viernes, 11 de mayo de 2012

Gómez Benítez dice que el magistrado Carlos Dívar se paga sus gastos desde que él investiga

MADRID.- El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez ha advertido de que el presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, comenzó a pagar de su bolsillo los gastos personales de sus desplazamientos a Marbella desde que tuvo conocimiento de su investigación porque sabe que anteriormente "no estaba actuando correctamente".

   El vocal ha dado cuentas en declaraciones a los medios de comunicación de la ampliación de la denuncia que ha interpuesto este viernes ante la Fiscalía General por los gastos supuestamente privados cargados a los presupuestos del Consejo de 14 viajes más realizados por Dívar en fines de semana a Marbella desde que tomó posesión del cargo, que vendrían a sumarse a los seis incluidos en su primera denuncia.
   Fuentes fiscales han informado que la ampliación de la denuncia ha llegado este viernes a la Fiscalía General. Desde ayer, el 'número dos' de la Fiscalía, Juan José Martín Casallo, analiza la información relativa a los desplazamientos del presidente, que suman un total de 20 por un valor de 12.996 euros.
El vocal del órgano de gobierno de los jueces, que fue designado a propuesta del PSOE, ha calificado de "curioso" que Dívar haya cargado durante el presente año sólo los gastos representativos de los tres viajes efectuados a Marbella, precisamente desde el momento en el que él se interesó por esta información.
  "¿Por qué hasta noviembre de 2011, que es cuando yo investigo, él carga al CGPJ el alojamiento, manutención y todo, y a partir de ese momento deja de hacerlo", se pregunta Gómez Benítez, para responder: "Está claro. A partir de ese momento él sabe que no estaba actuando correctamente y deja de hacerlo".
  A su entender, los hechos denunciados resultan "ética y estéticamente impresentables" y revelan la existencia de indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos. "Los españoles no se lo pueden explicar y el tendrá que dar muchas explicaciones para deshacer una apariencia verdaderamente escandalosa", ha remachado.
   Gómez Benítez estima conveniente que el presidente del Supremo de explicaciones sobre las razones por las que se desplaza en 20 ocasiones a Marbella para hacer gestiones en fines de semana. "¿Es que todo se tiene que hacer en fines de semana en Marbella?", ha planteado.
   "Me gustaría que tuviéramos conciencia de que estamos hablando de que la cuarta autoridad del país y presidente del más alto tribunal del país se supone que necesita hablar con el presidente de un tribunal inferior como es una Audiencia Provincial y, en vez de convocarle a su despacho en Madrid entre semana, el presidente del CGPJ se desplaza a ver a este magistrado supuestamente en fin de semana a Marbella con todo pagado, viaje, alojamiento, comida y cenas", ha señalado, para añadir que este viaje concreto se prolongó durante cinco días, entre los cuales hizo una excursión en barco a Ceuta.
   La visita al presidente de la Audiencia Provincial, ha añadido, no le consta a nadie porque viene reflejada en una nota "sin sellar y sin firmar", por lo que será el fiscal el encargado de preguntar a este cargo si efectivamente se reunión con Dívar. Tras ello, el vocal ha criticado que no se le comunicaron en un primer momento tres viajes referidos a los desplazamientos de Dívar efectuados entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011.
   Finalmente, ha tildado de "surrealista" que alguien pueda pensar que Baltasar Garzón puede tener algo que ver con esta denuncia porque él fue su abogado hace tres años. "He sido abogado de Garzón hasta que entré en el CGPJ. Llevo meses sin hablar con Garzón ni de este asunto ni de ninguno", ha indicado, para concluir que todos sus compañeros del Consejo tenían conocimiento de que estos gastos le "escandalizaban" desde hace tiempo.

Un año después, España prepara su segunda "indignación"

MADRID.- El movimiento de los "indignados" españoles, que en la primavera de 2011 despertó a una sociedad que parecía anestesiada ante la sacudida de una profunda crisis económica, volverá a las calles este fin de semana para conmemorar su primer aniversario, cuyo balance arroja luces e incógnitas sobre su futuro.

Bajo el lema "Mayo 2012, seguimos en las calles", el denominado 15-M o la "Spanish revolution" ha organizado una batería de manifestaciones, actos, asambleas, talleres y encuentros para recordar que los motivos que les llevaron a protestar hace un año siguen vigentes.
"La gente está muy harta de tener que pagar muchas veces por todo, por la educación, la sanidad o el rescate de los bancos. Tienes que pagar la hipoteca al banco y luego vuelves a pagarle cuando el Estado con tus impuestos mete dinero en el mismo banco", dijo Fernando Sánchez, informático de 28 años, que piensa acudir a las manifestaciones.
En el año de vida del 15-M, que bebió de la primavera árabe e inspiró a otros movimientos de protesta como Occupy Wall Street, la situación económica del país ha empeorado, entrando en su segunda recesión en tres años y dejando a uno de cada cuatro trabajadores en paro.
El Gobierno de Mariano Rajoy, que desbanco a los socialistas en noviembre con mayoría absoluta, ha comenzado a acometer recortes en los pilares del Estado de bienestar para contener un déficit desbocado que mantiene a España al borde del rescate, y ya ha empezado a notar el desgaste en el apoyo ciudadano, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Uno de los momentos álgidos del aniversario indignado en Madrid serán marchas desde los barrios el sábado 12 de mayo que pretenden confluir en la Puerta del Sol, epicentro del movimiento, donde se guardará un minuto de silencio y se levantará una bandera blanca, según un calendario de acciones colgado en Internet.
Y por supuesto, han convocado una acampada de 24 horas, una de sus señas de identidad, al finalizar la marcha del 12-M y otra el 16 de mayo en los barrios y pueblos de Madrid, citas que tienen su equivalente en otros puntos de la geografía española y mundial, con convocatorias en cientos de ciudades.
Las autoridades de la capital ya han advertido de que no van a tolerar una nueva acampada y la Delegación del Gobierno, que ha autorizado tres concentraciones - la Puerta del Sol, bulevar del Paseo del Prado y plaza de Tirso de Molina - pero con un horario limitado, va a desplegar más de un millar de agentes durante esas jornadas.
"Una parte del éxito de las acampadas fueron los desalojos, se hizo un efecto llamada, pero no podemos prever qué va a pasar esta vez", dijo a Reuters Jesús Sanz, sociólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor del análisis "15-M. Apuntes para el análisis de un movimiento en construcción".
La "Spanish revolution", apartidista y sin jerarquía, prendió como la pólvora entre la ciudadanía tras una primera manifestación convocada a través de las redes sociales en ciudades de toda España el 15 de mayo de 2011.
Tras casi un mes con acampadas en las principales plazas públicas, los "indignados" trasladaron su actividad a los barrios donde, de forma más discreta, han impulsado iniciativas como cooperativas de intercambio, huertos, asambleas sobre diversos asuntos o se han movilizado para parar decenas de desahucios, quizá el punto donde han tenido más éxito.
"Si el movimiento es capaz de mantener su imagen de no violencia conseguirá recuperar la simpatía de medios de comunicación y muchos ciudadanos", auguró Sanz sobre los "indignados".
Durante estos días, el 15-M va a presentar su "tribunal ciudadano de justicia"(cuyo objetivo es investigar delitos que han cometido los banqueros de los que, a su juicio, tenía que haberse hecho cargo la fiscalía), ha convocado una "huelga social" y está recogiendo firmas en siete países europeos para cambiar el objetivo del Banco Central Europeo.
Esta vez concretan en cinco sus reivindicaciones, entre ellas Educación y Sanidad públicas de Calidad; No a la precariedad laboral y No a la reforma; Por una vivienda digna garantizada y una renta básica universal.
La quinta de sus razones, que lleva el lema "ni un euro más para rescatar a los bancos", es un tema especialmente candente después de que el Estado español anunciara el miércoles la toma de una participación mayoritaria en el capital del grupo BFA-Bankia con el fin de sanear la entidad y recuperar la confianza de los mercados.
Un reciente barómetro del CIS desveló que el 15-M sigue despertando amplias simpatías en la sociedad -alrededor de un 70 por ciento de los encuestados-, aunque recogió una leve caída del apoyo a este movimiento, que afronta divisiones internas.
El 15-M apenas ha tenido un impacto en los resultados electorales, según los datos del CIS y el Injuve, pero sí que ha cambiado formas de hacer y entender la política -aunque sus reivindicaciones no hayan impregnado los programas de los partidos-, porque ha demostrado que se pueden convocar grandes actos sin una estructura vertical, según Sanz.
Precisamente esta virtud de los "indignados", su falta de jerarquía, ha desencadenado una serie de rencillas y enfrentamientos en su seno a raíz de que varios activistas registraran una asociación para vertebrar acciones futuras.
"El movimiento ha quedado demasiado escorado hacia posturas demasiado intransigentes de la horizontalidad más estricta. Creo que lo que la ciudadanía demanda es más efectividad, un movimiento ciudadanos que dé voz a todas las personas", dijo a Reuters, a título individual, Fabio Gándara, durante meses una de las caras más visibles del 15-M y centro de la polémica por la creación de la asociación.
A juicio de Gándara, el gran logro del 15-M fue despertar la conciencia crítica de la ciudadanía pero no ha avanzado tanto como se hubiera deseado en cuanto a organización y coordinación.
"Creo que llegado este momento es necesario dar un paso más allá en la organización de este movimiento ciudadano y realizar propuestas y acciones alternativas a las manifestaciones", explicó, defendiendo el registro de la asociación sin menospreciar la convocatoria en las calles.
A juzgar por la respuesta en Internet, la mayor parte de los indignados discrepa.

Miles de damnificados de Lorca reclaman en la calle ayuda para la reconstrucción tras el terremoto

MURCIA.- Más de 4.000 damnificados por los seísmos de Lorca, según la Policía Local, y 10.000, según los convocantes, la Asamblea de Vecinos Afectados por los Terremotos, han reclamado hoy por sus calles ayudas para la reconstrucción de sus edificios en la víspera del primer aniversario de los temblores que devastaron la ciudad.

La manifestación, que se abría con una gran pancarta en la que podía leerse "Todo sí es posible. Ni un solo damnificado sin soluciones inmediatas", ha comenzado a las 20:30 horas en la plaza de Colón.
Allí, los afectados han guardado un minuto de silencio por las víctimas mortales de los temblores de tierra y una niña ha soltado 9 globos blancos para simbolizarlas, gesto aplaudido por la gente.
Los participantes portaban pequeñas pancartas de colores con mensajes como "Queremos construir", "Sin ayudas no habrá reconstrucción", "No queremos promesas; queremos futuro" o "Sin ayudas no habrá reconstrucción".
Entre el sonido de pitos y bocinas, han coreado las consignas "Lorca, unida, será reconstruida", "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa" o "¿Dónde están las ayudas? En la cueva de Alí Babá" por las calles Príncipe Alfonso, Lope Gisbert y Óvalo de Santa Paula y la avenida Juan Carlos I, la principal arteria de la ciudad, cortada al tráfico.
Entre los manifestantes había políticos del PSOE, de IU-V, de UPyD y de Ciudalor.
"Queremos soluciones inmediatas para que las ayudas lleguen a los damnificados este mismo mes. Queremos soluciones para poner en orden la indefinición" administrativa "de los edificios. Que se reconstruyan los centros educativos demolidos", ha dicho el portavoz de la plataforma, Juan Carlos Segura.
Ha añadido que "los damnificados quieren que el plan Lorca esté definido antes de que llegue septiembre y que se pueda poner en marcha para permitir el desarrollo de la actividad económica de Lorca y para reactivar el comercio y el empleo".
La protesta ha terminado con la lectura de un manifiesto con las principales reivindicaciones de este colectivo en la plaza calderón de la Barca.

Un tribunal kuwaití retira los cargos por corrupción contra el primer ministro Al Sabá

KUWAIT.- El ex primer ministro de Kuwait Nasser al Mohamad al Sabá ha sido exonerado por un tribunal kuwaití de los cargos de corrupción a los que se enfrentaba por haber realizado unas sospechosas transacciones internacionales, según ha informado este jueves la firma de abogados que le representa. 

   Al Sabá, nieto del rey de Kuwait, dimitió el pasado año tras una serie de acusaciones de los diputados opositores que le señalaban como responsable de varias transacciones a cuentas extranjeras a través de las embajadas del país. El ex primer ministro ha negado siempre cualquier mala práctica. Se trata de la primera vez que un tribunal del país abre juicio a un dirigente de tan alto nivel.
   Al Sabá ha sido "exonerado de todos los cargos criminales presentados contra él", ha señalado en un comunicado la firma Salman Duaij Al Sabá. Según el tribunal, citado por la defensa, los fondos transferidos estaban relacionados con "cuestiones humanitarias y para satisfacer los compromisos internacionales de Kuwait".
   Las transferencias tenían "una naturaleza diplomática y política en el mayor interés para el Estado de Kuwait", ha asegurado el bufete. El ex primer ministro sigue siendo investigado por una comisión parlamentaria.
   Cuando se publicaron las acusaciones, se convocó una manifestación frente al Parlamento que acabó con un grupo de activistas y opositores entrando a la fuerza en el hemiciclo, lo que llevó al Ejecutivo a dimitir en pleno y adelantar los comicios a febrero que dieron la mayoría a los islamistas.

El ministro español de Interior avisa al 15-M de que "las ciudades no son campings"

CEUTA.- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado que su departamento aplicará de forma estricta la Ley reguladora del Derecho de Reunión y Manifestación, de 1983, como "única forma" de "hacer compatibles los derechos de quienes quieren concentrarse y de quienes no quieren hacerlo, sino ejercer los derechos que también les asisten para pasear pacíficamente, desarrollar su actividad comercial o la libre circulación".

   El ministro ha sido contundente, en declaraciones a los medios, a la hora de dejar claro que no permitirá acampar "en ninguna ciudad", aunque ha advertido de que Cataluña y el País Vasco tienen transferidas las competencias en materia de Seguridad Ciudadana y Orden Público. "En el resto del territorio nacional no se podrá acampar porque las plazas y las ciudades no son campings y el Ministerio tiene el deber de no permitir ilegalidades", ha recordado sobre el aniversario del movimiento ciudadano 15M.
   Fernández Díaz se ha congratulado por el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "que ha rechazado por extemporáneo el recurso presentado por el grupo que quería juntarse durante cinco días con unos amigos en la Plaza del Sol", ya que a su juicio "refuerza" el criterio elegido por la Delegación del Gobierno para ordenar las concentraciones que se prevé se desarrollen con motivo del primer aniversario del 15-M.
   La Delegación del Gobierno en Madrid había rechazado una petición de concentración ininterrumpida durante 96 horas en la Plaza del Sol al entender que "la presencia en dicha plaza de un grupo de personas indeterminado durante un periodo tan prolongado de tiempo implica merma de los derechos del resto de la ciudadanía y un evidente perjuicio para las actividades comerciales y de ocio que se llevan a cabo en dicha plaza y su entorno".
   "Apelamos al buen sentido común para que cada uno pueda ejercer sus derechos de forma libre pacífica, tanto quien quiere manifestarse como quien no", ha concluido el ministro.

La Fiscalía General española revisa los justificantes de viajes del magistrado Carlos Dívar

MADRID.- El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, ha abierto diligencias informativas este jueves en relación con la denuncia presentada por un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por la supuesta malversación de 5.658  euros gastados en seis viajes que realizó en fines de semana a Marbella.

   Fuentes del Ministerio Público han explicado que las investigaciones las realiza Martín Casallo como número dos de la Fiscalía General, por orden de Eduardo Torres-Dulce. Sólo en caso de encontrarse irregularidades se procederá a remitir este asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que ésta le de un trámite procesal ante la Sala de lo Penal de este órgano.
   De momento, se analiza la documentación remitida este jueves de oficio por el órgano de gobierno de los jueces, que incluye todos los justificantes relativos  a los seis viajes realizados por Dívar a Málaga entre septiembre de 2010 y noviembre de 2012, que son los que han sido denunciados por el vocal José Manuel Gómez-Benítez.
   Fuentes del Consejo han explicado que la documentación remitida incluye los justificantes de diversos gastos abonados por el Consejo y también facturas pagadas por Dívar de su propio bolsillo. Se han entregado igualmente los informes firmados por la interventora y las peticiones de Gómez Benítez a la Secretaría General del CGPJ solicitando información sobre todos estos expedientes.
   Una vez Martín Casallo concluya su análisis, lo que se espera para la semana próxima, la Fiscalía General tiene tres posibilidades: archivar el asunto por no ver en él nada irregular, solicitar más documentación al CGPJ o bien remitir el asunto a la Fiscalía del alto tribunal para darle un trámite penal. De verse delito, el asunto sería competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
   De momento, y en espera de este análisis de la fiscalía, ni el CGPJ como institución ni ninguno de los vocales ha tomado ninguna iniciativa para llevar este asunto a debate a la Comisión Permanente que se celebrará el próximo miércoles. La consigna sigue siendo no hacer nada en espera de la posición del Ministerio Público, según las mismas fuentes.
   Dívar se mostró sorprendido por la denuncia por malversación presentada contra él e insistió en la  "diferenciación" entre gastos personales y los realizados con cargo al presupuesto del Consejo, que están "perfectamente documentados y justificados".
   A través de una nota pública de la Presidencia del CGPJ,  Dívar señalaba que todos sus gastos han sido "tramitados legalmente con la fiscalización de la interventora delegada de la Intervención General del Estado, una vez comprobada la corrección del gasto.

Partidarios de Garzón instan al CGPJ a investigar los nexos en la trama Gürtel

MADRID.- La plataforma de Solidarios con Garzón junto con asociaciones de la memoria histórica y un grupo de abogados han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que abra una investigación sobre la participación de magistrados del Tribunal Supremo en actividades retribuidas por empresas o despachos de abogados, entre ellos los defensores de la trama 'Gürtel', al considerar dicha vinculación "claramente perturbadora".

   Una quincena de representantes de los colectivos han entregado este jueves al órgano de gobierno de los jueces dos escritos en los que muestran sus "serias dudas" sobre el cumplimiento del régimen de compatibilidades y prohibiciones por parte de jueces del alto tribunal que intervinieron en los tres procesos seguidos contra Baltasar Garzón.
  El escrito, remitido al presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, señala que la relación "continuada" en actividades "evidentemente retribuidas" al servicio de "sociedades o empresas mercantiles públicas o privadas de cualquier género" puede crear "vínculos personales que perturben la necesaria imparcialidad sin han de tomar decisiones en procesos en que dichas entidades, directa o indirectamente, sean parte", lo que ve "preocupante" en su garantía de imparcialidad.
   "Todas estas cosas están desacreditando a la Justicia y nunca mejor dicho en un día como hoy", ha destacado la exdiputada y abogada Cristina Almeida a las puertas del Consejo.
  El primer texto cita a los magistrados Juan Saavedra, Miguel Colmenero, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza y Manuel Marchena y desglosa que intervinieron en masteres o cursos organizados, entre otros, por el Instituto de Práctica Jurídica 'Schola Iuris', la Universidad Rey Juan Carlos o la Fundación FAES, presidida por el expresidente del Gobierno y presidente de honor del PP José María Aznar.
   Además, añade, algunos magistrados han participado en eventos propiciados por la Fundación Wolters Kluwer, en cuyo consejo consultivo asesor figuran los exministros José María Michavila y Ángel Acebes.
  Cristina Almeida ha señalado que "fundamentalmente" la relación destaca "el nombre de Marchena porque es el que ha levantado la liebre sobre un posible cohecho por los cobros de Nueva York", la causa seguida contra Garzón por su participación en actividades desarrolladas en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York, financiadas por el Banco Santander, entre otras entidades.
   Al entender que ello no sólo afecta a la ética profesional de los jueces sino también a su imparcialidad, piden que se esclarezcan estos hechos por si pueden incidir en la validez de sus decisiones judiciales y, en consecuencia, a su posible nulidad.
   El segundo escrito hace referencia a la "generosa aportación" de entidades de crédito que reciben las asociaciones judiciales y que representan un "indudable beneficio económico" para los asociados respecto de gastos de hospedaje como de manutención. Aluden a patrocinios de congresos organizados por Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales o la Asociación Profesional de la Magistratura.
  "Es un ejemplo de cómo la magistratura, sin duda en consideración de sus cargos, es beneficiada por los poderes económicos mediante dádivas o regalos que aceptan de buen grado y que, como hemos dicho, reportan un indudable beneficio personal", dice, tras indicar que algunas entidades bancarias ofrecen ofertas a jueces.
   Los textos, suscritos por el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo o la abogada Cristina Almeida, instan a abrir diligencias informativas para conocer el número de actos y la cuantía de las retribuciones por razones de "justicia y transparencia".

Fallece el padre de Iñaki Urdangarin

MADRID.- Juan María Urdangarin Berriochoa, padre del Duque de Palma, ha fallecido la tarde de este jueves en su domicilio de Vitoria a los 79 años de edad tras una larga enfermedad, según informaron fuentes próximas a la familia.

La Reina y la Infanta Elena viajarán en la mañana de este viernes a Vitoria para dar el pésame a la familia del industrial vasco Juan María Urdangarin Berriochoa, padre del Duque de Palma, según ha informado Casa Real.
   Urdangarin Berriochoa ha fallecido la tarde de este jueves en su domicilio de Vitoria a los 79 años de edad tras una larga enfermedad. Casado con la belga Claire Liebaert Courtain, era padre de siete hijos, el sexto de ellos el actual esposo de la Infanta Cristina.
   El Duque de Palma viajó el pasado martes a Vitoria para visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado en las últimas semanas. Su esposa, la Infanta Cristina, ha recibido la noticia de la muerte de su suegro en Washington, residencia habitual del matrimonio, donde esta madrugada, hora española, ha asistido a una visita guiada a la exposición 'Joan Miró: la escalera de la evasión' en la National Gallery of Art.
   Se da por hecho, no obstante, que la Infanta Cristina se desplazará a España para acompañar a su esposo en el último adiós de su padre. En cuanto al resto de la Familia Real, ha sido la agenda oficial de actos la que ha llevado a decidir que sean Doña Sofía y su primogénita Elena quienes viajen a Vitoria para dar su pésame a la familia Urdangarin.
   Así, el Príncipe Felipe entregará este viernes al mediodía el galardón Camino Real del Instituto Franklin-Universidad de Alcalá al tenor Plácido Domingo por su contribución a potenciar la imagen de España en Estados Unidos en un acto que tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en el Paraninfo de la Universidad alcalina.
   El Rey aún permanece convaleciente de su doble operación de cadera del pasado mes de abril tras una caída fortuita cuando se encontraba en Botsuana y de momento no ha participado en ningún acto fuera del Palacio de La Zarzuela.
   De esta forma, únicamente la Reina Sofía y la Infanta Elena tenían disponibilidad para acudir este viernes a Vitoria a trasladar su pésame a la familia Urdangarin.

Cientos de policías británicos apoyan las protestas en contra de las medidas de austeridad

LONDRES.- Cientos de agentes de la Policía británica se han unido a las protestas organizadas por trabajadores de los servicios de Inmigración, Salud e Instituciones Penitenciarias, para rechazar las medidas de austeridad que el Gobierno pretende poner en marcha. 

   La Federación de la Policía ha estimado que unos 30.000 agentes han participado en las protestas en la capital inglesa, todos ellos utilizando un día libre para poder llegar a Londres, según ha informado el periódico británico 'The Guardian'.
   Phil Abbiss, miembro de la Federación de la Policía de West Yorkshire, ha dicho al periódico que la manifestación es una representación de la voz de los policías que protestan contra los recortes del 20 por ciento en los salarios que quiere imponerles el Ministerio del Interior.
   El Gobierno pretende hacer recortes al presupuesto de la Policía, permitir los despidos, reducir los salarios y aumentar la edad de jubilación.
   Los oficiales de Policía, que portaban pancartas con lemas como "Recortar la fuerza policial en un 20 por ciento es criminal", han marchado a paso lento ante al Ministerio del Interior y otras sedes gubernamentales, mientras hacían sonar sus silbatos.
   En respuesta a las protestas, el portavoz del primer ministro, David Cameron, ha declarado a 'The Guardian' que el Gobierno "heredó" una situación fiscal "muy dura".
 "Vamos a tener que hacer recortes de gastos en todos los ámbitos. Creemos que las reducciones en el gasto de la Policía son difíciles pero realizables y la Policía todavía tiene los recursos que necesita para hacer su trabajo", ha explicado.

Miles de jóvenes se movilizan contra los recortes en Educación

MADRID.-   Madrid, Sevilla, Zaragoza, Vigo... Han salido a la calle en defensa de una Educación y una enseñanza pública de calidad. Diferentes ciudades de todas las autonomías se han movilizado contra el ajuste de 3.000 millones de euros que el Gobierno aprobó tres días después de presentar los PGE. Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, ha tachado de "prejuicios" los argumentos de las protestas de las asociaciones de estudiantes, mientras que el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Thoil Delgado, ha añadido que no van a aceptar sin protestar lo que consideran unas "medidas salvajes".

   Wert ha señalado que respeta las movilizaciones convocadas por las asociaciones de estudiantes contra los recortes. "Yo respeto todo lo que son los derechos constitucionales, entre los derechos constitucionales está el de manifestación, así que desde ese punto de vista no tengo nada que decir", ha indicado.
   "Naturalmente no comparto en absoluto ninguno de los análisis ni de los juicios de valor que se están haciendo, de los prejuicios habría que decir, sobre las decisiones que se están tomando", ha señalado el ministro de Educación.
   En este sentido, Wert ha alegado que las medidas "vienen impuestas por unas exigencias de consolidación fiscal que este país ha asumido y que obligatoriamente tiene que cumplir" y que el Gobierno ha facilitado a las Comunidades Autónomas instrumentos para reducir el déficit "de la forma que nos ha parecido es menos perjudicial para la calidad del sistema educativo". "Naturalmente el tiempo dirá quién tiene razón", ha zanjado.
   De esta manera, ha restado importancia a las protestas de este jueves convocadas en toda España porque "en el caso de Madrid" sólo ha visto "alrededor de 30 personas" protestando "según las imágenes", algo que a su juicio demuestra que "hoy los estudiantes están más preocupados por estudiar y por sacar su curso".
   Además, Wert ha reiterado que no comparte la 'jornada de lucha' convocada en todas las comunidades autónomas por la Plataforma Estatal por la Enseñanza Pública, integrada por la Confederación Estatal de Padres de Alumnos (CEAPA), Sindicato de Estudiantes y sindicatos de profesores FE-CC.OO, FETE-UGT y STES-i, y tampoco la huelga general convocada el próximo 22 de mayo por los principales sindicatos.
   El ministro ha considerado un "disparate" y "absolutamente falso" decir que el Ejecutivo "está reduciendo el gasto público en educación entre un 25 y un 30%" para justificar las protestas y ha lamentado su "falta de voluntad de cooperación" con el Gobierno para encontrar "la solución" para "salir de una situación financiera muy complicada" para España.
   Así, ha insistido en que las comunidades autónomas están obligadas a reducir este año a la mitad el déficit que registraron en 2011 y ha dejado claro que, teniendo en cuenta que su gasto educativo "supone el 25% de su gasto total", resulta "muy difícil" que lo puedan hacer "sin lograr al mismo tiempo mayor eficiencia en su gasto educativo".
   También, Wert ha defendido que las medidas educativas planteadas por el Gobierno "tienen un amplio grado de flexibilidad".
 "Estamos hablando de legislación básica. Todo el mundo la va a cumplir porque tiene que cumplirla. Pero uno la puede cumplir aplicando el rango superior o el rango inferior", ha justificado.
   Unos 300 estudiantes de secundaria, según fuentes policiales, se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la madrileña calle de Alcalá. Lo que en un principio iba a ser una manifestación se ha quedado finalmente en una concentración inmóvil debido a que los organizadores han contado con menos asistencia de la prevista.
   "Lo más importante es la unión de padres, alumnos y profesores", ha afirmado el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Thoil Delgado, que ha subrayado a su vez el "acuerdo" de la comunidad educativa para secundar la huelga general de la educación pública del próximo 22 de mayo. "No vamos a aceptar sin protestar lo que consideramos que son unas medidas salvajes", ha añadido.
   Por su parte, el portavoz de la Confederación de Padres de Alumnos (CEAPA) y presidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos, ha pedido una vez más el "cese inmediato" del ministro de Educación y ha animado a los asistentes a secundar el paro del 22 de mayo.
   El presidente de FAEST, Fidel González, ha denunciado la subida "indiscriminada" de tasas universitarias que puede dejar a "miles de estudiantes en la calle", así como el "endurecimiento" de los requisitos para el acceso y mantenimiento de las becas que, según ha indicado, "rompe la igualdad de oportunidades". "Creemos que las becas van a pasar ahora a ser un privilegio y no un derecho", ha apostillado.
   Tras una pancarta con el lema 'En defensa de la Educación Pública. Los recortes para los banqueros', los estudiantes han gritado consignas en alusión a las relaciones del Gobierno con las entidades financieras en detrimento del sistema educativo. "Quitan 10.000 millones de sanidad y educación y nos enteramos esta semana que se los van a dar a la banca", ha denunciado Thoil Delgado.
   "Sí hay dinero, lo tienen los banqueros", "el dinero del banquero para el instituto obrero", "queremos becas, no hipotecas" ó "si no hay solución habrá revolución" son algunas de las consignas más voceadas en esta protesta que forma parte de lo que los convocantes han denominado 'Jornada de Lucha' contra los recortes.
   Mientras tanto, en Sevilla, varios centenares de estudiantes universitarios se han manifestado. Uno de los representantes del 'Movimiento Acción Estudiantil', Manuel Gómez, ha criticado la "agresiva" subida de tasas que prevé aplicar el Gobierno de la Nación a las matrículas universitarias porque, a su juicio, "o expulsa a los estudiantes del sistema universitario o los endeuda".
   Según este movimiento, se trata de "una manera de que los bancos hagan negocio a costa de los préstamos estudiantiles", por lo que defienden la Educación como "un derecho y un bien público, no una cuestión opcional ni un lujo".
   Por su parte, varios representantes de la 'Plataforma en Defensa del Estudiante Extra comunitario' han asegurado que se sienten "engañados" después de haber confiado en el sistema educativo español, por lo que muchos de ellos se van a ver obligados a volver a sus países de origen. "El precio es abusivo y nadie lo va a pagar porque sale más rentable estudiar en una (universidad) privada", ha lamentado y han añadido que "la ley es absurda, discriminatoria y racista".
   También, estudiantes aragoneses se han concentrado ante el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza para reclamar una Educación "pública, gratuita y de calidad" y rechazar las medidas propuestas por Wert.
   En la concentración, los universitarios han expuesto pancartas en las que se podía leer 'La universidad de todos. No al decreto ley 14/2012', 'Contra los recortes, huelga indefinida', 'La educación no se vende, se defiende' o carteles de venta y alquiler en los que figuraba el texto 'Se vende Educación. Razón: ministro Wert'.
   Además, miles de estudiantes de enseñanza media y universitaria de Galicia se han manifestado por las calles de diversas localidades. Las organizaciones sindicales de estudiantes han asegurado que la participación en la huelga ha sido "muy alta" en las tres universidades gallegas, mientras que en la enseñanza media, han señalado que el seguimiento tanto en el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria como en el Bachillerato "supera el 70 por ciento" en toda la Comunidad gallega.

España suprime 400 escoltas de los 1.000 que prevé eliminar

MADRID.-  El Ministerio del Interior ha anunciado la retirada en España de 400 escoltas que vigilan domicilios de presonas protegidas y ha adelanto que próximamente se suprimirán otros 100 de estas tareas y otros 500 que realizan labores de acompañamiento de personas. En total, un millar que se suman a los 425 escoltas de seguridad privada contratados por Interior y que ya fueron retirados en el País Vasco y Navarra. El dispositivo de escoltas, antes de su reordenación, suponía un total de 160 millones al año, según el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

   Según una nota de prensa hecha pública hoy por Interior, de esta forma se da inicio a la primera fase a nivel nacional del programa de reducción de escoltas que afectará, en un primer momento, a los agentes que realizan labores de protección estática (vigilancia de domicilios de personas protegidas).
  Esta reducción afecta al 52 por ciento de la plantilla de un total 774, lo que supone una disminución de algo más 400 agentes, que posteriormente se ampliará a otros 100 más.
  El grueso de esta medida afecta principalmente a los escoltas que prestan este servicio en la Comunidad de Madrid. Todos ellos pasarán, a partir de ahora, a realizar labores de seguridad ciudadana, según informa el Ministerio.
  Además, Interior adelanta que próximamente se ampliará este programa a los escoltas que realizan vigilancias dinámicas (labores de acompañamiento de personas protegidas). Esta reducción afectará a más de 500 agentes.
  Tras esta primera fase de reducción, los servicios de vigilancia en España han pasado de emplear a casi 3.000 escoltas (2.200 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 750 de seguridad privada, a cargo de los presupuestos de la Administración General del Estado) a algo más de 2.000, casi un tercio de reducción.
  A la disminución de los algo más de 400 policías y guardias civiles, que ahora pasarán a realizar tareas de seguridad ciudadana, hay que sumar los 425 escoltas privados contratados por el Ministerio del Interior que ya se redujeron en el País Vasco y Navarra.
   En total, este dispositivo daba protección antes de su reordenación a más de 1.550 personas y su coste superaba los 160 millones de euros al año.