jueves, 8 de noviembre de 2012

El Gobierno español regulará los productos financieros abusivos o complejos


MADRID.-   La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo "regulará" los productos financieros abusivos o subproductos debido a la "complejidad" del mercado y ha apuntado que serán medidas "preventivas" a la hora de firmar una hipoteca.

   En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha precisado que ayer trató este tema con la 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, en la reunión que mantuvieron para analizar el problema social de los desahucios y allí ya conversaron sobre la necesidad de regular estos productos.
   "Ayer nos anticipamos a lo que se ha conocido hoy. Desde el Gobierno teníamos la preocupación de que a esos subproductos hay que darles un tratamiento específico por la complejidad del mercado financiero", ha afirmado.
   También ha explicado que "no son medidas paliativas", sino "preventivas a la hora de constituir una hipoteca" e irán dirigidas a cómo hacer que las cláusulas sean "equilibradas para el acreedor, para el deudor", para hacer que los productos puedan ser conocidos o incluso eliminar determinados subproductos de naturaleza abusiva. "Eso es uno de los puntos que van a analizar los expertos de ambas partes", ha insistido.
   La vicepresidenta también se ha referido a la reunión que mantuvo ayer con Valenciano para analizar el problema social de los desahucios y ha recordado que llegaron a la conclusión de que hay que "proteger" los núcleos familiares que, "por circunstancias de la crisis o la pérdida del empleo de uno de los dos miembros de la pareja" se ven abocados dejar de pagar la hipoteca teniendo hijos a su cargo.
   También se velará por las unidades familiares de las que dependan mayores con pensiones pequeñas y que, por pérdida del empleo, tengan que abandonar su vivienda.
   "Nos fijamos en estos ámbitos para analizar las posibilidades en relación a los umbrales de exclusión o a la necesidad de adoptar medidas particulares para esas familias que han devenido, sin responsabilidad por su parte, en una situación económica peor y que encima tienen cargas familiares que hacen que la situación de tener que salir de su casa sea mucho más traumática", ha agregado.
   La 'número dos' de Mariano Rajoy ha matizado que ahora será un grupo de expertos el que continúe con el proceso de análisis teniendo en cuenta cómo trata la legislación a los puntos familiares y ha insistido en que habrá que diferenciar entre aquellas unidades que realmente tengan problemas por causas ajenas a su persona de quienes tienen responsabilidad en la deuda. "Hay que evitar el fraude", ha apostillado.
   En cuanto a los plazos en los que se podrían poner en marcha estas medidas, la vicepresidenta ha manifestado que se ha planteado una tramitación de urgencia y ha avanzado que incluso se ofreció la posibilidad de aprobarlo por decreto ley en el caso de que se llegue a un acuerdo.
   Además, ha adelantado que el grupo de expertos está convocado "el mismo lunes" para continuar con los trabajos en esta línea y ha confiado en que las marcha de las negociaciones sea "buena", porque quieren ir "sin prisa pero sin pausa".

El Gobierno español ahorrará 10,5 millones de euros quitando coches oficiales

MADRID.- La reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado supondrá en España un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años, según ha asegurado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha precisado que la reducción total será del 53 por ciento, pero que la que se aplique a los que utilizan los altos cargos --presidente, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales-- alcanzará el 66 por ciento.

   La vicepresidenta explicó que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llevado hoy al Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se "transforma el parque móvil ministerial en parque móvil del Estado". Una reforma del sistema en la que "se cambian los usos del coche oficial bajo los principios de austeridad y eficiencia" y para ello "se reduce el número de altos cargos que tienen vehículo asignado".
   A partir de ahora, según explicó, los directores generales no tendrán coche oficial, sino que dispondrán de coches de incidencias que estarán a disposición de todos los trabajadores de la dirección general para desarrollar sus tareas.
   En el caso de los subsecretarios, éstos tendrán coche oficial, pero no será exclusivo para ellos, sino que también estará a disposición del personal de la subsecretaría. Estas dos medidas significarán una reducción del 66 por ciento en el número de vehículos oficiales de altos cargos, que pasarán de ser los 307 actuales, a 103 a lo largo de este año y el próximo, ya que la reducción será progresiva. El ahorro en este capítulo será del 66,45 por ciento.
   También se reducirán los coches destinados a las autoridades de órganos constitucionales y al servicio de la Administración de Justicia y de manera también "muy llamativa" los coches de la administraciones periféricas del Estado, como las Delegaciones del Gobierno y las Subdelegaciones. La reducción, en su conjunto, supone un 53 por ciento a lo largo de este año y 2013.
   Según los datos facilitados por Moncloa, la flota total del Parque Móvil que había en diciembre de 2011 --cuando el PP llegó al Gobierno-- en servicios centrales era de 921 vehículos, de los cuales 819 eran coches, 66 motos y 36 vehículos de otras categorías (furgoneta, motocicleta, monovolumen, etcétera).
   La previsión es que al cierre de 2014 el total de vehículos se situará en 652, lo que supone una reducción de casi el 30 por ciento, en relación con los existentes, incluyendo los coches de altos cargos y los de incidencias.
   El número de trabajadores también se reducirá. En total, entre Parque Móvil y servicios periféricos se reducirán 222 conductores hasta 2014. De los 1.303 que había en diciembre de 2011 se pasará a 1.081 conductores, lo que supone un 17 por 100 menos.
   Sin embargo, según precisó la vicepresidenta, no se llevará a cabo ningún expediente de regulación de empleo entre los conductores. Lo que se pondrá en práctica, dijo, serán: "bajas de servicio", de tal manera que no se doblen turnos; se realizarán las jubilaciones que correspondan por la edad y no habrá tasa de reposición.
   En este sentido, explicó que lo primero que ha hecho la subsecretaria de Hacienda ha sido analizar la situación laboral de los trabajadores del parque móvil, muchos de los cuales tienen "gran antigüedad". Según los cálculos realizados, entre la supresión de dobles turnos y las jubilaciones, la reducción será del 15 por ciento y en el caso de la Administración periférica, con gente más cercana a la edad de jubilación, la reducción será del 24 por ciento.
   Según Sáenz de Santamaría, la antigüedad media del parque es de ocho años y de once para los vehículos blindados y la flota estará amortizada en 2013 porque no se repondrá. En la administración periférica el número de vehículos es de 569, pero la flota es más moderna porque se renovó en un 79 por ciento entre 2006 y 2008. Entre esas fechas se compraron 440 vehículos nuevos.
   El plan consiste en amortizar los vehículos que estén en peores condiciones, reubicar los más modernos y los sobrantes llevarlos a subasta. En este punto, señaló que ya se han realizado algunas subastas de coches oficiales.
   Sáenz de Santamaría detalló que el ahorro de 10,5 millones provendrá de: personal, 7,5 millones; combustible y mantenimiento, 1 millón --del que 500.000 euros son de combustible, 265.000 en reparación, 213.000 en seguros-- y el paso a coches de incidencias de los coches oficiales, dos millones.
   Admitió que esta cifra de 10,5 millones de euros no es "elevada", pero la consideró "muy significativa" porque supone una "nueva concepción en la utilización de los vehículos oficiales" ya que, dijo, se pasa del coche oficial por cargo al coche oficial a disposición de los departamentos.
   Además, respondió a quienes dicen que el ahorro no es significativo, sino que se trata del "chocolate del loro": "empiezas a sumar loros y te encuentras con una pajarería".
   La vicepresidenta expuso que la segunda fase de este plan se estudiará en la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Ahí se analizarán los coches de servicio de las instituciones y sobre todo de las empresas públicas y los coches de empresa, con el fin de aplicar una medida de racionalización y eficiencia.
   La vicepresidenta expuso que algunas CCAA han llevado a cabo también ajustes en sus vehículos oficiales --citó, entre ellas, a Galicia y Castilla La Mancha-- y añadió que se llevará la experiencia del Gobierno en este asunto a la Conferencia de Presidentes. En este sentido, recalcó que la concepción del coche oficial ha cambiado mucho y tiene que cambiar aún más. Debe, dijo, estar más ligado a la actividad profesional, a la demanda, antes que ser "un servicio que tienes ahí y no usas".

La percepción de los políticos como un problema en España marca nuevo récord

MADRID.- El paro y los problemas económicos continúan como los principales problemas de España según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de octubre, que también revela un incremento de la preocupación ciudadana por la clase política, que es citada por primera vez en un 30 por ciento de los cuestionarios. También sube la inquietud por la educación, la sanidad y los recortes en general.

   La encuesta, dada a conocer este jueves y que tiene un margen de error de más/menos 2 por ciento, se basa en 2.484 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 238 municipios de 49 provincias entre los días 2 y 14 de octubre.
   En concreto, el paro continúa liderando la tabla con un 77,9 por ciento de menciones, y seguido de los problemas económicos, que se anotan un 43,4 por ciento. En tercer lugar, plaza que no abandona desde febrero de 2010, sigue la clase política, que en esta ocasión experimenta un importante aumento de 3,6 puntos respecto al mes anterior.
   Si en septiembre los políticos eran mencionados en el 26,9 por ciento de las entrevistas, en octubre el porcentaje subió al 30,5. Además, en ese lapso de tiempo ha subido casi 4,5 puntos el porcentaje de los ciudadanos que tildan de "mala" o "muy mala" la situación política del país, al pasar del 73,2 al 77,6 por ciento. Por contra, sólo un 2,4 por ciento considera que es "buena" o "muy buena".
    Pero, además, un 47,9% sostiene que la situación política es hoy peor hace un año, cuando se iban a celebrar las elecciones generales que ganó el PP, y otro 41,5% cree que las cosas no han cambiado en estos doce meses. Asimismo, un 36,4 por ciento augura que la situación política será aún peor el año que viene.  
   Este repunte ha coincidido con la campaña de las elecciones gallegas y vascas del pasado 21 de octubre y con el inicio del debate abierto tras anuncio de los planteamientos soberanistas del presidente de la Generalitat, Artur Mas.
   En este periodo también ha crecido el número de consultados que menciona como un problema --el quinto de la lista-- la corrupción y el fraude, que han pasado del 8,5 por ciento al 9,2.
   El CIS también revela que el sentimiento mayoritario que genera la política es la desconfianza, seguido de la irritación y el aburrimiento. Más de la mitad de los entrevistados cree que el voto es la única forma que tienen para influir en el Gobierno, aunque hay un 37 por ciento que cuestiona esa afirmación.
   Además, uno de cada dos ciudadanos confiesa que nunca se ha manifestado, aunque hay un 20 por ciento que lo ha hecho en el último año; cerca del 60 por ciento jamás ha hecho una huelga, pero el 15 por ciento ha secundado una en 2012 y uno de cada cuatro ha participado en alguna recogida de firmas en los últimos doce meses.
   Por otra parte, en octubre ha aumentado un punto la preocupación por la sanidad --que ocupa el cuarto puesto de la relación de problemas y es citada por el 10 por ciento-- y por la educación, que figura la sexta en el ranking y se anota una subida de casi dos puntos respecto a septiembre.
   En los días en los que se realizó el trabajo de campo el ministro de Educación, José Ignacio Wert, estaba en el centro de la polémica por haber admitido la intención del Gobierno de "españolizar" a los alumnos catalanes.
   Según el CIS, el mes pasado también creció casi un punto la preocupación por los recortes, que se colocan como el octavo problema con un 6,7 por ciento; el mismo porcentaje de menciones que el mes anterior logran los bancos (5,4 por ciento), que son la novena preocupación, mientras que el décimo lugar es para problemas sociales que suben otro punto y se sitúan en el 4,6 por ciento.
   La cúspide de lista de problemas personales no experimenta cambios y sigue encabezada por el paro (46,8 por ciento) y los problemas económicos (37 por ciento). En tercer lugar figura la sanidad (11,3 por ciento; en el cuarto empatan, con un 8,8 por ciento, los políticos y la educación, y el quinto es para los recortes en general (8,3 por ciento).

Hu abre el Congreso del PCCh con un llamamiento a no abusar del poder

PEKÍN.- El presidente de China, Hu Jintao, ha hecho un llamamiento a no abusar del poder y a luchar contra la corrupción en su discurso de apertura del 18º Congreso del Partido Comunista de China (PCCh), en medio de los recientes escándalos que han salpicado a altos cargos del PCCh.

   "Los dirigentes del PCCh no deben abusar de su poder", ha dicho el jefe de Estado, advirtiendo de que, en caso contrario, la corrupción en el seno de la formación política será castigada "severamente", con independencia del cargo que ostente la persona responsable.
   "No debemos permitir que las palabras actúen por encima de la ley, que el poder personal reemplace a la ley, o que se ignore la ley en beneficio personal", ha apuntado el líder comunista ante sus colegas del PCCh.
   Hu ha advertido de que, si la élite política "falla en la lucha contra la corrupción, será fatal para el PCCh, ya que podría provocar su colapso, e incluso la caída del sistema estatal", de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.
   Las palabras de Hu han sido interpretadas como una alusión a los últimos escándalos de corrupción que han azotado al PCCh. El primero de ellos, el que tiene como actor principal a Bo Xilai, ex alto dirigente comunista que ha sido expulsado del partido político por su implicación en el asesinato de un empresario británico.
   A ello hay que sumar las revelaciones del diario estadounidense 'The New York Times', según el cual la familia y los amigos del primer ministro del gigante asiático, Wen Jiabao, han amasado una fortuna de 2.700 millones de dólares (2.087 millones de euros), oculta en una red empresarial.
   En este contexto, Hu ha señalado la necesidad de llevar a cabo una reforma de la estructura política de China. "Debemos seguir realizando esfuerzos activos y prudentes para extender la democracia popular, para consolidarla y profundizarla", ha apuntado.
   En su intervención, el presidente chino también ha hecho una firme defensa de la economía socialista, aunque ha apuntado a "un desarrollo del modelo basado en la mejora de la calidad y del rendimiento, de acuerdo con los cambios en la economía nacional e internacional".
   En concreto, ha apuntado a "un modelo de desarrollo científico", argumentando que se trata de "una elección estratégica para guiar y acelerar el crecimiento de China en todos sus aspectos", según informa la agencia de noticias Xinhua.
   Hu ha considerado que "el crecimiento económico es vital para la renovación nacional, para resolver los numerosos problemas a los que se enfrenta China en estos momentos".  
"Solo así conseguiremos la paz, la estabilidad, el bienestar y la prosperidad de nuestro pueblo", ha sostenido.
   En materia social, el líder comunista ha puesto 2020 como fecha límite para conseguir "una sociedad moderadamente próspera en todos los sentidos". "El actual contexto ofrece a China oportunidades estratégicas para conseguirlo", ha considerado.
   El 18º Congreso del PCCh, que ha arrancado este jueves y que finalizará el próximo 14 de noviembre, servirá para renovar a la cúpula de poder del régimen comunista, un evento que se celebra cada cinco años y que paraliza por completo al gigante asiático.
   Más de 2.300 delegados del PCCh asisten al evento, que ha servido para blindar la capital china, Pekín, ya que en estos días se restringe la libertad de movimientos y se fortalece la vigilancia sobre los disidentes.
   Según la agenda prevista, se designará a los miembros de la Comisión Central, de la Comisión de Disciplina e Inspección, se estudiarán las enmiendas a la Constitución del PCCh y se examinará el cumplimiento de los objetivos fijado en el congreso anterior.

La justicia europea ve ilegal la norma española de desahucios

LUXEMBURGO.- La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

   El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.
   El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.
   La ley española no permite paralizar el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.
   En sus conclusiones presentadas ayer jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.
   No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.
   En este sentido, la abogada general estima que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".
   "No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios", resalta Kokott.
   Al contrario, la norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa".
   La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.
   El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.