martes, 29 de enero de 2013

El Parlamento catalán relanza la ley de transparencia


BARCELONA.- El portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, ha avanzado este martes que la federación propondrá este miércoles al resto de grupos la reapertura inmediata de la ponencia conjunta para aprobar una ley catalana de transparencia y derecho a la información pública, cuyos trabajos decayeron en la anterior legislatura tras el avance electoral.

Los partidos recuperarán los trabajos sobre esta norma para "poner al día" el redactado que ya tenían elaborado, y confían en que una vez reabierta la ponencia conjunta los trabajos no se dilaten demasiado.
   El goteo de casos de corrupción en Cataluña y la presunta implicación en ellos de varios responsables políticos ha empujado a los partidos catalanes a acelerar la toma de medidas para combatir las irregularidades, por lo que en las ruedas de prensa de este martes todos han apostado por buscar mecanismos contra la corrupción.
   Antes de la intervención de Turull, el resto de grupos habían manifestado también la necesidad de atajar la proliferación de casos de corrupción, recuperando los trabajos para una ley electoral propia de Cataluña que incluya medidas para aumentar el control sobre los partidos y los cargos electos, y celebrando una cumbre anticorrupción entre todos los partidos.
   Turull ha apostado también por constituir cuanto antes la ponencia conjunta para una ley electoral catalana, y ha esbozado la posibilidad de que, si no hay acuerdo sobre el sistema electoral, sí se desarrolle por lo menos la parte referente a la creación de una administración electoral catalana.
   Esta parte, sobre la que sí se lograron consensos en la ponencia conjunta cerrada en falso hace dos legislaturas, podría aprobarse en como una ley a parte, y serviría para regular aspectos como el límite de gasto electoral y aumentar la fiscalización de los partidos durante las campañas electorales.

   Los portavoces de PP y C's en el Parlament, Enric Millo y Jordi Cañas, han reclamado este martes la comparecencia del presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Parlament para dar explicaciones sobre los casos de presunta corrupción que en los últimos meses han afectado a CiU.
   En sendas ruedas de prensa, ambos diputados han confiado en que el resto de partidos apoyen su propuesta, y han aludido directamente a ERC, que en la anterior legislatura evitó que Mas compareciese ante la Cámara por el 'caso Palau'.
   El portavoz del PSC en la Cámara, Maurici Lucena, ha abogado por esperar hasta que se conozcan los detalles del caso de Lloret de Mar antes de pedir comparecencias, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha explicado que su formación todavía no ha decidido si apoyará o no esa petición.
   Sin embargo, la dirigente republicana ha subrayado que si ocurriese una situación similar dentro de ERC, "suspendería de militancia a la persona presuntamente afectada y lo apartaría de todos sus cargos públicos", y ha remarcado la necesidad de que el proceso soberanista abierto en Cataluña esté tutelado por personas ejemplares.
   La comparecencia del presidente de la Generalitat ha sido una de las medidas que los partidos han puesto sobre la mesa este martes, en el que, a raíz de la 'operación Clotilde' con epicentro en Lloret de Mar (Gerona), se ha reavivado el debate sobre la necesidad de actuar contra la corrupción.

   Los casos de presuntas irregularidades han alterado también la constitución este martes de las comisiones parlamentarias, después de que el diputado de CiU y exalcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, haya sido nombrado vicepresidente de la comisión parlamentaria de Empresa y Empleo.
   La designación del diputado de CiU ha sido aprobada por asentimiento con el único voto en contra del diputado de la CUP David Fernández, aunque por la tarde, ICV-EUiA ha reconocido "el error" de no haber votado en contra de su nombramiento.
   Los grupos han defendido que la distribución de las presidencias y vicepresidencias de comisiones se hizo hace días y sin conocer qué candidato propondría cada partido para cada cargo, por lo que han considerado responsabilidad de cada formación valorar si los candidatos propuestos "son los idóneos".
   Además del nombramiento de Crespo, han suscitado polémica las designaciones del diputado del PSC, Daniel Fernández --cuyo nombre se relacionó con el 'cas Mercurio'-- como presidente de la comisión de Juventud, y la del diputado de CiU Ferran Falcó --imputado en el 'caso Adigsa'-- al frente de las comisiones de la Sindicatura de Cuentas y de Bienestar Social y Familia.

Imputan al secretario de las Infantas en el caso Nóos

PALMA DE MALLORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, ha imputado en el caso Nóos al secretario de las Infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga, y le ha citado a declarar el próximo 23 de febrero, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

   En concreto, García Revenga ha sido emplazado a comparecer a las 13.00 horas del mismo día en que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, volverá a los Juzgados para ser interrogado en torno a las presuntas irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos y, más en concreto, sobre los delitos fiscales que le han sido recientemente imputados.
   En la providencia que ha dictado este martes, el magistrado precisa que durante la comparecencia le interrogará en concreto sobre el cargo y las funciones que García Revenga desarrolla en Nóos o en cualquiera de las mercantiles de la trama, así como sobre el conocimiento que pudiera tener sobre las actividades que desplegaba.
   Asimismo, según expone el juez, quien ha acordado citarlo de oficio sin que el propio afectado lo haya solicitado, prevé interpelarle acerca de las labores de asesoramiento o consulta que pudiera haber llevado a cabo con Urdangarin y respecto a su entorno societario y personal.
   El nombre del asesor personal de las Infantas figura en varios de los emails que el exsocio de Urdangarin Diego Torres ha entregado al juez, entre ellos un correo en el que el Duque le indicaba dónde debía ingresar su esposa, Doña Cristina, los ingresos correspondientes a sus honorarios de Zarzuela.
   En un breve email se limitaba a señalar a García Revenga que "las transferencias que le ingresan a Doña Cristina correspondientes a sus honorarios de Zarzuela deberían ingresarse a partir de enero en esta cuenta", indicando a continuación el número de la cuenta bancaria.
   Es más, en otra de las correspondencias, fechada el 7 de julio de 2003, el marido de la Infanta Cristina desplegaba la confianza que tenía en García Revenga con frases como "Qué tal Carlos, cómo te ha ido el finde... Nosotros bien, en Palma te puedes imaginar lo a gusto que hemos estado. Playa, piscina, heladito en Portals, parque... Vaya, que completito".
   Acto seguido el Duque pasaba a explicarle de forma detallada sus planes sobre la forma de anunciar a Nóos como empresa, tras lo cual lo cual se despedía del asesor de la Casa Real con un "Agur. El Duque em...Palma...do".
   En concreto, García Revenga es empleado de la Casa del Rey desde septiembre de 1993, cuando comenzó a ejercer esa responsabilidad. Compatibilizó durante 19 meses esa función con la de tesorero del Instituto Nóos que presidió Urdangarin y que está siendo investigado por la presunta comisión, entre otros, de delitos de malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, falsedad documental y prevaricación.
   El periodo en el que García Revenga fue tesorero de Nóos (actividad por la que no habría recibido una remuneración) coincide con el tiempo en que Urdangarin presidió la entidad -fundada como una organización sin ánimo de lucro- y la Infanta Cristina fue vocal de la Junta directiva.

IU: "Lo que sorprende es que todavía no esté imputada" Doña Cristina

MADRID.- El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella, ve "dentro de la lógica" la decisión del juez José Castro de imputar en el 'caso Nóos' al secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, y ha mostrado su sorpresa de que "todavía" no lo esté la Infanta Cristina, esposa de Iñaki Urdangarín.

   En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, Centella considera "un paso más" la imputación de García Revenga dentro del, a su juicio, "culebrón por capítulos" en el que se está convirtiendo el citado caso que afecta, entre otros, al Duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
   "Es un paso más, pero lo que no entendemos es que todavía no esté imputada la Infanta (Cristina) porque todo apunta a que hay elementos de todo el entorno familiar, que es el que debe estar imputado", ha manifestado.
   Por ello, el diputado de IU por Sevilla ha insistido en que no le ha extrañado la decisión del juez Ruz, "al contrario, entra dentro de la lógica", pero lo que sí le sorprende, ha reiterado, es que "todavía no esté imputada la Infanta".

El Gobierno catalán critica al Estado el gasto en cubertería de embajadas

BARCELONA.- El consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha asegurado este martes que la Generalitat "intensificará" su acción exterior, y ha reprochado al Estado que se gaste 330.000 euros en cubertería y mantelería para sus embajadas.

   "No solo continuaremos con lo que hacíamos, sino que lo intensificaremos. Haremos más actividad exterior que nunca", ha resaltado en rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, justificándolo por afrontar la crisis y por el proceso soberanista de Cataluña.
   Ha explicado que para ello utilizarán los instrumentos a su disposición, pero ha dejado claro que su concepto de política exterior dista mucho de la del Gobierno central: "Lo que no haré nunca es gastarme 330.000 euros en cubertería".
   Homs ha criticado la ley que ultima el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, para tutelar la actuación en el extranjero de las autonomías, destacando que "pensar que esto de salir afuera es como un capricho no es del siglo pasado, sino de hace dos siglos atrás".
   A su juicio, el Gobierno central debe entender la importancia de poder hacer política exterior porque así lo exige la economía y el mundo actual para ser competitivos: "Hay que jugar la liga de la globalización; si no, no hay recorrido".
   Homs, que explicará la estrategia en exteriores en la comisión respectiva del Parlament, también ha explicitado que, de momento, no han notado cambios en esta cuestión, por lo ve que "hay un cuerpo diplomático muy profesional y unos miembros del PP muy beligerantes".

Nuevas imágenes de la matanza de Marinaka desacreditan a la Policía sudafricana

JOHANNESBURGO.- La reciente difusión de unas nuevas imágenes sobre la matanza indiscriminada de manifestantes mineros el pasado mes de agosto en una mina de la localidad de Marinaka --unos cien kilómetros al noroeste de Johannesburgo-- a manos de la Policía ha añadido más presión sobre las fuerzas de seguridad, que en su momento aseguraron que habían disparado en defensa propia.

   En las imágenes, recogidas por teléfono móvil y difundidas por Reuters Televisión y por la cadena británica Channel 4, se aprecia cómo la Policía abate a tiros a una decena de trabajadores de la mina de platino de Marinaka. Se trata de los hechos más sangrientos desde el fin del 'apartheid'.
   El vídeo se emitió este lunes en el Channel 4 de la televisión británica y en él puede verse a un policía tirado en el suelo escondido detrás de una roca con su pistola desenfundada. Las imágenes fueron grabadas por uno de sus compañeros que también estaba en el suelo y agitaba su arma.
   El primer agente advierte de que hay un minero delante de ellos y puede escucharse una voz que grita: "Espera, no le dispares, no le dispares". Entonces, se escucha un tiroteo y el vídeo termina con la imagen del cuerpo de un hombre tirado en el suelo.
   Momentos después, se escucha a otro agente alardeando de haber matado al hombre. "Menudo hijo de puta. Le disparé al menos diez veces", decía. De acuerdo con Channel 4, el fallecido, que ha sido identificado, sufrió al menos doce disparos.
   El portavoz de la Policía, Dennis Adriao, se ha negado a hacer comentarios sobre las últimas imágenes.
   Previamente, agentes de la policía declararon que se habían visto obligados a recurrir a la fuerza letal tras ser atacados por algunos mineros armados. No obstante, varios informes forenses han indicado que al menos catorce de las víctimas de Marikana habían recibido un disparo por la espalda.
   La investigación, dirigida por un juez jubilado, terminará a mediados de año.

El Ejército egipcio advierte contra el "colapso del Estado" en Egipto

EL CAIRO.-   El comandante en jefe del Ejército egipcio y ministro de Defensa, el general Abdel Fatá al Sisi, ha declarado este martes que el conflicto político que vive el país podría conducir al "colapso del Estado" y ha advertido de que la defensa del Canal de Suez sigue siendo uno de los principales objetivos de los militares que han sido desplegados en la zona para enfrentarse a la violencia.

   "La persistencia del contencioso entre las diferentes fuerzas políticas sobre la gestión de los asuntos de Estado podría conducir al colapso del Estado", ha afirmado el militar, a través de la página oficial de Facebook del Ejército.
   Los actuales problemas políticos y económicos del país suponen una "verdadera amenaza a la seguridad y a la unidad del Estado", ha advertido el general Abdel Fatá al Sisi. En estas circunstancias, ha asegurado, las Fuerzas Armadas seguirán siendo "el bloque sólido y unido" en el que "descansan los fundamentos del Estado".
   Las declaraciones del general Abdel Fatá al Sisi --designado para el cargo en 2012 por el presidente Mohamed Mursi-- se producen tras la muerte de al menos 52 personas a causa de los desórdenes de la semana pasada entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias ciudades del país.
   El Ejército ha controlado de manera casi absoluta la vida política y económica del país desde la independencia de Egipto, hace alrededor de seis décadas, e incluso durante el periodo interino que siguió a la caída del régimen de Hosni Mubarak, hace casi justamente dos años.
   El general Sisi fue designado por Mursi después de que el Ejército le entregara el poder en junio de 2012, en sustitución del mariscal de campo Hussein Tantawi, quien había presidido el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas --órgano superior de gobierno durante el periodo de transición-- y que había ejercido como ministro de Defensa de Mubarak durante veinte años.
   La oposición rechazó ayer lunes las conversaciones propuestas por Mursi para poner fin a la violencia. En lugar de ellos, miles de manifestantes han tomado las calles en El Cairo y Alejandría, así como en las tres ciudades situadas a lo largo del Canal de Suez --Port Said, Ismailia y Suez-- en las que el Gobierno había impuesto un toque de queda. Al menos dos personas fallecieron esta pasada noche en Port Said a manos de las fuerzas de seguridad.

El juez desestima el recurso de Baltar contra la querella del fiscal

ORENSE.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Orense, Leonardo Álvarez, ha desestimado el recurso del abogado del expresidente de la Diputación Provincial, José Luis Baltar Pumar, en el que pedía la anulación de la querella presentada contra él por la Fiscalía orensana por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa, lo que a su vez ha provocado que la defensa del veterano político ya haya llevado un nuevo recurso a la Audiencia Provincial.

   El abogado de Baltar argumentaba en su recurso ante el Juzgado de Instrucción nº 1 que, en la elaboración de la querella del ministerio fiscal, podrían haberse vulnerado "los principios de audiencia y defensa", dado que no se le ofreció al expresidente de la Diputación orensana "la posibilidad de dar su versión sobre los hechos investigados".
   No obstante, el magistrado responde en su auto que el hecho de no oír a Baltar "no supone ningún tipo de indefensión para él", puesto que las diligencias informativas tienen por objeto determinar si puede haberse cometido algún hecho delictivo, "sin que esto suponga ningún juicio de valor sobre la culpabilidad o inocencia del denunciado".
   Así, el magistrado señala que no se le ha causado "ninguna indefensión" a José Luis Baltar, máxime al tener en cuenta que, desde que se iniciaron las diligencias, el denunciado cuenta con "la posibilidad de personarse y así tener conocimiento de todo lo actuado hasta la fecha". Al respecto, añade que pudo tener acceso a la documentación obtenida por la Fiscalía y que se acompaña a las actuaciones, cuya legalidad avala el juez al subrayar que "fue obtenida por los conductos legales".
   En relación a la existencia o no de indicios suficientes para imputar a Baltar, el auto indica que ahora no es el momento procesal oportuno para determinar si los hechos que son objeto de la presente instrucción son constitutivos o no de infracción criminal, sino que "en este momento únicamente debe valorarse si hay indicios suficientes para considerar la posibilidad de que se pueda haber cometido un delito".
   "Es indudable que el hecho de haberse celebrado 104 contratos en un lapso temporal escaso y sin haberse respetado los trámites previstos por la ley es más que suficiente para poner en marcha una instrucción y comprobar la forma en que se efectuaron esos contratos y determinar si realmente la actuación del querellado estuvo presidida por la intención de colocar intencionadamente a determinadas personas en diversas vacantes de la Diputación Provincial de Orense", argumenta el juez para desestimar el recurso de la defensa de Baltar.
   Asimismo, el magistrado recuerda que el propio secretario general de la Diputación Provincial de Orense "certificó que no hubo ningún tipo de publicación relativa a las 104 plazas vacantes que fueron cubiertas en virtud de decreto dictado por el denunciado", que cuando se hicieron los contratos supuestamente a dedo era presidente de la Diputación orensana.
   Ante el auto del juez que desestima este recurso, el abogado de Baltar ya ha recurrido en la misma línea ante la Audiencia Provincial, según han confirmado fuentes jurídicas. Aparte, el abogado del expresidente de la Diputación orensana también ha presentado sendos recursos contra la personación como acusaciones populares del sindicato Manos Limpias y del PSdeG.
   En el primer caso, según fuentes jurídicas, el recurso argumenta que la aceptación de Manos Limpias como acusación popular no fue tramitada en la forma debida y el Juzgado la aceptó con una escrito de la secretaría judicial, cuando éste no es el trámite habitual, según el abogado de Baltar. En el caso de la personación del PSdeG, considera que no está debidamente representada porque su abogado carecería de poderes para ejercer la representación socialista.
   La decisión del juez de desestimar el recurso de Baltar contra la querella fiscal se conoce el mismo día en que empiezan a declarar los testigos en las diligencias abiertas a raíz de la querella presentada por el fiscal contra Baltar por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa.
   La primera de las personas en declarar ante el magistrado ha sido una de las cuatro trabajadoras que supuestamente fueron contratadas a dedo. También declararán en la jornada de este martes otras tres personas cuyos contratos están siendo investigados, incluida una concejala de O Carballiño y un edil de Nogueira.
   En el exterior del edificio judicial, un grupo de cuatro personas recibió entre pitos y gritos de "enchufados" a los testigos, flanqueados por una pancarta en la que se reclamaba "Stop nepotismo". Este miércoles y el jueves continuarán las declaraciones de los testigos, que precederán a la del propio José Luis Baltar, en calidad de imputado, prevista para el próximo lunes.