García-Escudero admite que percibió del PP sobresueldos de 4.200 euros

MADRID.- El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que percibió sobresueldos de 700.000 pesetas mensuales (unos 4.200 euros) entre los años 1999 y 2003 por las funciones que desempeñaba en el Grupo Popular en la Cámara Alta, informaron fuentes jurídicas.

García-Escudero, que ha sido interrogado en el Senado como testigo de la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP atribuida al extesorero Luis Bárcenas, ha asegurado que, además de su sueldo, cobraba un total de 14 pagas de 550.000 pesetas (unos 3.400 euros) que le abonaba el grupo parlamentario y otras 14 de 150.000 (unos 900 euros) que le transfería el partido como "gastos de representación".

En todos los casos, ha asegurado que el partido le realizaba las correspondientes retenciones y que tributó a Hacienda por todos estos ingresos, por lo que en ningún caso se produjeron irregularidades.

También ha admitido el préstamo que la dirección del PP le hizo en el año 2000 para afrontar las obras de rehabilitación de su vivienda de Madrid, en la que sufrió un atentado, aunque ha dicho que ascendió a 24.000 euros y no a 30.000, como se recogía en los 'papeles de Bárcenas'.

Según su declaración, las condiciones de la entrega las negoció con el entonces secretario general, Javier Arenas, y el dinero supone que se lo entregaron el que era tesorero Álvaro Lapuerta y su número dos, Luis Bárcenas, aunque ha dicho no recordar con claridad los detalles de la operación.

El dirigente 'popular', que ha declarado durante algo más de 45 minutos y se ha mostrado muy tranquilo durante todo el interrogatorio, según fuentes presentes en el mismo, ha explicado que la devolución del préstamo la realizó a través de cuatro talones del Santander o del BBVA --las dos entidades en las que tenía cuentas-- que entregó en la sede del PP en la calle Génova de Madrid.

En los denominados 'papeles de Bárcenas', que fueron publicados por el diario 'El País' el pasado 31 de enero, aparecen cuatro pagos de un millón de pesetas (24.000 euros) con la inscripción 'devol. antic. Atentado'.

Sin embargo, García-Escudero ha asegurado no reconocer dos de esos ingresos, fechados en diciembre de 2001 y julio de 2003. En la contabilidad oficial del PP, sin embargo, aparecían dos pagos en talones al actual presidente del Senado y otros dos en efectivo, según ha explicado al término de la declaración el abogado de Izquierda Unida (IU), Enrique de Santiago.

Antes del presidente de la Cámara Alta ha declarado en la Audiencia Nacional el diputado Eugenio Nasarre, quien ha señalado que la Secretaría General del PP "estandarizó pagos complementarios" a los dirigentes de la formación que en su caso fueron de 1.800 euros mensuales entre los años 2000 y 2004.

En esta causa están imputados, además de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, nueve supuestos donantes del PP que aparecían en los manuscritos publicados por el diario 'El País' el pasado 31 de enero, ocho de los cuales son empresarios de la construcción.

Los imputados son Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Villar Mir (OHL) y José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), que comparecerán el 27 de mayo; Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Manuel Contreras Caro (Azvy) y Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), que lo harán al día siguiente; y José María Mayor Oreja (FCC), Antonio Villella (Construcciones Rubau) y Pablo Crespo (supuesto número dos de la trama 'Gürtel'), que están citados el día 29.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez citó a declarar a los supuestos donantes del PP el pasado 11 de marzo tras admitir a trámite una querella presentada por Izquierda Unida (IU) en la que estaban imputados Bárcenas y Lapuerta. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal anuló las declaraciones de los extesoreros el pasado 21 de marzo y Ruz aplazó el resto tras asumir la causa, en detrimento de Gómez Bermúdez, por orden de la Sección Tercera de este órgano judicial.

Nasarre admite que el PP "estandarizó pagos complementarios" a sus cargos

MADRID.- El diputado Eugenio Nasarre ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que la Secretaría General del Partido Popular (PP) "estandarizó pagos complementarios por responsabilidad interna" a cargos orgánicos de la formación al menos entre los años 2000 y 2004, según han asegurado fuentes jurídicas.

   Nasarre, que ha declarado como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, ha reconocido ante el magistrado que cobró un sobresueldo mensual de 1.800 euros durante el tiempo en el que compatibilizó su cargo de diputado con  el de secretario de Estudios y Programas y posteriormente de Asuntos Sociales en el PP.

   De igual modo, ha concretado que esta práctica era "generalizada", y que todos los cargos públicos 'populares' con responsabilidades en el partido recibían este tipo de sobresueldos que variaban en función de sus atribuciones. Ha puntualizado que declaró a Hacienda este dinero extra mensual, que recibía junto al ingreso bancario de su salario.  

   Además, ha admitido que el extesorero 'popular' Álvaro Lapuerta y su sucesor Luis Bárcenas le entregaron un sobre con 30.000 euros en efectivo para la Fundación Humanismo y Democracia, de la que era patrono. La entrega se produjo en el despacho que Lapuerta tenía en la sede el PP en la calle Génova.

   El dinero, entregado en billetes de distinto tamaño, fue ingresado en la caja fuerte de la Fundación bajo el concepto de 'donativo anónimo'. Nasarre no ha podido concretar la procedencia de esas cantidades.

   El diputado reconoció haber recibido en 2003 dos donativos de 30.000 y 40.000 euros del PP para la Fundación Humanismo y Democracia, de la que era patrono junto a José Ramón Pin. "Son correctas las cantidades y las fechas. Los 30.000 euros me los entregaron a mí y los 40.000 a José Ramón Pin. Los dos éramos patronos", señaló en declaraciones recogidas en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

   Nasarre ha concretado que su Fundación fue la única en recibir este tipo de donaciones en aquellos años y se ha negado específicamente que la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES), presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, recibiera dinero alguno.

   A preguntas del fiscal Antonio Romeral, el cargo del PP ha explicado que la práctica de recibir donativos para las fundaciones fue normalizada tras el año 2004 momento en el que estas organizaciones pasaron a cobrar un 0,7 por ciento del total de las cuotas ingresadas por los militantes de la formación.

   El diputado 'popular' ha declarado durante más de una hora ante el juez instructor Pablo Ruz. Visiblemente nervioso, Nasarre ha indicado que su testimonio ha estado dirigido a "colaborar con la Justicia".

   "He contestado a las preguntas que se me han formulado y creo que he contribuido así al esclarecimiento de los hechos", ha señalado. En este contexto, ha manifestado su intención de "decir a los españoles que hay que confiar en la Justicia".

 "Lo que he declarado está en el sumario, pertenece al sumario y en estos momentos no debo hacer declaraciones ulteriores", ha concluido.

Protesta contra los políticos italianos subido a la cúpula de San Pedro

ROMA.- Un hombre se subió a una cornisa de la cúpula de la basílica de San Pedro el lunes y desplegó una pancarta protestando contra un "espectáculo de terror político", una aparente referencia a la acosada coalición italiana que lucha contra la recesión y el alto desempleo.

Identificado por la policía como Marcello Di Finizio, el hombre desplegó una pancarta en la que se podía leer "¡Detengan esta matanza! El espectáculo de horror político continúa", en inglés, escrita en rojo y negro, con el mensaje "Ayúdanos papa Francisco" en italiano.

También ondeó una bandera italiana mientras se mantenía en un equilibrio precario sobre una pequeña ventana cerca de la parte más alta de la cúpula de 137 metros.

Italia está sumida en su recesión más larga desde que comenzaron los registros trimestrales en 1970, y la tasa de desempleo está cerca de su máximo histórico. El apoyo a la coalición gubernamental, que tiene un mes de vida, ha caído ya hasta el 34 por ciento desde el 43 por ciento que tenía cuando fue improvisada para poner fin al estancamiento político.

Di Finizio ha escenificado protestas similares en la cúpula de la basílica en el pasado. En octubre pasó allí la noche con una pancarta criticando a las multinacionales, a Europa y al ex primer ministro Mario Monti.

El 80% de los jóvenes investigadores españoles en el extranjero no se plantea regresar

MADRID.- El 80% por ciento de los jóvenes investigadores españoles en el extranjero no se plantea regresar a España, según determina el estudio 'Innovacef', que analiza el grado de confianza de los jóvenes científicos del país en el sistema de I+D+i español, comparándolo con la situación de los científicos españoles que realizan su actividad en el extranjero.

   El estudio ha sido elaborado por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y el Centro de Estudios Financieros, en colaboración con la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, el Colegio Oficial de Físicos, la Fundación Universidad-Empresa, la Comunidad de Científicos Españoles en Reino Unido y la Sociedad de Científicos Españoles en la República Federal de Alemania.

   En la edición de 2013, los jóvenes investigadores que trabajan en España califican con un 4 sobre 10 al grado de confianza que les transmite el sistema nacional de I+D+i. Esta cifra, que repite la del año pasado, se mantiene como la menor registrada en las ocho ediciones de de este estudio, que alcanzó su máximo en el año 2009 con un 4,3.

   Por su parte, aquellos científicos que desarrollan su actividad fuera califican el sistema de I+D+i de sus respectivos países de acogida en 6 puntos, frente a los 5,7 del año 2012. Dicho índice alcanzó un máximo nivel en el año 2010 con 6,3 puntos.

   Estos científicos consideran que el mejor lugar para investigar es Francia con una puntuación de 7 puntos, seguido de Reino Unido con 6,6 puntos y Estados Unidos con 6,2. En cuanto a las principales diferencias entre las condiciones laborales que se ofrecen en el extranjero y en España son, por este orden: los salarios, la financiación, el reconocimiento social, la estabilidad laboral  y la carrera investigadora.

   Los jóvenes investigadores creen que el país debe mejorar la solicitud de patentes, la acción comercial de las instituciones de transferencia del conocimiento y la financiación privada. Todos estos aspectos no logran superar los 5 puntos.

   Esta situación ha llevado a que un 81 por ciento de los científicos que trabajan en España a tener "altas posibilidades" de marcharse al extranjero, frente al 76 por ciento de 2012.

   El profesor del Grado de ADE de la UDIMA e investigador principal de este informe, Pedro Aceituno, ha señalado que "con estos datos en su balance de movilidad investigadora, España se encuentra ante un grave problema estratégico". 

"Se está perdiendo un capital humano que tendría que estar colaborando para ayudarnos a salir de la crisis", ha denunciado.

   Sin embargo, a su juicio, "hay motivos para la esperanza en la creación de sociedades de científicos españoles en el exterior (Alemania y Reino Unido), algo que podría con el tiempo ayudar a mantener los vínculos con estas comunidades de manera que se facilite su regreso cuando el sistema nacional de I+D+i pueda ofrecer unas adecuadas condiciones profesionales".

   Por otra parte, Aceituno ha indicado que "dado que el sector público español se encuentra inmerso en un intenso proceso de ajuste presupuestario, podría ser el sector privado el que cogiera el testigo de la contratación de los científicos, tratando de integrar lo profesional con lo académico de forma que todos, investigadores, empresarios, economía y sociedad española, salgan ganando".

   Precisamente, en relación con el tipo de cooperación con el sector empresarial, el estudio determina que, alrededor de la mitad de los dos colectivos encuestados, el 52 por ciento (España) y el 48 por ciento (extranjero), no tienen previsto colaborar con el sector empresarial.

   De los investigadores que tienen perspectivas favorables en este sentido, las opciones más destacadas han sido por este orden: proyectos de investigación conjuntos, contratos de investigación  y asistencia a congresos.

   'Innovacef 2013' se ha realizado sobre una muestra 773 científicos, divididos en 546 jóvenes investigadores que realizan su actividad en España y 227 científicos españoles que desarrollan su labor en el exterior.

Griñán: "No pongo la mano en el fuego ni por el Rey ni por nadie"

SEVILLA.- El presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán, ha reclamado un "esfuerzo de legitimación a la monarquía", que "solo se sostendrá en la medida en que lo haga por sí misma, con la sensibilidad suficiente para ser atractiva y querida por los ciudadanos". Además ha confesado que "no pondría la mano en el fuego por el Rey ni por nadie".

   En un adelanto de la entrevista que Griñán ha concedido a Vanity Fair, que se ha hecho público este lunes en la web de la revista y que ha sido recogido por Europa Press, el presidente andaluz analiza así la crisis que atraviesa una institución que, según opina, "debe tener su propio prestigio y ganárselo día a día".

   Además, según se señala en ese adelanto de la entrevista, reclama al rey Juan Carlos una legitimación que pase por "una vida modélica y ejemplar representando la jefatura del Estado y el papel de España" y pone como referencia las visitas del Rey a Estados Unidos durante la Transición y su trabajo en el proceso de integración en Europa. "La monarquía cumplía un papel importante en aquellos momentos", asegura.

   El también presidente del PSOE analiza en la entrevista el debate abierto por el liderazgo en su partido. Griñán defiende al secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, y asegura que es "injusto cargar toda la responsabilidad" en él.

   "¿Por qué no decimos también que a lo mejor los que le acompañamos tampoco lo hacemos bien? Lleva un año, menos de un tercio de su mandato. Quizá el equipo tiene que mejorar. Y los diputados dar el do de pecho que no están dando. Y la ejecutiva dar otro do de pecho que no hemos dado", según José Antonio Griñán.

   Asimismo, asegura que, aunque a Rubalcaba "tal vez le falta dar un empuje", sí cree que el PSOE pueda ganar unas elecciones con él como candidato "porque es un personaje político de altura, dentro de lo que se puede debatir en España".

   Además el presidente andaluz habla de la crisis institucional en España para asegurar que "el problema no es de los políticos. Siempre tienen el nivel de los ciudadanos" y asegurar que "aunque estoy en sus antípodas, Aznar es un político de raza".

   Y muestra su faceta más personal recordando los meses que pasó en Londres en 1968 trabajando como camarero: "entonces los jóvenes teníamos muchas menos oportunidades de progresar que ahora". Ha confesado no saber si uno de sus hijos, que está en el paro, "tendrá que salir de España para conseguir un trabajo".

España, ¿un país de corruptos?

MADRID.- En los tribunales se tramitan más de 1.600 casos de corrupción y no pasa un día sin que afloren titulares involucrando a alcaldes, consejeros, partidos políticos, hasta a la Casa Real en procesos judiciales por abuso de poder. Sólo el paro preocupa más: un 44,5% de los españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) piensa que la corrupción es una de las grandes lacras del país, por delante incluso de los problemas de índole económica, recoge 'El Mundo'.

"Los españoles perciben que somos un país de corruptos", explica Javier Noya, investigador del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de la Marca España. Aunque el juicio es más duro en casa que en el extranjero, en países como Reino Unido y Alemania empieza a hacer mella el flujo de noticias desde la piel de toro, multiplicando la desconfianza hacia lo español.

¿Está la corrupción en el ADN nacional? No, coinciden los expertos.

Para empezar, "en el caso español, si comparamos las percepciones de la corrupción y las experiencias personales de los ciudadanos hay una gran disonancia", precisa Víctor Lapuente, especialista en temas de administración pública y corrupción del Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). A diferencia de lo que ocurre en otros países, como Grecia o Rumanía, la vida diaria no está mediatizada por el pago de sobornos o corruptelas en servicios básicos, como la educación, la sanidad o la seguridad ciudadana. En las bajas esferas estamos 'limpios'. El problema no es la corrupción administrativa, sino la corrupción política.

Tampoco es un problema nuevo. Los casos que ahora salen a la luz con tanto revuelo "se desarrollaron desde la expansión económica, a partir del año 93" vinculados en especial al terreno urbanístico, señala Manuel Villoria. El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y Director del departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset constata que "más que a nivel del Estado, la corrupción se ha concentrado a nivel autonómico y sobre todo local, donde hay menos controles y más discrecionalidad". Recalificar terrenos era una forma fácil y relativamente 'segura' de ganar dinero rápido con pocos riesgos.

¿Qué pasará ahora que el sector de la construcción ha colapsado? "La corrupción se ha desplazado a otras áreas, probablemente la contratación pública, las concesiones, las privatizaciones...", enumera Villoria, que incide en los problemas de la falta de transparencia en las adjudicaciones y de las famosas 'puertas giratorias', cuando los políticos pasan a trabajar en empresas del sector donde anteriormente ejercía su cargo público.

En el ranking que cada año elabora la organización Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción España aparece a la altura de Botsuana, estancada en torno a la posición número 30 del índice y por detrás de la mayoría de la antigua UE de los 15.

"Con el 'boom' se hizo la vista gorda, crecieron las oportunidades, pero eso también indica que la corrupción no está en nuestros genes, no está en nuestra cultura. No debemos resignarnos a esa idea", afirma Lapuente, que cree que la gente responde a los incentivos. Villoria coincide: "Yo creo que no somos peores que los ingleses o los suecos. El español ve claramente lo que esta bien o mal, es muy riguroso. No hay grandes diferencias en cuanto a las actitudes frente al crimen, otra cosa es que, como todo el mundo lo hace, a la hora de ponerlo en práctica la cosa cambie".

El quid de la cuestión está en los mecanismos sociales que pueden poner en marcha un dominó corrupto: "La gente hace lo que cree que los demás hacen. Si la gente que tiene ejemplaridad, que nos gobierna y marca las leyes, practica la corrupción están diciendo: 'hazlo tú también'", apunta Concepción Fernández, profesora de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid.

Así, de poco sirve aprobar normas si no se cumplen. "Los ciudadanos participan en actividades corruptas o poco éticas ante la percepción generalizada de que hay mucha corrupción, de que es posible saltarse las leyes y hasta es justificable. Esto destruye el armazón de la sociedad y es muy preocupante", incide Villoria. Por ejemplo, todo el mundo se queja de los 'enchufados' pero, ¿quién, teniéndolo, no ha echado mano de un 'enchufe' alguna vez?

Para otros, el problema es más profundo. "El Estado nos ha convertido en un país de corruptos al tratar al ciudadano como un estafador imponiendo sanciones y cargas desproporcionadas", denuncia Juan Antonio Herrero, director del Máster en Ética y Política Pública del Centro Universitario María Cristina del Escorial. En su opinión, el resultado de esta "ingeniería social", que toma decisiones políticas sin tener en consideración criterios éticos, genera un "sufrimiento tremendo sobre la población" que deviene en un proceso de desmoralización y opta por defenderse saltándose las normas. "Si el Estado fuese justo la gente actuaría de otra manera", insiste Herrero.

Esa falta de ecuanimidad permea también a otros niveles. "Somos un país con mucha impunidad hacia la corrupción. Ha habido mucha tolerancia desde las altas esferas, especialmente para la gente que tiene más poder, porque tiene más posibilidad de escapar de las normas", apunta Fernández. La experta en psicología social de la Complutense cree en que las consecuencias de este "desmoronamiento de normas" pueden ser muy graves. "Hay mucho malestar que tiene que ser encauzado".

El Banco Mundial define la corrupción como el abuso de poder para beneficio privado. "Normalmente identificamos la corrupción jurídicamente perseguible -soborno, malversación, cohecho...- pero hay otra más sofisticada y compleja de la que no hay casi información en España", incide Villoria, en referencia a la financiación de los partidos y la influencia de grupos de presión a la hora de elaborar leyes y marcar políticas.

¿Qué podemos hacer? Para Lapuente, la solución "debe centrarse en mejorar la calidad del gobierno más que perseguir la corrupción con medidas policiales o especiales, pero esto también puede dar lugar a que el sistema tradicional de partidos salte por los aires, como pasó en Italia, sin que cuaje una alternativa, y sea un mal equilibrio sostenido en el tiempo".

Otros van más lejos. "Haría falta sin lugar a dudas un pacto nacional contra la corrupción y una serie de medidas básicas: reducir el poder de los partidos políticos y hacerlos más responsable frente a los ciudadanos, reducir la politización de la Justicia, mejorar la labor del Tribunal de Cuentas, establecer un sistema de denuncias...", repasa Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional.

Los expertos coinciden en que la transparencia es fundamental. Sin embargo, la ley que prepara el Gobierno no se ha librado de las críticas. "Está por debajo de los estándares internacionales", afirma Jacobo Elosua, cofundador de la Fundación Civio, volcada en proyectos sobre transparencia y rendición de cuentas. En su opinión, se queda corta al incluir el silencio administrativo negativo; por la falta de independencia de la autoridad supervisora, que queda bajo el paraguas ministerial; al no considerarse el acceso a la informacion como un derecho fundamental; por la limitación del tipo de documentos que se pueden solicitar; y exclusiones de entidades como la Casa Real y los sindicatos o partidos políticos, que parece que finalmente sí estarán incluidas.

La corrupción tiene un claro impacto económico, explica Noya, porque "mina la legitimación del gobierno y dificulta poner en práctica más medidas de ajuste; por otra parte, las empresas quieren seguridad jurídica, garantías, a la hora de invertir en un país". Según el Banco Mundial, la corrupción puede reducir el PIB de un país en más de un 0,5%, esto es, el equivalente a lo que ha retrocedido la economía del país en el primer trimestre del año. "La corrupción actúa como un impuesto regresivo, y castiga a los ciudadanos más pobres y a las empresas más pequeñas. Restringe el acceso de los ciudadanos más vulnerables a los servicios y se la vincula con una menor calidad de los servicios públicos. Representa un gran costo para las empresas", afirmaba el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim recientemente.

La entidad, además, ha presentado datos muy ilustrativos, recuerda Villoria: "Implica que hay más gasto público, sobre todo en áreas de infraestructuras, pero reduce mucho los ingresos públicos. Es como si a los impuestos a las empresas le aplicáramos una tasa marginal de hasta 10 puntos, y reduce la inversión, sobre todo a largo plazo, que es la más productiva".

Fallece un joven tunecino durante los enfrentamientos con la Policía

TÚNEZ.- Un joven tunecino ha perdido la vida durante los enfrentamientos de este domingo en la capital, Túnez, cuando 500 partidarios del grupo salafista Ansar al Sharia, comenzaron a lanzar piedras contra la Policía después de que las autoridades les prohibieran manifestarse, según informó la agencia oficial de noticias tunecina, TAP.

   El Gobierno había prohibido el pasado viernes la conferencia convocada para este domingo en Kairuán, por considerar que suponía un peligro para la seguridad. El grupo, abiertamente partidario de Al Qaeda, anunció ese mismo día su intención de seguir adelante con su acto, durante una rueda de prensa celebrada en una mezquita de la capital a la que únicamente se ha permitido el acceso a los periodistas varones.

   El miércoles, el líder del partido islamista moderado Ennahda, Rached Ghannouchi, subrayó que el evento no tendría lugar si no era con permiso del Ministerio del Interior, al tiempo que advirtió a la formación de que no entrase en conflicto con el Gobierno.

Bangladesh prohíbe las manifestaciones durante un mes

DACCA.- El Gobierno de Bangladesh ha anunciado este domingo por la noche que prohíbe las manifestaciones en todo el país asiático durante un mes, según ha informado el diario bangladeshí 'The Daily Star'.

   "Algunos partidos políticos han causado problemas de orden público en nombre de su programa electoral. Por lo tanto, no se permitirá que nadie lleve a cabo cualquier tipo de manifestación durante el próximo mes", ha declarado el ministro del Interior de Bangladesh, MK Alamgir.

   "Admitimos que existe el derecho a realizar manifestaciones y reuniones públicas pero hemos tomado la decisión de restringirlas para mantener la ley y el orden", ha añadido.

   Sin embargo, el ministro de Gobierno Local, Desarrollo Rural y Cooperativas, Syed Ashraful Islam, ha explicado que se ha establecido la prohibición para poder llevar a cabo las labores de rescate y rehabilitación en aquellos distritos afectados por el ciclón Mahasen.

   "No es posible proteger los derechos fundamentales de reunión y manifestación cuando el país ha sido azotado por un desastre natural". ha afirmado Islam. "Todos deben participar en la distribución de ayuda y en la rehabilitación de las personas afectadas por el ciclón", ha expresado.

   "Esta medida no será sólo aplicada a la oposición. El partido gobernante también acatará la prohibición", ha señalado Islam. Sin embargo, el principal partido de la oposición, el Partido Nacionalista de Bangladesh, ha asegurado que luchará contra esta restricción.