Las Brigadas Rojas anuncian ataques contra líderes políticos en Italia

ROMA.- Las Brigadas Rojas han anunciado el inicio de una campaña de atentados contra líderes políticos italianos, para liberar a los "prisioneros" de los "campos de concentración" del Estado, al tiempo que ha acusado al Pueblo de la Libertad (PDL), el partido del exprimer ministro Silvio Berlusconi, de ser el sucesor de la Democracia Cristina, la formación del primer ministro Aldo Moro, al que secuestró y asesinó en 1978.

   En un comunicado enviado a la redacción de Milán del diario 'Il Giornale', el grupo terrorista, que llegó a provocar la intervención del Papa en 1978 para intentar evitar el asesinato de Moro, ha dejado claro que ahora su objetivo es la clase política italiana, a la que culpa de la crisis que sufre el país. "Atacaremos a los líderes políticos", ha advertido en su misiva.

   Las Brigadas han asegurado que van a iniciar una guerra para "liberar a los compañeros que permanecen en los campos de concentración del Estado" y "atacar a los principales representantes de los partidos políticos del régimen y a sus socios", la patronal italiana, Confindustria, "el sistema bancario" y "a los periodistas que les sirven".

   "Gracias a los años de dictadura mediática de la era berlusconiana, el país se ha adentrado lentamente en esta crisis sin que las masas se den cuenta", ha afirmado el grupo terrorista, que no ha dudado en definir al PDL como el sucesor de la Democracia Cristina, el partido al que pertenecía en 1978 el entonces primer ministro, Aldo Moro, secuestrado en plena calle y, posteriormente, asesinado tras ser sometido a un juicio sumarísimo por las propias Brigadas Rojas. "Para ellos", ha dicho el grupo, en referencia a los dirigentes políticos, "ha llegado el momento de pagar por lo que han hecho".

   Tras alabar los últimos atentados terroristas perpetrados por la Federación Anarquista Informal (FAI), las Brigadas Rojas han asegurado, además, que el Estado italiano ha sido el autor de la colocación de la bomba que el pasado 17 de mayo acabó con la vida de una estudiante en Brindisi.

   "El intento de masacre de Brindisi, al igual que el atentado de la Piazza Fontana del 69, ha sido una clara provocación del estado fascista para aplacar la rabia de las masas con el miedo", han afirmado las Brigadas Rojas, que han detallado que se han sometido a una reorganización para tener capacidad de atentar contra los "puntos cardinales del régimen" italiano.

   "Ha llegado el nuevo amanecer de la revolución. Cada persona que sea hallada culpable deberá pagar por sus propios actos contra el proletariado", ha concluido el grupo, en referencia al juicio sumarísimo que impuso al primer ministro Aldo y que dio paso a su ejecución.

Al Gobierno español parece sobrarle Dívar, presidente del Tribunal Supremo

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes su respeto por la votación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que mantiene en su puesto a su presidente, Carlos Dívar, al tiempo que ha garantizado que los gastos de todas las instituciones del Estado son "intervenidos".

   Al ser preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha indicado que el Gobierno respeta a los órganos judiciales y también a la Fiscalía, que en el caso de Dívar no vio delito. "En este caso, la Fiscalía ha tomado una decisión y el Gobierno la respeta, piense lo que piense sobre la misma", ha subrayado.

   A continuación, ha hecho hincapié en que la labor del Gobierno es "trabajar por dar estabilidad a las instituciones, respetando los diferentes poderes del Estado, pero teniendo bien presente que necesitan estabilidad", lo cual, a su juicio, debe ser el "referente" de su trabajo.

   A la pregunta de si cree que Dívar ha dañado la imagen del CGPJ, la vicepresidenta ha respondido que, como portavoz del Ejecutivo, no habla de imágenes, sino de instituciones. "Por lo que el Gobierno tiene que trabajar y quiere es que las instituciones sean estables y contribuyan a llevar a cabo sus tareas", ha reiterado.

   En cuanto a los gastos de Dívar por sus viajes a Marbella, y preguntada por si sería necesario regular por ley los gastos de los órganos de la Administración, Sáenz de Santamaría ha asegurado que las cuentas de las "instituciones públicas en general", y del CGPJ también, son "visadas" por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

   "Los gastos son intervenidos todos ellos, hay que justificarlos. Esa es la mejor garantía, que haya una institución como la Intervención General que se encarga de visar y de autorizar los gastos", ha garantizado.

Ban Ki Moon denuncia que el régimen sirio continúa usando armamento pesado

NUEVA YORK.- El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el régimen que preside Bashar al Assad sigue empleando armamento pesado contra la población siria, al tiempo que ha sugerido que los últimos atentados terroristas apuntan a la existencia de "grupos terroristas establecidos" en el país.

   En una carta enviada al máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, Ban ha asegurado que el régimen sirio ha continuado empleando armamento pesado en los ataques de las fuerzas de seguridad en varias ciudades del país, una actitud que supone un claro incumplimiento del plan de paz promovido por el enviado especial de la Liga Árabe y la ONU, Kofi Annan, aceptado por el Gobierno y los opositores sirios.

   El secretario general de la ONU también ha exigido en su carta el cese inmediato de todo suministro de armas desde el extranjero tanto a las fuerzas de Al Assad como a los opositores que buscan su renuncia desde el comienzo de las manifestaciones contra el régimen, a mediados de marzo de 2011.

   Ban también ha asegurado que el tamaño y la sofisticación de las bombas empleadas en los último atentados perpetrados en Siria sugieren que existen "grupos terroristas establecidos" en el país.

   "La situación general en Siria continúa siendo extremadamente grave y ha habido sólo pequeños avances en algunas cuestiones", ha afirmado Ban en su misiva, a la que ha tenido acceso Reuters. "Hay una continua crisis en los grupos (opositores), caracterizada por la violencia, el deterioro de las condiciones humanitarias, las violaciones de Derechos Humanos y la continua confrontación política", ha concluido.

Funcionarios públicos denuncian a Zapatero y a Elena Salgado por ocultación, falsedad y daños a la economía

BRUSELAS.- "No es serio que un Gobierno haga trampas", dicen fuentes cercanas a Eurostat. La institución respalda el escrito de acusación presentado por Manos Limpias hace un mes.

La denuncia presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra el ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero; la ex vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, y el jefe de la Intervención General del Estado, José Alberto Pérez, por falsificar las cuentas del déficit ante Bruselas y por un delito de daños a la economía nacional ha sido respaldada por la oficina de estadística de la Comisión Europea (Eurostat), según manifestaron fuentes próximas a la institución europea. En otras palabras, “Eurostat apoya el escrito de Manos Limpias contra un fraude masivo realizado por los máximos responsables del anterior Gobierno socialista”, señalan.
Y es que según se desprende del escrito, “Bruselas ha constatado que el Ejecutivo de Zapatero no sólo no cumplió con sus compromisos con los socios europeos, sino que ocultó y falseó la realidad de las cuentas públicas”. Por este motivo, el Gobierno de Rajoy se ha encontrado un agujero extra en el déficit de más de 26.000 millones de euros. En este sentido, funcionarios europeos han señalado que “no es serio que un Gobierno haga trampas”.
De hecho, durante la semana pasada, que fue cuando Bruselas hizo público el fraude masivo, llama la atención el silencio del PP en este asunto. “No se entiende cuando numerosos funcionarios que trabajan en los organismos de la Comisión Europea estaban indignados porque la credibilidad de España estaba por los suelos”, apuntan. En este sentido, “muchos de los que trabajan en las instituciones europeas están avergonzados”, explican.
Todo indica que en el informe que presentó el Ministerio de Economía “se manipularon y se ocultaron liquidaciones negativas”. Esto es, “se contabilizaron como ingresos del Estado 23.000 millones de euros que los entes territoriales tenían que haberle abonado al Estado en 2011 “derechos reconocidos”, pero no se contabilizaron como gastos de comunidades autónomas y ayuntamientos”, manifiesta la denuncia.
En cualquier caso, la acusación considera que tanto Zapatero como Salgado han sido los “inductores necesarios y cooperadores” como perpetrar los presuntos delitos de falsedad en documento público y daños a la economía nacional. Para el primero de ellos el Código Penal fija penas de prisión, multa e inhabilitación por faltar a la verdad en la narración de los hechos o alterar la autenticidad de un documento.

Monumental pitada en el Vicente Calderón a un himno de España en versión reducida

MADRID.- El himno de España en su versión reducida ha sido recibido con una monumental pitada por parte de los aficionados del FC Barcelona y el Athletic de Bilbao en el estadio Vicente Calderón donde se disputa la final de la Copa del Rey.El himno nacional sonó apenas unos veinte segundos ya que el protocolo establece la versión reducida cuando se trata de un acto presidido por los Príncipes de Asturias y no por su majestad el Rey.

   Como estaba previsto, las notas del himno recibieron la 'respuesta' de las dos hinchadas, que emitieron su protesta como hace tres años en el estadio de Mestalla, en un momento previo donde también hubo cánticos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

   Así, en el momento de la salida de ambos finalistas, la pitada comenzó a tomar forma e, incluso, pareció que el momento en que iba a sonar el himno se retrasaba a la espera de que el ánimo se calmase. Fueron momentos donde los aficionados azulgranas entonaron cánticos de 'Independencia'.

   Poco después empezaron a sonar las notas del himno nacional, totalmente tapado por los silbidos de las dos hinchadas, que dejaron en nada el intento de la Real Federación Española de Fútbol de poner una potente megafonía de 100.000 vatios que no pudo con la protesta de ambos bandos y que había mostrado su potencia en las actuaciones musicales precedentes de Carlos Jean, Lax'n'Busto y Fito y Fitipaldis.

   Hay que recordar que en la final de 2009, las dos aficiones sí lograron silenciar las notas del himno, lo que provocó que el año pasado, por la presencia en la final ante el Real Madrid de la hinchada 'culé', se pusiese una megafonía atronadora para que prevaleciese la música.

   Las protestas fueron continuas durante los momentos previos al encuentro, sobre todo cuando el 'speaker' del Vicente Calderón decía 'la Copa de Su Majestad el Rey', momento aprovechado para silbar de forma continuada. Igualmente, no se olvidaron de Esperanza Aguirre, que a inicios de la semana había pedido que el partido se jugase a puerta cerrada y en otro escenario si se pitaba al himno.

   De todos modos, la protesta se limitó a estos momentos. La previa discurrió con el buen ambiente festivo y sin salirse de lo deportivo, y en cuanto el himno, más corto incluso de lo previsto, dejó de sonar ambas aficiones se dedicaron a animar a sus respectivos equipos.

El Banco de España abonó más de un millón de euros en gratificaciones a empleados en 2011

MADRID.- El Banco de España abonó más de un millón de euros en concepto de gratificaciones a 446 empleados entre mandos intermedios, inspectores y personal administrativo durante el año 2011, según informa el Gobierno en respuesta a una pregunta del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Alberto Garzón. 

Según el texto, la cuantía total de gratificaciones abonadas por el órgano regulador durante el año pasado asciende a 1.003.459 euros, repartidos entre 449 trabajadores, con una cuantía media de 2.249,9 euros por empleado. Estas bonificaciones variables fueron percibidas por mandos intermedios, inspectores y, en menor medida, personal administrativo, quedando excluidos de la posibilidad de recibir gratificaciones los altos cargos de la administración.

La posibilidad de conceder bonificaciones está recogida en el artículo 163 del Reglamento de Trabajo del Banco de España, que establece que "con el fin de recompensar la conducta, rendimiento, laboriosidad y cualidades sobresalientes del personal, estimulándole al propio tiempo para que se supere en el cumplimiento de sus obligaciones, se establecen premios que podrán concederse de forma individual o colectiva, teniendo en cuenta la naturaleza y características de los actos realizados".

Así, los premios van desde notas favorables en el expediente del trabajador en cuestión a "distintivos de honor" para individuos y colectividades y "recompensas en metálico" para quienes reciban dichos distintivos. Además, el Banco de España también puede conceder beneficios en especie, tales como aumentos de las vacaciones anuales de entre cinco y quince días, estancias gratuitas en los lugares que determine el organismo durante el periodo de vacaciones reglamentarias, becas o viajes de perfeccionamiento o estudios, y otras gratificaciones.

En su respuesta a Garzón, el Gobierno también recuerda que diversas sentencias del Tribunal Supremo (TS) y de la Audiencia Nacional "reafirman la plena legalidad de esas gratificaciones y la facultad del Banco de España para efectuar esos abonos con arreglo a los parámetros que, al efecto, establezca".

El Gobierno español se implica activamente en la venta de armas a otros países

MADRID.- El Ejecutivo español de Mariano Rajoy apoyará la internacionalización de la industria de Defensa implicándose activamente en la venta y gestión de los programas de armamento, de manera que las empresas españolas puedan competir "en igualdad de condiciones" con otros países, en los que el Estado ofrece un respaldo "más proactivo y eficaz".

   Para ello, promoverá acuerdos bilaterales Gobierno a Gobierno, que en muchas ocasiones son exigidos por otros países para que la gestión de los programas de material de Defensa se eleve a nivel ministerial. La norma se incluye en el Real Decreto-Ley de liberización del comercio y determinados servicios que acaba de ser aprobado.

   En concreto, la medida tiene como objetivo equiparar a las empresas españolas con la de otros países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, en los que sus Gobiernos tienen una implicación mayor en la negociación de los grandes contratos de Defensa. Este apoyo, además, es requerido por "la mayoría de los países" en sus adquisiciones de este tipo de material, que quieren que estén acompañadas de algún tipo de respaldo por el Ministerio de Defensa.

   De hecho, muchos países exigen celebrar negocios con el Gobierno del país de origen para depositar en él la gestión de los programas, que suelen alcanzar cifran millonarias, en todas sus fases hasta la entrega del material.

   Con esta medida, el Gobierno pretende equipara a las empresas españolas con las de otros países y "dinamizar e impulsar" así el proceso de internacionalización de la base industrial y tecnológica de la Defensa, que en la actualidad atraviesa una situación complicada por la crisis económica y la reducción de la dotación presupuestaria del Ministerio de Defensa.

   Desde que llegaron a este Departamento, tanto el ministro, Pedro Morenés, como el secretario de Estado, Pedro Argüelles, han insistido en la necesidad de fortalecer la competitividad de las empresas en el exterior y han garantizado que el Gobierno apoyará a la industria en el mercado exterior.

   El ministro ha recalcado en sucesivas ocasiones que, dada la situación económica, es fundamental que la industria española de Defensa pase a "un modelo de exportación", ya que "no puede mantenerse" con la expectativa de tener como único cliente la Defensa nacional.

   Para ello, el secretario de Estado anunció en su primera comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, que el Ministerio iba a tratar de impulsar un marco jurídico adecuado, junto a otros departamentos públicos afectados, como Industria, Hacienda y Asuntos Exteriores, para conseguir la capacidad de suscribir "auténticos acuerdos gobierno a gobierno" que permitan a la industria "abrirse a nuevos clientes con más garantía".

   Por otra parte, el Ministerio de Defensa ha asegurado que la nueva normativa no modificará para nada la normativa vigente en materia de control del comercio exterior de material de defensa, que tiene un estricto seguimiento por parte de las autoridades españolas.

Quebec vive una rebelión estudiantil por la subida de tasas

WASHINGTON.- Las protestas por el aumento de las tasas universitarias en las universidades de la provincia de Quebec, en Canadá, se saldaron en la madrugada de anteayer, hora española, con 694 detenidos, según datos de los cuerpos policiales. El Gobierno regional de Jean Charest, del Partido Liberal, ha propuesto un notable aumento de los gastos de matrícula, algo que ha provocado una oleada de manifestaciones que dura ya más de 100 días. Los estudiantes se oponen también a una nueva ley que pone límites a los derechos de concentración y manifestación.

Charest propuso en principio aumentar el precio de las matrículas en tramos de 258 euros anuales durante cinco años. Posteriormente, su Gobierno planteó que el incremento fuera de 201 euros durante siete años. En cualquier caso, el aumento total será de entre 1.291 y 1.413 euros. Algunas organizaciones de estudiantes que se oponen al aumento consideran que el coste total de la educación universitaria aumentará en al menos un 61% desde este otoño hasta el curso 2016-2017.

Cuando comenzaron las protestas, en abril, el Gobierno regional respondió redactando una norma de emergencia, conocida como Ley 78, aprobada finalmente por la vía legislativa el 18 de mayo, que prohíbe el derecho a concentrarse, manifestarse y formar piquetes en instalaciones universitarias sin recibir previo permiso de la policía, bajo riesgo de detención y multa. Estos días, los estudiantes se concentran sin solicitar esos permisos, como signo principal de su protesta.

Los cuerpos policiales de Quebec estimaron en 518 los manifestantes detenidos en Montreal el miércoles por la noche, según informa la televisión pública canadiense, CBC. En Quebec City, capital regional, hubo otros 176 arrestos. La gran mayoría han sido puestos en libertad y han recibido multas de 500 euros. Entre los detenidos en Montreal había 30 menores de edad, para los que la multa se rebaja a 93 euros.

Según la policía de Montreal, 12 de los detenidos en esa ciudad seguían ayer bajo arresto, por haber cometido actos delictivos. Al menos uno de ellos fue detenido por portar una máscara, un hecho considerado ilegal y multado con entre 790 y 1.500 euros.

El primer ministro Charest, que optará a la reelección en 2013, destituyó a su jefe de gabinete y ofreció a los estudiantes una ronda de contactos, con la precondición de que el aumento de matrícula no sea negociable. La provincia de Quebec registra un déficit para el año fiscal 2011-2012 de 2.600 millones de euros, un 1% del Producto Interior Bruto, según datos del ministerio de Economía regional.

Algunos diarios locales de Quebec, como The Montreal Gazette, estiman que el miércoles marcharon unos 3.000 estudiantes en contra las reformas del Gobierno. Según un recuento de ese mismo periódico, se trata de la trigésima protesta que se registra desde abril. El Gobierno acusa a los manifestantes de violar el derecho a acudir a la universidad de aquellos estudiantes que no quieren tomar parte en las protestas, según recoge 'El País', de Madrid.

La 'primavera árabe', principal motor de los derechos humanos, según Clinton

WASHINGTON.- Los cambios políticos alumbrados por la primavera árabe en el Norte de África y Oriente Medio, así como la apertura democrática del Gobierno de Myanmar, antigua Birmania, son los principales hitos que se destacan en el Informe sobre Derechos Humanos que cada año publica el Gobierno de Estados Unidos. En su presentación, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha destacado la importancia que las manifestaciones protagonizadas por los ciudadanos de los países de esas zonas han tenido para el afianzamiento de las libertades públicas y los derechos civiles, pero ha alertado, a su vez, de lo mucho que queda por hacer, no solo en esos Estados sino en otros como Irán, Corea del Norte o China.

“El mundo ha cambiado enormemente a lo largo de 2011. Los ciudadanos se han puesto en pie para demandar más respeto por la dignidad humana, más oportunidades económicas, más libertades políticas y mayor capacidad para decidir sobre su propio futuro”, ha dicho Clinton. Tras poner como ejemplo la transición democrática en Túnez, o las elecciones que se están celebrando estos días en Egipto, la secretaria de Estado ha llamado la atención sobre la fragilidad y la incertidumbre que suelen acompañar a las revoluciones políticas y sociales. “Crear una sociedad civil fuerte y un clima en el que se asiente la libertad de expresión y una cultura de transparencia política conlleva su tiempo y el camino muchas veces es inestable”, ha advertido a 'El País', de Madrid.

Además de los avances en el respeto a las libertades fundamentales de países como Túnez, Libia, Egipto o Myanmar, Clinton también ha destacado los esfuerzos de Zambia –“que ha celebrado unas elecciones libres y creíbles”- y Colombia. Sobre el país suramericano, la responsable de la política exterior de EE UU y su subsecretario de Derechos Humanos, Michael Posner, han destacado los esfuerzos del Gobierno para enfrentarse a “décadas de violencia política” y asentar las bases para “acabar con la impunidad y el acoso a activistas, líderes sindicales, periodistas y profesores” y poner fin a los “asesinatos extrajudiciales”.

El informe destaca varios países en los que el respeto por los derechos humanos es prácticamente inexistente. En concreto, se citan los casos de Siria, Corea del Norte, Uzbekistán, Turkmenistán, Bielorusia, China e Irán. El estudio sobre el país persa presenta un escenario desolador en relación con la defensa de las libertades por parte de su Gobierno. “Adopta medidas brutales contra toda forma de disidencia [….] arresta, tortura y persigue a los manifestantes [….] ha condenado a muerte sin juicio justo a cientos de personas…”.

El estudio, como ha enfatizado Clinton, “aborda la defensa de los derechos humanos en el nuevo escenario del siglo XXI”. En este sentido, se hace especial hincapié en el respeto a las minorías étnicas y religiosas, pero también a la discriminación hacia las mujeres y los gais, lesbianas y transexuales, así como a las dificultades o la prohibición para acceder a Internet o a la consideración por parte de los Gobiernos con el trabajo de las ONG.

Respecto a los países del Continente Americano, además del caso colombiano, el informe destaca los problemas de Cuba, Venezuela, México, Honduras y Nicaragua. Respecto de este último Estado, se censura que las “irregularidades del proceso electoral han marcado una marcha atrás en su democracia y ha menoscabado a sus ciudadanos la posibilidad de controlar la labor de su Gobierno”.

De Cuba se resalta la “sistemática represión de los derechos civiles y las libertades fundamentales” y la intimidación por parte del Gobierno de grupos opositores, “en particular el de las ‘Damas de Blanco”. El documento destaca el incremento de la tasa de asesinatos en Honduras y el problema de la violencia generada por el narcotráfico, el mismo reto al que deben enfrentarse las autoridades mexicanas. La lucha contra los cárteles representa el mayor desafío a los derechos humanos del país norteamericano, según el informe. Sobre Venezuela, se alerta acerca de la concentración de poder en manos del presidente Hugo Chávez en el último año y su control de los medios de comunicación.

La actuación contra el 15-M, en el informe sobre España

El Informe sobre Derechos Humanos del Gobierno de Estados Unidos, en su apartado dedicado a España –el estudio analiza la situación de las libertades fundamentales en más de 200 países-, identifica como “los problemas más significativos el uso excesivo de la fuerza” por parte de los Cuerpos de Seguridad contra manifestantes del 15-M, “las concesiones limitadas de asilo a inmigrantes indocumentados”  y “la detención de inmigrantes únicamente por su perfil ético y racial”.

En las 18 páginas del informe sobre España, se destaca la demanda que 56 integrantes del 15-M interpusieron contra el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña por el uso indiscriminado de la fuerza durante las manifestaciones del 27 de mayo en Barcelona o la violencia con que se empleó la policía en Madrid durante las protestas frente al Ministerio del Interior y en la Puerta del Sol en agosto de 2011.

El estudio destaca que a lo largo de 2011 se registraron “denuncias aisladas por casos de corrupción política”, la mayoría, sostiene, centrados en Gobiernos locales y provinciales. Se alude también al ascenso de votos de “políticos conocidos por sus duras declaraciones en contra de la inmigración” en Cataluña tras las elecciones municipales de mayo del año pasado. Citan el caso de alcalde popular de Badalona, Xavier García Albiol, o el proceso del que salió absuelto Josep Anglada, presidente del partido xenófobo Plataforma per Catalunya.

Consulta el Informe sobre los Derechos Humanos en España