martes, 13 de diciembre de 2011

Bajo seguimiento en las nuevas manifestaciones contra los planes de austeridad en Francia

PARÍS.- Varios sindicatos han convocado este martes distintas manifestaciones contra las medidas de austeridad del Gobierno, aunque las organizaciones han reconocido que las protestas no han tenido el seguimiento que esperaban. 

   En un día de viento y lluvias, las movilizaciones de los sindicatos convocadas en más de 200 localidades no han tenido la afluencia esperada. La Confederación General del Trabajo (CGT) no ha conseguido llegar al nivel de las grandes protestas del pasado año contra los planes del presidente francés, Nicolas Sarkozy, de aumentar la edad de jubilación.
   "Nos tenemos que movilizar, pero somos plenamente conscientes del hecho de que hay un grado de escepticismo debido a la intransigencia del jefe del Estado", señaló el líder de la CGT, Bernard Thibault, en una entrevista concedida a la televisión France 2.
   Thibault condenó los recortes en el presupuesto, que ascienden hasta los 65.000 millones de euros entre este año y 2016 con le objetivo de reducir el déficit a cero.
   En París, unos 3.000 manifestantes marcharon hacia el Parlamento, muy lejos del millón de personas que se congregó hace un año para protestar por la subida en al edad de jubilación. Muchos de los que han acudido a la marcha criticaron que el sistema capitalista penaliza a los sectores más pobres de la sociedad.
   "Lo que estamos viendo es el desarrollo de una guerra real entre los Gobiernos y las multinacionales, que han inventado este sistema de las agencias de calificación para controlar a los ejecutivos y dar marcha atrás en los avances sociales", explicó uno de los concentrados.
   Thibault también atacó a los líderes de la Unión Europea, que acordaron en la Cumbre europea la semana pasada endurecer los controles del déficit y la aprobación de sanciones contra los incumplidores. "Las decisiones que están tomando están acelerando el camino hacia la recesión, en términos de crecimiento y sociales", comentó.
   El Partido Socialista, cuyo candidato a las elecciones presidenciales, François Hollande, está a la cabeza en las encuesta para dichos comicios, ha apoyado las protestas, asegurando que la austeridad sin planes mayores para mejorar el crecimiento económico dañaría más al país que ayudar.

Iñaki Urdangarín se 'cuela' en la sesión constitutiva de las Cortes Españolas

MADRID.- Era la mejor ocasión para ver reunidos a tantos políticos de tan diferente ideología. La apertura de las Cortes más fragmentadas de la Democracia reunió el martes a muchas caras conocidas que no dudaron en valorar la actual situación de Iñaki Urdangarín. Prácticamente todos los que mencionaron el tema, desde el Partido Popular (PP) hasta Izquierda Unida (IU), coincidieron en mostrar su respeto a la decisión de la Casa del Rey y, muy especialmente, a la presunción de inocencia. 

   Los problemas del duque de Palma fueron el foco de interés para muchos periodistas, ya que, tan sólo un día antes, el caso había dado un giro trascendental. La Casa del Rey anunció el lunes su decisión de apartar a Urdangarín de los actos oficiales, a los que hasta el momento había acudido como esposo de la infanta Cristina. Una medida derivada de sus actuaciones frente al Instituto Nóos, consideradas por la Casa Real como "no ejemplares".
   El portavoz de la institución había informado, también, que por primera vez la Corona haría público su presupuesto, así como la gestión que hace de él. Algo habitual en otras monarquías, pero sin precedentes en la española.
   El revuelo era, por tanto, justificado, y la mayoría de los políticos han aprovechado la ocasión para valorar la decisión de la Casa Real. Curiosamente, y a pesar de sus discrepancias en política, la mayoría han coincidido en su respeto a la decisión de Juan Carlos I y, sobre todo, a la labor de la Justicia.
   El nuevo portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, afirmó que sigue las noticias relativas a este caso con un gran "interés", y pidió que "las actividades privadas" del duque de Palma no interfieran en "lo que significa" la monarquía "para todos"
. "Una cosa es la Corona y otra muy distinta los problemas que pueda tener la actividad privada de Urdangarín", insistió.
   En la misma línea se ha situado el Partido Socialista. Desde que se conoció la noticia, tres de sus miembros han pedido que no se mezclen los problemas que pueda tener el duque de Palma y la labor de la Casa Real. El primero fue el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, quien el lunes destacó su confianza en que "se gestione bien" el caso y en "que se separen ámbitos".
   A él le siguió el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso: "una realidad es el señor Urdangarín y otra cosa es la institución de la Jefatura del Estado, no confundamos y no mezclemos una cosa con la otra. Tenemos una monarquía constitucional que ha funcionado y sigue funcionando y que presta un buen servicio al país", recalcó.
   Este martes, en los pasillos del Congreso, la ministra de Sanidad en funciones, Leire Pajín, siguió la estela de sus dos compañeros y volvió a insistir en la importancia de separar ambos asuntos. "Comparto el análisis que hacía el presidente del Gobierno, creo que es bueno diferenciar ámbitos y ayer -por el lunes- se dieron pasos importantes en ese sentido", afirmó.
   También en los pasillos de la Cámara Baja, la líder de UPyD, Rosa Díez, aseguró que apartar a Urdangarín de los actos oficiales es "lo mínimo" que la Casa Real puede hacer ante un comportamiento "no ejemplar", en referencia a las palabras que utilizó el portavoz de dicha institución.
   "Que la conducta del señor Urdangarín no ha estado a la altura es lo que ha dicho la Casa Real. Si la Casa Real lo considera así, quién soy yo para pensar cosa diferente", decía la diputada.
    Díez dedicó parte de su discurso a destacar su deseo de que la Justicia actúe con "celeridad, transparencia y equidad" a la hora de juzgar al duque de Palma. "Como todos somos iguales ante la ley, habremos de serlo también ante los encargados de aplicarla".
    Junto a esa reivindicación, el coordinador general de IU, Cayo Lara, añadía otras dos: la agilidad y la eficacia. "Y más, tratándose de quien se trata", añadía. El líder de IU ve en este caso una buena oportunidad para que la Justicia demuestre que realmente "es justa" y recupere la credibilidad y la confianza de los ciudadanos.
   Asimismo, Lara consideró que la Casa Real "ha tardado mucho" en responder a esta situación y que el asunto supone para ella "una mancha" que se mantendrá "con nitidez".
   Su compañero de partido, Gaspar Llamazares, también considera que la respuesta de la Casa del Rey ha llegado tarde. "Ya era hora", decía sobre la decisión de desglosar y publicar sus presupuestos. "Queremos tener acceso a su patrimonio", un patrimonio que, a su juicio, es "de los menos transparentes del mundo".
   Respecto a la separación de Urdangarín de la agenda pública de la Corona, Llamazares ha criticado que se utilice la expresión de "comportamiento no ejemplar", algo que, para el líder de IU, es "un eufemismo". La corrupción "no se puede señorear de la vida política española", ya que es "uno de los temas prioritarios". 
"Hay que luchar porque se devuelva lo robado", manifestaba.
   Llamazares ha reconocido que es republicano, pero también ha afirmado que respeta a la monarquía como sistema para España. "Esa forma de Estado", no obstante, "tiene que ser pulcra como el resto de las instituciones", reclamaba.
   Más contundente ha sido el número dos de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Tardà, que considera que la promesa de transparencia ofrecida por la Casa del Rey sólo es un "cortafuegos absurdo".
   A su juicio, la suma de privilegios más opacidad genera corrupción, y aconsejó a la Casa del Rey que no interprete la transparencia como una concesión. "Se deben someter a la voluntad del Parlamento, que es quien les paga", ha asegurado.

La prensa internacional advierte del daño del caso Urdangarin sobre la monarquía española

MADRID.- La prensa internacional se ha hecho eco del daño que la investigación en torno a la actividad empresarial del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, está infligiendo a la imagen de la monarquía española.

   En sus ediciones impresas o en Internet, interpretan el anuncio de La Zarzuela de dejar fuera a Urdangarin de los actos oficiales así como el compromiso de desglosar en breve el presupuesto de la Casa del Rey como un intento de limpiar la "mancha" provocada por el 'caso Urdangarin'.

   La cadena británica BBC destaca el carácter "excepcional" de la polémica dentro de la Familia Real española y llama la atención sobre el hecho de que no está claro si las investigaciones en torno a las actividades empresariales presuntamente irregulares de Urdangarin alcanzan también a su mujer, la Infanta Cristina.

   El diario británico 'The Guardian' califica el doble anuncio ayer de La Zarzuela como un "movimiento sin precedentes para limpiar una reputación cada vez más empañada" por el "escándalo" del 'caso Urdangarin'.

   La cadena de televisión norteamericana CBS habla de que "crece la distancia" entre Urdangarin y la Familia Real española por unas acusaciones que parecen "terribles" para la institución en un momento en que España afronta una tasa de paro del 21,5 por ciento.

   El rotativo 'New York Times' también se refiere al carácter excepcional del escándalo dentro de la Familia Real, cuyos miembros "normalmente no han estado expuestos al tipo de escrutinio que sí han sufrido sus homólogos en Gran Bretaña".

   Para el argentino 'La Nación', Urdangarin "comenzó a pagar ayer, en público, el elevado precio del escándalo por corrupción" y fue "duramente reprendido ante la prensa por el Palacio de la Zarzuela, que calificó de "no ejemplar" su comportamiento.

   Aunque Urdangarin no ha sido por el momento acusado formalmente de ningún delito, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que él y su socio Diego Torres en el Instituto Nóos --una entidad sin ánimo de lucro--  desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados a otros empresas bajo su control, para lo que fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulaban trabajos "ficticios".