viernes, 11 de enero de 2013

Han vuelto a pasar 40 años / Cristina Fallaras

Si en España dices 40, son años. Si dices 40 años, son Franquismo. Miedo, ignorancia, obediencia y superstición. O sea, dictadura y catolicismo. 40 años de miedo y obediencia crean una tara de generaciones. Varias generaciones. O sea, yo, que cumplo este año 45, seguramente tarada.
Lo primero que quisimos después de tanta podredumbre –40 años, insisto— fue divertirnos, claro. Hubo que sacar una teta, meterse una chuta y mear en la calle. Había prisa por ser otros. Un bar es un buen lugar para echarse a vivir. Los chicos necesitan expandir su creatividad. Dejemos que florezca la extravagancia. La responsabilidad es un término a borrar del diccionario.
Allá detrás, algunos hombres listos empezaron a construir sobre lo que nunca se destruyó, borraron con goma de verde billete las manchas negras de los ribazos, la sangre seca, y silenciaron a escarnios y con la nariz tapada a aquel pequeño núcleo que quiso abrir la boca. Hoy ya casi todos han muerto, otros están lejos o pasan por locos. Enamorados de la moda juvenil. Ningún chaval sabrá de Agustín García Calvo, nadie les contará que fue Paco Porrúa quien nos trajo Rayuela y Cien años de soledad, Ballard y Bradbury. En las tribunas de los medios “progresistas” sentaron a un par de disidentes de la conciencia para ponerse boina. Ellos también murieron casi todos, y se olvidarán. Recupéreme un fruto sustancial de la Movida, si es tan amable. Sitúelo en mitad de este desierto.
Luego, cuando quisimos darnos cuenta, ya nos habían hecho ricos. Cocaína, brother, cocaína y gastronomía de campanillas para los teóricos del género. Eliminemos la palabra izquierda. Me han dicho que hay un pueblo donde quedan dos pobres, podemos ir de viaje. Eliminemos la palabra libertario. Compra una casa, el teléfono móvil va en el sueldo. Eliminemos la pana. ¿Ves como tenían razón los de la Transición? Ya somos europeos, ricos, conectados y cultos. Eliminemos la palabra asociación. Cada palabra que eliminas mata una idea, y con ella su posibilidad. Si pagas suficientemente a los de la cultura, te ofrecen un retrato satisfactorio de nosotros mismos, algo que no moleste, viva el pop. ¿Quién tiene las pelotas de echar la vista atrás delante de una preciosísima esferificación de humo? Plop. ¿Quién es el cenizo que pretende amargarnos nuestro enésimo museo-escultura, la rutilante pista de aterrizaje? La policía es buena, y nacional, la represión no existe, lo que hay es mucho fanático de las teorías conspirativas que dice que El País ya no es El País ni mi casa es ya mi casa, viejos locos.
Pedir explicaciones no es responsabilidad nuestra. Observar a nuestros representantes no es responsabilidad nuestra. Enterrar nuestros muertos no es responsabilidad nuestra. Denunciar los atropellos de los bancos no es responsabilidad nuestra. Pedir la retirada de los franquistas de los órganos de poder no es responsabilidad nuestra. Exigir cárcel para los políticos corruptos no es responsabilidad nuestra. Mirar dentro de los centros donde se pudren los inmigrantes no es responsabilidad nuestra. Pensar que llegará el día en el que ya no recibamos fondos de Europa no es responsabilidad nuestra. ¿No tenemos políticos? ¿No les votamos cada cuatro años? Pues que trabajen. A mí me gusta el gintónic de Ten, un gintónic bien hecho sí que es una responsabilidad, y lo demás, tonterías.
Luego llegó un señor y dijo “Yo soy de derechas, que es lo único serio”. Dijo eso y ya no tenía nada enfrente, y en medio de esa nada, la palabra “miembra”.
Si en España dices 40, son años. Si dices 40 años, son Franquismo. Y nos parece una barbaridad de tiempo, porque es una barbaridad de tiempo. Pues bien, han vuelto a pasar otros 40 años, y ¿qué hemos construido además de maneras eficaces de sacudirnos la responsabilidad de encima? Ahora, alguien creerá que inventa los ateneos populares. Y puede que sea verdad, porque ¿quién recuerda todo aquello? No nosotros, desde luego, que cedimos la memoria con la misma soltura tarada en tecnicolor con la que cedimos el poder.

Carromero sale de la cárcel en España tras obtener el régimen de semilibertad

MADRID.- El joven político español Angel Carromero, que cumple en España la condena a cuatro años de prisión dictada en Cuba por la muerte accidental de disidente Oswaldo Payá, obtuvo el régimen de semilibertad y salió este viernes de la cárcel, informó una portavoz de las prisiones españolas.

"Salió esta tarde", declaró la portavoz de Instituciones Penitenciarias confirmando que este organismo concedió a Carromero el "tercer grado" o régimen penitenciario abierto.

Alcira expropiará casas a los bancos para alquilarlas por 50 € a familias desahuciadas

ALCIRA.- El Ayuntamiento de Alcira expropiará viviendas a los bancos para ponerlas a disposición de familias desahuciadas por un alquiler simbólico después del oportuno proceso de rehabilitación, que también servirá para dar trabajo a personas necesitadas. El proyecto que presentó la alcaldesa, Elena Bastidas, comenzará con 48 casas del barrio de l'Alquerieta que los técnicos consideran inhabitables o en ruina y arrancará precisamente con los 400.000 euros de recargo cobrados a la filial inmobiliaria de Bankia por la demora en pagar las cuotas de Vilella.

 Estas primeras viviendas tendrán como beneficiarios a menores de 35 años "y con arraigo" en la ciudad, ya que se pretende aprovechar esta iniciativa para revitalizar esta barriada en la que se han tapiado decenas de casas para evitar ocupaciones ilegales.
La presentación del proyecto "Alzira Social" fue toda una declaración de guerra a las entidades financieras por parte de Bastidas, que pretende pagar con la misma moneda a aquellos que han actuado "sin piedad, dejando sin casa a muchas familias que temporalmente no podían hacer frente a sus pagos", por lo que defendió que no sería justo "que se tengan la más mínima consideración" con los bancos cuando incumplen sus obligaciones de conservar en las debidas condiciones los inmuebles de su propiedad.
El proyecto se cimenta en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, una herramienta prevista en la ley para garantizar el cumplimiento del deber de edificación y conservación que tiene el propietario de un inmueble, que el ayuntamiento activó el año pasado y en el que en noviembre ya incluyó una primera vivienda en ruinas.
La inscripción de una vivienda en este registro priva al propietario del derecho a intervenir sobre ella y abre la puerta a que cualquier interesado presente un Programa de Actuación Asilada (PAA) con un proyecto y una oferta económica para adquirir el inmueble. 
Si no se produce ninguna oferta en dos años el ayuntamiento tiene la obligación de expropiar aunque, en este caso, será la propia Administración la que presente sin agotar el plazo la propuesta para asumir la rehabilitación de los inmuebles a través de un plan de empleo para ofrecerlos en alquiler a familias desahuciadas o que tengan problemas para acceder a una vivienda por un alquiler medio de 50 euros.

Las administraciones públicas españolas abusan de las prórrogas de contratos

MADRID.-   Las administraciones públicas españolas abusan del uso de prórrogas en la ejecución de los contratos de obras, lo que provoca incrementos en los costes y en los plazos, sin justificar debidamente que estos aplazamientos se deban a causas imprevistas.

   Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los contratos de las entidades estatales, que acaba de ser remitido a las Cortes. En su documento, el organismo señala que las prórrogas previstas en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares "exceden en algunos casos del plazo legalmente permitido" además de producirse con "excesiva frecuencia".
   "En muchas ocasiones, (las incidencias que motivan las prórrogas) pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas", añade el Tribunal de Cuentas en el informe correspondiente a 2009.
   Por eso, recomienda a las administraciones públicas "incrementar la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que frecuentemente no están justificadas".
    Con respecto a la fase de análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para adjudicar los diferentes contratos públicos, el Tribunal de Cuentas comienza por criticar las omisiones de información que se detectan en muchos casos, sobre todo en relación con los importes máximos de los gastos de publicidad permitidos, el plazo de garantía, las cláusulas sociales que dan preferencia en la adjudicación (contratos a discapacitados, medidas en favor de la igualdad, etc.) o los métodos de supervisión de la ejecución.
   Además, detecta "numerosas deficiencias" en la concreción de los criterios objetivos que se incluyen en los pliegos de condiciones, lo que en ocasiones provoca que criterios técnicos se tengan en cuenta en la segunda fase de los concursos en lugar de en un primer término, cuando se decide qué ofertas cumplen los requisitos y cuáles no.
   En este sentido, el Tribunal asegura que en muchas ocasiones no se llega siquiera a constituir el comité de expertos previsto para la valoración de los criterios de adjudicación cualitativos, y que las fórmulas de ponderación conjunta de los criterios no son homologables.
   "Se aprecia frecuentemente la vulneración del carácter secreto de las proposiciones como consecuencia de la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica en los expedientes adjudicados por procedimiento abierto", continúa el informe, que también en este caso reprocha el uso indebido del procedimiento de urgencia en casos no justificados ni excepcionales.
   Además, subraya que "la justificación del trámite de urgencia no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia o deriva realmente de la inactividad de la propia Administración, y no de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas".
   Por último, el Tribunal de Cuentas hace referencia a los requisitos de documentación en la formalización de los contratos y a su remisión al propio organismo fiscalizador de la información sobre contratación en el sector público.
   Sobre el primer asunto, señala que las entidades aportan en algunos casos documentos que no cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (por ejemplo, documentos contables de retención de crédito en lugar de certificados de existencia de crédito) y que en ocasiones no se llega a acreditar la publicación de las licitaciones en el Perfil del Contratante de las diferentes entidades ni las adjudicaciones en los boletines oficiales correspondientes.
   Con respecto a los datos que llegan al Tribunal de Cuentas, se asegura que presentan "habitualmente significativas omisiones" y "numerosas deficiencias en su contenido", además de ser "significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución y finalización" de los contratos. De esta manera, es habitual que el número de expedientes de contratación sea inferior a los contratos recogidos en las relaciones generales.

Rehn: suprimir la deducción por vivienda reducirá el sobreendeudamiento en España

BRUSELAS.- El vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha descartado proponer una norma común en la UE para frenar los desahucios alegando las diferentes situaciones en los Estados miembros. En el caso de España, Rehn cree que la supresión de la deducción por vivienda, exigida por Bruselas, contribuirá a reducir el sobreendeudamiento hipotecario.

   "El problema de los desahucios ha sido merecedor de especial atención en España y ha dado lugar a la adopción de nueva legislación que impone una moratoria de dos años para los desahucios en el caso de los grupos especialmente vulnerables", ha destacado Rehn en respuesta a una interpelación de la eurodiputada socialista Maria Badia.
   "Habida cuenta de las grandes diferencias entre Estados miembros en lo que respecta tanto a la severidad de la situación como a las estructuras institucionales y jurídicas, no se considera recomendable ni posible imponer un enfoque armonizado para esta cuestión", ha señalado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario.
   La Comisión, prosigue Rehn, ha estudiado el problema del endeudamiento hipotecario de las familias y sus implicaciones macroeconómicas como parte del nuevo procedimiento para prevenir los desequilibrios excesivos a escala de la UE.
   A raíz de este análisis, ha explicado el responsable económico, "se formularon recomendaciones específicas a una serie de países, incluida España, que pueden contribuir a prevenir el sobreendeudamiento hipotecario, como, por ejemplo, la eliminación de los incentivos fiscales que favorecen el acceso a la vivienda en propiedad, que fueron un importante factor para la acumulación de esa deuda antes de la crisis".
   En su interpelación, Badia alertaba del "alarmante crecimiento de los desahucios en España" y preguntaba a la Comisión si pensaba armonizar las normas de la UE para frenarlos, tal y como ha sugerido el Fondo Monetario Internacional, y si planteará propuestas para instar a los Estados a ayudar a los ciudadanos afectados.