MADRID.- Tras más de dos años de investigaciones en torno a las actividades presuntamente irregulares llevadas a cabo a través del Instituto Nóos y dos meses después de conocerse que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, había sido imputado en el marco de estas pesquisas, el yerno del Rey se convertirá este sábado en el primer miembro de la Familia Real que declare ante un juez en calidad de imputado. La cita tendrá lugar este sábado a partir de las 9.00 horas en los Juzgados de Palma y previsiblemente la comparecencia no se alargará más allá de esa jornada.
Cuando a principios de 2006 el diputado socialista Antoni Diéguez preguntaba en el Parlament balear sobre el destino que dio Nóos a los 1,2 millones de euros que cobró del Govern de Jaume Matas por el foro sobre turismo y deporte celebrado pocos meses antes en Palma, nada hacía presagiar que de la supuesta defraudación investigada en el marco de estas jornadas afloraría un rosario de presuntas irregularidades en torno a la gestión del Instituto. Una trama encabezada por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, quienes, según los investigadores, se apoderaron de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió la entidad.
Será este sábado cuando el Duque de Palma tenga la oportunidad de defenderse ante el juez José Castro de las acusaciones que pesan sobre él: falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en esta pieza separada del caso Palma Arena, una de las 26 que componen la causa.
Sin embargo, una vez finalizada su declaración el Ministerio Público no prevé solicitar medidas cautelares para el marido de la Infanta Cristina, si bien esta petición sí podría producirse más adelante -entre ellas la imposición de una fianza de responsabilidad civil- a la espera de cuantificar la cantidad exacta que pudo defraudarse a través del Instituto y de que declaren otras personas que también habrían tenido implicación en los hechos, según han apuntado fuentes del caso a Europa Press.
Antes de su cita con el juez, su aterrizaje en la capital balear se espera a lo largo de esta tarde, acompañado de la Infanta, con la que prevé posteriormente instalarse en la residencia de Son Vent, anexa al Palacio de Marivent. Sin embargo, no se espera que la hija del Rey Juan Carlos acompañe a su esposo hasta los Juzgados de Vía Alemania, donde está citado a declarar y en los que, en medio de fuertes medidas de seguridad, hay acreditados más de 120 periodistas de 60 medios de comunicación, procedentes entre ellos de México, Chile, Portugal, Francia, Alemania y Reino Unido. A las afueras, la expectación ciudadana estará servida, con varias concentraciones convocadas a las puertas del edificio.
Una vez en el interior de las dependencias judiciales, la declaración del Duque de Palma tendrá lugar en la Sala de vistas F del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, donde el imputado tendrá que responder a las preguntas que le formulen tanto el juez Castro como los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, la abogada de la Comunidad Autónoma Antònia Perelló, la letrada de Manos Limpias -que ejerce la acción popular- Virginia López Negrete, y las defensas personadas en la causa.
Un interrogatorio que girará en torno al papel que jugó en los hechos Urdangarin, a quien las acusaciones consideran, junto a Torres, responsable de urdir un entramado societario cuando ambos estaban al frente de Nóos con el fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.
Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
El análisis de la numerosa documentación incautada en el marco de la causa pone de relieve además el reiterado cruce de facturas supuestamente ficticias o por importe superior al servicio prestado, efectuado entre estas sociedades con el objetivo de incrementar gastos de unas u otras empresas a efectos de rebajar artificialmente el coste del correspondiente impuesto de sociedades.
En cuanto a los foros de turismo y deporte celebrados en Baleares por un total de 2,3 millones de euros -1,2 millones el primero y 1,1 millones el segundo-, el propio Torres aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.
Ante esto, Torres, quien en su comparecencia ante el juez se acogió a su derecho de no declarar, manifestó anteriormente en dependencias de la Policía Nacional que los convenios de colaboración firmados para celebrar los foros eran un patrocinio y por tanto Nóos no estaba obligada a justificar el destino del dinero.
Entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.
Es más, un informe policial incluido en el sumario revela cómo Nóos destinó, con cargo a los 2,3 millones que recibió del Govern, más de 88.700 euros a costear billetes de avión y estancias de hotel cuya ubicación y relación con los foros se desconoce, así como a sufragar numerosos billetes de transporte ferroviario a pesar de que éstos "no parecen propios de ningún tren que circule por Baleares".
La documentación intervenida en los registros practicados en esta causa recoge asimismo apuntes manuscritos sobre una supuesta estructura fiduciaria para desviar dinero al extranjero, concretamente a Belice y Reino Unido, y donde jugaba un papel fundamental la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management así como la figura del abogado experto en fiscalidad internacional Salvador Trinxet. Sobre este punto, la Fiscalía identifica que se transfirieron fondos 'invisibles' o de destino desconocido a Inglaterra por valor de 420.000 euros.
La acusación pública considera que Trinxet actuó como "testaferro de terceros" a través de las sociedades domiciliadas en el Reino Unido, entre ellas De Goes Center, que recibió cerca de medio millón de euros de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, creada por el Duque de Palma en 2006 tras su paso por Nóos. El abogado tiene más de una decena de sociedades registradas en la misma dirección de las afueras de Londres.
Tras la declaración del Duque de Palma está prevista la comparecencia de unas cincuenta personas más, entre imputados y testigos, a lo largo de los próximos meses. Entre ellas se encuentra citado Matas el próximo 17 de mayo como encausado, mientras que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha sido emplazado a declarar el 15 del mismo mes como testigo.
