EL CAIRO.- Decenas de miles de opositores al jefe de Estado
egipcio, Mohamed Mursi, rodearon este martes por la noche el palacio
presidencial en El Cairo para exigirle que retire un decreto con el que
amplió considerablemente sus poderes y que provocó una profunda crisis
en el país.
Los manifestantes, muchos de los cuales forman parte de grupos laicos
y de izquierda, pudieron acercarse al palacio después de haber cortado
las alambradas que protegían el edificio.
La policía antidisturbios usó gases lacrimógenos para tratar de dispersarlos, sin éxito, y luego se retiró.
Una fuente de la presidencia indicó que el presidente Mursi no se encontraba en el palacio.
Algunas personas trataron de escalar las paredes del edificio pero
otras se lo impidieron. Los manifestantes rodean ahora el palacio.
Los manifestantes gritaban eslóganes como "¡Lárgate!" o "El pueblo
quiere la caída del régimen", los mismos que se oyeron en la revuelta
que derrocó a Hosni Murabak a principios de 2011.
Muchos de los manifestantes, que agitaban banderas egipcias, acusan a
los Hermanos Musulmanes, a los que pertenece Mursi, de haber "vendido
la revolución".
Estados Unidos pidió a los manifestantes que expresen "sus opiniones
pacíficamente" y que se les dé "espacio para protestar", indicó Mark
Toner, portavoz del Departamento de Estado.
Miles de personas seguían llegando al palacio en el barrio de
Heliópolis, en la periferia de El Cairo, para protestar por los nuevos
poderes del presidente Mursi, que la oposición tilda de "dictatoriales",
y en contra de un proyecto de Constitución que debe ser sometido a
referéndum en menos de 15 días.
Varios grupos y partidos opositores habían pedido a los cairotas que
se dirigieran "pacíficamente" al palacio presidencial, entre ellos los
jóvenes del Movimiento del 6 de Abril, que contribuyeron a lanzar la
revuelta que tumbó al presidente Mubarak, así como el partido de la
Constitución del Nobel de la Paz Mohamed ElBaradei.
Miles de personas se manifestaban también en la emblemática plaza Tahrir, en el centro de la capital.
Egipto vive una profunda crisis política desde el decreto del 22 de
noviembre, con el que Mohamed Mursi, primer presidente islamista del
país, amplió sus poderes y blindó sus decisiones ante cualquier
intervención de la justicia.
Los detractores y los partidarios de Mursi se manifestaron en masa
después del decreto. La división política se acentuó cuando el
presidente anunció el sábado que el 15 de diciembre próximo se votará en
referéndum la nueva Constitución, redactada por una comisión dominada
por sus correligionarios.
El poder judicial, al que el presidente prohíbe impugnar sus decisiones, también está dividido.
El Consejo Superior de Justicia, encargado de los asuntos
administrativos de la magistratura, decidió el lunes delegar a unos
magistrados para supervisar el referéndum a pesar del llamamiento al
boicot de varios jueces, lo que permitiría realizar la consulta.
Pero el martes, el Club de los Jueces, un sindicato profesional a favor del boicot, reiteró su postura.
"No perdonaremos" a los jueces que supervisen la votación, lanzó su
presidente, Ahmed al Zind, afirmando que el número de jueces opuestos a
la supervisión del referéndum supera con creces el número a favor.
El jefe del Estado asegura que su decreto es "temporal", a la espera
de que entre en vigor la nueva decreto y la convocatoria del referéndum.
Las autoridades responden que la consulta se mantiene y convocan a
los egipcios residentes en el extranjero a votar a partir de este sábado
8 de diciembre.
Los detractores del proyecto de la nueva Constitución, adoptado a
marchas forzadas por una instancia dominada por los islamistas, aseguran
que no protege derechos fundamentales como la libertad de expresión y
temen que abra la puerta a una aplicación más estricta de la ley
islámica.
Para protestar "contra la tiranía" y contra los artículos relativos a
la prensa y a las libertades en el proyecto de Constitución, varios
diarios independientes y de oposición decidieron no salir este martes.
Constitución, y defiende que el objetivo es acelerar las reformas democráticas con un poder ejecutivo fuerte.
La oposición, en cambio, lo acusa de arrogarse poderes "dictatoriales".
