las partidas.
En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se recogen algunos contratos firmados con proveedores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, como el millón y medio invertido en artificios fumígenos y lacrimógenos de Falken a finales de 2011 o 147.441 euros en chalecos de Fedur para las Unidades de Prevención y Reacción del Cuerpo Nacional de Policía.
Hace tres años, en 2009, la Policía compró 232 escudos antibala para las Unidades de Intervención Policial (UIP) por 103.414 euros, a 517 euros la unidad; 500 chalecos antibala a 389 euros cada uno; 714 escudos antidisturbios transparentes a 140 euros; y 250 chalecos antigolpes a 300 euros.
Las máscaras de protección respiratoria adaptables a los cascos de los antidisturbios valen 296 euros la unidad, según un procedimiento abierto por la Dirección General de la Policía en marzo de este año.
Los artificios lacrimógenos valen 27,9 euros, IVA incluido. El ministerio del Interior encargó 2.000 unidades por un importe máximo de 55.800 euros en febrero de 2011.
Las pelotas de goma, utilizadas por las Fuerzas de Seguridad de España y Portugal, valen 90 céntimos de euro.

Recortes en la Policía

El gasto en reponer la totalidad del material policial pasará de 1,6 millones de euros anuales previstos en los anteriores presupuestos a 4,4 millones en los nuevos, mientras que la inversión en nuevo material se mantendrá en 130.000 euros anuales.
El incremento en el gasto en material antidisturbios contrasta con los recortes en otras partidas de la Policía Nacional, como armamento y plantilla; la congelación en la inversión en Policía Científica y la inversión en renovar los equipos especiales.
La inversión de 865.010 euros en armamento prevista para 2012 (15.010 euros en nuevo material y 850.000 euros en reposición) se reduce a 116.000 euros para 2013 (15.000 euros en nuevo armamento y 101.000 euros en reposición).
La plantilla de la Policía Nacional se reducirá de 91.585 a 90.187 efectivos. Aunque repunta en casi todos sus grupos, el recorte se produce en el principal bloque de efectivos: “Subgrupo C1 y Titulados de Bachiller”, que pasa de 72.679 a 71.110 empleados.
Sin embargo, el gasto en reposición y nuevo equipamiento de la Policía Científica se mantiene ‘congelado’ en los 428.900 euros previstos para 2012.
Por su parte, el gasto en la renovación de equipos especiales pasará de 29.000 euros en 2012 a 429.000 euros el próximo año, manteniéndose en 20.410 euros la inversión nueva en esta partida.

El rey de Marruecos mantiene el control pese a las reformas

RABAT.- A diferencia de otros dirigentes árabes que fueron retados en las calles por su población a principios del año pasado, el rey Mohamed VI reformó rápidamente la Constitución de Marruecos, celebró elecciones y permitió que un partido islamista dirigiera el Gobierno.

Su respuesta sofocó el fermento de ira popular, fue alabada en Occidente y pareció colocar a Marruecos en una vía más democrática, pero 20 meses después no está claro cuánto poder ha cambiado de manos en realidad.
Le Matin, un diario en francés partidario del sistema, sigue dedicando su primera docena de páginas a las actividades del monarca y sus asesores antes si quiera de hacer mención del gobierno electo.
El primer ministro islamista, Abdelilá Benkirane, sigue teniendo su despacho en el enorme recinto del palacio real de Rabat.
Por ahora, su Partido para la Justicia y el Desarrollo (PJD), cuyo éxito en los comicios de octubre de 2011 lo llevó al poder por primera vez, insiste en que la cohabitación funciona.
"Marruecos es una excepción en la región", dijo el ministro de Communication, Mustafa el Jalfi. "Hemos conseguido desarrollar una tercera vía entre la revolución y el viejo sistema de gobierno: reformar dentro de la estabilidad y la unidad".
De acuerdo con la nueva Constitución, Mohamed VI - que basa gran parte de su legitimidad en el título histórico de "comendador de los creyentes" como descendiente del profeta Mohama - mantiene el control del Ejército, la seguridad y las cuestiones religiosas, mientras que el Parlamento legisla y el Gobierno dirige el país.
"Instituciones clave consagradas en la Constitución están tomando vida", dijo un diplomático occidental sobre las reformas. "El margen del debate está cambiando. La gente ve parte del proceso".
Sin embargo, después de dos décadas de reformas que comenzaron al final del reinado del fallecido Hassan II, padre de Mohamed, no todos los marroquíes están convencidos de que el Palacio haya aflojado tanto su control.
"La monarquía tiene un instinto de supervivencia muy fuerte", dijo el historiador marroquí Maati Monjib. "La táctica oficial es divide y vencerás, y ha sido sistemática durante unos 400 años".
Tras la inestabilidad de los levantamientos de la Primavera Árabe el año pasado, el Gobierno del PJD que llegó al poder en enero obtuvo cierta influencia real, afirmó. Pero para agosto, el rey y sus asesores se sintieron lo suficientemente fuertes como para recuperar algunos de sus "poderes tradicionales, no constitucionales".
El PJD se arriesga a perder credibilidad con sus seguidores islamistas al llegar al gobierno y comprobar que la verdadera autoridad está en otro lugar, como le ocurrió a un partido socialista en la oposición en los años 90.
"Aún no llevan un año en el poder, pero lo que han anunciado no es alentador", dijo el economista Najib Akesbi. "Se han pegado al régimen. La historia se repite".
Jalfi, que también es portavoz del Gobierno, contestó que es normal que los partidos que llegan al poder pierdan cierta popularidad, y que su partido apoyó la monarquía incluso cuando estaba en la oposición.
"Creemos en el papel histórico crucial de la monarquía de defender la unidad y la estabilidad y encabezar las reformas necesarias".
Puede que la posibilidad de que haya levantamientos populares a corto plazo haya perdido fuerza, pero las tensiones sociales y económicas permanecen en un país con grandes disparidades de ingresos y lo que Jhalfi califica de décadas de corrupción.
Otros problemas son el paro, la pobreza, la sanidad y el analfabetismo, afirmó, que requieren de inversiones y una buena gobernanza.
Dependiente de las importaciones de combustible y de cereales, la economía ha padecido por la recesión en Europa, que ha reducido el turismo y las transferencias de los marroquíes que viven en el exterior, muchos de ellos en España.
Marruecos está en el puesto 130 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU y el 56 por ciento de su población adulta - de un total de 32 millones de habitantes - es analfabeta. Las ayudas para comprar alimentos y combustibles absorben anualmente 54.000 millones de dirham (unos 4.600 millones de euros), lo que supone el seis por ciento del Producto Interior Bruto.
Pocos discuten que los subsidios son un despilfarro que beneficia más a los que menos lo necesitan, pero quitarlos es una patata caliente y podría ser muy impopular - entre los pobres escépticos con las compensaciones económicas prometidas, entre la clase media porque tendría que pagar más y entre los empresarios porque se han aprovechado del azúcar, la harina y la energía muy baratas.
Marina Ottoway, del centro de estudios Carnegie Endowment for International Peace sugiere que Palacio podría permitir al Gobierno intentar una eliminación gradual de los subsidios.
"Si hubiera problemas con el cambio, la ira de los ciudadanos y la culpas se echarían al Gobierno, mientras que Palacio se libraría de un viejo problema sin tomar riesgos", escribió.
Disturbios ocasionales, la mayoría por reivindicaciones económicas, siguen estallando en el país. Incluso los jueces, no conocidos por su activismo, llevaron a cabo una sentada el mes pasado fuera del Tribunal Supremo, donde unos 1.000 demandaron mayor independencia para el sistema judicial.
El laico Movimiento 20 de Febrero, que impulsó las protestas de 2011, sigue existiendo pero las autoridades son menos tolerantes con las protestas desde el referéndum que aprobó las reformas constitucionales. Muchos jóvenes activistas se han refugiado en Internet.
Además hay dos tendencias islamistas significativas fuera de la política permitida. Los salafistas ultraortodoxos, un grupo minoritario con un atractivo creciente en las barriadas más pobres de las grandes ciudades, están debatiendo si dejan su rechazo ideológico a la política y siguen a sus homólogos egipcios, que formaron un partido político tras la caída de Mubarak que tuvo un buen resultado electoral.
Además, Al Adl wal Ihsan (Justicicia y Caridad) tiene un formidable movimiento de base que primero apoyó las protestas de la juventud el año pasado pero luego se retiró por las reticencias con sus aliados laicos.
El rey viajó por los países del golfo Pérsico el mes pasado para conseguir ayuda e inversiones de los monarcas tan preocupados por las revueltas del año pasado que invitaron al lejano Marruecos y a Jordania a unirse a su club regional, el Consejo para la Cooperación del Golfo.
Mohamed VI, el mayor accionista en una economía de 95.000 millones de dólares, está implicado en muchos sectores, desde las telecomunicaciones a minería de metales preciosos, banca y cementeras.
Esta combinación de poder político e intereses económicos compromete el objetivo declarado de crear un ambiente económico competitivo y transparente, sostiene Akesbi.
"Esta monarquía, que gobierna, también hace negocios, lo que hace que cualquier resultado sea posible - conflictos de intereses, abusos de poder, nepotismo. Y eso es lo que vemos todos los días".

Miles de nacionalistas rusos se manifiestan contra Putin

MOSCÚ.- Miles de nacionalistas rusos vestidos de negro se manifestaron el domingo por el centro de Moscú conmemorando el "día de la Unidad Nacional" instaurado por Vladimir Putin, pidieron el fin de su mandato y mostraron su hostilidad hacia las minorías.

Putin instituyó el festivo en 2005 para reemplazar la celebración anual de la revolución bolchevique de la época soviética. Pero activistas por los derechos civiles afirman que su propio coqueteo con el nacionalismo ha favorecido un aumento en la violencia de la ultraderecha, y que es parcialmente responsable de que los nacionalistas radicales se hayan apropiado de la fiesta.
Los manifestantes, en su mayoría jóvenes con el pelo muy corto que llevaban chaquetas negras de cuero, gritaron "Rusia sin Putin" y lemas antiinmigrantes, llevaban iconos ortodoxos y ondeaban banderas imperiales, cantando "Rusia para los rusos".
La policía dijo que unas 6.000 personas acudieron a la marcha en una mañana gris, tras recibir permiso por primera vez para recorrer el corazón de la capital rusa.
Muchos expresaron su hostilidad hacia los inmigrantes de las regiones de mayoría musulmana del sur de Rusia y de otras antiguas repúblicas soviéticas, pidiendo que se endurezcan los requisitos para obtener visados y las restricciones para las migraciones internas.
"Todos los trabajos van para los recién llegados, por eso creo que el objetivo de esta manifestación es que los trabajos rusos sean para los rusos", dijo un participante en la misma, Igor, que no quiso dar su apellido y que llevaba el rostro parcialmente tapado por una mascarilla médica.
El nuevo festivo conmemora un levantamiento en Moscú contra la ocupación polaco-lituana hace 400 años. Putin lo celebró en un acto junto con los líderes de la Iglesia ortodoxa y de otras tres religiones que el Kremlin considera tradicionales en Rusia: islam, budismo y judaísmo.
"El pueblo unió sus fuerzas en el nombre de Rusia, en el nombre de la Madre Patria, alzándose sobre las diferencias de clase, nacionalidad, religión y de otro tipo", declaró el presidente tras depositar una corona de flores en un monumento en la plaza Roja. "El pueblo liberó Moscú y el país de los ocupantes y de aquellos que vendieron y traicionaron a Rusia".
Putin comenzó este año un nuevo mandato de seis años después de multitudinarias manifestaciones contra él por parte de liberales en la mayor muestra de descontento desde que llegó al poder la primera vez al principio del milenio.
La manifestación del domingo transcurrió en calma, aunque algunos asistentes hicieron saludos al estilo nazi y activaron algunas bombas de humo. La policía informó de la detención de 25 personas por llevar brazaletes con la esvástica y gabardinas largas.
Otros llevaban la bandera prerevolucionaria con los colores rojo, negro y amarillo, mientras algunos iban detrás de grandes iconos, poniendo de manifiesto el papel de la Iglesia como señal de unidad nacional. Muchos ser arriesgaban a ser multados por la nueva ley que prohíbe ocultarse la cara.
La legislación rusa restringe el derecho de los habitantes de provincias a vivir y trabajar en Moscú, pero el paro lleva a muchos de ellos a buscar empleo en la capital, muchos de ellos miembros de las minorías de las regiones más pobres y de mayoría musulmana en el Cáucaso norte.
Según Lev Gudkov, director de la encuestadora independiente Levada Center, casi la mitad de los moscovitas se oponen a la inmigración.
"Nos escuchan solo cuando haya muchos de nosotros, cuando salgamos a las calles", dijo Vladimir Tor, uno de los organizadores de la marcha y antiguo dirigente de un grupo prohibido de derechas, el Movimiento contra los Inmigrantes Ilegales.
"Nuestro sistema democrático está arruinado", dijo. "El pueblo ruso necesita unirse y crear su propia sociedad civil".