MADRID.-El Gobierno español aprobó el viernes
una reforma de la ley de control de la actividad económica y financiera
de los partidos políticos, en un intento de sanear una actividad pública
salpicada en los últimos años por numerosos escándalos de corrupción.
La norma de "regeneración democrática", que tendrá que pasar
ahora la tramitación parlamentaria, pretende además controlar el
ejercicio de los altos cargos de la administración del Estado, que se
verán obligados a presentar una declaración patrimonial al dejar el
puesto ante una oficina creada a propósito.
La iniciativa, que incluirá medidas penales contra políticos corruptos, fue anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate del estado de la nación en febrero pasado, en medio de la indignación popular sobre el supuesto enriquecimiento de algunos políticos en el contexto de una crisis económica profunda prolongada cinco años.
Entre las medidas, se prohibirán las donaciones a partidos políticos por parte de personas jurídicas, que hasta ahora podían contribuir con un límite de 100.000 euros anuales, y la condonación de deudas a las formaciones por parte de los bancos, que tampoco podrán renegociar los tipos de interés por debajo del precio del mercado.
"Todas las donaciones prohibidas tendrán que devolverse", dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete.
La norma establece que todos los partidos políticos tienen que presentar su contabilidad al Tribunal de Cuentas, al que el Gobierno presentará el texto para someterlo a su dictamen.
Este plan llega en un momento en el que la Justicia está investigando una supuesta financiación ilegal del Partido Popular, surgida a raíz de la imputación de su extesorero Luis Bárcenas, que llevó las cuentas de la formación en el poder durante décadas antes de descubrirse que tenía cuentas millonarias en Suiza.
Bárcenas afirmó en sede judicial que canalizó entre 1990 y 2008 millones de euros en donaciones de magnates de la construcción a los bolsillos de dirigentes del partido, incluido el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, algo que éste niega.
El caso Bárcenas y el de la supuesta financiación ilegal del PP son algunos de los escándalos de corrupción surgidos durante los años del boom inmobiliario en España, donde la ciudadanía considera la corrupción como el segundo problema del país tras el desempleo, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de noviembre.
La norma establece que no podrán ejercer un cargo público quienes hayan sido condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, especialmente en los casos de terrorismo, y fijará el régimen retributivo de los altos cargos, el régimen de compensaciones tras el cese, las limitaciones en los gastos de representación y un sistema de alerta temprana en el caso de conflicto de intereses.
Una oficina creada a propósito analizará si el alto cargo se ha enriquecido y ante ella el funcionario habrá de presentar una declaración patrimonial al dejar su puesto, según la propuesta del Gobierno.
Además, el plan pretende plantear al resto de los partidos políticos el endurecimiento de penas en casos de prevaricación y la incorporación a las mismas de los delitos relacionados con la financiación de partidos.
La iniciativa, que incluirá medidas penales contra políticos corruptos, fue anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate del estado de la nación en febrero pasado, en medio de la indignación popular sobre el supuesto enriquecimiento de algunos políticos en el contexto de una crisis económica profunda prolongada cinco años.
Entre las medidas, se prohibirán las donaciones a partidos políticos por parte de personas jurídicas, que hasta ahora podían contribuir con un límite de 100.000 euros anuales, y la condonación de deudas a las formaciones por parte de los bancos, que tampoco podrán renegociar los tipos de interés por debajo del precio del mercado.
"Todas las donaciones prohibidas tendrán que devolverse", dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete.
La norma establece que todos los partidos políticos tienen que presentar su contabilidad al Tribunal de Cuentas, al que el Gobierno presentará el texto para someterlo a su dictamen.
Este plan llega en un momento en el que la Justicia está investigando una supuesta financiación ilegal del Partido Popular, surgida a raíz de la imputación de su extesorero Luis Bárcenas, que llevó las cuentas de la formación en el poder durante décadas antes de descubrirse que tenía cuentas millonarias en Suiza.
Bárcenas afirmó en sede judicial que canalizó entre 1990 y 2008 millones de euros en donaciones de magnates de la construcción a los bolsillos de dirigentes del partido, incluido el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, algo que éste niega.
El caso Bárcenas y el de la supuesta financiación ilegal del PP son algunos de los escándalos de corrupción surgidos durante los años del boom inmobiliario en España, donde la ciudadanía considera la corrupción como el segundo problema del país tras el desempleo, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de noviembre.
La norma establece que no podrán ejercer un cargo público quienes hayan sido condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, especialmente en los casos de terrorismo, y fijará el régimen retributivo de los altos cargos, el régimen de compensaciones tras el cese, las limitaciones en los gastos de representación y un sistema de alerta temprana en el caso de conflicto de intereses.
Una oficina creada a propósito analizará si el alto cargo se ha enriquecido y ante ella el funcionario habrá de presentar una declaración patrimonial al dejar su puesto, según la propuesta del Gobierno.
Además, el plan pretende plantear al resto de los partidos políticos el endurecimiento de penas en casos de prevaricación y la incorporación a las mismas de los delitos relacionados con la financiación de partidos.
