lunes, 8 de octubre de 2012

La Junta de Andalucía sancionará a 19 entidades por infracciones con participaciones preferentes


HUELVA.- La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta va a incoar expedientes sancionadores contra un total de 19 entidades financieras que han cometido "fragantes" infracciones en la venta de participaciones preferentes, así lo ha señalado la secretaria de Consumo de la Junta de Andalucía, Dolores Muñoz.

   En este sentido, ya en rueda de prensa en Huelva ha recordado que los servicios de consumo han recibido 348 reclamaciones contra 19 entidades financieras de las que dos de ellas acaparan el 85 por ciento de las denuncias.
   "Tras llevar a cabo la sistematización de la documentación, la primera acción será incoar expedientes sancionadores por aquellas infracciones que se han adoptado en relación a las participaciones preferentes", ha subrayado.
   Asimismo, ha señalado la colaboración que mantienen con la Fiscalía General de Andalucía en el proceso penal abierto en cuanto a las cláusulas "abusivas" y el posible delito que se podría haber cometido con la venta de estos productos financieros.
   De igual manera, los servicios jurídicos están estudiando la presentación de un recurso civil para lograr indemnizaciones por daños y perjuicios en los casos en que corresponda y la declaración de nulidad de los contratos por vicio de consentimiento.
   De este modo se pretende "dar respuesta a las cerca de 60.000 personas que han sido engañadas y hasta posiblemente estafadas por la comercialización de estos productos", un asunto en el que "creemos que la Junta tienen debe estar con los afectados".
   Muñoz apuntaba que la banca es un sector donde la autoridad de consumo "habitualmente no ha entrado" al contar con organismos específicos, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), si bien con la llegada de la crisis y "la necesidad de contar con liquidez" han aparecido productos que "aunque no eran nuevos no se comercializaban a los niveles que ahora se ha hecho".
   "Se ha producido una situación de vulneración de todas las líneas rojas que la banca debía mantener y hay miles de afectados por las participaciones preferentes", ha subrayado.
   La secretaria general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Dolores Muñoz, ha asegurado este lunes que en esta legislatura "la Junta apuesta por la ciudadanía como la clave para una mayor y mejor defensa de sus derechos e intereses como consumidores y usuarios". En este sentido, ha matizado que "apostar por el consumo y las garantías y derechos de las personas consumidoras y usuarias es apostar por toda la ciudadanía andaluza".
   La secretaria de Consumo ha iniciado en Huelva una ronda por las ocho provincias para informar de las principales actuaciones que está desarrollando su Departamento en el marco del I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de las Personas Consumidoras y usuarias, refrendado en enero de este año por las tres asociaciones de consumidores más representativas de Andalucía --Facua, UCE, Al-Andalus--. Muñoz ha aprovechado su visita institucional a Huelva para reunirse con representantes provinciales de la CEA y de las tres organizaciones de consumidores.
   Ha explicado que el trabajo, en esta legislatura y en el marco del citado pacto, se va a desarrollar basándose en tres pilares fundamentales: transversalidad, coordinación y participación. "No entendemos nuestro trabajo sin estos tres elementos que nos obligan a pensar bien, priorizar mejor y rentabilizar las acciones que realizan las distintas administraciones en esta materia", ha asegurado.
   Los principales retos son profundizar en el trabajo con todos los sectores implicados, priorizar participativamente y generar complicidad para que la sociedad se adhiera de una manera responsable en la búsqueda de las soluciones ya que, en caso contrario y más en estos momentos, es difícil seguir avanzando en derechos de los consumidores. Ha recordado que no sólo se trata de avanzar sino que la ciudadanía sepa ejercer sus derechos, otro de los retos de la Junta en consumo.
   Igualmente, se pretende reforzar la labor de inspección y el control de los mercados ya que "es muy importante vigilar para que los ciudadanos se sientan seguros y perciban que el Gobierno andaluz está cerca de ellos", así como potenciar la interlocución con las agentes sociales y económicos, en especial con los órganos de representación de consumo en todos los niveles, y aumentar la coordinación institucional.
   Muñoz se ha referido también a la crisis económica que "está situando a la ciudadanía en una posición de especial vulnerabilidad ante una economía global y compleja" que la debilita cada vez más.
   Ante este escenario, es el momento de contar con "administraciones fuertes y decididas" para "trabajar con ahínco" en favor de las personas que más lo necesitan. Para ello, la Junta apuesta por una mayor implicación de todos los sectores y organizaciones de consumidores, así como de los empresarios en aras a "homogeneizar y reforzar las actuaciones locales y autonómicas, optimizando los recursos".
   La secretaria General de Consumo ha resaltado el trabajo que realizan los servicios provinciales de consumo con la colaboración de los servicios municipales y de las asociaciones de consumidores. Entre otros datos, ha informado que durante este año el servicio de la Junta en Huelva ha recibido 825 reclamaciones y ha realizado 30 campañas de inspección.
   Muñoz ha destacado también la cooperación con los ayuntamientos a través de los puntos de información y atención a la ciudadanía (OMICs), que han contando con el respaldo económico de la Junta a través de subvenciones por importe de 86.712 euros. Igualmente, ha resaltado la cooperación con las organizaciones de consumidores provinciales y que se ha plasmado en la realización de 37 proyectos con Al Andalus, 75 con Facua y 79 con UCA, subvencionados con casi 54.000 euros. Este importe permitirá la puesta en marcha de 191 talleres formativos en los 79 municipios de la provincia onubense, lo que supone un mínimo de 2 talleres por municipio.
   Por último, ha destacado la "colaboración eficaz" que está llevando a cabo el servicio de la Junta en Huelva con la Policía Local de algunos municipios para detectar productos incluidos en la red de alerta, cooperando asimismo en tareas de inspección y control. El objetivo es consolidar estas prácticas "positivas y eficientes" fruto de una "política descentralizada y concertada", que debe revisarse y mejorarse en todo lo posible para asegurar las garantías y derechos de las personas consumidoras y usuarias.

La Junta de Andalucía abre las oficinas de intermediación contra desahucios en las provincias

SEVILLA.- La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto este lunes de manera oficial en siete provincias andaluzas las oficinas de intermediación contra los desahucios, un servicio gratuito destinado a la atención y asesoramiento ciudadano en materia de prevención, mediación y protección de las familias afectadas por este problema, y que estarán atendidas por un equipo especialmente cualificado de licenciados en Derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo directivo de un equipo de personal de los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda. 

   Según indica la Consejería en una nota, con la apertura de estos siete puntos se completa la red prevista en todas las provincias, ya que la oficina de Sevilla arrancó la semana pasada.
   La medida, que forma parte del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda anunciado en septiembre por la consejera del ramo, Elena Cortés, en el Parlamento, se fundamenta en un principio especialmente novedoso, ya que "rompe la neutralidad de la administración ante este drama social".
   En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo.
   Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída.
   El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
   La oficina garantiza también "la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social".
   La Consejería de Fomento y Vivienda ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas, al personal funcionario que atenderá estos puntos. Las jornadas convocaron a más de 60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería.
   Recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al ciudadano.
   El encuentro permitió abordar las implicaciones jurídicas que rodean los procesos de desahucios y casos específicos para poner en práctica la labor de la intermediación. En esta materia, los participantes pudieron intercambiar impresiones con representantes de asociaciones y colectivos con experiencia en este campo, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Consumidores en Acción (Facua).
   Por otro lado, y para reforzar esta vía de trabajo iniciado por la Junta de Andalucía con carácter de urgencia ante la situación de emergencia social que viven muchas familias, la Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
   Este programa se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Consejería, entre las que están la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales.
   A esto se suma el apoyo dado por la consejera Elena Cortés a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler social. Paralelamente a estas medidas específicas dirigidas a paralizar los desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de vivienda la rehabilitación y el alquiler.

Bruselas plantea subir el IVA para agua, energía, residuos y vivienda

BRUSELAS.- La Comisión Europea se plantea suprimir el tipo reducido del IVA -que en España es del 10%- para el agua, la energía, la gestión de residuos y la vivienda por considerar que su aplicación contradice los "objetivos estratégicos" de la UE de reducir el consumo de estos recursos por motivos medioambientales.

   "Los Estados miembros necesitan nuevas fuentes de ingresos, mientras que las empresas quieren sistemas fiscales más simples con costes de conformidad menos elevados. Hoy nos planteamos la cuestión de saber si algunos tipos reducidos de IVA aportan los resultados previstos o si crean más problemas de los que resuelven", ha dicho el comisario de Presupuestos, Algirdas Semeta.
   En el caso del agua, Bruselas plantea que los objetivos sociales que en principio tenía el tipo reducido del IVA podrían lograrse mejor mediante políticas sociales nacionales dirigidas a los grupos más vulnerables. Para la energía, la Comisión cree que el IVA reducido contradice el objetivo de fomentar el ahorro energético y favorece a las fuentes más contaminantes.
   Lo mismo ocurre con la gestión de residuos, donde el IVA reducido no tiene en cuenta la jerarquía fijada por la UE, que da prioridad al reciclaje frente a la incineración o disposición en vertederos. En el caso de la vivienda, Bruselas plantea que este tipo se aplique sólo a las que cumplan las exigencias comunitarias máximas en materia de ahorro energético.
   El Ejecutivo comunitario asegura en todo caso que todavía no hay ninguna decisión tomada y ha abierto una consulta pública, que concluirá el 3 de enero de 2013, para que todos los interesados le hagan llegar su opinión antes de plantear sus propuestas definitivas.
   La Comisión pregunta también cómo equiparar el IVA de los libros y prensa en papel, que tienen ahora el tipo reducido, al de los libros y la prensa electrónica, a los que en la actualidad se les aplica el tema normal.

"Se acabaron" los viajes en preferente de altos cargos españoles

MADRID.- El Ministerio español de Hacienda y Administraciones Públicas ha recalcado en el Congreso que a partir de ahora "se han acabado" los viajes en preferente de altos cargos, incluidos secretarios de Estado, y que los desplazamiento al extranjeros serán "los mínimos": "No hay porqué  malgastar los escasos recursos que tenemos", ha proclamado la subsecretaria del Departamento, Pilar Platero. 

   Según ha explicado ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, el Ministerio ha elaborado unas "normas muy estrictas" para los viajes. Por un lado, se limitarán "al mínimo" los desplazamientos al extranjero, sólo los "esenciales" para defender los intereses de España y nunca más de una persona, y que ya no se pagarán más viajes en clase 'business'.
   Para 2013 también se ha suprimido el abono de las vacaciones a los funcionarios destinados en el extranjero y sus familias. A su juicio, el personal destinado en el extranjero tiene unas retribuciones más altas que las del interior y "ellos también tienen que hacer ese esfuerzo y, por tanto, las vacaciones correrán a su cargo y no a cargo del Estado".
   En el caso del Ministerio de Hacienda, ha detallado, estas restricciones a los viajes ya han permitido un ahorro en dietas de un 15 por ciento, muy superior a la media del 3 por ciento de rebaja que se ha aplicado a todas las partidas del Departamento.
   La subsecretaria también ha ofrecido unas primeras cifras del ahorro que se está logrando con la revisión de los arrendamientos de los inmuebles de la Administración General del Estado.
   Se está elaborando una base de datos para saber qué edificios están  propiedad, en alquiler y el coste, y la primera conclusión es que los costes son mucho más elevados que los del sector privado: "Algo estamos haciendo mal", ha reconocido.
   A partir de ahí, se están renegociando contratos, revisando alquileres y realojando funcionarios en edificios del Estado. Todo ello, según ha revelado, ya ha permitido un ahorro de 29,5 millones de euros en conjunto del Gobierno, un trabajo que continuará los próximos dos años.
   Por último, se ha referido a los planes para reducir consejeros de empresas públicas, donde ya se han suprimido 117 de los 140 puestos que se prevé hacer desaparecer. Cuando terminen las operaciones de fusiones y desaparición de empresas se espera un ahorro de 2,3 millones de euros.
   Este plan de ajuste, ha explicado Pilar Platero, también lleva implícito la limitación de las retribuciones de los directivos, lo que hasta ahora ha permitido un ahorro de 9,7 millones de euros.

Bruselas no tiene competencia para regular la dación en pago en países de la Unión Europea

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha insistido en que no tiene competencias para regular la dación en pago en el conjunto de Estados miembros ni para obligar al Gobierno español a incorporar este principio en su legislación nacional, tal y como reclaman varios ciudadanos españoles afectados por los desahucios ante la imposibilidad de continuar pagando la hipoteca por la crisis a través de la 'Plataforma de Afectados por la Hipoteca'.

   La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, encargado de estudiar las quejas de los ciudadanos europeos, ha debatido brevemente sin la presencia de los peticionarios el problema de los desahucios en España y la imposibilidad de que puedan cancelar su hipoteca entregando las llaves de su vivienda en caso de impago.
   En nombre de la 'Plataforma de Afectados por la Hipoteca', el ciudadano de nacionalidad rumana Daniel Marian Iorga, reclama en la petición remitida a la Eurocámara que la vivienda pueda ser entregada al banco y que los ciudadanos afectados por los desahucios queden liberados del pago de la hipoteca.
   El ciudadano español José Manuel Álvarez Martín, que tampoco ha estado presente en el debate, también ha solicitado en otra petición sobre el mismo problema, abordada conjuntamente, que se apruebe la 'datio in solutum' o dación en pago en España en los casos en que una persona o familia sea desahuciada por los bancos por no poder pagar la hipoteca y sugiere que un fondo público -a partir de impuestos recaudados cuando se transfiere la propiedad al banco-- ayude a estas personas a encontrar un alojamiento temporal.
   Además, Álvarez Martín solicita en otra petición que se aplique la dación en pago de forma retroactiva en España y pide que se investiguen a los bancos españoles por presuntos fraudes en la política de préstamos hipotecarios y su gestión y por "violaciones de los derechos humanos de las personas expulsadas de sus viviendas".
   La Comisión Europea sigue "muy de cerca estos problemas" de desahucios en España, pero ha dejado claro que "la Unión Europea carece de competencias para intervenir en ello", ha explicado un funcionario del Ejecutivo comunitario durante el debate.
   "Hemos examinado estas tres peticiones y concluimos que no encaja con la competencia intervenir en esto. Los procedimientos de desahucio se hacen a nivel nacional y son regulados por el Estado en cuestión. Lo mismo pasa con la formula de la dación en pago", ha precisado el funcionario comunitario.
   El Ejecutivo comunitario, ha insistido el funcionario, no puede obligar al Gobierno español a "que contemple la posibilidad de la dación en pago y que se incorpore en la legislación" nacional del país.
   Bruselas propuso hace meses elaborar una directiva sobre créditos hipotecarios que están negociando en la actualidad los Veintisiete y el Parlamento Europeo precisamente con el objetivo de que "no se repitan los problemas en el futuro", ha explicado el funcionario comunitario. "Pero esta directiva de créditos hipotecarios solo se circunscribe en la fase pre-contractual. No interviene en la fase contractual entre el acreedor y el deudor", ha advertido.
   El eurodiputado de Izquierda Unida (IU), Willy Meyer, ha lamentado que la Comisión no contemple por el momento presentar propuestas legislativas para regular la 'datio in solutum' en el conjunto de Estados miembros tras recordar "el problema social muy fuerte" que se está dando en España con más de 500 desahucios "diarios" cuando países como Francia, Portugal o Alemania sí tienen regulada la "posibilidad" de cancelar la hipoteca mediante la figura de la dación en pago.
   Meyer ha insistido en que la necesidad de "convencer" al Ejecutivo comunitario para que permita la dación en pago por norma comunitaria tras lamentar que el Gobierno de Mariano Rajoy haya dejado "en manos de los bancos" decidir si aceptan la dación en pago o no mediante Real Decreto el pasado 9 de marzo y ha defendido mantener abierta las peticiones conjuntas sobre esta problemática "muy grave" en España para que los peticionarios expongan sus denuncias ante la Eurocámara.
   El vicepresidente de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, el eurodiputado popular español Carlos Iturgáiz, ha confirmado que los peticionarios tendrán la oportunidad de venir a explicar su caso en la Eurocámara y que, tal y como marca el reglamento de la Cámara, toda petición se mantiene abierta siempre que lo pida un eurodiputado, en este caso Meyer.

EQUO defiende un cambio de marco político desde la base, siguiendo el ejemplo de Islandia

BILBAO.- EQUO ha defendido un cambio de marco político desde la base, siguiendo el ejemplo de Islandia, en el que sea la ciudadanía la que decida realmente qué modelo económico y social desea para gestionar lo público. "Si la política y la economía la rigen los mercados, la democracia queda solamente en una denominación vacía de contenido, lo que acaba causando una fractura social irreparable", ha afirmado.

   Como medidas destacadas para favorecer la "regeneración democrática", EQUO plantea establecer un marco estatutario y legal adecuado para canalizar la participación ciudadana, impulsar una Ley Vasca de Transparencia y Buen Gobierno, promover el acceso de la ciudadanía a los cargos públicos, regular la relación entre los grupos de presión y las instituciones públicas e impulsar una e-Administración autonómica y local efectiva, facilitando la transparencia total de las actuaciones de los órganos legislativos autonómicos y locales.
   EQUO ha escenificado esta tarde en Vitoria la "falta de información" que desde los medios se ofrece sobre opciones políticas que no están representadas en las instituciones y que la ciudadanía "tiene derecho a conocer para valorar las diferentes alternativas a la hora de ejercer su derecho a participar".
   En el acto ha participado Antxeta Knörr, número dos de EQUO por Álava y ha servido para visualizar que en nuestra sociedad "continúa habiendo sectores que no tienen voz y a los que no se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones que afectan directamente a sus intereses". También EQUO pretende cambiar un modelo en el que, según ha denunciado, la ciudadanía está "cada vez más alejada de la clase política, que considera totalmente ajena a sus aspiraciones".
   Para EQUO Euskadi Euskal Ekologistak, la regeneración democrática es uno de los pilares de su programa electoral y una parte fundamental de este "giro democrático debe ser que la ciudadanía tenga acceso a una información veraz, plural y contrastada". En opinión de Antxeta Knörr, "si se niega a la ciudadanía su derecho a conocer las propuestas de todas las opciones políticas, se le niega el derecho a la participación efectiva".
   EQUO Euskadi Euskal Ekologistak apuesta por realizar reformas que garanticen la apertura de los partidos políticos a la ciudadanía, su transparencia y su democracia interna. "Este tipo de medidas son clave para que fomentar la participación ciudadana, considerada tanto como un derecho como un deber, para luchar contra la corrupción de una manera efectiva y para garantizar la pluralidad en las instituciones legislativas y administrativas de Euskadi", ha concluido.

El BCE asegura que las protestas no detendrán las reformas en España y Portugal

LISBOA.- Los planes de ajuste anunciados en España y Portugal no deberían verse afectados por las protestas de la ciudadanía en las calles debido a la fortaleza de los gobiernos de estos países para aplicar su agenda de reformas, aseguró el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Vitor Constancio.

  "Los gobiernos cuentan con mayorías parlamentarias tanto en Portugal como en España y tres o más años todavía por delante antes de nuevas elecciones", destacó el banquero portugués en una entrevista concedida a 'MNI'. "No creo que vayan a hacer descarrilar los programas", añadió.
   Por otro lado, el vicepresidente del BCE afirmó que los actuales tipos de interés, situados en el 0,75%, se encuentran a un nivel apropiado, defendiendo que un nuevo recorte de la tasa rectora del euro no tendría apenas impacto en la economía.
  "No tendría mucho, ciertamente... Los tipos ya son bastante acomodaticios, bastante bajos", aseguró Constancio.

Miles de trabajadores se movilizan para defender en España el sector industrial

MADRID.- Miles de trabajadores secundan este lunes las concentraciones, manifestaciones y asambleas que han convocado las federaciones industriales de CC.OO. y UGT en las principales capitales de España y en empresas para reclamar al Gobierno la apertura inmediata de un proceso de negociación que permita pactar una verdadera política industrial para el país.

   Los sindicatos denuncian la "pasividad" del Gobierno a la hora de impulsar el crecimiento de la industria española y de propiciar un cambio de modelo productivo que sitúe a este sector como el motor de la economía y de la generación de empleo.
   Estas movilizaciones se enmarcan en el Día de Acción Europeo convocado por la federación sindical europea de la industria 'IndustriALL Europa', que representa a 7,1 millones de trabajadores del sector.
   MCA-UGT, la Federación de Industria de CC.OO. y FITAG-UGT, convocantes de estas protestas, consideran "preocupante" que los Presupuestos Generales del Estado para 2013 recorten en un 21,3% el presupuesto del Ministerio de Industria.
   En este sentido, recuerdan que el Ministerio ya sufrió un descenso en su presupuesto de este año del 32,3%, lo que, a su juicio, hace "imposible" apostar por una industria "fuerte, potente, competitiva y generadora de empleo".
   "Decisiones como ésta, que hundirán aún más a la economía española, vuelven a demostrar que para el Ejecutivo no es prioritario reforzar la industria ni cambiar el modelo productivo, y que ha renunciado a la inversión, la actividad y la creación de empleo", denuncian.
   Los sindicatos aportan datos para ilustrar la debilidad del sector. Entre 2008 y 2012 se han perdido 806.100 puestos de trabajo en la industria (733.000 de ellos de asalariados), el equivalente al 25% del empleo industrial, y han desparecido 31.292 empresas, el 14%.

Un total de 18 sindicalistas griegos serán procesados por perturbar el orden público

ATENAS.- Un total de 18 trabajadores griegos del sector eléctrico serán procesados a partir de este lunes por perturbación del orden público después de que la Policía antidisturbios disolviera ayer domingo una protesta contra las políticas de austeridad con motivo de la próxima visita a Grecia de la canciller alemana, Angela Merkel.

   Entre los que comparecerán ante el fiscal figura Nikos Fotopoulos, líder del poderoso Sindicato de Trabajadores de la Corporación Pública Eléctrica griega (GENOP), que ha anunciado una huelga de 48 horas en el sector eléctrico cuando se sometan ante el Parlamento las nuevas medidas de austeridad.
   La Policía antidisturbios intervino ayer domingo para disolver a varios trabajadores que habían ocupado un centro de datos de la empresa estatal eléctrica PPC --que produce el 70 por ciento de toda la electricidad generada en Grecia-- para protestar contra una impopular tasa a la propiedad recaudada a través de la factura eléctrica, impuesta el año pasado para incrementar los fondos financieros estatales.
   "Habéis convertido nuestra vida en un infierno y el país en un protectorado", afirmó ayer domingo el sindicato en un comunicado, en el que anunciaba la ocupación del centro de datos de PPC.
   El primer ministro griego, Antonis Samaras, prometió el pasado jueves que mantendría la ley y el orden después de que varios trabajadores portuarios que no habían cobrado sus sueldos intentaran irrumpir en el Ministerio de Defensa. "No voy a permitir que este país quede indefenso", declaró ante los periodistas.
   El desconteno contra los presupuestos impuestos por la UE y el Fondo Monetario Internacional y contra los recortes es cada vez mayor en Grecia. Merkel tiene previsto viajar mañana martes a Atenas en un intento por mostrar su apoyo a las políticas de austeridad del frágil Gobierno de coalición de Samaras. La canciller alemana va a ser recibida con hostilidad por parte de la población descontenta, y se han convocado varias manifestaciones en Atenas.

Moliner ve "desafortunadas" las palabras de Pedraz sobre los políticos

SALAMANCA.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha calificado como "desafortunadas" los términos utilizados por el juez Santiago Pedraz en un auto sobre las manifestaciones del '25-S', en las que justificó estas movilizaciones por la "decadencia" de la clase política.

   Sobre estas apreciaciones, el presidente del CGPJ ha indicado durante su visita a Salamanca que afirmaciones así "quizá no se deberían decir" pero que forman parte de la libertad de expresión.
   Moliner ha visitado la Hospedería Fonseca, de Salamanca, donde el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Superior de la Magistratura de Portugal celebran durante 8 y 9 de octubre, el VII Encuentro Transfronterizo.
   Ha estado en compañía, entre otras autoridades, del presidente del Consejo General de la Magistratura de Portugal, Luis Antonio Noronha; vocales de los consejos organizadores de España y Portugal; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco.

A juicio de Cayo Lara, los responsables del "fiasco" en Cataluña "no pueden esconderse"

MADRID.- El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, se ha referido a lo ocurrido este domingo en el Camp Nou, donde se mostró una bandera catalana y hubo gritos a favor de la independencia, subrayando que los responsables del "fiasco" económico de Cataluña y España "no se pueden esconder detrás de las banderas".

   En rueda de prensa en el Congreso, Lara ha señalado que el problema que padecen Cataluña y España no se resuelve viendo "quién despliega la bandera más grande", sino que de esta forma lo único que se consigue es "ocultar" los nombres y apellidos de los "responsables" del actual "desastre" económico: el PSOE, el PP y CiU.
   En este punto se ha centrado en los nacionalistas catalanes puesto que, según ha puesto de relieve el líder de IU, han estado apoyando en los últimos años en Madrid las políticas que bajaban los impuestos a los más ricos, la supresión del impuesto de patrimonio, la rebaja del impuesto de sociedades o a la bonificación fiscal a las empresas.
   "Y ahora, qué sorpresa, no tenemos recursos en la Hacienda pública del Estado para poder trasladar recursos a las propias comunidades autónomas", ha proseguido Lara, quien ha insistido en que los culpables de este "fiasco" no se pueden esconder detrás de las banderas porque "por ahí no se resuelven los problemas de los ciudadanos".
   "La política de recortes, de privatizaciones y de repago se tienen que abordar con cambios de políticas y, desde luego, no llenando estadios de banderas", ha apostillado el presidente del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, quien espera que el partido de vuelta que jueguen el Barça y el Real Madrid en el Bernabeu, no se responda con otra bandera distinta porque, ha reiterado, "por esa vía no se resuelven los problemas".

Según Beteta, las CCAA españolas aumentaron sus funcionarios en casi 9.600 personas este año

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este lunes que las comunidades autónomas han aumentado sus plantillas a lo largo de 2012 en casi 9.600 personas, mientras el Estado y los ayuntamientos reducían el número de sus trabajadores.

   Así lo ha explicado durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre las cuentas de su departamento previstas para 2013, que una vez más son "austeros por necesidad y por la convicción de que la salida de la crisis pasa inevitablemente por la reducción del déficit público y el cumplimiento de los objetivos comprometidos".
   Por eso, la tasa de reposición se fijó en cero de forma general para este ejercicio --con excepciones en algunos departamentos, donde se aceptó un 10% máximo--. Pese a esta medida, "el empleo público sigue creciendo en las administraciones públicas", que actualmente suman 2.685.837 empleados.
   De hecho, entre enero de 2011 y enero de 2012 la plantilla pública se incrementó un 0,09% (+2.467 trabajadores) como consecuencia del incremento en 9.598 personas (+0,72%) de las plantillas autonómicas. Frente a ese comportamiento, se ha reducido tanto el número de trabajadores de la Administración General del Estado (-11.000 trabajadores, -1,85%) como de las haciendas locales (-50.000 personas, -7,76%).
   En 2013, la tasa de reposición se mantiene congelada en el 0% excepto para algunos servicios como la Acción Exterior del Estado, la Seguridad Social, la Intervención General o la Agencia Tributaria (AEAT).
   En este contexto se enmarcan las medidas adoptadas, que "duelen" y que "no se hubieran tomado si hubiera habido alternativa", según ha dicho Beteta, citando decisiones como la asignación de los recursos, la congelación de las ofertas de empleo público, la congelación de los salarios, la postergación de la paga extraordinaria de Navidad o los cambios en la negociación colectiva.
   "En julio tomamos medidas no sólo para ahorrar, sino también para racionalizar el empleo público equiparándolo con el resto de trabajadores en esas condiciones de forma general", ha explicado, reclamando a renglón seguido el "máximo apoyo de los empleados públicos" para poder lograr los objetivos de 2013.
   En cualquier caso, Beteta ha apuntado que, tras el "esfuerzo" que ya se ha exigido al colectivo de empleados públicos este año, en 2013 se "garantizan las pagas extraordinarias", aunque sus sueldos se vuelven a congelar.
   De esta manera, el gasto en personal activo cae un 3,8%, si bien el dato queda en un +1,2% si se tiene en cuenta el aumento del 8,9% previsto en las clases pasivas.
   Por último, Beteta ha afirmado que estas constricciones presupuestarias no son óbice para que el objetivo fundamental de su departamento sea la "modernización" de la función pública a través fundamentalmente de dos reformas en las que ya trabaja el Gobierno: la Ley de la Función Pública y el Estatuto del Directivo Público.
   "Estos proyectos de ley engarzarán con un futuro modelo más dinámico, sin descuidar el acerbo acumulado y que cerrarán el círculo del marco jurídico para la función pública. Y procuraremos que sean fruto del consenso parlamentario y sindical", ha afirmado.
   Por último, el secretario de Estado ha recordado que "el futuro se está escribiendo ahora" y que "el compromiso con la reducción (del gasto) y la modernización, las menores cargas administrativas y el incremento de la administración electrónica son imprescindibles para este objetivo". "Necesitamos volver a creer en nosotros y en nuestras posibilidades. Podemos vencer a la crisis y lo vamos a hacer", ha zanjado Beteta.

El desempleo y la situación económica, principales problemas de los españoles

MADRID.- El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de septiembre refleja un aumento de la preocupación por los tres principales problemas que, según los ciudadanos, padece España: el desempleo, la situación económica y la clase política, con la particularidad de que este último marca su cota más alta de la democracia. 

   La encuesta se basa en 2.472 entrevistas realizadas en 236 municipios de 47 provincias entre los días 3 y 11 de septiembre, en vísperas de las manifestación soberanista de la Diada de Cataluña y cuando estaba convocada la manifestación del 25 de septiembre para rodear el Congreso y pedir la disolución de las Cortes.
   El desempleo vuelve a ser mencionado como primer problema de España, a figurar en el 79,3 por ciento de las respuestas de los encuestados, un punto más que lo marcado en el sondeo anterior, del mes de julio, pero por debajo de las cifras del 83 y el 84 por ciento que registraba a principios de año.
   Algo similar ocurre con los problemas de índole económica, mencionados en septiembre en el 49,4 por ciento de las respuestas, tres puntos más que antes de verano, pero por debajo de los registros de principios de año, que rondaban el 53 por ciento.
   Ahora bien, la concepción de la clase política como un problema sigue una línea ascendente que en septiembre rompió techo, marcando un 26,9 por ciento, un punto más que en julio y nueve puntos por encima del dato de enero. Un año antes, la clase política era mencionada como un problema en el 24 por ciento de las entrevistas y en 2010 estaba en torno al 20 por ciento.   
   La visión de la clase política se complementa con otras cuestiones como la corrupción y el fraude, con un porcentaje de respuestas del 8.5 por ciento, y el Gobierno y los partidos políticos, que en septiembre marcó un 3,2 por ciento.
   A partir de ahí, aparecen en la lista otros problemas que han surgido en los últimos meses a raíz de los recortes sociales, como la sanidad (9,1 por ciento) o la educación (6,6 por ciento). Los bancos, que antes del verano, coincidiendo con los rumores del rescate financiero,  habían sido citados como un problema en el 8 por ciento de los cuestionarios, en septiembre al 5,4 por ciento.  
    Preguntados por el problema que más afecta personalmente a los encuestados, el paro repite en primer lugar (46,4 por ciento) seguido de la situación económica (41,9 por ciento), la sanidad (8,8 por ciento), la clase política (8,5 por ciento) y la educación (7,2 por ciento).
   Por otro lado, el diagnóstico de la situación política y económica sigue siendo negativos, y además aumenta el pesimismo ante el futuro.
   Así, un 88,9 por ciento sostiene que la situación económica de España es "mala" o "muy mala" y un 67,4 por ciento cree que es peor que hace un año, lo que se agrava con el hecho de que un 46,3 por ciento augura que dentro de un año empeorará todavía más, frente a un 31 por ciento que opina que estará igual y un 12,3 por ciento que piensa que mejorará.
   En cuanto a la situación política, aumenta el porcentaje de quienes la juzgan como "mala" o "muy mala", llegando hasta el 73,2 por ciento, y dominan los que consideran que está igual que hace un año (46,4 por ciento frente a un 41,4 que piensa que está peor), y los que opinan que se mantendrá estable dentro de doce meses (41 por ciento por 35,3 por ciento que augura que se agravará). 

Cuatro de cada diez españoles apuestan por revertir el Estado autonómico

MADRID.- Cuatro de cada diez españoles son partidarios de revertir el Estado autonómico, bien suprimiendo directamente las comunidades autónomas o reduciendo su nivel de autonomía, según revela el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre hecho público este lunes. 

   La encuesta se basa en 2.472 entrevistas realizadas en 236 municipios de 47 provincias entre los días 3 y 11 de septiembre, en vísperas de la manifestación soberanista de la Diada de Cataluña.
   El CIS ha incluido en este estudio una pregunta específica sobre el modelo de Estado que pone de manifiesto que casi el 30 por ciento de los entrevistados considera que no deberían introducirse cambios en el sistema autonómico.
   Pero también recoge que el 24,5 por ciento de los españoles defiende "un único Gobierno central sin autonomías" y que, además,  hay un 14,5 por ciento que apuesta por que las comunidades "tengan menor autonomía que en la actualidad".
   En el otro extremo se sitúa un 18 por ciento de los entrevistados. Estos se reparten casi a partes iguales entre el 9,1 por ciento que plantea la conveniencia de dotar de mayor autonomía a los distintos territorios y el 8,9 por ciento que reivindica un Estado en el que se reconozca a las comunidades autónomas la "posibilidad de convertirse en Estados independientes".

La preocupación por la clase política alcanza en España su cota más alta de la democracia

MADRID.- El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de septiembre refleja un aumento de la preocupación por los tres principales problemas que, según los ciudadanos, padece España: el paro, la situación económica y la clase política, con la particularidad de que este último marca su cota más alta de la democracia. 

   El desempleo vuelve a ser mencionado como primer problema de España, a figurar en el 79,3 por ciento de las respuestas de los encuestados, un punto más que lo marcado en el sondeo anterior, del mes de julio, pero por debajo de las cifras del 83 y el 84 por ciento que registraba a principios de año.
   Algo similar ocurre con los problemas de índole económica, mencionados en septiembre en el 49,4 por ciento de las respuestas, tres puntos más que antes de verano, pero por debajo de los registros de principios de año, que rondaban el 53 por ciento.
   Ahora bien, la concepción de la clase política como un problema sigue una línea ascendente que en septiembre rompió techo, marcando un 26,9 por ciento, un punto más que en julio y nueve puntos por encima del dato de enero.