miércoles, 10 de octubre de 2012

El CGPJ archiva de plano la queja de Manos Limpias contra Pedraz

MADRID.- El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado de plano la denuncia presentada el pasado viernes por Manos Limpias contra juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por considerar que se extralimitó al incluir determinadas expresiones en el auto en el que archivó la causa contra los organizadores del 25-S, donde criticó la actuación policial y aludió a la "decadencia de la clase política".

   Según ha informado hoy el CGPJ, no puede decirse que Pedraz haya incurrido en una falta grave del articulo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé sanciones por "dirigir a los poderes públicos felicitaciones o censuras por sus actos", porque no se da "la condición de procedibilidad que exige dicho precepto".
   Sólo procedería  aplicarlo tras comunicación remitida el tribunal superior  respecto de quien dictó la resolución, en este caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que no ha hecho ningún movimiento al respecto.
   Tampoco se puede decir, según el CGPJ, que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 haya incurrido  en una falta grave del articulo 418.3 de la LOPJ, que prevé sanciones por "dirigir a los poderes públicos felicitaciones o censuras por sus actos".
   Sobre este punto en concreto, los inspectores del CGPJ señalan que tras la lectura de la denuncia, " no se observa que las expresiones que en la misma se utilizan sean incardinables en el precepto referido".
   Además, el CGPJ insiste en que no es posible atender aquellas reclamaciones que afecten a la función jurisdiccional de Jueces y Magistrados, es decir, la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, toda vez que la Constitución les  reserva en exclusiva la facultad para juzgar y ejecutar las sentencias que dictan .
   En sintonía con este principio, la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe expresamente a todos los órganos de gobierno del Poder Judicial su intervención en los procedimientos judiciales y en las resoluciones que dicten jueces y magistrados, debiendo canalizarse las discrepancias con las resoluciones judiciales a través de los recursos y medios de oposición que prevén las leyes procesales.
   Manos Limpias considera "inadmisibles" las acusaciones vertidas en el auto contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las críticas a los políticos.

Los mercaderes están detrás del aumento de precios de los alimentos

LONDRES.- La alarma se encendió en julio cuando el precio mundial de los alimentos registró un abrupto incremento del 10% luego de tres meses de relativa calma. Las cosas no han mejorado. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en septiembre volvieron a subir, esta vez, un 1,4%.

Se estima que los alimentos constituyen entre un 10% y un 15% del gasto promedio de un hogar en un país desarrollado. En los sectores pobres de una nación en desarrollo, la proporción se dispara: se llevan entre el 50% y 90% de sus ingresos.
La contracara es el hambre. Este jueves, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias publicó su nuevo Índice Global del Hambre. En todo el mundo lo encabeza Burundi y en América Latina y el Caribe, Haití.
¿A qué se debe el aumento de la comida en medio de los nubarrones de la economía global? Las causas son complejas y variadas, pero el diagnóstico de la FAO en julio contenía un dato clave: no había problemas a nivel de oferta y demanda.
En otras palabras, ni los factores climáticos que pueden afectar la oferta (sequías, por ejemplo), ni un súbito aumento de la demanda (como en los últimos años con China e India) explican esta disparada de los precios.
El dedo acusador apunta a los especuladores. Según algunas estimaciones, la inversión financiera-especulativa controla hoy más del 60% de los mercados de alimentos, comparado con un 12% del mercado en 1996.
En un intento de contrarrestar este fenómeno, la comisión del Parlamento Europeo sobre asuntos económicos y monetarios votó a fines de septiembre a favor de una regulación del mercado financiero de derivados de energía y alimentos.
El proyecto, que debe ser analizado en una reunión de la Comisión Europea en noviembre, ya existe en Estados Unidos, pero es calificado como insuficiente por organizaciones humanitarias como el World Development Movement (WDM).
"Es necesario limitar la cantidad del mercado a la que puedan tener acceso los especuladores. El proyecto avanza en esta dirección, pero puede ser aguado por la oposición de países con fuerte presencia del sector financiero como el Reino Unido que prefieren seguir con la autoregulación del mercado", le dijo a BBC Mundo Christine Haigh, del WDM.

El camino de los mercaderes

La especulación es tan vieja como la economía: los casos documentados se remontan a Tales de Mileto y la antigua Grecia.
Pero los mercados modernos han colocado a esta actividad marginal en el centro mismo del escenario.
Un ejemplo clásico fue el cacao en 2010. El 17 de julio de ese año un fondo financiero de alto riesgo, Armajaro, compró más de 240.000 toneladas de cacao (un 7% de la producción global anual), lo que disparó el precio a su nivel más alto desde 1997.
Un solo día de adquisición masiva a cargo de un poderoso actor financiero bastó para hacer saltar el precio de un producto.
El eje de estos movimientos especulativos es el mercado de futuros. Este mercado se originó en Estados Unidos en el siglo XIX para ayudar a los granjeros a neutralizar las fluctuaciones en el precio de las cosechas.
Un contrato a futuro le permite al granjero vender en una fecha futura a un precio determinado una cantidad X de su cosecha. El granjero obtiene seguridad y el comprador posibles ganancias en caso de que el precio suba por encima de lo pagado.
Con la desregulación del mercado financiero de los años 80 y 90 se crearon unos contratos de alta complejidad, denominados "derivados", que abrieron el juego a una especulación ilimitada.
Como los "futuros" son contratos que se pueden adquirir o vender sin necesidad de poseer el producto, su venta adquirió una dinámica propia, acelerada por las operaciones supersónicas de las computadoras.
La invitación a especular es irresistible. Si el precio de una tonelada de maíz es de US$100 hoy, pero el doble en un contrato a futuro de tres meses, la tentación de postergar la venta y esperar al mejor rendimiento, termina afectando la oferta presente (los granjeros se abstienen de vender ahora) y el precio del producto.
Según el WMD, en el corazón de la especulación se encuentran grandes nombres de la banca como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y JP Morgan.
Este poder de fuego de los grandes fondos financieros se ha exacerbado con la crisis económica mundial.
"Los gobiernos han emitido dinero para estimular la economía. El sector financiero ha aprovechado este aumento de la oferta monetaria no para prestar más al sector productivo sino para aumentar sus operaciones especulativas", afirma Haig.

Hambrunas y disturbios


Una vara para medir el impacto que puede tener un aumento sostenido del precio como el que se viene registrando desde julio son los disturbios de 2007-2008.
El salto incontrolable de los precios en esos meses previos al estallido financiero produjo violentas protestas en 31 países –de Perú a Bangladesh– con un saldo de decenas de muertos y centenares de heridos.
En el terreno mismo, el WDM vio de primera mano el impacto que los precios tenían en familias que se veían obligadas a tener una sola comida al día y a reducir drásticamente la variedad de su dieta.
"Cuando una sociedad no satisface necesidades básicas del ser humano, cuando vemos malnutrición y el fantasma de la hambruna, es casi inevitable que se produzcan manifestaciones y disturbios", le dijo Haig a BBC Mundo.
En los últimos seis meses de 2010, en el marco de un segundo salto de los precios de los alimentos, unas 44 millones de personas cayeron en la pobreza extrema.
El problema se agrava en el contexto de una economía mundial que todavía no ha salido de la hecatombe financiera de 2008.
La desaceleración global –el Fondo Monetario Internacional acaba de bajar nuevamente su estimación del crecimiento global de 2012– pone en peligro el nivel de empleo en un mundo que tiene más de 1.300 millones de personas que viven con ingreso de US$1,25 por día.
Sumarle a este crecimiento anémico, una inflación de productos no sustituíbles como los alimentos, parece una fórmula para el desastre.

Caja Segovia negociará con sus exdirectivos la devolución de retribuciones

SEGOVIA.- El actual Consejo de Administración de Caja Segovia, constituido en julio bajo la presidencia de Rafael Encinas, negociará con los antiguos directivos de la entidad la devolución de las cantidades percibidas en concepto de prejubilación, que en conjunto suman más de 32 millones de euros. 

   Los doce nuevos consejeros rechazan las altas cuantías asignadas y tratarán por tanto de que los altos cargos reconsideren su postura y, tomando como ejemplo casos de otros directivos y en base a criterios de solidaridad y sentido común, renuncien a toda o a parte de su indemnización.
   Por el momento, descartan emprender acciones judiciales, aunque confían en que las inspecciones de la Justicia tras las denuncias interpuestas por UPyD y el Ministerio Fiscal finalmente deriven en un beneficio a la entidad.
   Caja Segovia, próxima a convertirse en fundación tras el traspaso del negocio financiero a Bankia, ha visto amenazada su viabilidad tras la deuda tributaria de 6,8 millones que le ha obligado a hipotecar gran parte de su patrimonio, en el que figura su edificio más emblemático, el Torreón de Lozoya.
   Junto a éste se ofreció como garantía el Palacio de Villafáñez, el Salón de Actos, el 50 por ciento de una nave almacén ubicada en el Polígono de Hontoria y un local en la calle José Zorrilla en el que se alberga uno de sus centros Si@.
   Además, se vio obligada a establecer un depósito en garantía de 370.000 euros para cubrir el 70 por ciento de la valoración. El préstamo, a diez años, supone un pago anual de 162.000 euros.
   Rafael Encinas, quien ha ofrecido este miércoles junto al director general de la entidad, Fernando Tapia, una rueda de prensa al término de la reunión del Consejo, ha indicado que en la sesión se ha acordado iniciar las acciones necesarias para reclamar la cuantía a Bankia, a la que traspasó todos sus activos y pasivos, o a terceros intervinientes.
   El presidente ha explicado que la operación, derivada de un desarrollo urbanístico en Asturias, está ya siendo estudiada por los servicios jurídicos y ha garantizado que hay bastantes posibilidades de éxito en poder liberarse de la carga.  
   Sin embargo, la falta de fondos ha llevado a acordar una reorganización de la plantilla, compuesta en la actualidad por 16 trabajadores. Previsiblemente, según ha estimado Encinas, se deberá prescindir del 50 por ciento de ellos, si bien dependerá de la actividad de la Caja y los posibles ingresos que genere la explotación de sus locales.
   En principio, ya se ha planteado la salida mediante bajas incentivadas de cinco empleados que "por torpeza", según Encinas, no absorbió Bankia.
   Otro de los puntos estudiados en la sesión ha sido el establecimiento de un marco de colaboración con Bankia y su relación con el actual Consejo de Caja Segovia, que desde su constitución ha notado "falta de calor" por parte de la nacionalizada.
   La entidad segoviana pretende entablar proyectos de interés para ambas que redunden en el beneficio de Segovia y su provincia y llegar a acuerdos respecto a los inmuebles que ocupan en común, entre ellos la sede principal junto al Acueducto; aquellos que albergan las oficinas de Bankia, o las obras de arte que decoran sus despachos y que son propiedad de la Caja.
   De esta forma, la futura fundación pretende recopilar fondos que favorezcan su continuidad, una misión para la que también se prevé alquilar locales y explotar edificios, algunos con grandes posibilidades, como el Palacio de Mansilla. Aunque hay ofertas de compra de algunos de ellos, los responsables de la Caja han asegurado que la intención es mantener todo el patrimonio heredado.
   Encinas ha señalado que habrá una reorganización de los centros y que los programas de la Obra Social se asumirán hasta el 31 de diciembre de este año, pero que no habrá gastos en nuevas peticiones.

El hermano del fallecido Oswaldo Paya denuncia el 'cambio-fraude' organizado en Cuba para mantener privilegios

MADRID.- El hermano del opositor cubano Oswaldo Payá, Carlos Payá, ha valorado para www.hispanidad.com las declaraciones del cónsul general de España en Cuba, Tomás Rodríguez Pantoja, quien consideró que el juicio celebrado en la isla contra Ángel Carromero fue "correcto", "limpio" y "procesalmente impecable".

Carlos Payá ha señalado que “el juicio fue una farsa, no es para nada impecable como dijo el cónsul” de España en Cuba. Ha añadido que “el Gobierno de España y el PP son nuestros amigos y somos leales mutuamente”. 

“Entendemos la situación que tiene con Ángel Carromero en Cuba”.

 “Los primeros que estamos proclamando la inocencia de Ángel somos nosotros. Con esa base, vamos a entender y comprender todas las cautelas, prudencias y toda la buena voluntad con que el Gobierno español está tratando ese tema”.

 “Lo cual no quita -ha añadido- que algunas expresiones que hemos conocido últimamente -como que el juicio haya sido 'impecable'- no es que se contradigan con nuestra opinión, es que se contradicen con la propia realidad. La propia legislación cubana permite que los familiares de una víctima puedan asistir a un juicio”.

Ha contado que la familia de Oswaldo Payá intentó entrar al juicio, pero no les dejaron entrar: “Mis sobrinos Rosa María, Oswaldito y Reinaldo estaban en la puerta y no les dejaron entrar”.

Es decir, ha apuntado, “entendiendo la prudencia, la buena voluntad y el deseo de que esto termine bien para Ángel, nos resulta a veces chocante expresiones que hablan de una legitimidad hacia cosas que hace una dictadura. En las dictaduras no hay juicios impecables, porque las dictaduras no son impecables y no hay separación de poderes. Hay fronteras que cuando se cruzan nos duelen, porque las cosas que se hacen entre amigos duelen más que el propio hecho de la molestia”.

Sobre la situación del español Ángel Carromero en Cuba, Payá se ha remitido a las declaraciones ya efectuadas por la familia para evitar “un problema” a Ángel Carromero.

Respecto a la figura de su hermano Oswaldo, ha señalado: “Además de su valía personal y humana y cristiana, en estos momentos estaba concentrado en dos propósitos fundamentales. Uno, el proyecto 'el Camino del Pueblo', que había sido firmado por más de 70 organizaciones y 1.200 disidentes dentro y fuera de Cuba, que era como un consenso para iniciar trabajos conjuntos en busca de un cambio pacífico en Cuba”.

Y el segundo proyecto en el que estaba involucrado su hermano Oswaldo era “en la denuncia del cambio fraude”.

 “Es decir, el cambio que desde la dictadura -que ahora es una junta económico-militar- pretenden trasladar al futuro sus privilegios que ahora tienen como comunistas y militares y mantener esos privilegios como empresarios”.

 “Es decir, hacer una especie de cambio a la china, una especie de cuento chino sin derechos para el pueblo”. Y “lo peor” de ese 'cambio fraude', ha señalado Carlos Payá, es que “estaba siendo avalado, consentido e incluso compartido por sectores de la jerarquía católica y también por cierto empresariado cubano fuera”.

Según Carlos, su hermano Oswaldo “insistía mucho en esto y nosotros lo seguimos haciendo: en Cuba se está gestando un 'cambio-fraude' para mantener los privilegios de la casta dominante, que es el Partido Comunista convertido en los futuros empresarios; un cambio con medidas cosméticas en lo económico pero sin derechos para la población”.

Respecto a la iniciativa 'El camino del pueblo', Carlos Payá ha señalado que se trataba de un documento que no necesariamente tiene que identificar a las personas con lo que allí se dice, sino una línea de trabajo participativa para todos los cubanos (dentro y fuera de la isla) para “trabajar y hacer propuestas para llegar a una transición pacífica y reconciliadora”. 

Es decir, “no es un documento de adhesión, al estilo de 'los abajo firmantes', sino que es un método de trabajo que incluso plantea que hasta el propio método sea discutido y discutible”. Y lo ha explicado con una frase: “Si en vez de ponernos de acuerdo en todo, por qué no intentamos ponernos de acuerdo en algo, en esta propuesta básica”.

Tal propuesta pretende “conseguir cambios en las leyes para garantizar las libertades y derechos de los cubanos”. Una vez logrados los espacios de participación, “llegar a unas elecciones libres y hacer una nueva asamblea constituyente, partiendo de la base de que todos los cubanos puedan participar en esta iniciativa”.

Por esas razones, Oswaldo Payá, Harold Cepedo y el Movimiento Cristiano de Liberación “se estaban convirtiendo en unos personajes sumamente incómodos, porque estaban yendo a la raíz de la situación actual en Cuba”.

Cinco países ejecutan el 90 % de las sentencias de muerte en todo el mundo

LONDRES.- Según la organización Amnistía Internacional en 2011 el número de países en los que se aplicó la pena de muerte se redujo a la vez que, de forma paradójica, los que la aplicaron ejecutaron a muchas más personas. En el Día Internacional y Europeo contra la pena de muerte, la UE y el Consejo de Europa reiteran sus esfuerzos para promover la abolición en Europa y en todo el mundo.
 
En los últimos 15 años no ha habido ninguna ejecución en la UE, según la Alta Representante de Política Exterior, Catherine Ashton y el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, que han aplaudido la «tendencia abolicionista mundial», aunque han mostrado su preocupación por «el incremento agudo en las ejecuciones en los últimos doce meses en algunos países».
La UE y el Consejo de Europa han animado a todos los países europeos que no han abolido la pena de muerte 'de jure' en todas las circunstancias a que lo hagan, ratificando los protocolos relevantes de la Convención Europea de Derechos Humanos. Así mismo instan a Bielorrusia, «el único país europeo que todavía ejecuta a gente», a introducir una moratoria «con vistas a su abolición completa».
En el comunicado conjunto de los dos organismos europeos se insiste en que «la pena capital es inhumana e innecesaria», y se afirma que la experiencia demuestra que no sirve para disuadir de cometer crímenes. «Ningún sistema legal es perfecto. Cualquier error de la Justicia lleva a la pérdida trágica de vidas inocentes».
Amnistía Internacional (AI),  por su parte, llama la atención sobre el «alarmante índice de ejecuciones» en los países que aplican la pena de muerte. En 2011, el número de países en los que se ejecuta a las personas se redujo, aunque los que han continuado aplicando la pena máxima, aumentaron la cantidad «a un ritmo alarmante».
Al menos 676 personas fueron ejecutadas en 20 países en 2011, sin contar a China que esos datos los considera «secreto de Estado» y es imposible conocerlos.
Según el informe de seguimiento de AI, sólo en China se ejecutaron a «miles de personas» en 2011 y en oriente Próximo el número se incrementó «casi en un 50 %». Los cinco países en los que más personas se ejecutan son Arabia Saudí, China, Corea del Norte, EEUU, Irak, Irán, Somalia y Yemen, y los métodos utilizados van desde la decapitación y el ahorcamiento hasta la inyección letal y el fusilamiento.
El único país del continente americano en el que se realizaron ejecuciones el año pasado fue Estados Unidos, en Europa, el único Estado que la aplicó fue Bielorrusia.
Los motivos son variados y algunos no son considerados siquiera delitos en otros países. En Irán, por ejemplo se puede condenar a muerte por adulterio, sodomía o apostasía religiosa.
A finales de 2012 se examinará y se someterá a votación en la Asamblea General de la ONU una cuarta resolución sobre una moratoria a la pena de muerte como un nuevo paso en el camino hacia su abolición.
Todavía quedan 58 países en el mundo en los que se condena a esa pena, lo que significa, según AI, que más de 20.000 personas en el mundo están esperando a que las ejecuten.

Semana de acción global contra la deuda del 8 al 14 de octubre

SANTIAGO DE CHILE.- Del 8 al 14 de octubre se celebra en todo el mundo la Semana de Acción Global contra la Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales. Esta semana de lucha fue instaurada en el Foro Social Mundial de Nairobi en 2007 para denunciar la injusticia que supone la deuda externa para los estados de la periferia y las políticas de sometimiento que han jugado en torno a ella los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

Desde que estalló la burbuja inmobiliaria y desencadenó la crisis financiera, la deuda se ha convertido en nuestra mayor pesadilla y en la excusa perfecta para que los poderes financieros impongan las reformas ultraliberales que venían buscando desde hace tiempo para garantizar una mayor tasa de transferencia de capital de las rentas medias y bajas a las altas.
Al igual que ocurre desde la década de los 80 con los pueblos de América Latina, África o Asia, la deuda se ha convertido en el principal arma de dominación masiva de los poderes financieros para subyugar también a las democracias europeas. Desde la firma del Tratado de Maastricht para la adopción del Euro, los tratados firmados por nuestros gobernantes, como el Pacto del Euro o el Pacto de Estabilidad Financiera otorgan cada vez más competencias monetarias, fiscales y presupuestarias a organismos no electos por la ciudadanía como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo lo que supone una usurpación directa de soberanía. El caso más flagrante de injerencia de estos organismos en nuestra soberanía se produjo el año pasado con la vergonzosa reforma de la constitución para priorizar el pago de la deuda por encima de los derechos de las personas, sin la más mínima consulta social. Por si fuera poco, ya se está preparando un nuevo golpe a nuestra precaria democracia, mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que nos someterá a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y sus tristemente famosos Planes de Ajuste Estructural que arrasaron las economías de los países empobrecidos durante décadas. Este robo de soberanía popular ha dejado claro que la democracia es incompatible con el capitalismo.
Es por este motivo que decimos que la deuda es ilegítima, porque al igual que en los Estados de la periferia, ha sido inducida por los poderes financieros para someter a las poblaciones a sus intereses privados. Pero además, la mayor parte de la deuda del Estado español se ha contraído para beneficiar a una élite minoritaria y en perjuicio de la mayoría. El más claro exponente lo tenemos en el salvamento de la banca, que ya ha supuesto más de 215.000 millones de euros para las arcas públicas, a lo que habrá que sumar los 100.000 millones del fondo de rescate que la Unión Europea ha puesto a disposición de la banca española y del cual el Estado es el último garante. De esta manera, la deuda privada se convierte en una deuda pública que debemos pagar todo/as, pero de la cual no nos hemos beneficiado, sino más bien al contrario, pues el pago de esta deuda supone una enorme detracción de recursos necesarios para garantizar derechos básicos como la sanidad, la educación, las pensiones o un salario digno.
Por eso, desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda hemos iniciado un proceso de auditoría ciudadana que demuestre su ilegitimidad, para repudiar pago y exigir responsabilidades civiles y penales a aquellos que las generaron. Hacemos un llamamiento a toda la población a sumarse a este proceso y a salir a la calle en esta semana de la deuda, y especialmente el día 13 de octubre, día de acción global contra la deuda, para defender nuestra soberanía y decir alto y claro ¡NO DEBEMOS! ¡NO PAGAMOS!

Urdangarín confirma su salida de Telefónica, pero confía en volver en el futuro

BARCELONA.- El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, ha presentado su renuncia como consejero y miembro del comité de nombramiento, retribución y gobierno corporativo del consejo de administración de la filial brasileña de Telefónica,Telefónica Brasil.

En concreto, Urdangarín, que ya solicitó el pasado mes de agosto una excedencia temporal del grupo Telefónica, formalizó su renuncia en la última reunión del consejo de administración de la filial brasileña celebrado el pasado 2 de octubre.
En la reunión estuvieron presentes, entre otros, el presidente del consejo de administración y presidente de Telefónica Brasil, Antonio Carlos Valente, el vicepresidente del consejo de administración de Telefónica Brasil y presidente de Telefónica Latinoamérica, Santiago Fernández Valbuena, así como el antiguo jefe de la casa del Rey de España, José Fernando de Almansa Moreno-Barreda, y el presidente no ejecutivo de Atento, Francisco Javier de Paz Macho.
Esta renuncia se produce casi dos meses después de que Urdangarín anunciara su intención de pedir una excedencia temporal, así como la suspensión de su contrato y de sus funciones en la multinacional española ante la posibilidad de que el procedimiento judicial abierto pudiera tener alguna "incidencia negativa" para el grupo.
"En los últimos años he venido representando puestos de alta responsabilidad en el grupo Telefónica en la convicción de que mis superiores jerárquicos han sabido valorar el esfuerzo y dedicación desarrollado durante este tiempo", señaló el duque de Palma, quien añadió que se trasladaría, junto con su familia, de Washington a Barcelona con "la intención" de volver a desarrollar con la compañía nuevas actividades en el futuro.

El tribunal confirma la pena de dos años de cárcel a dos de las Pussy Riot

MOSCÚ.- Un tribunal de apelaciones de Moscú ha confirmado la pena de dos años de cárcel dictada contra dos miembros del grupo de punk Pussy Riot por protagonizar una protesta contra el presidente Vladimir Putin en la catedral ortodoxa de la capital rusa, al tiempo que ha concedido la libertad condicional a la tercera.

   Concretamente, el tribunal ha decidido mantener las penas contra Nadezhda Tolokonnikova, de 22 años, y Maria Alyokhina, de 24, mientras que ha concedido la libertad condicional a Yekaterina Samutsevich, de 30 años, según ha informado la agencia estatal de noticias RIA Novosti.
   Las tres jóvenes habían sido condenadas el pasado 17 de agosto en represalia por la 'Oración Punk' que habían celebrado en febrero en la catedral de Cristo Salvador, principal iglesia ortodoxa de Moscú, para reclamar la marcha de Putin.
   Sus condenas han generado una fuerte oleada de protestas, tanto dentro como fuera del país, y el propio primer ministro ruso, Dimitri Medvedev, llegó a pedir el pasado mes de septiembre su liberación por considerar que el castigo era "contraproducente".
   Samutsevich ha salido por su propio pie del tribunal, mientras que Nadezhda Tolokonnikova y Maria Alyokhina seguirán encarceladas en una colonia penitenciaria. "Nos encanta que Yekaterina Samutsevich haya sido liberada, pero nos cuesta entender en qué se diferencia significativamente su papel del de las otras dos", declaró el abogado Mark Feygin tras la lectura de la nueva sentencia.
   Asimismo, aseguró que la defensa va a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y acusó a Vladimir Putin de haber "influido ilegalmente en el tribunal", concretamente por sus declaraciones del pasado sábado a un programa de televisión en las que afirmó que las tres mujeres habían tenido el castigo que les correspondía. Otro de los abogados, Nikolai Polozov, se ha mostrado sorprendido por la decisión del tribunal.
   El recurso original fue aplazado el pasado 1 de ocubre después de que, de forma inesperada, Samutsevich decidiera prescindir de su abogada, Violetta Volkova, una decisión que, según los fiscales, tenía el objetivo deliberado de retrasar el proceso.
   La nueva abogada de Samutsevich, Irina Khrunova, mantuvo el argumento de que su cliente no había participado en la protesta, ya que los guardias de seguridad de la catedral de Cristo Salvador la habían retenido antes de que pudiera unirse a sus compañeras en la 'Oración Punk' contra Putin.
   "Estamos en prisión a causa de nuestras ideas políticas", declaró ante la sala una de las procesadas, Alyokhina. Por su parte, Samutsevich aseguró que no había tenido "ninguna intención de ofender las creencias religiosas" y recordó que la 'Oración Punk' incluía una petición a la Virgen María para que "expulsase a Putin".
 "Fue un acto meramente político", agregó.

Presidente del IEE: "España tiene que hacer un ajuste brutal del nivel de vida"

MADRID.- El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, ha asegurado que España ha gastado "mucho y mal" y ahora lo que tiene que hacer es "un ajuste brutal del nivel de vida" y lograr que la economía crezca sin recurrir al endeudamiento externo.

   En una jornada sobre 'Desapalancamiento y Crecimiento en España' organizada por Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Fundación de Estudios Financieros, explicó que los problemas financieros de España provienen de una acumulación excesiva de la deuda externa.
   Según dijo, el saldo neto de esta deuda exterior era del 30% en 2000 y aumentó hasta el entorno del 96% en 2011. 
"Salvo Grecia y Portugal, ningún país ha tenido un aumento tan rápido (de este saldo)", añadió.

BBVA prevé un ajuste de dos puntos adicionales de déficit en España este año

MADRID.- El economista jefe de BBVA Research, Miguel Cardoso, ha indicado que el Gobierno español debería realizar un ajuste de déficit de unos dos puntos porcentuales adicionales al esfuerzo previsto para rebajarlo al 6,3% del PIB en 2012 para compensar la desviación que el deterioro de la economía provocará de por sí en las cuentas públicas.

   En una jornada sobre 'Desapalancamiento y Crecimiento en España' organizada por Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Fundación de Estudios Financieros, Cardoso ha explicado que tener en cuenta este esfuerzo adicional "ayudará a hacer descender el coste de financiación", si bien apuntó que la prima de riesgo española, que ronda los 433 puntos básicos, no debería ser tan alta.
   En ese camino de la recuperación, Cardoso dio algunas pinceladas en relación con el sector inmobiliario y el ámbito laboral. Así, indicó que será preciso reducir el 'stock' de viviendas en 700.000 inmuebles y concretó que una demanda normalizada, una vez la economía alcance velocidad de crucero, debería absorber entre 250.000 y 300.000 viviendas anuales.
   Por otro lado, indicó que las previsiones apuntan a que la población en edad de trabajar caiga durante los siguientes años con una aportación negativa al crecimiento, si bien anticipó que la reforma laboral "incrementará el empleo de forma importante", hasta en un 10% en el medio y largo plazo.
   Por último, apostó por ayudar a las pymes para lograr que se hagan grandes empresas y lograr que el tejido empresarial español tenga más tamaño y más capacidad de exportación.

Los sindicatos griegos convocan huelga general para el 18 de octubre

ATENAS.-   Los sindicatos griegos de los sectores público y privado han convocado una huelga general de 24 horas para el próximo 18 de octubre en protesta contra las nuevas medidas de austeridad del país, según informó este miércoles un responsable policial.

   Los sindicatos GSEE y ADEDY han decidido convocar la huelga coincidiendo con las conversaciones que mantiene el Gobierno griego con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar sobre las nuevas medidas de austeridad aprobadas por el Ejecutivo como condición para recibir el próximo tramo del plan de rescate.
   "Queremos que el Gobierno retire esas horribles medidas, que nos van a llevar a la miseria", declaró el secretario general del sindicato de funcionarios ADEDY, Ilias Iliopoulos
La huelga del 18 de octubre va a coincidir también con una cumbre de la Unión Europea.

La Fiscalía descarta recurrir el archivo de la causa contra el 25S

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha confirmado que no va a recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de archivar la investigación contra los promotores de la manifestación ‘Ocupa el Congreso’, que tuvo lugar el pasado 25 de septiembre.

“El fiscal general respalda que no se vaya a recurrir el archivo contra los promotores de la manifestación del 25S”, ha dicho Torres-Dulce. Así, ante la falta de acusación, y ya que la Fiscalía era la única que podía ejercitar este derecho, el carpetazo dado por el juez Pedraz será firme y la investigación por el delito contra las instituciones del Estado será definitivamente archivada.


El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió el pasado 4 de octubre archivar la causa del 25S contra ocho de los convocantes de la protesta frente al Congreso de los Diputados. Pedraz no apreció delito contra las instituciones del Estado y así lo dejó claro un auto muy crítico con las actuaciones del Ministerio de Interior en el que, además, aludía a la “convenida decadencia de la clase política” y hacía una defensa firme del derecho de la libertad de expresión.


La dureza del auto llevó al portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, a calificar al magistrado de “pijo ácrata”. Además, Hernando hizo responsable al juez de cualquier acto de acoso o agresión a los representantes de la soberanía nacional.


La Fiscalía ha decidido no recurrir el archivo decretado por Pedraz al entender, según explican fuentes fiscales consultadas por distintos medios, que no se puede acusar a los promotores de la protesta ‘Ocupa el Congreso’ de un delito contra las altas instituciones del Estado, en contra del criterio del Ministerio del Interior.


Estas mismas fuentes reconocen que en el auto el magistrado de la Audiencia Nacional se excede en sus comentarios cuando dice que la clase política se encuentra en una “convenida decadencia” pero está dentro del ámbito jurisdiccional de un juez y por tanto no es recurrible. En todo caso, dicen, será el Consejo General del Poder Judicial el que dirima si se le debe imponer una sanción disciplinaria.

Miles de franceses salen a las calles contra las políticas del Gobierno

PARÍS.- Decenas de miles de personas han participado ayer martes en la jornada de movilización convocada en Francia para defender un cambio en las políticas del Gobierno, especialmente en materia de empleo. Las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos para dispersar una manifestación junto a una factoría automovilística a las afueras de París.

   Miles de personas han secundado el llamamiento de la Confederación General del Trabajo (CGT) para salir a las calles, en la primera gran movilización a nivel nacional desde que François Hollande llegó el pasado mes de mayo al Elíseo. El sindicato calcula que un total de 90.000 personas se han sumado las marchas que se han convocado en ciudades como París, Lyon, Toulouse o Burdeos.
   En París, unas 11.000 personas, según la Policía, y 25.000, según los sindicatos, se concentraron para reclamar mejores políticas de empleo, en un país que registra una tasa de paro por encima del 10 por ciento y que ha superado los tres millones de desempleados por primera vez en 13 años. Algunos de los manifestantes lanzaron huevos y harina contra los agentes durante la concentración, que se prolongó alrededor de dos horas.
   Las fuerzas de seguridad intervinieron a las afueras de la capital para dispersar a unas mil personas, entre las que se encontraban trabajadores de una planta de PSA Peugeot Citroen. Parte de los concentrados intentaron romper un cordón policial.
   El secretario general de la CGT, Bernard Thibault, ha lamentado las "malas políticas" iniciadas por Nicolas Sarkozy y prolongadas por su sucesor, Hollande. En declaraciones a la televisión France 2, ha recordado que "una mayoría de trabajadores" votó por un nuevo presidente "porque querían un cambio de la política económica y social".
   Una encuesta de Ifop publicada este martes por 'Paris Match' sitúa la popularidad de Hollande en el 41 por ciento, seis puntos menos que el mes pasado. Un 51 por ciento de los entrevistados declaró que el presidente es consciente de las preocupaciones de la población, cifra inferior al 61 por ciento registrado en septiembre.

Regeneración democrática / Ramón Cotarelo *

El Gobierno del que es vicepresidenta esa señora de la derecha, Saénz de Santamaría, ataviada en su reciente visita al Vaticano según la Trento Fashion, muy apreciada en La Moncloa, y gracias al impulso personal de esta, ha decidido encargar un estudio sobre regeneración democrática del país a un grupo de "expertos". 

¿"Expertos" seleccionados por el PP? Claro, cierto. ¿Nadie se acuerda de aquella especie de troglodita mental, psicólogo "experto" en homosexualidad, que hizo el ridículo mundial con sus "teorías" al respecto? Pues eso. Y, como no hay que dar nada por descontado, esta vez también elegirán "expertos" incuestionables en la materia de la democracia. Solo por ayudar sugiero los nombres siguientes: Carlos Dávila, Ynestrillas, Blas Piñar, Nacho Villa y Pedro J. Ramírez (por lo de los medios); Rouco Varela cubrirá el flanco religioso; para el femenino, por no caer en el feminazismo, bastará el brazo incorrupto de Santa Teresa; el militar, siempre muy necesario, estará dignamente representado con uno de los infinitos cuadros que Franco se hizo pintar en vida. Una gran comisión de patriotas.
 
Como ya sé que Palinuro -por mucho que haya escrito sobre la democracia y el Estado de derecho- jamás será llamado a un cónclave tan entretenido (y, seguramente, opíparamente bien pagado), me ha hecho llegar sus recomendaciones gratis et amore para colaborar con tan excelsa tarea de regenerar democráticamente nuestro amado país. Parte del principio de que el principal obstáculo a la regeneración democrática de España es el propio Gobierno que encarga el dictamen sobre regeneración, al extremo de que duda de si en verdad quiere saber cómo se regenera la democracia en el país o cómo acabar con ella de una vez, para volver a los tiempos de la extraordinaria placidez del genocida, que es lo que le mola. Por si fuera lo primero (Palinuro es un poco iluso) sugiere una batería de medidas que, debidamente resumidas, son las siguientes:
 
1ª) Instalar un detector de mentiras en la entrada de La Moncloa con un mazo de 500 kilos que caerá sobre la cabeza del mentiroso. Si se hace, habrá cambio de gobierno en horas.
2ª) Expulsar del gabinete a los siguientes ministros: Mato (por analfabeta), Wert (por oscurantista y pedante), Báñez (por inútil), De Guindos (por ruinoso), Montoro (por falsario), Morenés (por belicista), Margallo (por incompetente), Soria (por impopular), Cañete (por tramposo), Gallardón (por hipócrita), Fernández Díaz (por facha).
 
3ª) Echar de una patada en el culo a los dos comisarios de agit-prop que han puesto en TVE1 y nombrar a uno que no tenga más de lo imprescindible de esbirro.
 
4ª) Mandar a la gobernadora de Madrid por su marido, que lo busca la justicia, y que deje de criminalizar a la ciudadanía y de hostigar a los viandantes.

5ª) Mandar a paseo al Director de la policía, Cosidó por utilizar a esta como un instrumento de provocación mafiosa y delictiva.
 
6ª) Apartar al portavoz Rafael Hernando y nombrarlo jefe de la sección de peleas de gallos en el extrarradio.
 
7ª) Mandar a la diputada Andrea Fabra a hacer un cursillo con su padre sobre variaciones del "¡Que se jodan!"
 
8ª) Poner al alcalde de Valladolid (a) "Morritos" de guardia a jugar al mus con el albondiguilla.
 
9ª) Pagar al eslabón perdido de Castelao Bragaña un curso completo de humanidades contemporáneas. 
 
Seguro que si el Gobierno es capaz de hacer esto, habrá un avance de la calidad de la democracia en España. Me dejo mucho en el tintero pero solo estas recomendaciones darían al sistema político español un aspecto muy distinto.
 
De nada. 

(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED, Madrid

La recentralización del Estado y sus consecuencias

MADRID.- Según el CIS, el 40% de los españoles está a favor de regresar al centralismo y devolver a Madrid las competencias de las autonomías. Pero esto implicaría reformar la Constitución, afectaría a la clase política y obligaría a seguir pagando los sueldos de cerca de medio millón de funcionarios sin tarea, según http://arndigital.com

El Estado autonómico vive sus horas más bajas de los últimos años. Por un lado, su viabilidad está siendo puesta constantemente en duda por los partidarios a favor de la separación de Cataluña o de la implantación de un modelo federal. Por el otro, cada vez están cobrando más fuerza las propuestas de aquellos que exigen lo contrario. Cuatro de cada diez ciudadanos entrevistados por el CIS se muestran favorables a la supresión de las comunidades, o, al menos, a que pierdan alguna de las competencias que les han sido transferidas. El principal argumento que esgrimen los partidarios de la recentralización es que esto supondría un importante ahorro y pondría fin a las duplicidades. Pero, según los expertos, dicho ahorro solo empezaría a notarse tímidamente al cabo de un mínimo de cinco años y, en el corto plazo, supondría duplicidades y serios problemas políticos, jurídicos y de deuda.
La pasada primavera, mucho antes del viraje hacia el soberanismo del Gobierno catalán, la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, propuso que se devolviesen al Gobierno central competencias como la Sanidad, la Educación o la Justicia. Tan sólo unos meses después, un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) señalaba que la mayoría de los ciudadanos veía con buenos ojos una recentralización. Algo que, en un momento en que Madrid ha establecido límites de déficit y endeudamiento de las comunidades, y en el que casi todas las regiones con mayor peso en la economía española han acudido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), podría ser visto por algunos como una oportunidad política inmejorable.


Un proceso políticamente imposible…


El problema es que, como señala el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset, “salvo que se trate de llevar a cabo un cambio revolucionario, cualquier intento de suprimir una Comunidad Autónoma requeriría una reforma de la Constitución por la vía agravada del artículo 168”. Y, si lo que se pretende es que el Estado recupere competencias que han sido asumidas por una Comunidad, habría que modificar ineludiblemente su Estatuto, para lo que también sería necesario cambiar la Carta Magna, aunque, quizás, por el procedimiento del artículo 167, mucho más sencillo.


La reforma constitucional sólo podría eludirse en un número de casos muy limitado: en aquellos en los que, como sucede con la policía de tráfico en Cataluña, se haya utilizado una ley orgánica de transferencia o delegación.


Pero, según Punset, la recentralización es “políticamente imposible”. Esto se debería, como explica Juan Aitor Lago, director del Strategic Research Center de la escuela de negocios EAE, a que, si se viesen privados de todas sus competencias, lo más probable es que las instituciones de las comunidades autónomas dejasen de existir, lo que afectaría seriamente a la clase política. Según los expertos, si en España se adoptase un Estado centralista similar al francés, el número de políticos se reduciría de 400.000 a 100.000.


… y complicado para la economía


Éste motivo, el mismo que haría que la clase política española se opusiese en todo momento a una vuelta total al centralismo, es precisamente uno de los más utilizados por sus partidarios. Los otros dos son el ahorro y la supresión de duplicidades entre administraciones. Ahora bien, en el plano económico la recentralización también tendría una serie de consecuencias que no serían precisamente positivas.


Y es que, como señala el catedrático de Economía de la Universidad Complutense Mikel Buesa, “todo puede ser económicamente viable: todo depende de los costes y de los beneficios”. En la actualidad, las competencias que tienen un mayor peso en el gasto público del Estado y de las autonomías son, como se ha venido recordando insistentemente, las relacionadas con la Sanidad y la Educación, ya que la justicia mantiene aún un notable grado de centralización. Se calcula que el gasto público en estas dos materias ascendía en 2009, antes de los últimos recortes, a cerca de 110.000 millones de euros.


Si Madrid recupera la titularidad de estas competencias, el gasto repercutirá en la Administración central, y también quedarán a su cargo los empleados públicos autonómicos que hasta entonces las desempeñaban. Pero, como explica el también profesor de la Complutense Alfonso Utrilla de la Hoz, es muy posible que, en vez de generar ahorro, a corto plazo la vuelta al centralismo produzca más costes, derivados, paradójicamente, de la aparición de nuevas duplicidades.


Nuevas duplicidades


Esas duplicidades estarían causadas, según Juan Aitor Lago, porque, aunque se queden sin tarea, los funcionarios que ocupan puestos administrativos en las autonomías seguirán manteniendo sus plazas fijas de trabajo, y, por lo tanto, cobrando los salarios correspondientes del Gobierno central, aunque no desempeñen ninguna función. Esto se vería de una forma especialmente acusada en la Sanidad y en la Educación, sobre todo en las universidades públicas autonómicas.


En este sentido, otros especialistas añaden que, si bien una recentralización supondría inequívocamente el despido de gran parte del personal laboral, el problema de los funcionarios no tendría solución. Estos mismos analistas indican que, de acuerdo con el último Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el número de dichos funcionarios –descontando al personal sanitario y los maestros, cuya inserción en un sistema centralizado sería mucho más sencilla– ronda el medio millón de personas.


Pagar más por la deuda


El otro gran problema vendría asociado a la deuda autonómica, que este año ha ascendido a 140.000 millones de euros. De la Hoz apunta que, una vez se hubiesen visto privadas de sus principales competencias, las comunidades seguirían teniendo que hacer frente a sus endeudamientos millonarios, pero podrían muy bien no tener ingresos para ello. Para salvarlas del ahogamiento, los expertos coinciden en que sólo quedaría una solución: que la Administración central hiciese suya dicha deuda. El problema es que, entonces, los elevados intereses de los bonos autonómicos podrían hacer que el Tesoro español tuviera que pagar mucho más para colocarlos en los mercados.


¿Y el ahorro?


El proceso de recentralización sería especialmente complejo y dificultoso, ya que las comunidades podrían oponerse a perder unas competencias que les fueron transferidas a lo largo de quince años. Y además, en una situación de problemas de costes y pagos de los intereses de la deuda, únicamente podría esperarse una reducción de gastos en un plazo mínimo de un lustro. Y todo ello dependería, no obstante, de las condiciones que Alemania impusiese de cara a una posible petición de rescate por parte de España y del modo en que se llevasen a cabo las conocidas como ‘economías de escala’, es decir, conseguir que la actividad de la Administración llegase al mayor número de usuarios al menor coste posible. Lo malo es que, como recuerda Xavier Cuadras, profesor del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, en determinados servicios, como la Sanidad, su elevada territorialidad hace muy difícil que estas ‘economías de escala’ puedan tener una gran implantación. Por todo ello, los expertos coinciden en que, en lugar de impulsar un proceso involutivo hacia el centralismo, la opción más adecuada estaría en apostar por la reducción de gastos y la coordinación entre entidades territoriales.