MADRID.- Entre el derroche de Cataluña –que gasta un
millón de euros anual sólo en alquileres y personal al servicio de Jordi
Pujol, Pascual Maragall y José Montilla– y la sobriedad asturiana,
cuyos mandatarios pasan a ser ciudadanos de a pie sin un solo privilegio
al día siguiente de dejar el cargo, ser presidente autonómico en España puede ser o no un chollo para toda la vida en
función de una diáspora de tratamientos. Lo cierto es que el Estado
«regala» a algunos de los que lo han sido al menos dos millones de euros
al año entre despachos, coches, secretarias o pensiones, según 'Abc'.
El Principado, junto con Aragón, Baleares,
Canarias y Murcia, representa un extemo de austeridad diametralmente
opuesto al club de las Comunidades más ricas, cuyos mandatarios
sucumbieron a principios de la boyante década pasada a la tentación de
asegurarse, por si acaso, sueldo futuro y relumbrón con prebendas que pasan por despachos de apoyo, puestos en los muy bien pagados Consejos Consultivos, cesantías o jugosas pensiones.
Era el tiempo de Juan José Ibarretxe en el País
Vasco; Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana; Pujol en Cataluña o
Manuel Chaves en Andalucía, promotores fundamentalmente al final de sus
respectivos mandatos de derechos suntuarios que –según los datos
aportados por cada Administración– en ocasiones no se han estrenado. A
este club de primera clase nunca se sumaron quienes gobernaban en Madrid, pero sí se apuntaron José Bono en Castilla-La Mancha
y Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura, cuya Junta está hoy en
vías de extinguir todo el catálogo de ventajas a mayor gloria de sus
exmandatarios que tejió cuando la prosperidad parecía infinita.
Un repaso por el mapa de las regulaciones
diseñadas para distinguir a los expresidentes revela la vocación de
dotar de decoros a quienes ejercieron la más alta representación y de
proporcionarles recursos que les permitan seguir poniendo al servicio de
su Comunidad sus cualificadas experiencias. Aunque hayan sido de sólo
ocho meses. Es el caso de José Constantino Nalda, que gobernó Castilla y
León hasta julio de 1987 y disfruta desde 2003 de una nómina de 72.000 euros anuales
que puede alargar hasta 2019. Reflexión aparte merecería el valor que
los ciudadanos dan a lo que reciben a cambio de pagar sueldos similares u
oficinas cuyos titulares se dedican a la empresa (José Antonio Ardanza,
en Euskaltel hasta 2011), tienen un escaño (Montilla, en el Senado) o
viven de sus negocios privados. En la crisis actual, hay
administraciones que han empezado a recortar algunos de esos excesos.
A golpe de talonario
La panorámica del universo de los expresidentes autonómicos obliga a volver una y otra vez a Cataluña porque gasta en estas distinciones más que el resto de las Comunidades juntas.
Como publicó ABC esta semana,
dedica más de un millón de euros cada ejercicio sólo a pagar los
alquileres y el personal de las Secretarías abiertas, sin límite
temporal, en lo más exclusivo de Barcelona para Montilla, Maragall (310 y 312 metros cuadrados respectivamente en la Avenida Diagonal) y para Pujol (411
metros en el Paseo de Gracia), artífice en sus últimos meses en el
poder en 2003 de un régimen de prebendas frente al que palice el de
cualquier otra región.
Los Presupuestos catalanes especifican que en
2012 la factura de los tres despachos se elevó a 389.195 euros y la
nómina de jefe de gabinete y dos secretarias por cada oficina a 512.766
euros. Aparte hay que computar coche oficial y chófer, pero la
Generalitat no ha facilitado cifra alguna a este diario sobre su coste
ni el de otros muchos conceptos que engordan la cuenta que generan los
antecesores de Artur Mas. Su sueldo de 144.030,12 euros el año pasado –casi el doble que el de Mariano Rajoy– es referente
para calcular la paga equivalente al 80 por ciento (115.224 euros) a la
que los expresidentes tienen derecho durante un periodo igual a la
mitad del tiempo que permanecieron en el cargo. Pujol, por tanto, puede
disfrutarla hasta 2015, pero el gobierno catalán no despeja si lo hace. Montilla pudo cobrarla en 2011, aunque en 2012 optó por su sueldo de senador.
Cumplidos los 65 años, al alcance de todos ellos está una pensión
vitalicia de 86.418 euros (un 60 por 100 del salario de Mas), que en
caso de fallecimiento es transferible a sus viudas y, más allá, a hijos
menores de edad.
En realidad, el País Vasco fue la primera
Comunidad en abrir en 1999 la brecha de las prerrogativas para sus
exlendakaris con un decreto luego retocado en 2011 y
con un régimen de compensaciones mucho más reducido que Cataluña. Junto a
ella, es hoy por hoy la única autonomía en la que todos sus
exgobernantes mantienen despacho a cargo de los ciudadanos -José Antonio
Ardanza en Pamplona y Carlos Garaicoetxea y Juan José Ibarretxe en
Pamplona- con un coste que su Gobierno ha cifrado en 68.273 euros en 2012 sin
contar, eso sí, personal,coche y chófer. La suma incluye 45.023 euros
en alquiler, 2.500 en luz, 800 en agua, otros 800 en material y 16.950
en «locomoción y estancias».
Hay que precisar que la excepción la ha
inagurado Patxi López, que usa la oficina de su partido, el PSE. A lo
que tendrá derecho, como quienes le precedieron en la Lendakaritza, es a
pensión igual a la mitad del sueldo del presidente en ejercicio (97.519 euros en 2012) o a un complemento para alcanzar esa cantidad si ingresan cualquier otro tipo de jubilación.
Un ranking de los retiros de oro exigiría necesariamente situar aquí el que Juan Carlos Rodríguez Ibarra se diseñó en 2002 en Extremadura
y del que, en parte, hizo uso a través del despacho que estuvo a su
servicio en Mérida durante casi cuatro años y en cuya decoración gastó
1,6 millones de euros. Devolvió las llaves en 2011, cuando PP e IU se
aliaron para acabar con la regulación de privilegios, que además
comprende dos secretarias, chófer y cesión de coche oficial -que Ibarra
tiene aún disponibles en la Fundación que lleva su nombre-, amén de dos
años de cesantía y pensión vitalicia, que no ha solicitado. Se jubiló
como profesor universitario y desde 2011 tiene puesto por cuatro años renovables en Madrid, sentado en el Consejo de Estado.
En todo caso, Rodríguez Ibarra previó un sueldo
seguro consagrando el derecho a entrar en el órgano jurídico paralelo
de su propia autonomía, el Consejo Consultivo, como también se recoge en
la ley de 2003 que se aprobó en Castilla-La Mancha en la última etapa
de José Bono. Ninguno de ellos ha ingresado en esas instituciones,
ni tampoco sus sucesores: en Extremadura, Guillermo Fernández Vara es
jefe de la oposición en la Asamblea y, en Castilla-La Mancha, José María
Barreda es diputado nacional y renunció a toda pompa expresidencial.
En esta última región, el PP trató antes de
llegar al Gobierno de liquidar las prebendas, concentradas
particularmente en la Secretaría de apoyo con dos asistentes, conductor y
coche que Bono tiene en Toledo. Cuesta 160.890,11 euros al año y el expresidente puede disfrutar de ella sea cual sea su ocupación hasta 2024, lo que representaría un gasto total superior a los tres millones de euros.
Hay otras Comunidades que también contemplan en
su ordenamiento burós de representación, pero que nunca se han puesto
en marcha. Andalucía es el ejemplo más nítido: allí no
ha habido ocasión de aplicar lo previsto en una Ley de 2005 de Chaves
porque ni él -ministro y ahora diputado en Madrid-, ni los anteriores
presidentes lo pidieron, confirma la Junta andaluza. También que ninguno
se acogió a recibir la pensión vitalicia igual al 60 por ciento de la
retribución del presidente en ejercicio, aunque ese beneficio ya se
suprimió en 2011.
En la Comunidad Valenciana, la Secretaría de
apoyo que tramitó en tiempo récord Zaplana antes de ser nombrado
ministro en 2002 también permanece inédita. Sólo Francisco Camps ha invocado el estatuto de los «ex»,
pero para ejercer al derecho a plaza en el Consejo Consultivo
valenciano y tener un sueldo de 77.000 euros anuales, por el que ha
renunciado a la paga como diputado regional.
En la alta institución jurídica gallega está también desde marzo de 2010 y con horizonte hasta 2022 Emilio Pérez Touriño, que gana allí aproximadamente 72.000 euros brutos incompatibles
con cualquier otro ingreso, como la paga de cesantía de dos años que
podría haber ido a parar a su cuenta pero no reclamó. La letra de la
normativa de Galicia no menciona la palabra «despacho» ni «oficina»,
pero sí que se puede asignar a los expresidentes coche con conductor y
adscribirles un asistente, que Touriño sí tiene a su servicio.
Madrid, la excepción
La desaparición de todo lo que pudiera inspirar el montaje de despachos vitalicios o no para los expresidentes se cumple en la Comunidad de Madrid, excepción a ese club de autonomías poderosas que las regularon.
Aquella era coincidió con los mandatos de Alberto Ruiz Gallardón y,
después, de Esperanza Aguirre, que nunca desarrollaron un estatuto
específico para sí mismos o sus relevos. Al menos hasta 2007, cuando la
aprobación de la Ley del Consejo Consultivo sí les garantizó un trabajo
de por vida: el de miembros permanentes en ese órgano, condición de la
que goza hace poco más de un año Joaquín Leguina, a razón de 87.440
euros en 2012. También cuenta con una secretaria pagada por la Comunidad de Madrid,
que le acompañó incluso cuando se incorporó al Instituto Nacional de
Estadística, del que es funcionario, tras su etapa como diputado
nacional.
En Madrid los expresidentes pueden incorporarse cuando quieran al Consejo Consultivo,
mientras no desempeñen ningun empleo o cargo público. Ese impedimiento
se amplía al ejercicio de actividades privadas en el caso de la otra
autonomía donde el retiro en esa institución es el único beneficio
previsto para sus expresidentes, hasta que cumplan 75 años: Castilla y
León. Nunca pidieron ingresar José María Aznar, Juan José Lucas o Jesús
Posada, y sí los socialistas Demetrio Madrid (hasta 2011) y, como se ha
mencionado, Nalda.
Gratitud «low cost»
La geografía política entendida según el
aparato creado para distinción de sus mandatarios se completa con el
conjunto de autonomías donde no hay sueldos esperándoles en butacas
jurídicas, ni céntricos despachos desde los que figurar. Ni pensiones.
Cantabria tenía un complemento para que la paga de
jubilación particular de los expresidentes alcanzara el máximo legal y
la suprimió en 2012. Juan Hormaechea (1987-1990, condenado por
malversación) lo ha recurrido en los tribunales. Lo único que el
ordenamiento cántabro contempla hoy para quienes cesen es una indemnización equivalente a un mes de sueldo, siempre que el beneficiario no tenga otros ingresos.
Esa es también la fórmula a la que tienen derecho los miembros del Gobierno de Navarra que
dejan de serlo, in’cluido su presidente, con el añadido de una cesantía
igual al 80 por ciento de su nómina que pueden alargar hasta dos años,
pero que decae si existe retribución de cualquier tipo.
La Rioja tampoco distingue un
régimen para expresidentes separado del de sus consejeros: todos reciben
una prestación de 45 días por año.
Asturias, Aragón, Murcia y las islas, sin privilegios
En Asturias, quien deja de ser presidente pasa a ser un ciudadano, no hay «absolutamente nada» previsto en términos de privilegio
y «nunca lo hubo», señala su Gobierno. Tampoco en Murcia ni en Aragón
–que únicamente contempla el tratamiento de «Excelencia» con carácter
vitalicio– o en Baleares, donde el título de «honorable» se quedó en
2011 en el de simple «señor».
Canarias completa el quinteto de las autonomías sin
estatus especiales, aunque una ley de 1983 llamaba a establecerlo y en
2010 se propuso una dotación de sueldos y secretarias que nunca se
aprobó. En todas ellas se les reconoce un lugar protocolario de honor en
los actos oficiales.
