miércoles, 28 de febrero de 2018

La casa de lujo de Moragas en Nueva York: 11 habitaciones y pista de squash a costa del erario público español

MADRID.- La residencia del representante permanente de España ante la ONU, que desde enero ocupa Jorge Moragas, dispone de once estancias o dormitorios -cuatro de ellos de servicio- y una pista de squash, y su mantenimiento cuesta 12.291 euros al año, según explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

En ella, el Ejecutivo aclara a la diputada de ERC Ana María Surra que Moragas ocupará "la residencia oficial del Estado español" para la Representación Permanente de España ante la ONU, un inmueble que "es propiedad del Gobierno de España" desde 1972 y cuya función principal es "representativa".
La residencia, dice el Gobierno, "es el lugar donde se realizan actos oficiales y se aloja puntualmente a delegaciones de España en visita oficial y a otros miembros de la Administración del Estado", además de ser la vivienda del embajador. Por ese motivo "dispone de los servicios habituales para el adecuado desempeño" de esas funciones.
Así, tiene "almacenes, cuartos de instalaciones, un recibidor, cocina, pequeño comedor; un salón, un comedor oficial, un despacho, siete estancias/dormitorios, un trastero y cuatro estancias/dormitorios de servicio", y no tiene "piscina ni gimnasio" pero sí pista de squash.
Además, el Gobierno detalla que no dispone de vigilancia privada, ni de equipo de Policía o Guardia Civil, ni ha sido objeto de inversiones en materia de seguridad en los últimos años. Sí dispone de servicio doméstico, cuyo gasto es asumido por el Estado español como en todas las representaciones.
Sin embargo, la diputada de ERC no ha considerado suficientes las respuestas del Gobierno y pregunta cuáles son los "servicios habituales" que debe tener una residencia, y también cuántos miembros tiene ese servicio doméstico, cómo se seleccionó a esos trabajadores y si ha cambiado con la composición del nuevo embajador.
También, si Moragas ha hecho obras en la vivienda o ha comprado mobiliario, y por cuánto dinero; a qué responden los más de 12.000 euros de gasto anuales de mantenimiento y a qué se destinan los almacenes y cuartos de instalaciones y cuántos hay, así como el número de metros cuadrados totales de la residencia.
Por otro lado, a la vista de la respuesta del Gobierno, desea saber cuántas delegaciones de España en visita oficial ha alojado la representación en los últimos cinco años, y a qué miembros de la Administración. La diputada reclama el detalle de cada delegación por su finalidad, año de visita y coste ocasionado.
Por último, pregunta cuántos viajes del embajador de España ante la ONU o de su familia han sido pagados con dinero público en los últimos cinco años, con especificación del destino, beneficiarios, año y coste; y también si el embajador dispone de coche oficial y cuánto cuesta tal servicio, incluido el conductor.

Tampoco hubo malversación / José Antich *

Un reciente informe enviado por el gobierno español al juzgado número 13 de Barcelona asegura que no ha habido malversación de dinero público en la organización y celebración del referéndum del pasado 1 de octubre. Aunque el documento ha tenido que ser elaborado por cargos de la Generalitat tutelada por Madrid, a la hora de la verdad el remitente no ha sido otro que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro. 

 La noticia es relevante, ya que si los presuntos delitos que les imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en diferente grado de participación a los miembros del Govern son los de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, habrá que ver cómo construye un alegato acusatorio a medida que esos hipotéticos delitos van cayendo. 

Y no solo cómo lo formula en el escrito acusatorio final, sino también en la euroorden que dirija a Bruselas para pedir la extradición del president Puigdemont y también en el caso de los cuatro consellers que le acompañan en la capital comunitaria, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig.

El retraso del gobierno español en el envío del informe ha permitido dar por sentado durante mucho tiempo que la partida de cinco millones que se habilitó en los presupuestos de la Generalitat con el epígrafe de "consultas electorales" había sido destinada por parte de la Generalitat a organizar el 1-O. 

Los altos cargos del Govern lo habían ido negando por activa y por pasiva, pero el documento del Ministerio es en este sentido taxativo. Ni desvío de dinero ni, por lo tanto, malversación de fondos públicos. Veremos qué uso acaba haciendo el juez Llarena de este informe, pero este hipotético delito tiene a partir de ahora un grado de dificultad probatorio mucho más complicado.

De los otros cuatro presuntos delitos, diferentes juristas han venido sosteniendo que los de rebelión y sedición no se daban. El primero lo ha cuestionado incluso el expresidente Felipe González y los otros dos, personalidades del mundo judicial tan poco sospechosas de sintonía con el independentismo como el exfiscal José María Mena o el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. 

Mena y Pallín no son los únicos pero en cualquier caso simbolizan un punto de vista concluyente desde una mirada muy distante ideológicamente. Ello da una idea del arduo camino que le espera a Llarena en Bruselas si acaba impulsando la euroorden por todos los delitos que maneja o en el caso de la dirigente de la CUP y exdiputada Anna Gabriel exiliada en Suiza y sobre la que también ha señalado que emitirá una orden de detención y extradición llegado el momento.

Y es que, al final, cuesta ver algo más que desobediencia en el caso que nos ocupa y eso es muy poco para todo el aparato político y judicial que se ha puesto en marcha para actuar contra el independentismo catalán. Y eso cada vez hay más gente que lo ve. Dentro y, sobre todo, fuera de España: en esa Europa en la que un día sus tribunales tendrán que juzgar también este caso.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia



Duelos y quebrantos de lujo / Ramón Cotarelo *

En días pasados Palinuro advertía de que los Borbones, generalmente poco leídos y este en concreto, que aun parece serlo menos, no conocen los Espejos de príncipes. Tampoco parecen conocer otras fuentes de información, como los periódicos, las televisiones o las redes y dan la impresión de contar con gabinetes de información y asesoría poblados por pollinos.
 
 ¿A quién se le ocurrió la idea de enviar al rey a Barcelona estando los ánimos como están? ¿Qué se pretendía? ¿Humillar, provocar más a los catalanes en medio de una revolución? Menuda metedura de pata por la que, como siempre, no dimitirá nadie (ni falta ya que hace) porque para gente tan obtusa la rebelión ciudadana de Barcelona contra el rey no ha existido. 
 
Como no existieron la consulta del 9N, el referéndum del 1-O, la declaración de independencia ni la reforma protestante. Además, si leen sus pasquines, miran sus televisiones o escuchan sus radios, sabrán que la inauguración del Mobile ha sido un éxito punteado por muestras populares de adhesión a la Corona y hasta una manifestación de españoles monárquicos que convocó una decena de personas.

Para el resto del planeta, la visita del Borbón ha sido un sondeo demográfico sobre el cerrado rechazo que la Monarquía despierta en Cataluña y que ahora, gracias a los corresponsales extranjeros, ya conoce todo el mundo.

La huida del Borbón a la noche en un lamentable pies para qué os quiero, dejó flotando en el aire barcelonés el himno de Riego y en las calles la realidad de una república imparable.

Aquí la versión castellana, que trata de eso:

El amargo día del Borbón

La visita de Felipe VI a Barcelona para la inauguración del Congreso de Móviles fue un visto y no visto. Pero sí muy oído. Durante todo el accidentado recorrido del Rey, la ciudad vivió en un tumulto de segundo plano, continuo, a veces visible, a veces invisible.  Nadie salió a recibirlo con vítores y palmas.
 
 Los recorridos reales transcurrieron por plazas y calles vacías, cortadas y desalojadas por la policía y los mossos d’esquadra que se emplearon a fondo en varia ocasiones, cargando contra la gente que estaba haciendo lo que suele hacer la gente: estorbar a los poderosos que quieren pasear por donde no los quieren. El centro de Barcelona parecía en estado de sitio.

Los efectos sonoros fueron constantes. Si no de vista, los barceloneses obligaron al Borbón a tragarse su presencia auditiva. Durante toda la jornada repiquetearon las cazuelas y sartenes, los pitos y matracas, se oyeron gritos contrarios a la Monarquía y favorables a la República, un sordo y encrespado rumor que llegaba hasta los salones y comedores en que trascurrieron los desagradables actos de la inauguración, como si fuera un cuadro de Umberto Boccioni, Llegan los ruidos de la ciudad
 
 De una ciudad, de un país republicanos que quisieron hacer patente este sentimiento al rey de España, de visita ingrata al territorio en el que sus fuerzas del orden, habían dejado más de mil heridos unos meses antes por querer vivir en democracia. En una sola jornada, se ha visto que el Borbón es tan rey de Cataluña como lo es de Jerusalén, título que también ostenta con la misma eficacia aproximadamente.

El valor simbólico de este acto de desacato y rechazo masivo, generalizado, es inmenso. Es como un anuncio de un nuevo Delenda est Monarchia! orteguiano. El Rey se volvió por donde había venido, dejando tras de sí una docena más de heridos (tradición borbónica de entrar a saco en tierras catalanas) y un desprecio y rechazo colectivos en el que se aunaban las manifestaciones callejeras más ruidosas con los desplantes más gallardos de las autoridades barcelonesas y catalanas que se negaron a rendirle pleitesía. Nadie de relieve fue a besarle la mano excepto alguna alcaldesa socialista reciclada en cortesana periférica.

Los rostros, los gestos, las miradas que echaban fuego constituyeron la mímica, bastante ridícula a ratos, de este acto protocolario y provocador que solo pretendía aplastar la naciente República Catalana con la presencia de un monarca nada bienquisto. ¿Qué cómo se sabe? Porque el CIS ha dejado de preguntar por la valoración ciudadana de la Corona  en sus sondeos y barómetros. Al Borbón no lo quiere casi nadie en España y, menos aun en Cataluña. Es el último representante de una dinastía de trayectoria tan triste como ridícula, reestablecida por un dictador genocida y del que toda la sociedad espera que sea eso, el último y, a ser posible, breve.

Ahora que la familia del dictador anda de mudanza, tratando de colocar en el mercado el Pazo de Meirás, una de las propiedades que pillaron en el pasado, sería bueno que metiera en el lote la corona, el trono y el armiño de un rey que no tiene ni idea del país que pisa, empezando por ignorar que no es uno, sino dos. Una monarquía que hiede a franquismo, como recuerda uno de esos exministros semizombies del dictador cuando dice con perfecta sinceridad y exactitud que si se deslegitima el franquismo, se deslegitima la Monarquía. Pura lógica cartesiana, dado que el monarca español lleva el estigma del terror y la barbarie franquistas hasta en la Corona.

Por algo ni él, ni su padre (que se educó como edecán de Franco), ni el gobierno de turno, ni su partido (que es también y sin disimulo el partido del rey) han condenado jamás el franquismo. Sería como condenarse a sí mismos, que son hechura del dictador delincuente. Ni lo harán. Desaparecerán irredentos por el escotillón de la historia  a partir de la ya imparable revolución catalana. Si no en el Estado español, en el que los republicanos siguen refugiados en los cenáculos literarios, sí en Catalunya, cuyo espíritu y condición republicanas quedaron bien claros en la infausta jornada barcelonesa del Borbón humillado.

Cada vez más clara la distancia, la cesura, la separación, el cleavage entre la España monárquica y la Cataluña republicana. Suele decirse que a la República Catalana le pasa lo que al caballo de Orlando, que tenía todas las virtudes excepto la de la existencia. Con mayor razón del Rey de España que no es que vaya desnudo por Cataluña sino que, simplemente, no va o, si va, ha de volverse con el rabo o la corona entre piernas.

A monarquía vacante, República triunfante. A Rey ausente, República presente. El monarca y sus cortesanos del 155 (PP, PSOE, C’s y, en menor medida pero pujando, Podemos) harán los planes que quieran para sus dominios, reformas constitucionales, reformas electorales, apaños aquí o allá, remiendos y zurcidos en el andrajo español para ver si tira hasta las próximas elecciones y se puede seguir engañando a la gente, haciendo pasar una dictadura personal de un personaje inepto por un Estado de derecho . 
 
En Catalunya se ha abierto una era que los franquistas en el gobierno y en la oposición en España son incapaces no ya de detener sino simplemente de entender. Igual que la virreina catalana y su cipayo delegado no entendían nada de lo que pasó en Cataluña en un eco lamentable de la “noche triste” de Cortés, cuando los españoles se vieron obligados a retirarse de Tenochtitlán.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Bruselas hace campaña para convencer a los bancos sobre la conveniencia de los corralitos

BRUSELAS.- Las negociaciones a nivel europeo para aprobar una herramienta legal que permita a las autoridades supervisoras y de resolución aplicar corralitos temporales a los depósitos (y otros pasivos) de las entidades en problemas siguen adelante a pesar de las discrepancias entre los distintos grupos parlamentarios y el rechazo frontal mostrado por las principales organizaciones que agrupan el sector financiero internacional, según publica hoy Expansión.

Las autoridades europeas dan por hecho que, pese a las dificultades, se aprobará algún tipo de moratoria que en el futuro pueda evitar los riesgos en los que sí se incurrieron durante la pasada crisis de Banco Popular, que tuvo que ser resuelto y vendido a Santander en la noche del 7 de junio, sin disponer apenas de alternativas ante el hecho de que la entidad no podía abrir sus puertas al día siguiente.
Pero además de vencer, las autoridades aspiran a convencer de la conveniencia de los corralitos a un sector bancario que desde un primer momento se ha mostrado frontalmente contrario a una medida como esta, argumentando para ello que entre otros perjuicios provocaría huidas masivas de depositantes en cualquier entidad de la que se tuvieran sospechas de estar en problemas, así como efectos negativos para la economía en su conjunto.
En los últimos meses, los sectores bancario y financiero han celebrado distintos encuentros a nivel europeo y español en los que se ha abordado, entre otros aspectos, la cuestión de las moratorias a los depósitos. En los mismos, según explican a Expansión Directo Banca fuentes presentes en las mismas, las autoridades (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Junta Única de Resolución...) están tratando de mandar un mensaje de tranquilidad al sector y están aprovechando distintos encuentros y jornadas del sector para lanzar sus argumentos.
«En el caso de Popular, aunque todo funcionó, hubiera estado bien tener unos días más para trabajar con más tiempo. La moratoria, en este sentido, dará a los inversores más confianza que el marco actual. ¿Por qué? Porque es una medida que ha de pasar por los legisladores y esto dará certidumbre a los mercados», explica una fuente próxima a una de las autoridades de resolución europeas. Esta herramienta, añade, sería más predecible de lo que es ahora y ayudaría a unificar criterios en la zona euro, ya que actualmente hay países como Alemania que sí disponen de ella, mientras otros como España no.
«Es menos probable que haya salidas masivas de depósitos [como ocurrió en Popular] si todos los actores del mercado saben que la moratoria es por un tiempo limitado máximo», advierte esta misma fuente. En el caso de España, es el Tesoro quien está actuando como interlocutor con el sector para convencerles de lo apropiado de una medida como esta para evitar posibles salidas masivas de depósitos en entidades que puedan entrar en fase de resolución (o en prerresolución).
Madrid, el pasado 9 de febrero, fue sede de una de las últimas jornadas del sector, centrada en la resolución bancaria, y uno de los encuentros aprovechados por las autoridades para defender la idoneidad de una medida como los corralitos temporales a los depósitos. Con la presencia de representantes del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), de la JUR y del Frob (la autoridad española de resolución), entre otros organismos, fuentes presentes en este encuentro señalan que el asunto de las moratorias fue uno de los que más atención y desencuentros concitó.
La falta de acuerdo respecto a los pormenores (duración, pasivos afectados...) de estos hipotéticos corralitos no solo se sitúa en el sector privado. Fuentes conocedoras del reciente encuentro celebrado en Madrid indican que, mientras que desde el Frob se abogaba por desarrollar una herramienta de moratoria que le otorgara unos poderes específicos lo más amplios posibles (es decir, afectando también a los depósitos garantizados), desde el Banco de España, en cambio, la posición no sería tan favorable, aunque el BCE, sin embargo, es un entusiasta defensor.
El desencuentro entre autoridades deja entrever, según distintas fuentes financieras, que la tramitación de esta moratoria para los depósitos no será precisamente rápida. La falta de acuerdo entre los grupos del propio Parlamento Europeo tampoco es una señal positiva. Este martes se debate en la Eurocámara una propuesta por parte del ponente (Gunnar Horkmark), aunque la división existente incluso de forma interna entre las propias formaciones (socialistas y populares, por ejemplo) hace prácticamente imposible que haya un acuerdo.
La propuesta que se debate este martes contempla, entre otras características, que la herramienta de moratoria se pueda aplicar a todo tipo de pasivos, incluidos los depósitos garantizados, con excepción de las obligaciones de pago de los distintos operadores interbancarios. Estos corralitos, de aprobarse, tendrían una duración máxima de dos días laborales y solo se podrían aplicar por parte de las autoridades de resolución tras consultarlo con la autoridad supervisora competente (BCE o Banco de España, por ejemplo).
Además, los distintos países de la zona euro deberán comprometerse a aprobar una normativa nacional para poder aplicar este mismo tipo de moratoria (o superiores) en aquellas entidades que en vez de resolución se vean sometidas a procedimientos de insolvencia ordinarios.

Unidos Podemos pide que los ayuntamientos puedan izar la bandera de la II República en sus fachadas

MADRID.- Unidos Podemos, a iniciativa de Izquierda Unida, ha registrado este martes en el Congreso una proposición para reformar la Ley de Banderas y permitir que las administraciones puedan colocar enseñas no oficiales, como la de la II República, de manera temporal, en sus fachadas.

En la propuesta presentada en la Cámara Baja por el diputado Ricardo Sixto piden que, "respetando la ubicación y preeminencia establecida en la ley para la bandera de España y el resto de banderas oficiales, y sin alterarlas de forma alguna, las administraciones podrán colocar de forma temporal enseñas, banderas, símbolos históricos, distintivos y cualquier otra manifestación gráfica de la libertad de expresión sin mayor limitación que la que sea de aplicación a cualquier espacio público y la establecida en la legislación sobre el respeto a los derechos fundamentales, derechos humanos y memoria histórica".
En concreto, desde Unidos Podemos apuestan por modificar el artículo 6 de la Ley de Banderas en una propuesta que ha sido elaborada después de que la Justicia haya fallado contra dos ayuntamientos valencianos, el de en Buñol y Barxeta, que colocaron la bandera republicana para conmemorar el día 14 de abril el año pasado.
Si se aprobase esta proposición, se podrían colocar banderas de clubes de fútbol, de todo tipo de festejos... pero también generaría un problema. Por ejemplo, un ayuntamiento catalán se podría acoger a esta propuesta para exhibir la estelada durante un tiempo en su fachada.
El diputado de IU Ricardo Sixto ha desviado las preguntas sobre este tema asegurando que sólo estarían vetadas las enseñas que incitaran al odio y no estuvieran amparadas por la libertad de conciencia.

martes, 27 de febrero de 2018

La prensa española victimiza a Felipe VI por los lazos amarillos

BARCELONA.- Como si de delincuentes se tratara, la prensa española vuelve a dedicar hoy gran parte de su información política a cargar contra los líderes del procés, mientras se llena —de nuevo— de elogios para el rey Felipe VI por su papel en la cuestión catalana, sobretodo desde su discurso del paro de país del 3 de octubre, que ignoraba por completo a los heridos por la policía española durante la jornada del referéndum del 1-O, como ha hecho desde entonces con todo lo relacionado con los ataques a la democracia sufridos por la política catalana, así como por la ciudadanía de Catalunya, según un análisis de www.elnacional.cat

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vuelve a ser el centro de las miradas de los diarios de Madrid, que la critican con fuerza por, a su juicio, ponerse al lado del soberanismo y "actuar en contra de los intereses de los ciudadanos". También aparece la posibilidad de que Jordi Sànchez sea el candidato de JxCat para presidir la Generalitat, cosa que acabará guiando a Catalunya "por los cauces de la autodestrucción", al mismo tiempo que vuelve a salir la figura del Monarca por haber sido recibido con lazos amarillos por parte de algunas personalidades catalanas en el pabellón del Mobile World Congress (MWC) de Catalunya.

Fijándose, como ya viene siendo habitual, solamente en los beneficios que el Estado español puede sacar del MWC, vuelven a lanzar la advertencia de que la situación política que vive Catalunya puede desplazarlo a otro país del mundo. Y lo hacen sin tener en cuenta que, por ejemplo, Telefónica defendió ayer Barcelona como "el mejor lugar del mundo" para el Mobile, que el director de Fira de Barcelona dejó claro que no ve peligro en el futuro del Mobile o que el propio director del Mobile Barcelona Capital ya aseguró el domingo que "el plantón al Rey no nos afecta".

Sectarismo y populismo

"El separatismo pacta hacer presidente al preso Sànchez". Este es el título con el que El País abre su portada de la edición en papel, que va aún más allá en su editorial bautizado como "Sectarismo intolerable", donde emplazan a las instituciones catalanas a "hacer su trabajo y no populismo", mientras les atribuyen la capacidad de ser los únicos que pueden "cerrar las heridas", así como de "recuperar la normalidad democrática" y la "convivencia armónica y civilizada que cimente el bienestar de los ciudadanos".

Convencidos de que España "vive en un estado de derecho desde la Transición", el diario citado vuelve a llenarse de elogios hacia el rey Felipe VI por "no solo haber sabido cumplir con su cometido, sino además explicárselo didácticamente a quien ignora el suyo". Pero eso no es todo. Tienen claro que si aún no hay Govern formado no es por culpa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, sino por "las divisiones entre las formaciones independentistas que suman mayoría en el Parlament", pero también por "la obstinación de Puigdemont en su empeño de ser investido president a pesar de haber huido de la justicia".

Por todo ello consideran que tanto el presidente del Parlament, Roger Torrent, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se han "equivocado de ventanilla" porque "en lugar de reclamar en donde corresponde, han elegido al Rey como blanco de sus reproches, en una actitud cargada de sectarismo, populismo, pésima educación y, sobre todo, incapacidad para distinguir sus ideas particulares del cargo institucional que ambos ocupan". Justamente en este punto, vuelven a insistir, como ya hacían ayer, que Colau "actúa en contra de los propios intereses de los ciudadanos a los que debe representar" poniendo en riesgo, por ejemplo, la continuidad del Mobile World Congress.

A su juicio, tanto Torrent como la alcaldesa de la capital catalana están "liderados" por Puigdemont "en sintonía con las escaramuzas en las calles y el bloqueo político" y cargan contra ellos por no tener la fuerza política suficiente como para "generar un nuevo conflicto que ni Catalunya ni Barcelona merecen". Y es en ese momento que vuelven a felicitar a Felipe VI por su discurso del 3 de octubre cuando, siempre según su punto de vista, "tuvo que trasladar un mensaje de firmeza y confianza a todos los españoles para atajar cualquier tentación de imponer la independencia".

La tribu de la autodestrucción

Destacando que "La Generalitat se burla del 155 y recibe al Rey con lazos amarillos", El Mundo critica a la edil de la Ciudad Condal en su editorial titulado "Colau o el regreso de la tribu", donde ponen de relieve que "la responsabilidad a veces consiste en ignorar las provocaciones, pero en la mayoría de los casos exige tomarlas en serio y darles respuesta firme".

Como el diario anterior, este también se llena de alabanzas a Felipe VI por, "en aras del interés general de Catalunya y de toda España", haber "defendido su permanencia en Barcelona al precio de recibimientos hostiles y desplantes bochornosos del nacionalpopulismo, actitud que retrata a la vez la mediocridad de sus correligionarios y la dignidad del jefe del Estado".

Con estos argumentos bajo el brazo, aseguran que "el soberanismo discurre por los cauces de la autodestrucción, lo que obliga al constitucionalismo a proteger Catalunya primeramente de aquellos que más dicen amarla" y aprovechan la ocasión para cargar contra el Gobierno de Mariano Rajoy por no haber aplicado con suficiente fuerza la norma suprema y no haber destituido al secretario catalán de Telecomunicaciones, Jordi Puigneró, "cuando anunció su desafiante plantón al Rey".

Pero esta vez, y según su visión de las cosas, Colau "merece un capítulo a parte". Y lo merece por "sus desaires al Estado con demagógica cuquería, entre el electoralismo ostentoso y la docilidad privada", pero también porque "su sentido institucional, si alguna vez lo tuvo, fue ahogado por el sectarismo". Un "sectarismo" que, aseguran, demuestra cómo "ha renunciado a la representación de todos los barceloneses en beneficio de la minoría que aplaude su repertorio gamberro". ¿Su conclusión? La tienen clara: "El comercio y las instituciones se inventaron para superar a la tribu. Pero hay quien añora el primitivismo".

Pulso al Estado

La Razón, de su lado, que publica hoy que el Supremo prohibirá a Jordi Sànchez salir de la prisión para su investidura, reclama "un presidente serio" para Catalunya. En su editorial, se lamentan de que "el único avance producido es que alguien que está encausado por sedición y rebelión se ponga al frente de la Generalitat" y, precisamente por eso, cargan contra Sànchez porque, a su parecer, "todo indica que persisten en mantener el pulso al Estado, seguir con el plan de ruptura y situar a las instituciones de autogobierno en la inestabilidad permanente".

En este sentido, instan a Sànchez a "no seguir comparándose con un miembro de ETA que tuvo el permiso del TSJ de Navarra para salir de la cárcel, en 1987, para pronunciar su discurso de investidura como candidato a lehendakari", en referencia a Juan Carlos Yoldi, que fue candidato de Herri Batasuna mientras estaba en prisión preventiva.

Por todo ello aconsejan que "si lo que se busca es apaciguar un enfrentamiento que se extiende demasiado en el tiempo", no sigan por este camino porque, subrayan, "desde el punto de vista legal no hay salida". Así pues, advierten, la posible candidatura de Sànchez "sobre el que recaen graves acusaciones, supondría apostar por la inestabilidad".

Si la opción para la presidencia de la Generalitat es hacer a Sànchez president efectivo y a Puigdemont president simbólico, los de Francisco Marhuenda tienen claro que "está claro que Catalunya seguirá en una situación de bloqueo, sin un gobierno que se ocupe de los problemas de los ciudadanos".

650 juristas de toda España denuncian en Europa la vulneración de derechos en Catalunya

BARCELONA.- Nueva denuncia al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa contra la vulneración de derechos humanos en Catalunya por parte del Estado español durante la jornada del referéndum del 1-O, impulsada por el Colectivo Praga y que suscriben 650 juristas de toda España.

El informe enumera todos los palos en las ruedas que el Gobierno de Mariano Rajoy ha ido poniendo a Catalunya, a sus instituciones y a sus ciudadanos, como, por ejemplo, usar la vía de la judicialización para evitar dialogar con los representantes catalanes, la represión "con serias vulneraciones de derechos y libertades" o la suspensión de la autonomía, entre muchísimas otras cosas.
Tras repasar la jornada del referéndum, el cómo se llegó hasta allí y lo que pasó luego, el Colectivo Praga recuerda que el Ejecutivo convocó elecciones en Catalunya bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución española, y que, aún así, no se ha tenido en cuenta el resultado de la voluntad de los millones de catalanes que votaron ese 21-D.

Derechos reconocidos

Precisamente por todo ello piden al comisario "una investigación independiente y completa" de la vulneración, sobretodo, de los derechos de libertad de expresión y de reunión, de ser elegido y de no ser discriminado por opiniones políticas, el derecho a la libertad, al juez imparcial, a la doble instancia en el ámbito penal y a la preparación de la defensa. Derechos que están contemplados por el mismo Consejo de Europa de Derechos Humanos (CEDH).
Y no solo eso. También exigen "la prohibición de tratos degradantes" y reclaman el principio de legalidad penal, uno de los más importantes en derecho penal y que predica que no hay delito ni pena sin ley previa y, en este caso, no la hay.
En este sentido apuntan al hecho de que la imputación por los delitos de rebelión, sedición y malversación "no es sostenible a la luz del tenor literal de la ley penal y de la consolidada jurisprudencia sobre tales delitos" porque, aseguran, "no se cumple con el estándar de 'previsibilidad' y de interpretación 'estricta' en materia penal que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)".
El informe detalla punto por punto cada actuación que constata la vulneración de estos derechos y lo justifica con los artículos correspondientes de las distintas leyes en las que aparecen.

¿Qué piensan los catalanes de la monarquía? / Sergi Alcàzar *

La cacerolada y el plantón institucional al Rey en la cena de inauguración del Mobile World Congress evidenció el rechazo que genera el Monarca en la sociedad catalana. El clima de enorme tensión por la llegada del Monarca a Barcelona no resulta extraño si se observa la baja popularidad de la Corona, que recibe un suspenso mayoritario por parte de los catalanes.

El último barómetro de opinión pública del Centre de Estudis d'Opinió (CEO), que recogía el clima político posterior al 1-O, evidenciaba el malestar de la sociedad catalana con el monarca español, que en su discurso posterior al referéndum no hizo ninguna mención —ni condena— respecto de la violencia policial en la jornada del referéndum, que dejó un balance de más de 900 heridos.

Una amplia mayoría, seis de cada diez catalanes (60,3%), no tiene ningún tipo de confianza con la Monarquía y le da a un 0 sobre 10, lo que confirma la tesis del rechazo masivo a la Corona. Pero es más: prácticamente cuatro de cada cinco (77,9%) la suspenden, es decir, le dan una puntuación de cuatro o inferior. De hecho, en cómputo global, los catalanes otorgan a la institución un paupérrimo 1,82, medio punto menos que en el barómetro anterior (2,36).

Comparar estas cifras con la popularidad en el conjunto de España es hoy por hoy muy complicado. Y es que el CIS —el equivalente del CEO para el conjunto del Estado— no pregunta sobre la Monarquía desde hace prácticamente dos años [en abril del 2015], diez meses después del nombramiento del rey Felipe. Quizás tiene que ver con que la última vez en que se va pregunta la Corona, el indicador 'ninguna confianza' (0) llega al 21,7% de los españoles. Un rechazo histórico a España.

Sin apoyos 

El Rey y su familia ni siquiera aprueban entre los catalanes a más veteranos, que son más conservadores. De hecho, un 58,6% de los ciudadanos mayores de 65 años lo suspenden (un 45,9% le otorgan un 0). La puntuación de confianza en esta franja de edad ni siquiera llega a un 3: se queda en un 2,82 de media. Por el contrario, la franja de 25 a 34 años es la más beligerante con el Monarca.

La monarquía es, gracias a este bajo apoyo, la institución menos valorada a Catalunya. Y después de la intervención policial y la represión de las instituciones, la Corona no consigue superar otras instituciones rechazadas por el sector soberanista como el gobierno español (2,03), el Tribunal Constitucional (2,76) o la Policía Nacional y la Guardia Civil (3,40).


(*) Periodista



Carta al rey de España / Jordi Galves *

Señor, que vuestra augusta majestad tiene una particular predilección por la ciencia política y por la buena gobernanza de vuestro reino, de acuerdo con los principios ilustrados, es bien notorio. 

No en vano, apenas proclamado monarca constitucional, hicisteis cambiar de vuestro despacho de gobierno el retrato de vuestro antepasado Felipe V por otro más significativo, el del rey Carlos III, el rey alcalde de Madrid, el monarca partidario del fomento económico y del avance permanente de las ciencias, aunque, cabe decir también, que su sincera preocupación por el pueblo fue la misma de todos los ilustrados. La de la máxima preocupación por el pueblo pero sin contar para nada con el pueblo. 

En este sentido, siendo como sois conocedor de las limitaciones del sistema democrático parlamentario actualmente vigente, el cual, tiene el peligro de desentenderse de la sociedad, de recluirse y aislarse en sí mismo, como durante los reinados de vuestros antepasados Alfonso XII y Alfonso XIII, formalmente y ceremonialmente democráticos pero que, en realidad, sólo perpetuaron el dominio de las oligarquías económicas y de los intereses de las sociedades anónimas por encima de las necesidades de la sociedad española en su conjunto.

Tampoco ignora vuestra real persona que el pueblo catalán, actualmente incluido dentro del conjunto de los pueblos de España, ni pertenece ni ha pertenecido jamás a la cultura castellana, abusivamente y tradicionalmente llamada española y que, por lo tanto, más allá de la legítima reivindicación política de independencia por parte de muchos de vuestros actuales súbditos, Catalunya constituye nítidamente una sociedad diferenciada y perfectamente identificable. 

Los catalanes, Señor, no somos ni mejores ni peores que otros pueblos de vuestro reino, pero tenemos rasgos diferenciales bastante importantes para subrayar una vez más que la distinción entre catalanes y no catalanes es política y socialmente útil y que, además, concuerda plenamente con la realidad de las cosas. El hecho vivo de Catalunya, tal como lo denominó Francesc Cambó ante vuestro antepasado el rey Alfonso XIII, no es una idea reciente ni espuria. No apareció al calor del malvado nacionalismo catalán del XIX, ni tampoco fue una perversa invención de unas determinadas oligarquías egoístas para romper una hipotética nación natural y milenaria llamada España.

Si nos remontamos, por ejemplo, hasta la Edad Media, origen de vuestros derechos dinásticos, veremos que las identidades colectivas e individuales eran fenómenos muy diferentes a los que hoy podemos constatar, pero ciertamente tan vivos como hoy. Dignos también de atención y de interés. Y podemos ver claramente que la cultura política de Catalunya era ya entonces muy diferente de la de Castilla, como testimonia una conocida anécdota recogida en la Crónica de vuestro antepasado catalán, el rey Pedro el Ceremonioso.

 Su padre y también antepasado vuestro, Alfonso el Benigno, habíase desposado en segundas nupcias con Leonor de Castilla, reina dominante y autoritaria, incapaz también como tantos antepasados vuestros, de comprender y de aceptar la diferente cultura política de la nación catalana. El caso es que, con motivo de las donaciones hechas a la nueva reina por parte del rey Alfonso, estalló una feroz revuelta en Valencia, comandada por Guillermo de Vinatea. Y mientras que el rey se esforzaba por encontrar una solución de compromiso, la reina irritóse enormemente reclamando a su marido que la rebelión debía abordarse de manera contundente y sanguinaria, sin contemplaciones. 

Sus palabras, según la Crónica fueron estas: “Señor, esto no lo consentiría el rey don Alfonso de Castilla, nuestro hermano, que él no los degollara a todos.” Inmediatamente se escuchó la respuesta del monarca catalán:Reina, reina, el nostre poble és franc (lliure) e no és així subjugat com és lo poble de Castella; car ells tenen a Nós com a senyor, e Nós a ells com a bons vassalls e companyons. 

El derecho a la palabra libre e incluso a la confrontación política con el monarca forman parte de una manera de entender la jerarquía y la administración legítima del poder muy catalana. Sería bueno, Señor, para vuestro buen hacer y benéfico reinado que no menospreciarais en nada la moral del episodio.



(*) Medievalista



https://www.elnacional.cat/es/opinion/jordi-galves-carta-rey-espana_243141_102.html

Puigdemont pide un acuerdo para desplegar la República y gestionar la autonomía

GANTE.- El president, Carles Puigdemont, ha asegurado este martes que no tiene "vocación de símbolo", a la vez que ha instado a encontrar un acuerdo entre las fuerzas independentistas que permita "seguir desplegando la República catalana y seguir gestionando un gobierno autónomo".

"Tenemos que encontrar una solución para seguir desarrollando la República catalana y seguir gestionando un gobierno autónomo", ha expresado en un acto en Gante (Bélgica) organizado por la sección juvenil del partido liberal flamenco Open VLD al cual han asistido un centenar de jóvenes.
De esta manera, Puigdemont ha defendido su apuesta por encontrar una solución que permita un gobierno bicéfalo con una dirección en Bruselas, dedicada a desarrollar la República, y otra en el Palau de la Generalitat, para gestionar la autonomía. El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, es el nombre que las negociaciones han situado encima de la mesa como posible candidato a liderar el Govern desde Catalunya.
Puigdemont ha hecho estas declaraciones después de ser preguntado por si ser considerado como un líder "simbólico" puede ser una solución para desencallar la situación política a Catalunya. "No tengo vocación de símbolo", ha contestado.
Ha argumentado que su "autoridad" proviene del Parlament y ha continuado su explicación afirmando que si la Cámara toma la decisión de no investirle como president acabará su mandato. No obstante, ha advertido que "la única autoridad que puede tomar esta decisión es el Parlament".
Además, preguntado por cuáles son los próximos pasos dos meses después de las elecciones del 21 de diciembre, Puigdemont ha asegurado que las fuerzas independentistas están "cerca" de conseguir un acuerdo para formar un gobierno en Catalunya.

Podemos e IU coinciden en despegarse de la marca Unidos Podemos para las autonómicas

MADRID.- Podemos e IU llevan semanas manteniendo contactos informales para negociar la confluencia con la que competirán en las elecciones de 2019 y, aunque aún no han bajado aún al detalle de nombres o candidaturas, coinciden en el objetivo de buscar una marca “que sume” e identifique a todos.

La decisión va a corresponder a los inscritos en cada uno de los territorios, según recuerdan fuentes de la formación morada, que niegan que IU les haya trasladado que la “marca Podemos” pueda ser un lastre en las próximas citas electorales.
Insisten en que, a día de hoy, la marca y las candidaturas no son un asunto que esté sobre la mesa, aunque son conscientes de que hay voces en la formación de izquierdas que apuestan por despegarse del nombre de Unidos Podemos, con el que concurrieron a las generales del 26J.
Aquella fue únicamente una alianza nacional, ya que en los comicios municipales de 2015 el partido de Pablo Iglesias no concurrió con su propia marca, sino con otras formaciones en candidaturas de unidad popular; y en las autonómicas, IU y Podemos se presentaron por separado.
De tal forma que ahora, de cara a las municipales, autonómicas y europeas de 2019, lo tienen todo por explorar, y eso ha acrecentado el debate sobre la marca que imprimirán en las papeletas, asunto que la dirección morada recalca que no ha empezado ni a plantearse.
IU ya alertó a principios de año del “desgaste” preocupante de Podemos en los sondeos y urgió al partido de Pablo Iglesias a redefinir antes de Semana Santa los términos de su confluencia para diseñar una alianza en la que Alberto Garzón pide más visibilidad.

Podemos cae en Andalucía e IU sube

El Estudio General de Opinión Pública de Andalucía conocido este lunes, en el que Podemos cae en esa comunidad 6 puntos y medio hasta el 10’5 por ciento, mientras que IU sube 2’6 hasta el 8,3, ha reforzado a quienes creen que hay sectores de la izquierda “desmovilizados”, y ese debe ser el objetivo en los próximos meses.
De momento, los contactos que Podemos ha mantenido con sus aliados de IU y otras fuerzas como Equo se han centrado en poner en común y pensar juntos cómo afrontar una “operación de alta complejidad”, que implicará a más de ocho mil municipios, además de coincidir con las elecciones autonómicas y europeas.
Lo único que tienen totalmente claro en ambos lados es “la voluntad política” de confluir y pueden quedar meses para que empiecen a hablar de nombres y candidatos.
A esto hay que sumar que en último término serán los inscritos en cada territorio los que tomen esa decisión, y eso puede dar lugar a que no en todas las localidades se presenten con el mismo nombre, que en algunas decidan apostar por otra marca, como ya hicieron en otras convocatorias, o que incluso haya pueblos o ciudades donde no descarten concurrir como Unidos Podemos. Y luego están las particularidades de las confluencias en cada territorio.
No es lo mismo la relación que mantienen en Andalucía la alianza entre la coordinadora de Podemos, Teresa Rodríguez, y el líder de IU, Antonio Maillo, que las confluencias que pueda construir en Madrid el potencial candidato de la formación morada, Íñigo Errejón.
Errejón no ha oficializado aún su candidatura, pero tiene claro el beneficio de formar tándem desde la Asamblea de Madrid con Manuela Carmena en el ayuntamiento de la capital.
Hay otras incógnitas por resolver, como si se repetirá la alianza con Compromìs en la Comunidad Valencia, que no parece que tenga ya tantos partidarios; o qué pasará en Baleares, donde fuentes de la dirección de Podemos reconocen que un buen perfil como candidato puede ser el del juez y diputado Juan Pedro Yllanes.
Para la formación morada, además, será la primera vez que se enfrente al reto de unas elecciones municipales y eso les hace querer atar las cosas bien y despacio, porque queda más de un año para los comicios.
Aunque Iglesias recientemente insistía en que el nombre no va a ser el problema: “A mí la cuestión de los nombres me parece secundario. Si hay que cambiar las cosas, se cambian, eso no va a ser ningún problema“, decía el 9 de febrero en una entrevista en TVE.

Garzón incendia Twitter con su 'hachazo' al "ciudadano Felipe de Borbón"

MADRID.- "El ciudadano Felipe de Borbón dice que está para defender la Constitución. Y casi toda la prensa se hace eco sin crítica alguna y sin preguntarse: ¿cuándo ha defendido un Borbón los derechos sociales y civiles que aparecen recogidos en la Constitución? Es claro: NUNCA", según recoge http://www.huffingtonpost.es.

"¿Cuándo ha defendido un Borbón los derechos sociales y civiles que aparecen recogidos en la Constitución?". El coordinador de IU, Alberto Garzón, ha incendiado Twitter al plantearse esta cuestión, después de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciese pública este lunes la charla que mantuvo con el rey Felipe VI antes de la cena de inauguración del Mobile World Congress.
Durante esa conversación, el monarca le dijo a Colau que su obligación era "la defensa de la Constitución", después de que la primera edil de Barcelona le echase en cara la "falta de empatía bestial" de su discurso del pasado 3 de octubre, dos días después de la consulta ilegal del 1-O.
Tras plantearse esta pregunta, Garzón se responde a sí mismo con letras mayúsculas: "Es claro: NUNCA".
La palabras del líder de IU, que en pocas horas tienen más de 3.200 retuits y 5.600 'me gusta', han abierto un intenso debate en la red social.

lunes, 26 de febrero de 2018

El Tribunal de Cuentas reclama 100.000 euros a Nacho Villa por malversación en la televisión manchega

MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha reclamado 100.000 euros al exdirector general de Radio Televisión Castilla-La Mancha, Ignacio Villa, y al exdirector financiero y de Recursos de la cadena pública, Ramón Villaverde, por presunta malversación al perdonar a una constructora 90.000 euros, según publica este lunes el diario ‘El País’. La presunta irregularidad se cometió durante la presidencia de María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa.

Según el acta de liquidación de este organismo, estos hechos son calificados provisionalmente como presuntamente irregulares, ya que no efectuaron esa retención en concepto de penalización.
El presunto alcance se establece de manera previa y provisional en 89.184 euros a los que hay que sumar los correspondientes intereses legales, hasta llegar a los 105.038 euros.
La instructora del caso llega a hablar de “negligencia” en las actuaciones, ya ordenaron el pago de la factura total aunque se estaban tramitando acciones judiciales, algo que “no tiene sentido”.
Esta actuación se inicia en virtud de una denuncia del actual secretario general del ente público, Francisco Medel Cárceles, presentada en noviembre de 2016 y en la que puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, detallando que el retraso en la finalización de las obras se tasó en 48 días, a razón de 1.858 euros por día de retraso.
La gestión de Villa al frente de Radio Televisión Castilla-La Mancha estuvo salpicada por la polémica. Su sueldo bruto anual era de 120.000 euros, dietas aparte, y se le acusó de contratar a 35 directivos que cobraban 90.000 euros anuales. 
La entrada del PSOE en el Gobierno regional tras las elecciones autonómicas de 2015 llevó a los socialistas de Emiliano García-Page a denunciar que Villa había dejado un “agujero” de 8 millones de euros en el ente público.

Cospedal, la 'influencer' que ha tejido en 10 años una tupida telaraña estatal

MADRID.- Entre sus virtudes no se encuentra la oratoria, no sabe comunicar; en los anales del periodismo está escrito con mayúsculas aquella famosa metedura de pata del “finiquito en diferido”; tampoco es una gran gestora, como lo prueba el fracaso al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, ni una líder política capaz de engrasar la maquinaria de un gran partido como es el Partido Popular, hoy por hoy, sumido en una preocupante depresión, dice de ella www.elplural.com

Sin embargo, ha demostrado ser una avispada “influencer” política y saber colocar a un nutrido grupo de personas de su máxima confianza en los puestos clave de la Administración General. 
En diez años, la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha sabido tejer una tupida y compleja telaraña que abarca los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) del Estado de Derecho, por lo que es raro encontrar un departamento importante que se escape al control de la también secretaria general del PP.

Cultivando amistades en la judicatura
Desde que en 2006 Mariano Rajoy la enviara a Castilla-La Mancha para hacerse cargo del partido tras el portazo de José Manuel Molina, y dos años después de que contra todo pronóstico la eligiera para llevar las riendas de la Secretaría General del PP, María Dolores de Cospedal no ha dejado de cultivar sus amistades en la Judicatura, y raro eran los actos de toma de posesión de los presidentes y fiscales de las audiencias provinciales castellano-manchegas sin su presencia.
 Aún es más, cuando contrajo matrimonio en segundas nupcias con el otrora “príncipe” del ladrillo, Ignacio López del Hierro, el presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Manuel Gutiérrez, fue testigo del enlace y uno de los pocos invitados al “bodorrio” del año (2009), entre los que se encontraban también Mariano Rajoy y Miguel Arias Cañete.

“Siempre será Concha”
Pero lo más sonado de las “amistades peligrosas” de Cospedal en el mundo de la Justicia, fue su relación con la magistrada Concepción Espejel, “la que siempre será Concha”, dijo la ministra en un acto de condecoración de la que años después sería recusada por su proximidad al PP y apartada de los juicios de corrupción que se siguen en la Audiencia Nacional contra la formación política que dirige M. Rajoy, y donde Espejel preside la Sala de lo Penal, acto al que asistió el miembro del Consejo General del Poder Judicial y en su día magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Gerardo Martínez Tristán, esposo de la exconsejera del Gobierno de Cospedal en CLM, Marta García de la Calzada, en la actualidad abogada del Estado en el Tribunal Supremo. Suma y sigue…

Agencia de Protección de Datos
Cospedal siempre estuvo preocupada por mantener el anonimato de sus negocios y posesiones, y sobre todo salvaguardar y proteger la cada día más deteriorada imagen pública de su marido, Ignacio López del Hierro, su “talón de Aquiles”. Tal vez por eso, llevó a cabo una hábil gestión para colocar al frente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), máxima autoridad estatal de control encargada de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, a una de sus amigas del alma y compañera de pupitre, Mar España Martí, exviceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas de su Gobierno en Castilla-La Mancha (2011-2015). 
Y es que Cospedal denunció a medios de comunicación por publicar documentos que acreditaban sus riquezas y posesiones en tierra de Don Quijote. Denuncias desestimas, aunque no sabemos qué pasaría de presentarse en la actualidad.

Justicia e Interior
Pero al margen de sus amistades con jueces y fiscales, sus verdaderos peones en la estructura del Estado son los titulares de los ministerios de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, respectivamente. Del primero es conocido su servilismo por ser un cunero en tierras castellano-manchegas, ocupando en la actualidad uno de los dos escaños que tiene el PP por la provincia de Cuenca. Catalá es uno de los grandes apoyos con los que cuenta Cospedal en el Consejo de Ministros frente a su “enemiga íntima”, Soraya Sáenz de Santamaría.
Pero donde verdaderamente ejerce de “influencer” la secretaria general, además del Ministerio de Defensa, con hasta seis altos cargos toledanos en nómina, es, sin lugar a dudas, en el Ministerio de Interior, con su amigo, confidente y compañero de batallas políticas, Juan Ignacio Zoido, que junto a Cospedal mantienen un pulso cainita contra Javier Arenas y la vicepresidenta del Gobierno por hacerse con las riendas del PP en la comunidad andaluza.
El último “fichaje” de Cospedal en Interior es Juan Carlos Ortiz Argüelles, excomisario general de Extranjería y Fronteras, policía muy cercano a Cospedal que fue jefe superior de la Policía en Castilla-La Mancha y que desde hace unos meses ocupa la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. ¡Ojo a este cargo!

Un “topo” en el Ministerio de Empleo
La secretaria general del PP ha intentado siempre situar a las personas de confianza en destacados puestos, como en Educación, donde el secretario de Estado, Marcial Marín, es de su total confianza, o en exteriores, con su exconsejera de Agricultura al frente del Liceo Español de Roma, o en la Comisión Europea, con su íntimo amigo Miguel Arias Cañete, actual Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, o en el propio partido, con destacados fieles en el Comité Ejecutivo.
Sin embargo, donde existe cierto “mosqueo” por parte del equipo cercano de Fátima Báñez, según fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social consultadas por elplural.com, es con la directora general del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Carmen Casero, exconsejera de Cospedal y considerada por nuestras fuentes como el “topo” de la secretaria general del PP en el Ministerio de la que es considerada amiga de Javier Arenas, cuyo nombre no ha dejado de sonar para ser candidata del PP en Andalucía y ser presidenta del partido en la comunidad. Basta decir que Cospedal y Arenas se han jurado enemistad eterna.

No te quieren, Felipe / Ramón Cotarelo *

Pero, ¿a quién se le ocurre? Solo a estos, tan necios que se creen sus propias mentiras. La primera de todas, la más evidente, la más palmaria: que el independentismo, el antimonarquismo, el republicanismo catalanes son cosa de cuatro elementos resentidos y antiespañoles. Bastará con descabezar (sic) a los líderes para que baje el suflé. Además son unos cobardes que se arrugan ante la justicia y se dan prófugos o presos. Es una mentira que, como el rinoceronte de Ionesco, acabará ocupando todo su ya escaso espacio mental.

Cualquiera diría que, con el recibimiento que ayer tributó Barcelona a Felipe de Borbón, esa mentira ha estallado como una pompa de jabón. Se presenta como el soberano que visita la colonia (tierra conquistada) a la que acaba de disciplinar por la violencia y se encuentra solo, junto a sus fieles servidores españoles, la vicepresidenta y el delegado del gobierno, de quien se dice que llevaba una corbata VERDE. 
Nada de representación institucional de los indígenas. Solo el ruido de una ciudad que no lo quiere y se lo dice. La regia mano se quedó sin besar salvo por la alcaldesa de L'Hospitalet. Luego, la cena, un suplicio, frente a un presidente del Parlament con el lazo amarillo en la solapa y que no tuvo el detalle de aplaudirle el discurso. Ese en el que se entrevé la amenaza de que, si no se le besa la mano (él lo llama "lealtad institucional"), el Congreso Mundial de Móviles se irá de Barcelona
 Hasta para las amenazas es lento. El director del Congreso ya había aclarado por la mañana que ellos piensan seguir en Barcelona, sin cuidarse poco ni mucho del rey porque es gente seria de negocios y va a dónde hay negocio y no donde solo hay arrogancia e ineptitud.

Pero no importa, esta gente incomprensible seguirá a lo suyo porque se creerán sus mentiras según las repiten sus medios: que hubo algo de cacerolada y enfrentamientos entre indepes y constituionalistas y numerosas muestras de apoyo y cariño al rey. Sus televisiones hablarán del triunfal recibimiento, darán las palabras del rey en close up y, si te he visto, no me acuerdo. Buena ocasión para que las redes se rían a mansalva de unos medios cuya función no es otra que mentir.

Lo que no pueden evitar estos genios es que las imágenes estén en las redes y en las noticias internacionales: muchedumbres abarrotando calles y plazas, contenidas por la policía que volvió a apalear, aunque de modo menos bestial que el 1-O, calles vacías por la noche, a la salida de la comitiva real, with the blue lights flashing across the night, ruido atronador de cacerolas, silbatos, pitos. Los mossos, que se emplearon a fondo, despejaban las calles, esto es, el suelo, pero no el vuelo y por las ventanas abiertas sonaban las sartenes y hasta el himno de Riego a todo volumen, con vivas a la República. 
Esas imágenes son ya virales, están en el hashtag #destronemlo. De minoría de cuatro iluminados, nada. Son las imágenes de un pueblo que no quiere al Rey, que ha estallado a fuerza de apaleamientos y humillaciones a manos de gentes corruptas e ineptas pero brutales que desconocen lo fundamentos mismos de la política democrática. Un pueblo que está haciendo una revolución de nuevo tipo, algo que los españoles, según se ve, sean de derechas o de izquierdas, son incapaces de entender.

Solo a ellos se les ocurre porque, además de creerse sus propias mentiras, tienen una idea de la realidad que no se parece en nada a la realidad. Como son oligarcas, señoritos y franquistas de toda laya, creen que se puede apalear a la gente impunemente; creen que el rey puede aplaudir el apaleamiento sin que pase nada; que se puede ir al juez a mentir, diciendo que no hubo apaleamiento, que los jueces puede llegar al delirio de sostener que los apaleados son culpables y responsables de su apaleamiento. No están bien de la cabeza. 

En todo caso, son peligrosos. Palinuro decía ayer que  "Todos, hasta el rey, saben que el rey va desnudo. Por fuera y por dentro. No entiende nada de lo que pasa. Ni por asomo. Está lleno de ira y despecho, con lo que cada vez se ciega más." Son, sí, peligrosos. Vete a saber qué darán ahora en tramar. Qué harán, ahora que el rey ha comprobado que quizá sea formalmente rey de Catalunya, pero no de los catalanes. 

Seguro, segurísimo que no se le ocurrirá pedir perdón por lo pasado, como le dice Puigdemont. Faltaría más. Su antepasado entró en Catalunya a sangre y fuego. Este ya ha derramado (y sigue derramando) la sangre; y el fuego, según se mire. Porque los catalanes harán cosas, pero los españoles son muy y mucho españoles. 

A lo mejor no son mentiras sino una incapacidad neurótica de entender la realidad.


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El vacío / José Antich *

El rey Felipe VI tuvo que hacerse acompañar de las autoridades del Estado durante su primera visita a Barcelona. Ese es, sin duda, el principal titular del vacío dispensado por las autoridades catalanas cuando llegó este domingo al Palau de la Música para presidir la cena de gala del congreso internacional de telefonía móvil. 

Si dentro del Palau fue el vacío, en el exterior del coliseo musical la noticia fueron las ruidosas protestas. Hasta diez calles adyacentes habían sido acordonadas por los Mossos d'Esquadra para impedir el acceso de los manifestantes al perímetro oficial. Tan solo la Via Laietana estaba despejada desde su acceso sur para que pudiera acceder sin problemas de tráfico la comitiva oficial. Vacío institucional, protestas en la calle y cassolada importante en muchísimos municipios de Catalunya para hacer evidente la protesta por la visita. Así transcurrieron las dos primeras horas de la estancia real en Barcelona.


Por si alguien tenía dudas, el clima de malestar expresado después del discurso del Rey del pasado 3 de octubre persiste de una manera importante en Catalunya. El espectacular operativo policial y las protestas así lo reflejan. Hay un antes y un después de aquel 3 de octubre, de la supresión de la autonomía en Catalunya, de la destitución del Govern y del exilio del president y cuatro consellers a Bruselas y la posterior entrada en prisión del resto del Ejecutivo catalán. 

Por no hablar de la prisión de los Jordis y las citaciones en calidad de investigados de varios cientos de alcaldes y la represión del referéndum del 1 de octubre. Ante todo ello, la Corona, lejos de cumplir un papel arbitral, ha tomado partido de una manera nada dudosa.


Las elecciones del 21 de diciembre han repetido la mayoría independentista y nadie parece haber asumido desde Madrid que las viejas recetas ya no valen. El discurso del monarca -10 párrafos en inglés, 3 en castellano y 3 en catalán- , ajeno a cualquier contingencia, pasó de largo de la situación política. Y no aparece ninguna referencia temporal en el texto, que bien pudiera ser el mismo que leyó la última vez. 

En la mesa presidencial, aunque no en el sitio que le tocaba, ya que estaba ostentosamente excluido de su posición, el president del Parlament, Roger Torrent, con lazo amarillo en la solapa, no aplaudió la intervención del jefe del Estado. Sí que lo hizo, en cambio, la alcaldesa Ada Colau, muy acostumbrada a hacer una cosa y la contraria al mismo tiempo. Desde Bruselas, el president Puigdemont había advertido por la mañana que el Rey sería bienvenido a Catalunya cuando pidiera perdón. Algo que obviamente no se produjo ni parece que se vaya a producir.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


Imputan a ocho constructoras por un desfalco de hasta 60 millones en el AVE a Murcia

MADRID.- La Justicia ha imputado a ocho grandes constructoras por el presunto desfalco de hasta 60 millones de euros en la construcción de tres tramos de la línea del AVE a Murcia. El auto, emitido por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Murcia el pasado 5 de febrero, cita como investigadas a Acciona, Construcciones Villegas, Dragados, Hormigones Martínez, Tecsa, Sacyr, Neopul y Constructora San José. En su escrito, la jueza Olga Reverte considera que estas sociedades pudieron ser "posibles autores/cooperadores necesarios de los delitos continuados de estafa y falsedad documental", según adelanta El Español.

Según la tesis de los investigadores, estas sociedades participaron en el desvío de dinero público mediante facturas infladas por los trabajos de recolocación de regadíos a lo largo del trazado del AVE a Murcia. Desde 2016, la Justicia investiga los sobrecostes de 60 millones de euros que supusieron estos trabajos, abonados por la empresa pública Adif. 
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este diario, recuerda que la reposición de los canales de regadío se realizó mediante los llamados "expedientes de gasto", otorgados por las comunidades de regantes afectadas pero abonados directamente por la empresa pública que controla las infraestructuras ferroviarias en España. 
En este caso, la Justicia ha imputado ya a varios responsables de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri y el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, las entidades que concertaban las obras.
La mayoría de los trabajos fueron contratados siempre a la misma sociedad: Obras Marimar SL, que cargó 71 millones de euros en facturas por esos conceptos, cuando Adif había presupuestado solo 11 millones. Después, según la tesis de los investigadores y los testimonios de varios de los investigados, ese dinero era repartido entre responsables de Adif, las comunidades de regantes y otras personas que presuntamente participaban en la trama.
Ahora, la jueza considera que las constructoras que recibieron por concurso esos tramos pudieron, al menos, colaboradores necesarios en este presunto desfalco. De media, las obras sufrieron incrementos de coste que alcanzan el 626%. El tramo San Isidro-Orihuela rompió todas las estadísticas con un sobrecoste del 1.544%. En el caso del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, el aumento de dinero público fue del 3.109%. Aun así, las facturas se abonaron.

Un peritaje sobre sus facturas

Para confirmar de forma preliminar la posible responsabilidad de las constructoras, el juzgado pidió un informe pericial sobre la documentación entregada con los principales contratistas. La conclusión del informe judicial revela que el montante presuntamente malversado por el grupo de constructoras podría oscilar entre los 7,3 y los 22 millones de euros. 
Ese es el diferencial entre las facturas presentadas por las distintas sociedades a Adif y los costes reales que han podido acreditar de forma preliminar ante la Justicia por esos mismos trabajos. 
En el caso de la Constructora San José, por poner un ejemplo, el diferencial entre las facturas cobradas y los gastos demostrados es de 3,3 millones de euros de dinero público. Una cifra cercana a lo que habrían facturado de más según el escrito judicial contructoras como Sacyr o Neopul, titulares del tramo entre Orihuela y Colada de la Buena Vida.
Sin embargo, según refleja la instructora en su escrito, si esos mismos datos se cruzan además con las facturas presentadas por la empresa Obras Marimar, que fue la que sirvió de excusa a las grandes constructoras para girar sus gastos, la desviación real podría llegar al 57% y la cantidad de dinero público presuntamente malversada, superar los 22 millones.

domingo, 25 de febrero de 2018

López del Hierro: vida y sumarios del marido de Cospedal


MADRID.- El 8 de julio de 1997, un tal 'López H' entregó 15 millones de pesetas al Partido Popular para que cebara su caja B. En noviembre de 1998, 'López Hierro' ingresó 4 millones de pesetas en la contabilidad secreta de la formación. Así lo reflejó Luis Bárcenas en los papeles que sirvieron para abrir el caso de la financiación irregular del PP, según publica eldiario.es

Álvaro Pérez, lugarteniente del jefe de la trama Gürtel,  se preguntó el martes en el Congreso por qué el empresario Ignacio López del Hierro nunca ha estado imputado si aparece en los ‘papeles de Bárcenas’ como “atizante”, como uno de los que fue al PP a “soltar el mondongo”. Con esas expresiones tan castizas, ‘El Bigotes’ se refería a la práctica seguida por grandes constructores del país consistente en entregar dinero negro al partido político cuyos cargos decidían entre quién repartían la obra pública.
Pérez aclaró que él solo estaba aludiendo a los papeles de Bárcenas, no fuera a ser que le acusaran de “difamación”. No ha servido de mucho. Al día siguiente, el aludido anunció una querella. “Judicialmente nunca se ha demostrado que los supuestos donantes López H y López Hierro tuvieran que ver con Ignacio López del Hierro, básicamente porque es mentira”, recogía el comunicado remitido a los medios.
La Audiencia Nacional  considera acreditada, de forma indiciaria, la existencia de una financiación irregular del PP durante las dos décadas, el periodo que abarcan las anotaciones del extesorero. La UDEF constató en un informe escrito a las pocas semanas de que arrancara el caso que ‘López H.’ y ‘López Hierro’ eran la misma persona, Ignacio Javier López del Hierro, marido desde 2009 de la actual secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
La afirmación de ‘El Bigotes’ es compatible con el hecho de que López del Hierro no haya llegado a estar imputado en el caso de la financiación irregular del PP. El motivo de por qué no figura su nombre entre los empresarios imputados en el caso de la caja B es la prescripción del posible delito. 
Las presuntas anotaciones sobre López del Hierro se remontan a los años 97 y 98, mientras que la causa se abrió en 2013. Para entonces, los nueve delitos que la acusación popular le atribuía indiciariamente, entre ellos el cohecho, habían ‘caducado’ judicialmente, según coincidieron la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Pablo Ruz.

Cinco años de los ‘papeles de Bárcenas’

El próximo miércoles se cumplirán cinco años de la presentación de la querella de Izquierda Unida y otras asociaciones que dio origen a la pieza separada de Gürtel conocida como ‘papeles de Bárcenas’ o ‘caja B’ del PP. A esta se unió otra del Observatori Desc. Ambas se basaban en la documentación manuscrita que había publicado El País el 31 de enero anterior y que evidenciaba un sistema de cobro de supuestas mordidas y pago de sobresueldos en el corazón del Partido Popular.
Las dos querellas iban dirigidas contra dirigentes del partido, y también contra los empresarios donantes, pero en ninguna de las dos aparecía el nombre de Ignacio López del Hierro. “Simplemente, no reparamos entones en su importancia”, rememora uno de los letrados de la acusación popular. La ausencia de ese nombre, en plena vorágine por el estallido del mayor caso de corrupción asociado al partido conservador, fue remediada más tarde.
Al mes siguiente de la apertura de la pieza separada, el informe de la UDEF identificaba a López del Hierro con las anotaciones de Bárcenas y apuntaba los cargos que ocupaba en el momento de haber entregado presuntamente el dinero al PP: apoderado de Constructora Continental desde 1991; directivo de Construcciones y Gestiones de Servicios (CGS); también del Grupo ONCE en los años de las donaciones, 1997 y 1998; consejero de Renta Corporation Real State; consejero de Newco y consejero ejecutivo de Metrovacesa.
El 15 de julio de 2013, una vez encarcelado, Luis Bárcenas lanzó el mayor proyectil contra el PP de toda su historia.  El extesorero reconocía la financiación irregular del Partido Popular, de la que él fue mano recaudatoria, durante al menos veinte años. Entre los nombres que identificó en su declaración se encontraba el de Ignacio López del Hierro.
Izquierda Unida planteó una ampliación de querella que fue admitida solo en parte por Ruz. En un auto fechado el 4 de diciembre de 2013, el magistrado argumentaba su negativa a imputar al empresario en el hecho de “no concurrir, de forma indiciaria, indicios alguno de responsabilidad penal, en atención a la antigüedad de las fechas en las que se les atribuyen los movimientos económicos reflejados en los documentos contables objeto de la instrucción, que habría de determinar la prescripción de los delitos invocados”.
Esta decisión permitió a López del Hierro escapar de la ronda de declaraciones como imputados de una veintena de empresarios. La causa contra los constructores fue archivada finalmente porque no era posible demostrar que el dinero aportado al PP fuera a cambio de una adjudicación concreta, requisito para establecer el cohecho.
Quien sí acabó ante el juez, pero solo como testigo, fue De Cospedal. Las acusaciones populares, auténtico motor de la causa de la caja B, intentaron preguntar a la secretaria general del PP por las menciones a su marido en los papeles de Bárcenas. “No es pertinente”, zanjó el juez Ruz cuando Mariano Benítez de Lugo, de ADADE, y Gonzalo Boye, de Observatori Desc, intentaron plantear la cuestión. La testigo dijo no tener problema en contestar. “No es él”, tuvo tiempo de responder.
El sustituto de Ruz, el juez José de la Mata, atendió en marzo de 2017 a la petición de las acusaciones populares y  acordó la reapertura con el acuerdo de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las revelaciones que el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y uno de los empresarios que pactó con el Ministerio Público, realizaron durante la vista oral del primer gran juicio de Gürtel.

Los mismos “intereses” que el clan Pujol

López del Hierro no ha dejado de aparecer desde entonces en otros escritos policiales y sumarios de distintas causas. Un atestado de la UDEF en el caso Pujol, fechado el 5 de mayo de 2017, vincula a López del Hierro con con una red de intermediación y cobro de comisiones en África. En el listado de empresas figura Ibadesa Cat SL, sociedad en la que, según el informe policial, "habrían estado representados los intereses de Jordi Pujol Ferrusola [el primogénito de la familia Pujol], Ignacio Javier Lopez de Hierro, José Joaquín Herrero Aleixandre, Jordi Puig Godés (hermano del exconsejero de empleo de la Generalitat, Felip Puig Godés)”.
La reacción de López del Hierro llegó a través de su entorno, que desmintió “tajantemente” cualquier relación con la red de corrupción. Las mismas fuentes lamentaban que, “otra vez”, la UDEF intentará implicarle sin pruebas en unos delitos y añadían que el empresario había comprado y vendido acciones de Ibadesa Cat antes de 2001, año de los hechos referidos en el informe.
Pero ahí no quedó la protesta del marido de la ministra. El empresario escribió una carta al director general de la Policía para exigirle una revisión de la investigación que el Ministerio del Interior accedió a realizar. El propio secretario de Estado de Seguridad,  José Antonio Nieto, anunció una auditoría interna para descubrir si el informe contenía algún “error”, algo inédito en un trabajo de los agentes que ejercen en funciones de policía judicial, esto es, a las órdenes del magistrado instructor.
Tanto Nieto como el ministro, Juan Ignacio Zoido, pertenecen al sector del PP andaluz alineado con Cospedal. La secretaria general representa un auténtico ascendente sobre el titular de la cartera, reconocen a eldiario.es fuentes del Ministerio. En el Congreso, Álvaro Pérez se preguntó si López del Hierro no ha estado imputado porque “a lo mejor tiene algún privilegio”.
A pesar de las presiones, los policías autores del informe se negaron a rectificar y en un segundo escrito insistieron en que las “atribuciones” a López del Hierro que había hecho están “debidamente contrastadas” en el Registro Mercantil, al tiempo que insistía en que los intereses del empresario “habían estado representados” en Ibadesa Cat.
López del Hierro creó Ibadesa Cat en 1996. Asegura que solo permaneció en la sociedad dos años y que después le vendió sus acciones a Jordi Puig, hermano del exconseller de Interior. Un “olvido” hizo que permaneciera como consejero de la entidad hasta 2004, según las fuentes del entorno del empresario que citaba El Mundo. A día de hoy, López del Hierro no ha sido imputado en el caso Pujol. Esas mismas fuentes hablaban de “una mano negra” detrás del informe de la UDEF con la intención “política” de desgastar a Cospedal.

“Cobra bajo cuerda de 27.000 sitios”

Las escuchas telefónicas del caso Lezo provocaron un terremoto en las esferas políticas, económicas y mediáticas. El nombre de López del Hierro afloró también en este caso, concretamente en una conversación entre el principal investigado, Ignacio González, y su hermano Pablo. “Cobra bajo cuerda de 27.000 sitios”, decía el expresidente de la Comunidad de Madrid.
A lo que Pablo González respondía con un comentario referente al riesgo que corren las supuestas aspiraciones de Cospedal por la trayectoria de su marido. “Con lo que cuenta y tal (Ignacio López del Hierro), yo no sé cómo la otra está así dispuesta, en cualquier momento la van a revolcar. Bueno, ahora que está en Defensa igual no", dice Pablo González en el pinchazo.
Uno de los “sitios” de los que se acusó de cobrar a López del Hierro en una querella fue Lieberbank, la entidad que acogió a Caja Castilla-La Mancha, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Según una querella de Comisiones Obreras, López del Hierro recibió 80.000 euros anuales de Lieberbank a cambio de un asesoramiento inmobiliario que nunca existió, a través de su sociedad Hilo de Inversiones.
“¡Oye, José Luis, que no existe tal contrato, joder, que lo firmes!”, le dijo un directivo a un representante sindical en una conversación sobre las retribuciones del empresario y que fue incorporada a la querella. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó admitir la querella al considerar que no existían indicios “mínimamente acreditativos o indiciarios” de los pagos a López del Hierro. 
En las grabaciones del caso Lezo, Ignacio González califica a López del Hierro como “un desagradable que te cagas”. A pesar de ello, González mantuvo durante años una buena relación con su esposa, María Dolores de Cospedal, surgida durante la temporada que coincidieron en el Ministerio del Interior que dirigía Ángel Acebes. Tiempo después ellos eran el vínculo que permitía mantener el contacto entre Génova y el PP de Madrid a pesar del choque frontal de Esperanza Aguirre con Mariano Rajoy.
La carrera de González se acabó cuando se cruzó en ella un policía que él vincula con María Dolores de Cospedal. Fue a raíz de la difusión de un extracto de la conversación que el político, siendo presidente de la Comunidad, mantuvo con el hoy encarcelado comisario José Manuel Villarejo y otro mando policial a cuenta del caso Ático. Aquella grabación precipitó la caída política de González, dos años antes de que fuera detenido por la Guardia Civil.
El encuentro con el comisario Villarejo no era el primero que tenía Ignacio González. La Unidad Central Operativa encontró en el registro de la casa del político tres cuartillas con anotaciones de su puño y letra que constituyen un análisis de situación del caso Ático, sobre sus aliados y enemigos, en la política, la policía y los medios de comunicación. “Villarejo me dice que es amigo del marido de Cospedal desde hace 30 años y que ayuda a María Dolores y que la conoce”, anota Ignacio González.
eldiario.es se ha dirigido a la ministra a través de uno de sus colaboradores para conocer si De Cospedal, López del Hierro o ambos conocen a Villarejo y si éste ha ayudado en algo a la titular de Defensa. La respuesta ha sido que "no comentan lo que escribe Ignacio González".

Los policías del matrimonio

El comisario jubilado fue detenido el pasado noviembre y desde entonces permanece en prisión provisional por varios delitos, entre ellos pertenencia a una organización criminal. El hombre del archivo secreto que hace temblar a políticos, empresarios y miembros de la judicatura no sería el único miembro de un grupo de policías que frecuenta al matrimonio.
María Dolores de Cospedal abanderó la campaña del PP contra la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía desde la oposición. Se trataba, argumentaban, de una suerte de policía política que intentaba destruir el PP fabricando pruebas en el caso Gürtel, siempre bajo el control de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Con el cambio de Gobierno, la UDEF no es solo la unidad que menciona en un informe a López del Hierro. También es el destino del policía que ejerció de sombra de Cospedal en su etapa de presidenta de Castilla-La Mancha. Semanas antes de que el PP perdiera el Gobierno autonómico, Andrés Gómez Gordo volvió a la Policía, como jefe de vigilancias de la unidad, con un amplio control de todas las investigaciones sobre el terreno de la unidad especializada contra la corrupción, entre otros asuntos.
La Junta de Castilla-La Mancha le había tenido contratado como director de Documentación y Análisis, pero su trabajo visible era ser jefe de escolta de la presidenta. Cinco meses después de regresar a la Policía, concretamente a la UDEF, fue condecorado con una medalla pensionada. Gómez Gordo no solo trabajaba en la UDEF sino que compaginaba su trabajo con la Dirección Adjunta Operativa, la estructura en la que el comisario Eugenio Pino montó el grupo que investigó a políticos separatistas sin control judicial y que  fabricó el informe sobre la supuesta financiación irregular de Podemos.
Amigo declarado de Villarejo y defensor público de su trayectoria es el comisario José Luis Olivera, jefe de la UDEF desde su formación, en tiempos de Zapatero, y que logró continuar en el puesto cuando el PP llegó al poder. “María Dolores pacta con Rubal y ahora mantienen a Olivera en UDEF para hacer otras cosas”, escribe Ignacio González en las mismas notas en las que alude a Villarejo y López del Hierro, adelantadas por Infolibre.
Olivera fue destituido en octubre de 2013, pero el policía no salió mal parado. Fue elegido director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y, a pesar de su participación en la Operación Cataluña, nombrado después para el organismo que salió de fusionar ese centro con otro de coordinación en terrorismo.