miércoles, 8 de mayo de 2013

El PP veta con su mayoría que se restrinjan las primas a directivos en España

MADRID.- El Congreso de los Diputados rechazó el martes, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, una iniciativa del principal partido de la oposición, el PSOE, para regular las elevadas retribuciones de los directivos de grandes empresas y obligar a los responsables de entidades financieras intervenidas por el Estado a devolver las primas extraordinarias de los últimos cinco años.

En el debate en sede parlamentaria se hizo referencia a la reciente jubilación del número dos del Banco Santander, Alfredo Sáenz, retribuida con 88 millones de euros, o al ejecutivo mejor pagado del 2011, Pablo Isla, máximo ejecutivo de Inditex, con 20 millones de euros.
Para los grupos de la oposición, estas cifras resultan indignantes para una sociedad golpeada por la crisis y el paro.
El diputado socialista Jesús Caldera defendió esta iniciativa alegando que, a pesar de la crisis, los directivos del IBEX-35 percibieron en el año 2010 una retribución media de 2,5 millones de euros, 125 veces más que el promedio de sus trabajadores.
"Sus empresas no han mejorado sus posiciones competitivas en el mercado, algunas han entrado en pérdidas, y las más han reducido notablemente sus beneficios", aseguró el ex ministro de Trabajo, para quien el problema no es la parte fija de las retribuciones, si no la variable, como primas y pagas extraordinarias.
"Incentivan prácticas de riesgo notable, operaciones especulativas, búsqueda de grandes beneficios en el corto plazo, que de tener éxito les benefician, pero de fracasar perjudican a trabajadores y accionistas", añadió Caldera.
El Partido Popular rechazó rotundamente la propuesta socialista, apoyada por el resto de la Cámara a excepción de CiU, que se abstuvo, por aportar "ruido" en lugar de "soluciones".
"Gracias a este Gobierno dichas indemnizaciones están hoy gravadas, terminan en la Hacienda pública, antes solo en los bolsillos de los directivos", dijo el diputado popular Ricardo Tarno, que recordó que el PP limitó el salario de los directivos de empresas públicas y de las entidades acogidas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En el clero no hay lugar para "ambiciosos o arribistas", dice el Papa

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco dijo el miércoles que los clérigos "ambiciosos" o "arribistas" causan un grave daño a la Iglesia católica, en sus últimas declaraciones dirigidas a infundir un ambiente de frugalidad y servicio en el Vaticano y más allá.

El ex cardenal de Buenos Aires Jorge Bergoglio, de 76 años, hizo las declaraciones en una reunión con superiores de órdenes de monjas de todo el mundo.
"Los hombres y mujeres de la Iglesia que son ambiciosos, arribistas que usan a la gente, la Iglesia, hermanos y hermanas - aquellos a quienes deberían servir - como un trampolín para sus propias ambiciones e intereses personales causan un grave daño a la Iglesia", afirmó.
"Aprendamos la pobreza de los humildes, los pobres, los enfermos", añadió, instando al clero a trabajar con aquellos al margen de la sociedad y evitar los "ídolos del materialismo" que empañan el verdadero sentido de la vida.
"No estamos interesados en la pobreza teórica", dijo el Papa, apartándose de su texto preparado.
Desde que fue electo el 13 de marzo, Francisco ha dejado claro a través de sus palabras y ejemplo de que quiere que el clero lleve una vida más simple, sirva a los pobres y evite las tentaciones del poder.
Francisco ha decidido no residir en los espaciosos y lujosos apartamentos papales en el Palacio Apostólico del Vaticano utilizados por sus predecesores, y ha optado por una pequeña habitación en una casa de huéspedes donde comparte comidas con otros residentes.
En su discurso, pareció estar enviando un mensaje no sólo a sacerdotes, monjas y obispos en todo el mundo que sirven a la Iglesia, con 1.200 millones de fieles, sino también a burócratas en el mismo Vaticano.
Francisco heredó un Vaticano golpeado por un escándalo en el que documentos filtrados a los medios se referían a la supuesta corrupción en su administración y describía una lucha entre prelados para avanzar en sus carreras.
El mes pasado, el Papa estableció una junta asesora de ocho cardenales de todo el mundo para ayudarlo a reformar la administración de la Santa Sede, conocida como la Curia.
Le ayudarán a aplicar cambios en un gobierno al que se acusa de ser responsable de algunos de los errores y escándalos que plagaron el papado de ocho años de Benedicto XVI antes de su renuncia en febrero.
Benedicto XVI dejó un informe secreto para Francisco sobre los problemas en la administración, que se conocieron cuando documentos clasificados fueron robados del escritorio del Papa y filtrados por su mayordomo en lo que se llamó el escándalo "Vatileaks".

Estudiantes chilenos inician su tercer año de protestas por la educación pública

SANTIAGO DE CHILE.- Miles de estudiantes volvieron a las calles de Chile, en la segunda gran convocatoria de este curso, para exigir de nuevo una educación pública, gratuita y de calidad, en su tercer año de movilizaciones sin grandes progresos en esa lucha.

En Santiago, unas 80.000 personas, según los estudiantes, y 37.500, según Carabineros, participaron en una marcha que transcurrió de forma pacífica y culminó, como ya es habitual, con violentos incidentes entre grupos de encapuchados y policías.
Se mantiene la demanda de fondo, que es el establecimiento de una educación pública, gratuita y de calidad que reforme el sistema impuesto desde 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet, contra el que los jóvenes comenzaron a protestar en 2011.
"No puede ser normal que mes a mes marchemos más de 150.000 personas en las calles y todavía no logremos ningún cambio significativo en la educación", declaró el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Diego Vela.
Un manifestante identificado como Juan, de 19 años, relató que cada mes debe pagar unos 250.000 pesos (405 euros) por cursar Biología en la estatal Universidad de Chile que es pública.
Además de la exigencia de fondo, en esta marcha los jóvenes protestan también por un cambio en los criterios para asignar becas y créditos a bajo interés, fundamentales para que muchos estudiantes puedan pagarse sus estudios.
"En este contexto específico hay compañeros que están perdiendo becas y créditos, demostrando cuán vulnerables somos mientras la educación no sea concebida como un derecho", indicó el presidente de los estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum.
Los estudiantes chilenos se movilizan para exigir que el Gobierno central se haga cargo de la administración de la educación básica y media, lo que actualmente está a cargo de los ayuntamientos, y a nivel universitario buscan el fin del beneficio existente en muchos centros privados.
Los jóvenes rechazan, por considerarlas insuficientes, las medidas del Gobierno de Sebastián Piñera, que ha decidido aumentar las becas y rebajar el coste de los créditos, así como supervisar y mejorar la calidad de la educación que se imparte.
En su intención de provocar un cambio total en el sistema, los estudiantes también han emplazado a los candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, para las que la exmandataria Michelle Bachelet (2006-2010) figura como favorita.
Los estudiantes pretenden trasladar "a todos los candidatos que si no están dispuestos a escuchar a los movimientos sociales van a tener movilizaciones mucho más grandes permanentemente", advirtió Fielbaum.
En noviembre se celebrarán también elecciones parlamentarias, en las que los tres líderes que pusieron rostro a este movimiento en 2011, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Camilo Ballesteros, buscarán lograr un escaño como diputados.
Durante estos tres años de movilizaciones, cuatro ministros han dirigido la cartera de Educación, que vivió su último cambio en abril, cuando la oposición desbancó en el Congreso a Harald Beyer y éste fue sustituido por Carolina Schmidt, antes ministra de la Mujer.
Piñera dijo hoy en una entrevista a Radio Biobío que su Gobierno defiende la existencia de una educación pública y privada, y que espera asegurar a todos los jóvenes el acceso en la educación.
Sobre la manifestación de estudiantes, el mandatario declaró que "es su derecho, pueden marchar todos los días si quieren, pero queremos que eso no termine en violencia".
La marcha de Santiago partió de la Universidad de Santiago en un ambiente festivo en el que estudiantes y docentes se sumaron a la convocatoria de las principales organizaciones que agrupan a alumnos de secundaria y universitarios y del Colegio de Profesores, al grito de "Va a caer la educación de Pinochet" o "La educación chilena no se vende, se defiende".
Hacia el final del recorrido se registraron desmanes entre jóvenes encapuchados y policías de Carabineros, que lanzaron chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a esos grupos.
Los encapuchados quemaron una caseta de seguridad y agredieron a golpes y patadas a un periodista de CNN Chile, según relató el afectado. Hasta el momento no se conocen cifras de detenidos.
Este miércoles también se han registrado marchas en otras ciudades chilenas, como Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

La ley antidesahucios es insustancial frente al abuso hipotecario, según Adicae

MADRID.- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha considerado que el proyecto de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que aprobó hoy el Senado español, no protege frente a la injusticia y el abuso hipotecario.

En un comunicado, Adicae ha afirmado que la ley incluye medidas necesarias frente a la exclusión social, pero que no resuelven el problema real.
La asociación ha criticado que la nueva norma no elimina la deuda perpetua, solo limita los intereses de demora a los desahuciados y mantiene costas judiciales (el 5 % de la cantidad reclamada) que siguen siendo abusivos y perjudiciales para los hipotecados.
El colectivo echa en falta que no se regule la llamada "segunda oportunidad", que elimina la deuda perpetua.
Asimismo, Adicae ha lamentado que el texto no regula las cláusulas suelo -las que garantizan el pago de una cuota mensual mínima aunque los tipos oficiales sean más bajos-, sino que las "legitima" al establecer "que por injustas que sean serán legales si se informa adecuadamente al consumidor".
"La norma no refuerza la protección de los hipotecados ni introduce reformas para establecer un marco de justicia y respeto de los derechos que se están vulnerando, sino medidas que no atajan el problema de fondo y que por su carácter asistencial bien pudiesen haber abordado las comisiones de servicios sociales del Parlamento", ha añadido.
Por otro lado, Adicae ha opinado que esta ley supone el "sometimiento de la política al sector financiero" y "cooperará decisivamente al descrédito de las instituciones y del propio sector".
La agrupación que preside Manuel Pardos también ha cargado contra los senadores del Partido Popular y el PSOE, a quienes ha acusado de "arrogarse falso protagonismo en la defensa de los consumidores" y de "intentar apropiarse de las reivindicaciones sociales planteadas".

El PP murciano defiende los "muchos aspectos positivos" que tiene para los jóvenes "salir al extranjero"

CARTAGENA.- La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia, Laura Muñoz, ha dicho este miércoles que, dada la situación, "salir al extranjero tiene muchos aspectos positivos", y que "nuestros jóvenes volverán y lo harán mejor formados".

   Según la portavoz, "los jóvenes no pueden esperar", puesto que "no se puede reducir inmediatamente la tasa de paro juvenil", razón por la cual "tienen que buscar un empleo fuera".
   Así pues, Muñoz ha defendido una moción en la Asamblea Regional sobre "necesidad de identificar las ventajas y oportunidades laborales que otros países brindan a nuestros jóvenes".
   Para Muñoz, "se trata de adecuarnos a la situación", así como que "salir es bueno", y ha propuesto "elevar una propuesta al Gobierno para que se incentive la vuelta de estos jóvenes que ahora se marchan", tales como "que se potencie la contratación de jóvenes que han trabajado fuera", o que "se tenga en cuenta a la hora de una oposición".
   El PSOE por el contrario ha presentado una enmienda a la totalidad, donde la diputada, Esther Clavero, ha señalado que "el retorno de los jóvenes es difícil porque arraigan en los países de acogida", y por ello plantea "que antes de llegar a esa situación, se creen nuevos escenarios de empleo aquí."
   Para José Antonio Pujante, de IU-Verdes, "la moción transmite un cinismo insoportable".

Desalojan del Senado a una veintena de activistas de la PAH tras aprobación de la Ley Antidesahucios

MADRID.- La veintena de activistas de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) que asistía este miércoles al Pleno del Senado durante el debate de la Ley Antidesahucios han sido desalojados cuando, tras la votación que ha dado luz verde a la normativa, han comenzado a desplegar pancartas el lema 'No más muertes' y a gritar consignas contra los senadores del PP.

De este modo, una vez finalizadas las votaciones de las 275 enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios, todas ellas rechazadas con los votos del PP, y tras quedar aprobada definitivamente la norma, los activistas se han puesto sus características camisetas verdes, se han girado para darle la espalda al Pleno en señal de rechazo y han comenzado a lanzar consignas contra los senadores 'populares'.
"Asesinos", "a prisión vais a ir", "no tenéis vergüenza", "la gente se muere de hambre" o "criminales" son algunos de los mensajes que los activistas han gritado mientras eran desalojados del Senado por el personal de seguridad, sin ofrecer demasiada resistencia y sin producirse altercados. Los últimos en abandonar la tribuna han coreado a su salida en ya conocido cántico "Lo llaman democracia y no lo es. Es una dictadura, eso es".
Durante las seis horas que ha durado el debate los activistas, que habían sido invitados a asistir al Pleno por algunos partidos de la oposición como el PSOE o IU han permanecido en silencio y sólo realizando en alguna ocasión gestos de rechazo, conscientes de que si gritaban o aplaudían podían ser desalojados.
A su salida de la Cámara Alta, los expulsados han sido recibidos por otra veintena de manifestantes de la Plataforma, que desde las 15.00 horas han estado protestando frente al Senado para mostrar su rechazo a la ley aprobada por el PP, en la que no se incluyen, según denuncian, ninguna de las demandas recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la PAH como son la dación en pago retroactiva, la paralización de todos los desahucios y el derecho al alquiler social.
Una vez allí, los activistas han tachado el debate de la ley y su resultado de "lamentable" y han sentenciado que la norma aprobada representa "una violación de los derechos humanos". 
"Ha sido un circo. Como siempre los partidos mayoritarios echándose los unos a los otros la culpa. Lo que hemos vivido es una mayoría prepotente del PP, y no podíamos ni aplaudir y casi ni pestañear", ha relatado una de las portavoces de la plataforma.
Asimismo, otra de la asistentes al Pleno ha asegurado que "el PP no tiene intención de resolver los problemas de este país, de disminuir el paro ni de terminar con los recortes" y ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy "de gobernar de una forma dictatorial".
 "El PP es un partido antidemocrático", ha sentenciado.
"Lo que se ha tumbado hoy aquí es la democracia en pleno, porque la ILP es una de las únicas formas de participación ciudadana que tenemos a parte de votar una vez cada cuatro años", ha manifestado esta activista, para añadir que van a seguir luchando. "Que no se piensen que vamos a parar. Al contrario, nos organizaremos y lucharemos más y mejor", ha asegurado.

El Senado español aprueba definitivamente la Ley Antidesahucios

MADRID.- El Pleno del Senado ha aprobado definitivamente con los únicos votos del PP la Ley Antidesahucios, que no tendrá que volver al Congreso de los Diputados después del rechazo a los tres vetos presentados por PSOE, PSC e ICV y de las 275 enmiendas parciales propuestas.

   La ley Antidesahucios llegó prácticamente cerrada de la Cámara Baja tras fusionarse la propuesta del Gobierno con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago y con medio centenar de cambios que introdujo el Grupo Popular para reflejar el espíritu de las enmiendas de la oposición.
   La Comisión de Economía aprobó entonces con competencia legislativa plena --es decir, sin necesidad de volver a debatir el texto en el Pleno-- y por la vía de urgencia el proyecto de ley, que sólo contó con los votos favorables del PP frente al rechazo de toda la oposición. Ahora, en el Senado se ha repetido tanto el procedimiento como los argumentos y los posicionamientos, y finaliza su trámite parlamentario sin incluir ningún cambio más.
   Así pues, la nueva norma no incorpora la dación en pago universal y retroactiva que se reclamaba en la ILP, aunque incluye como medida 'estrella' la suspensión durante dos años de los desahucios en los que los afectados cumplan unas condiciones de especial vulnerabiliad.
   Entre ellos, se señala que los ingresos de los miembros de la unidad familiar no podrán superar la cantidad de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el equivalente a 19.000 euros anuales.
   Por otro lado, la reforma de la Ley Hipotecaria incluye también quitas del 35% para los deudores que liquiden sus cuotas en un plazo del cinco años y del 20% si lo hacen en 10 años.
   La norma se adapta también a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, por la que se faculta a los jueces a detener una ejecución hipotecaria cuando detecten cláusulas abusivas, y amplia de uno a tres los impagos a partir de los cuales el banco podrá iniciar un proceso de ejecución hipotecaria.
   El Pleno del Senado en el que se ha aprobado la Ley Antidesahucios se ha desarrollado en presencia de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que se manifestaron durante la mañana a las puertas del Senado.
   En declaraciones a los medios, el portavoz de la PAH, Rafael Mayoral, ha asegurado que "la movilización va a continuar", ya que, a su juicio, el texto aprobado "es una burla" a la ILP y "a la voluntad expresada por un millón cuatrocientas mil personas con sus firmas".