martes, 22 de enero de 2013

Rubalcaba dice que "no es el momento" para un pacto anticorrupción en España

MADRID.- El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado este martes que "este no es el momento" para que los partidos hablen de un pacto contra la corrupción política, sino que, después de conocerse la existencia de una cuenta en Suiza a nombre del extesorero del PP Luis Bárcenas así como los supuestos sobresueldos en dinero negro que éste entregaba a dirigentes del partido, es momento de pedir al Gobierno y al PP que "aclaren su responsabilidad" en este caso.

   En declaraciones a los medios en el Congreso, y en respuesta a la propuesta de pacto anunciada ayer por el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, Rubalcaba ha comenzado diciendo que él ya manifestó "hace diez días, antes de que saliera este escandaloso asunto del señor Bárcenas, que este asunto de la corrupción estaba dañando muy gravemente a la democracia".
   Por tanto, ha recordado que insistió en que "todos los partidos" debían "ponerse de acuerdo" tanto para investigar los casos de corrupción como para "impedir que se produzcan porque una vez que un cargo público va al banquillo, tiene mal remedio aunque se le castigue duramente".
   Según el líder de los socialistas, su propuesta, que adelantó el pasado 13 de enero, no tenía como objetivo "tapar nada" sino "investigar más rápidamente y tratar de impedir" la corrupción en la política. No obstante, ha remarcado que "este no es el momento", sino el de "pedir al Gobierno que aclare su responsabilidad".
   A la pregunta de si el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha contactado con el PSOE para iniciar las conversaciones con los partidos para impulsar un gran pacto contra la corrupción, según ha desvelado esta misma mañana el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, Rubalcaba se ha limitado a contestar que aún no le consta.

China promete combatir la corrupción

PEKÍN.- El secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y próximo presidente de la República Popular, Xi Jinping, ha prometido este martes que combatirá "cualquier forma de corrupción" y ha advertido de que ningún dirigente del país "puede gozar de un poder absoluto al margen de la ley", según ha informado la agencia estatal de noticias Xinhua.

   "Debemos tener la determinación de combatir cualquier práctica corrupta, castigar a todos los funcionarios corruptos y eliminar totalmente el terreno en el que germina la corrupción, a fin de obtener la confianza del pueblo con resultados reales", manifestó Xi durante una reunión de la Comisión Central de Control Disciplinario del PCCh.
   "La mayor parte de los cuadros y miembros del Partido actúan correctamente, pero debemos reconocer que sigue habiendo propensión a la corrupción en ciertas áreas", lo cual está teniendo un impacto muy negativo en el país, ha lamentado Xi.
   Según el secretario general del PCCh, la lucha a largo plazo contra estas prácticas es una tarea complicada que requiere de esfuerzos coherentes y constantes. "No debe haber excepciones en lo relativo a la disciplina y al cumplimiento de la ley en el Partido", ha aseverado. "Los casos deben ser investigados completamente y no debe haber clemencia, sea quien sea el implicado", ha manifestado.
   Asimismo, el futuro presidente chino ha ordenado una mayor restricción en el uso del poder político y una mejor supervisión de su ejercicio, ya que, según sus palabras, "el poder debe estar restringido por las regulaciones".
   "Los cuadros del Partido en sus distintos niveles deben tener claro que nadie puede gozar de poder absoluto al margen de la ley", ha declarado Xi. Los que ejercen el poder "deben servir al pueblo y responder ante el pueblo de sus actos", ha agregado.

   Según datos oficiales citados por Xinhua, cerca de 73.000 personas fueron castigadas por corrupción o negligencia en sus responsabilidades en 2012, 4.698 de las cuales corresponden a cargos de alto nivel o de nivel local sancionados por la Comisión de Disciplina del Partido.
   Aparte, los casos de otros 961 dirigentes locales o de grado superior han sido remitidos a la Justicia. Entre los más destacados figuran un exministro de Ferrocarriles, Liu Zhijun; un antiguo vicegobernador de la provincia de Shandong (este), Huang Sheng: y un ex vicegobernador de la provincia de Jilin (noreste), Tian Xueren.
   Otros dos altos cargos provinciales están siendo investigados por supuestas "violaciones disciplinarias": Zhou Zhenhong, antiguo miembro dirigente del Partido en la provincia de Guangdong, y Li Chuncheng, ex subsecretario del Comité Provincial de Sichuan.

Técnicos de Hacienda se ofrecen a realizar la auditoría externa del PP

MADRID.- Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) se ofrecen para realizar un "examen exhaustivo" de las cuentas del Partido Popular (PP) después de que el partido anunciara ayer el encargo de una auditoria externa a sus cuentas. 

  De este modo, los técnicos de Hacienda ofrecen su colaboración para esclarecer las dudas suscitadas en relación con la contabilidad del Partido Popular, principalmente, "el origen y destino de los supuestos fondos irregulares percibidos, así como los sobresueldos supuestamente recibidos por miembros de la formación política".
   Como condición para realizar esta investigación, los Técnicos "únicamente reclaman el respeto a la independencia y autonomía de su trabajo y la colaboración plena del Partido Popular". Ello supondría, según afirman, "tener acceso a la contabilidad, justificantes y documentación acreditativa, cuentas bancarias, ficheros informáticos, y contar con la autorización para tomar declaraciones a trabajadores y ex altos cargos, así como a los supuestos beneficiarios y directivos de las empresas que pudieran resultar implicadas".
  Además, GESTHA explica que, al tratarse de un informe de investigación, la labor de los Técnicos sería "más amplia que la de una auditoría externa convencional" ya que analizarían los "ejercicios cuestionados", incluso aunque hubiera "prescrito" la responsabilidad administrativa o penal que pudiera derivarse, y "extendiéndose a prácticas indagatorias al margen de la contabilidad oficial".
   Los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda, creados en el año 1978, son, con un total de 8.000 técnicos, el colectivo más representativo dentro de este Ministerio y de la Agencia Tributaria, según precisa GESTHA en una nota de prensa.
   Así, aclaran que, en la actualidad, los Técnicos del Ministerio de Hacienda realizan estudios macroeconómicos de gran calado con el objetivo de conocer la realidad fiscal de nuestro país y conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz, con una estructura*que garantice las necesidades del servicio público de un modo más eficiente y racional.
   Precisamente, afirman que con esta vocación, GESTHA participa activamente en importantes debates abiertos ante la opinión pública, como son las Leyes tributarias, la lucha contra el fraude y el control del gasto público y las subvenciones.
   En la actualidad, según aseguran, la economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros, lo que representa el 23,3 por ciento del PIB, diez puntos por encima de la media de otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia. Para mejorar la gestión de los ingresos fiscales, los Técnicos proponen, entre otras medidas, ampliar el papel de los efectivos en la lucha contra el fraude para aumentar la recaudación en 6.200 millones de euros anuales.

Ecuador recurre la legislación de hipotecas española en Estraburgo

MADRID.- La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha presentado este lunes una demanda contra la legislación española en materia de ejecuciones hipotecarias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, según ha explicado en Madrid el titular de la institución, Ramiro Rivadeneira Silva.

   En este sentido, ha detallado que en esta demanda se denuncia que la legislación española "vulnera derechos fundamentales de las personas" y ha subrayado que la decisión de recurrir se debe a la necesidad de "emprender con firmeza" la defensa de los ecuatorianos en el extranjero.
   En concreto, la demanda recoge el caso del ecuatoriano Luis Solórzano, quien se ha visto obligado a abandonar su vivienda al haber agotado todas las instancias judiciales en territorio español. En opinión de la Defensoría, este ciudadano sufrió "indefensión" ante las "prácticas abusivas" del banco así como el hecho de que el juez que llevaba su caso "no aceptó escuchar las razones de Solórzano para ponderar su situación".
   De esta forma, el Defensor del Pueblo de Ecuador ha solicitado al Tribunal de Estrasburgo que "inste a España a modificar la ley de enjuiciamiento civil que no permite el verdadero ejercicio de los derechos, especialmente el de estar frente a un juicio justo en el que el juez pueda escuchar las razones de las partes, ponderarlas y resolver el caso".
   La institución, junto a un grupo de juristas que estudian casos de ejecuciones hipotecarias, ha expuesto que se han encontrado varias causas de "violación de derechos y privación de justicia" en otros casos como el de Solórzano. El objetivo de la demanda, según han explicado, es sentar precedente ante "el drama de los desahucios en España", así como que el Tribunal de Estrasburgo inste a España a modificar su normativa en materia de vivienda porque, a su juicio, vulnera los Derechos Humanos.
   En todo caso, ha precisado que el objetivo es que se reforme la norma en los casos de viviendas familiares y personales. "No es lo mismo asumir una deuda que tiene fundamento en la vivienda personal y familiar a la deuda que podría adquirir una oficina --ha agregado--. Esta situación no se produce puesto que la vivienda todavía no es considerada como un derecho y no como mercancía".
   Igualmente, ha señalado que están defendiendo otros casos similares de ecuatorianos en España y que si no se resuelven positivamente en los tribunales nacionales no descartan elevar otras quejas a Estrasburgo. Concretamente, ha especificado que se han atendido desde el pasado año hasta este momento a 6.000 ecuatorianos.

Las penurias de la familia Pinochet

SANTIAGO DE CHILE.- Enfrentando cargos por el giro doloso de cheques, obligados a vender sus joyas y muebles para vivir, algunas de sus propiedades tapizadas por la maleza, la familia del exdictador chileno Augusto Pinochet Ugarte pasa penurias a seis años de su muerte. 

Este martes, el hijo mayor del exdictador, Augusto Pinochet Hiriart, de 69 años, debía presentarse ante un tribunal para ser informado de los cargos en su contra por el giro doloso de un cheque por casi 7.000 dólares, pero no llegó a la cita.
No obstante, la audiencia en un tribunal de La Serena (a unos 500 km al norte de Santiago) se realizó de todas formas, confirmó una fuente del tribunal.
"Es súper simple de entender: estas cosas me pasan sólo porque me llamo igual que mi padre", afirmó Pinochet Hiriat al diario El Mercurio.
Según se indicó en el tribunal, Pinochet Hiriart no se presentó porque no logró ser notificado de la acción judicial en su contra, pero la jueza a cargo del caso, Ximena Pérez, fijó una nueva audiencia para el próximo 12 de febrero.
"Lo que sucedió fue que le vendieron un compresor malo a un minero, Luis Donoso, a quien le presté un cheque y quien por su parte, me iba a pagar con mineral. (...) Al no estar en buenas condiciones el equipo, le dimos orden de no pago", explicó Pinochet Hiriat, agregando que para acabar con la demanda pagaría lo adeudado.
Esta no es, sin embargo, la primera vez que el hijo mayor del exdictador enfrenta a la Justicia. Tras el retorno a la democracia, en 1990, y cuando Pinochet se mantenía aún al frente del Ejército, estalló el escándalo de los llamados "pinocheques", por cheques girados en su favor por el Ejército chileno por unos tres millones de dólares.
Con una democracia aún endeble y tras algunos movimientos de tropas ordenados por Pinochet a fin de presionar, el caso se cerró "por razones de Estado".
En 2004, Pinochet Hiriart fue condenado a 541 días de prisión remitida tras ser encontrado culpable de recibir objetos robados y por tenencia ilegal de armas.
El nuevo escándalo da cuenta de las penurias por las que atraviesa parte de la familia del exdictador a seis años de su muerte, ocurrida en diciembre de 2006, a los 91 años, víctima de un infarto.
En todo este tiempo, sus hijos y su viuda, Lucía Hiriart, han permanecido casi en el anonimato, salvo por sus aprietos económicos o sus frustrados intentos por ser electos en algún comicio popular.
En febrero pasado, la menor de los hermanos y la más consentida por el exdictador, Jacqueline, reveló que debió vender sus joyas y muebles para vivir.
"La verdad, he vendido mis joyas, muebles antiguos y casi todas mis cosas. Me enorgullece vender un reloj de oro y poder comer, pagar la universidad y que me dé lo mismo. Lo material no vale nada", afirmó en una entrevista con la revista Caras.
"Busqué trabajo, toqué puertas, pero la gente cree que no lo necesito", agregó Jacqueline, de 52 años y madre de nueve hijos de tres distintos matrimonios.
La herencia del exdictador se halla embargada por la Justicia, en el marco de una investigación judicial que busca aclarar el origen de una fortuna de más de 20 millones de dólares oculta en bancos extranjeros.
El proceso sigue abierto y las autoridades aún no logran determinar la forma en que el exdictador amasó esa fortuna.
En 2008, en el marco de esta investigación, sus cinco hijos y su viuda fueron detenidos, acusados de malversación de fondos públicos. Luego de dos días fueron liberados y todos sobreseídos, sin cargos.
Recién en abril pasado, por orden judicial ante el desinterés de su familia, fue abierto el testamento del exdictador, el que favoreció exclusivamente a su familia aunque no entregó detalles acerca de sus bienes.
En tanto, en las pasadas elecciones municipales de octubre, otra de sus hijas, Lucía, se postuló sin éxito por un escaño en el consejo de la municipalidad de Vitacura. Antes, su hijo Rodrigo había también postulado por el mismo distrito sin resultar electo.
Según sus allegados, la viuda del exdictador vive hoy de la pensión que recibe del Ejército, mientras en la que fue la residencia favorita de Pinochet en Los Boldos, en la costa central chilena, la maleza crece y crece.

La corrupción pasa factura al PP en forma de insultos / Asier Martiarena

Las constantes informaciones acerca de supuestas tramas de corrupción y financiación ilegal en los partidos políticos son un lastre de consecuencias difíciles de calibrar en su totalidad. Aunque algunos dirigentes nacionales ya están empezando a notarlo en sus propias carnes.

Más allá de que la proyección de voto y las encuestas de popularidad (vía CIS o de consumo interno) estén a la baja, el día a día está marcando a algunos representantes políticos. Porque las encuestas, a veces, se pueden revertir.

Cuesta trabajo, y los resultados no son inmediatos, pero la maquinaria de los partidos suele funcionar siempre que se vislumbran elecciones en el horizonte cercano. Sin embargo el desapego social es más difícil de contener.

Así lo han confesado varios dirigentes a Carmen del Riego que en 'La Vanguardia' ha resaltado frases como: "Donde antes te paraban para que te hicieras una foto con ellos, ahora no sólo no te paran sino que te insultan".
Algunos pueden pensar que se debe a la coyuntura económica y a los recortes a los que el Gobierno se ha visto obligado a practicar por mandato de Europa, pero no es así.

"Con los recortes desaparecieron las sonrisas pero no había agresividad".
Sin embargo ahora sus paseos a pie de calle van acompañados de un molesto soniquete. El de los insultos.

La máxima 'No hay pan para tanto chorizo' que se acuñó durante el 15M se ha convertido en una especie de mantra para invocar a la reestructuración democrática.

Esta ruptura que evidencian los dirigentes del PP solo se había vivido recientemente en España por la invasión de Irak -en este caso los episodios se repitieron en varios países como Inglaterra- y por la gestión del 'Prestige'.

Dos hechos que marcaron el final de la era Aznar. Un tiempo convulso en el que incluso algunos domicilios de políticos amanecieron con pintadas en sus portales.

Todo ello ha motivado que, desde hace semanas, siempre haya una dotación policial a las puertas de la sede nacional del PP, para asegurar la integridad física de todos los que allí trabajan.

Según El confidencial digital, miembros del PP reconocen que "la situación se está convirtiendo en insostenible. No hay día en el que no escuches a algún compañero contar que ha sufrido un altercado al llegar a la sede".

La presión que están sufriendo los 'populares' ha llegado a ser tal que los principales cargos del partido están optando por entrar al cuartel general directamente por el garaje, ya que por la calle temen sufrir algún encontronazo como el vivido por Cristina Cifuentes -delegada del Gobierno en Madrid- tras las protestas del 25S.

Aznar demandará a El País por vincularlo a los supuestos pagos de Bárcenas

MADRID.- El ex presidente del Gobierno José María Aznar presentará una demanda de protección del derecho al honor contra el diario El País por publicar que participó en la trama sobre supuestos pagos ilegales a miembros del Partido Popular durante la etapa en la que estuvo al frente del mismo, dijo el lunes un comunicado de la Fundación Faes.

Aznar, presidente del Ejecutivo entre 1996 y 2004 y que ahora es presidente de honor del partido que está en el poder y de la fundación vinculada a la formación, se querellará por la noticia publicada el sábado en El País en la que se le acusaba de "supuestas conductas y decisiones ilegales en la gestión económica" de la formación, dijo el breve comunicado de Faes.
La información llegó en medio del escándalo mediático que afecta al PP en relación con su ex tesorero hasta 2009 Luis Bárcenas y la presunta práctica de abonar sobresueldos en negro a algunos miembros del partido, según publicó el diario El Mundo.
La noticia en El País, que cita a fuentes del entorno del ex tesorero, afirmaba que Bárcenas pagó "sobresueldos mensuales opacos al fisco a los principales dirigentes del PP, entre ellos sus dos últimos presidentes, José María Aznar y Mariano Rajoy, con dinero de donaciones de distintas empresas", y que el sistema fue ideado por el propio Aznar.
Fuentes judiciales dijeron la semana pasada que Bárcenas tuvo cuentas en Suiza que en algún momento llegaron a guardar hasta 22 millones de euros, que, según su abogado, habría regularizado parcialmente ante Hacienda el año pasado, hechos que el ente público ha negado.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, comparecerá el miércoles en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la reciente amnistía fiscal, donde previsiblemente aclarará también si el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, se acogió o no a esta medida.
Por otra parte, el actual presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha ordenado una auditoría interna y externa para aclarar las cuentas de la formación además de instar a todos los partidos a firmar un pacto contra la corrupción.
Los principales dirigentes del PP han asegurado no tener conocimiento de la existencia de estos pagos ilegales.