miércoles, 31 de octubre de 2012

El Gobierno español quiere que los partidos tengan responsabilidad penal

MADRID.- El Gobierno español quitará a los partidos políticos y a los sindicatos su condición actual de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal y está dispuesto a abrir la puerta a sacar de las listas electorales no a los imputados, sobre los que aún no pesa indicios de responsabilidad criminal, pero sí a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral. 

   Así lo ha adelantado en el Pleno del Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que tiene intención de incluir estos cambios en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o bien en el nuevo Código Penal.
   El anuncio se ha formalizado como respuesta a la interpelación planteada por la portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien se ha mostrado satisfecha con los cambios prometidos. "Me ha alegrado la tarde", ha reconocido.  
   La líder de la formación magenta ha recordado que España ocupa el trigesimoprimer puesto en el ránking mundial de la corrupción y ha resaltado la necesidad de adoptar medidas como un pacto para despolitizar la Justicia, restricciones en la presentación de candidatos y también una reforma de la ley electoral.
   En concreto, ha lanzado dos propuestas. Por un lado, excluir a los imputados de las listas electorales y de los cargos públicos que ocupen, pues considera que, "aunque la inmensa mayoría de los políticos son personas altruistas y generosas", lo cierto es que actualmente se calcula que hay más de un centenar de imputados ocupando cargos públicos y "los partidos no toman las medidas necesarias para separar el trigo de la paja y para apartar las manzanas podridas".
   La segunda propuesta de UPyD es "derogar" los privilegios de los partidos políticos y, en concreto, sacarles de la lista de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal, un estatus que tienen las instituciones oficiales y que limita la persecución penal a los individuos sin que se pueda actuar contra los órganos ejecutivos y la organización.
   "Es un privilegio injustificado que no contribuye a combatir la corrupción --ha asegurado--. Carece de justificación que los partidos y los sindicatos estén exentos de responsabilidad penal porque son asociaciones privadas, deberían estar en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas".
   Gallardón recogió el guante de ambas propuestas. A su juicio, sólo el Estado, las instituciones de carácter público, pueden tener ese "privilegio" de exención de responsabilidad penal, mientras que los partidos y sindicatos "son entidades de derecho privado y no tiene sentido eximirles".
   "Sí, tiene toda la razón --ha replicado a Rosa Díez--. No es de recibo que los partidos políticos y los sindicatos estén exceptuados de responsabilidad penal. Eso será modificado por el Gobierno y los partidos y sindicatos serán tratados exactamente igual que el resto de personas jurídicas".
   En cuanto a la exclusión de los imputados, el ministro ha preferido elevar el listón. Según ha explicado, la figura del imputado se implantó como una garantía para la persona citada a declarar y ahora se ha convertido en una "precondena", en lo que se conoce como "la pena del Telediario".
   "Da igual cómo acabe el proceso, al imputado ya se le ve como un condenado y eso no es lo que quiso la Constitución --ha añadido--. No debemos aceptar la terminología popular que identifica imputado con culpable, es mejor apreciar un indicio racional de criminalidad".
   A su juicio, "no puede ser" que el reconocimiento de unas garantías procesales se convierta en una condena previa hasta el punto de que una persona imputada, sin que medie condena alguna, pueda ser privada del derecho a ser elegido. "No podemos aceptar que un imputado sea privado de derechos", ha insistido.
   Es más, Gallardón ha recordado que, en el actual procedimiento abreviado, la mera interposición de una querella ya conduce a citar como imputado al denunciado, y ha remarcado que pudiera darse el caso de que alguien, "de forma torticera", interpusiese una querella en vísperas del plazo de presentación de listas para dejar fuera de la carrera electoral a una persona, lo que implicaría dejar la confección de las listas en manos de particulares.
   Por ello, el Gobierno prefiere buscar una fase judicial "ulterior" a la hora de establecer la inelegibilidad, y en este sentido ha propuesto esperar a la apertura del juicio, oral, que ya implica la existencia de un "indicio racional de criminalidad".
   Rosa Díez ha aceptado las contraofertas del ministro y las plasmará en la moción que UPyD someta a votación en la próxima sesión plenaria ordinaria. "Es un gran avance --ha reconocido--. Me ha alegrado usted la tarde".

El Príncipe don Felipe ve "inaceptables" los niveles de paro en España

MADRID.- El Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, ha asegurado que la creación de empleo es "especialmente urgente y vital" para una sociedad que "acusa niveles de paro inaceptables, particularmente entre los más jóvenes que ven a menudo frustradas sus expectativas de futuro".

   El Príncipe ha hecho estas declaraciones en el marco de la III edición de los Premios de la Fundación Sociedad y Empresa Responsable (Seres) a la Innovación y el Compromiso Social.
   "Uno de esos valores, uno de esos impactos positivos fundamentales --en referencia a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)-- es la creación de empleo, una necesidad que, en la crisis actual, es especialmente urgente y vital para una sociedad como la nuestra que acusa niveles de paro y desempleo inaceptables, particularmente entre los más jóvenes que ven a menudo frustradas sus expectativas de futuro", ha señalado.
   En esta línea, el Príncipe ha agradecido que las iniciativas premiadas en esta edición estén enfocadas a "la meta que más se ansía conseguir: la de lograr trabajo para el mayor número posible de personas, de ciudadanos".
   Asimismo, ha explicado que la RSE es importante en la actualidad porque "la empresa es parte de la sociedad porque de ella surge, de ella se nutre y a ella se debe".
 "Por eso, una RSE bien entendida no solo debe tener un impacto social positivo real y apreciable, sino que debe también estar incorporada a las estrategias de las compañías, generando valor para todos, ciudadanos y empresas", ha proseguido.
   En este contexto, el Príncipe ha pedido que los galardonados sirvan de "muestra y ejemplo" para otras empresas, tanto grandes como PYMES. De hecho, ha afirmado que, si "numerosas" compañías españolas han logrado conquistar "posiciones de liderazgo en algunos de los sectores más punteros y tecnológicos gracias, entre otras razones, a su inversión decidida en innovación", España debe aspirar también a convertirse en "un referente en acción social en todo el mundo".
 "Esta es también una magnífica manera de hacer Marca España", ha aseverado.

Aminetu Haidar denuncia agresiones de la Policía marroquí en una protesta saharaui

EL AAIÚN.- La presidenta del Colectivo de los Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA), Aminetu Haidar, ha denunciado que policías al servicio del Gobierno marroquí han reprimido con dureza las manifestaciones convocadas en El Aaiún (Sáhara Occidental) para reivindicar la autodeterminación de la excolonia española y ha declarado que ella misma ha sido agredida por los agentes.

   Cientos de personas han salido a las calles de El Aaiún coincidiendo con la visita a la zona del enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, con quien la propia Haidar y otros activistas se han reunido este jueves por la mañana durante dos horas.
   Durante las marchas, en las que se ha defendido el derecho de los saharauis a decidir su futuro, las fuerzas de seguridad marroquíes han agredido a varios de los asistentes, incluido un anciano, ha explicado la presidenta de CODESA.
   La activista, según su propio relato, se ha acercado a dialogar con los agentes para advertirles de que "no tienen derecho" a reprimir a quienes se concentran "de forma pacífica". Varios policías comenzaron entonces a perseguirla y agredirla, ha recordado Haidar.
   "No hay ningún ciudadano marroquí, los que me han atacado son policías", ha explicado, al denunciar una violencia en la que ha recibido golpes en distintas partes de su cuerpo y en la que incluso llegó a ser amenazada con un cuchillo por uno de los agentes que proclamó: "Vamos a matar a la traidora".
 "Otros activistas me han protegido", ha indicado.
   Según Haidar, su coche también ha quedado destruido y su casa se encontraba este jueves por la tarde bajo "estado de sitio", rodeada por policías que le impedían, tanto a ella como a unas 40 personas más, abandonar la vivienda.
   Ross mantiene durante estos días reuniones con autoridades marroquíes y representantes saharauis en el marco de una visita que le llevará el sábado a Tifariti, enclave situado dentro de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que controla el Frente Polisario.
   El enviado de la ONU se ha reunido con Haidar y otros activistas en El Aaiún con intención de "buscar ideas" para las negociaciones, según la presidenta de CODESA. Durante el encuentro, Ross escuchó las tradicionales consignas de los colectivos saharauis que abogan por "respetar el derecho a la autodeterminación" de la antigua colonia, perseguir las "violaciones de Derechos Humanos" y promover la liberación de los presos políticos encarcelados en cárceles marroquíes, entre otros planteamientos.
   El portavoz del Gobierno marroquí, Mustapha el Jalfi, ha aprovechado la visita de Ross a la zona para reiterar el compromiso de Rabat con el "plan de autonomía" ya planteado, bajo el cual el Sáhara Occidental ganaría autonomía pero seguiría controlado por Marruecos.
   El Jalfi ha defendido en rueda de prensa "el carácter serio y creíble" de la propuesta de Rabat, según declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias MAP. En este sentido, ha subrayado que Marruecos sigue comprometido con el "diálogo" para "encontrar una solución al conflicto".

Dos policías franceses podrían ser juzgados por la muerte de dos adolescentes en unos disturbios

PARÍS.- El Tribunal de Casación, el más alto órgano judicial para apelaciones en Francia, ha anulado este miércoles la decisión de un tribunal de no juzgar a los agentes de Policía que persiguieron a los adolescentes Zyed Benna y Bouna Traoré, que murieron electrocutados en 2005 en extrañas circunstancias. 

   La muerte de Benna, de 17 años, y de Traoré, de 15 años, provocó protestas durante tres semanas en los barrios de la periferia parisina, conocidos como 'banlieue', en los que 300 edificios ardieron, 10.000 coches quedaron calcinados y 130 policías resultaron heridos por las quejas de la población de sentirse discriminados respecto a otras zonas.
   Esta decisión abre la vía a que se inicie un nuevo proceso contra los dos agentes que persiguieron a Benna y Traoré, que fueron exculpados por un tribunal de París hace un año por "falta de pruebas", según han informado medios locales.
   El Tribunal de Casación ha indicado que el organismo de la capital que se encargó del caso no certificó si los agentes conocían que los dos jóvenes habían entrado en una planta de la eléctrica EDF. Uno de los policías señaló por radio que "si ellos entran en EDF, no doy nada por ellos".
   La Fiscalía de París ha criticado la decisión debido a que los agentes no sabían que había un "peligro inminente" y , por tanto, no deberían enfrentarse a un nuevo juicio por "suposiciones vagas e hipótesis".
   El abogado de las familias de los fallecidos, Patrice Spinosi, ha indicado que "las fuerzas de seguridad no intentaron buscar a los niños en ningún momento para advertirle de que estaban en riesgo".
   Mohamed Mechmache, del colectivo Aclefeu, que se creó en el barrio a raíz de las protestas, ha señalado que la decisión "da esperanzas a las familias tras siete años".
 "Esta decisión va a dar a los jóvenes de los barrios un poco de esperanza en la justicia", ha asegurado.

Rusia aprueba la nueva ley que amplía el delito de alta traición

MOSCÚ.- La Cámara Alta del Parlamento ruso ha aprobado una reforma del código penal para, según los opositores, encausar por alta traición a cualquier ciudadano ruso que tenga contactos con extranjeros que pretendan socavar el Estado ruso.

   La nueva ley, que ya fue aprobada la semana pasada por la Duma y ahora debe ser ratificada por el presidente Vladimir Putin, incluye en el delito de alta traición el "garantizar apoyo financiero técnico o de cualquier otro tipo" a las personas que intenten dañar la seguridad de Rusia, así como "su sistema constitucional, soberanía, territorios e integridad del Estado".
   La norma amplía el alcance de los artículos relativos a traición para cubrir a organizaciones internacionales que, el subdirector del FSB, Yury Gorbunov, cree que son usadas como tapadera para actividades de espionaje debido al vacío legal existente hasta ahora.
   A partir de ahora se penará la obtención de secretos de estado mediante soborno, engaño, chantaje o amenazas de violencia física con multas de entre 200.000 y 500.000 rublos (entre 5.000 y 12.300 euros) o una pena de cárcel de hasta cuatro años.
   Los grupos declarados culpables de este delito se enfrentarán a entre tres y ocho años de prisión, si sus actividades implican el uso de la fuerza o tecnología especial, o si estas actividades tienen consecuencias particularmente graves, informa RIA Novosti.
   El partido opositor Rusia Justa ha señalado que el nuevo delito de alta traición supone que "casi cualquier ruso con contacto con extranjeros" podrá ser acusado. Activistas de Derechos Humanos aseguran que cualquier persona podría ser acusada si denuncia las políticas del Gobierno.
   Alexander Cherkasov, activista del grupo Memorial, aseguró la semana pasada que "la norma está diseñada para ser interpretada de forma arbitraria". "Imagina que comienzan a tomárselo en serio y aplican la ley a cualquier persona. Esto significa acabar con toda la vida social y política, así como con las relaciones a nivel internacional", denunció.
   El defensor de los Derechos Humanos en Rusia, Vladimir Lukin, nombrado por Putin, se ha puesto del lado de los críticos y ha asegurado que la nueva ley contradice el Derecho Internacional y la propia Constitución rusa al definir un delito de forma demasiado amplia para poder condenar a cualquier persona.

martes, 30 de octubre de 2012

Ruiz-Gallardón dice que la Audiencia Nacional "no va a desaparecer"

MADRID.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado este martes que la Audiencia Nacional  "no va a desaparecer", aunque tendrá que adaptarse a la "nueva realidad", tras la entrega a la Sala de lo Penal y a la Fiscalía de este órgano del Premio Puñetas de Plata que concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur).

   Ruiz-Gallardón calificó de "absolutamente merecido" un premio concedido a los jueces, fiscales y funcionarios de la Audiencia Nacional, de quienes alabó su "encomiable labor". Añadió que este trabajo se seguirá realizando porque el Estado de Derecho "sigue exigiendo responsabilidades" en clara alusión a la finalización del terrorismo de ETA.
   En este sentido, ha indicado que la Audiencia Nacional "no va a desaparecer" aunque habrá que adaptar sus funciones "a la nueva realidad", y que ello conllevará una "apuesta ambiciosa por el futuro".
   Con ello respaldaba lo dicho momentos antes por el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Fernando Grande-Marlaska, quien señaló que plantear la desaparición de este órgano "supondría echar por tierra una gran labor de años para constituir el único tribunal europeo que maneja todas las coordenadas en materia de cooperación jurídica internacional".
   "Sin perjuicio de la profesionalidad y capacidad del conjunto de órganos judiciales españoles", ha continuado Grande-Markaska, "la desaparición de la Audiencia Nacional supondría también un balón de oxígeno para los grandes delincuentes que actúan en nuestro país".

La Unión Europea constata niveles "altos" de corrupción en Kosovo

BRUSELAS.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (ECA) ha constatado niveles "altos" de corrupción en Kosovo y ha indicado, en un informe, que las ayudas de la UE y los Estados miembros para consolidar el Estado de Derecho en este territorio han tenido un impacto "limitado" y no han sido "eficaces".

   El órgano que fiscaliza el presupuesto de la UE recuerda en su informe sobre la eficacia de las ayudas a Kosovo en el ámbito del Estado de Derecho que el territorio balcánico ha recibido 3.500 millones de euros de donantes, de ellos dos tercios procedentes de la Comisión Europea y de los Estados miembros entre 1999 y 2007, y recibió otros 1.200 millones de la UE entre 2007 y 2011 en fondos de preadhesión y a través de la misión de la UE en Kosovo (EULEX).
   El tribunal denuncia en su informe que los niveles de delincuencia organizada y de corrupción "se mantienen altos" en Kosovo, mientras que el poder judicial del país "sigue adoleciendo de injerencia política, ineficiencia y falta de transparencia y de cumplimiento de sus resoluciones". Asimismo, lamenta que "apenas se ha avanzado en la instauración del Estado de Derecho en el norte de Kosovo", de mayoría serbia.
   Además, insiste en que las ayudas en el ámbito aduanero, la asistencia a la policía y al poder judicial han tenido "un éxito moderado".
   El órgano fiscalizador cree que las intervenciones de la UE en Kosovo han tenido "resultados limitados" para resolver el problema de la corrupción, que sigue "prevaleciendo en muchos ámbitos", y lamenta que los órganos de control establecidos tienen capacidades "limitadas" y "competencias solapadas".
   Asimismo, ve problemas en el control de la contratación pública porque están implicados directamente "órganos centrales" y consider que el hecho de que existan más de 150 entidades adjudicadoras "incrementa el riesgo de corrupción".
 "La UE no ha abordado este problema ni en su asistencia ni en el ámbito político", lamenta el tribunal en su informe.
   También lamenta "la limitada capacidad de protección de los testigos clave en casos destacados" de crímenes de guerra por parte de Prístina y su dificultad para trasladarles al extranjero, que constituyen "un grave problema".
   El autor del informe, Gijs de Vries, ha lamentado que las autoridades de Kosovo conceden en su opinión una prioridad "insuficiente" al Estado de Derecho e insiste en que el apoyo de la UE en este ámbito "debería ser más eficaz".
   El Tribunal de Cuentas, que atribuye "la eficacia limitada de la asistencia de la UE" entre otros a "las circunstancias específicas de Kosovo tales como el bajo nivel del que partía la independencia para construir un Estado de Derecho" a pesar de la contribución de la UE al desarrollo de sus capacidades, admite que el incentivo de la potencial adhesión de Kosovo a la UE "está amenaza por la ausencia de una posición común de la UE sobre su independencia", no reconocida por cinco Estados miembros, incluida España, algo que no ocurre en el resto de los Balcanes occidentales.
   Además, el tribunal considera que si el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea y la Comisión Europea hubieran garantizado "una mejor gestión" por su parte se "podría haber logrado una mayor eficiencia de la asistencia de la UE".
   El órgano fiscalizador también lamenta que los Estados miembros no hayan enviado "suficiente personal" para la misión policial y judicial de la UE en Kosovo y hayan enviado personal durante "períodos demasiado cortos y sin conocimientos suficientes" y recuerda que la cooperación entre la Oficina de Policía Europea y EULEX está sujeta a "restricciones legales".
   El Tribunal pide entre otros "mejorar los mecanismos de coordinación de la UE, incluso con la comunidad internacional" para mejorar la eficacia de las ayudas y también que el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea mejoren el diálogo y las condiciones políticas de las ayudas en el futuro al considerar que el apoyo de la UE a Kosovo debe estar "ligado a criterios de referencia concretos" y tener en cuenta "los objetivos de seguridad interior de la UE".
   Por ejemplo, el órgano fiscalizador recomienda utilizar la perspectivas de negociar un acuerdo para eximir de visados a los kosovares que viajen a la Unión como un "incentivo" para fortalecer el Estado de Derecho en Kosovo y pide concentrarse en las condiciones prioritarias al considerar que los 95 criterios fijados por Bruselas para cerrarlo puede reducir dicho incentivo.

Prohiben en Bahrein protestas contra la monarquía

MANAMA.- La monarquía de Bahrein prohibió hoy todas las manifestaciones públicas en su contra mediante un comunicado del Ministerio del Interior, que se abstiene de precisar cuáles serán las penalidades para quienes violen la disposición. El propósito de la restricción es proteger la unidad nacional y estará vigente hasta tanto se recupere la seguridad, dice el texto en alusión a las protestas públicas iniciadas el año pasado contra la casa reinante.

A ésta los manifestantes acusan de gobernar el país en beneficio propio y de tener sumida a la ciudadanía en la pobreza, en especial a los miembros de la mayoritaria comunidad chiíta.

Varios médicos de esa secta musulmana fueron arrestados y condenados a largas penas de prisión por atender en hospitales públicos a los manifestantes heridos por la policía durante los disturbios.

Las autoridades prohibieron desde febrero de 2011 que los heridos y contusos por la represión policial fueran admitidos en los centros médicos.

La semana pasada la policía se lanzó contra concentraciones y marchas populares en esta capital y otras localidades, convocadas para pedir la excarcelación de los galenos y de los arrestados por asistir a las protestas, algunos de los cuales murieron mientras se encontraban en prisión.

Según el presidente del CGPJ, movilizaciones y huelgas "no son la vía para conseguir cosas"

MADRID.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha realizado este martes una valoración negativa del acuerdo alcanzado por las asociaciones de jueces y fiscales para llevar a cabo diversas medidas de protesta como cortar automáticamente las vistas cuando sean las 14.00 horas, en protesta por la "inasumible" carga de trabajo que soportan los juzgados españoles.

   A juicio de Moliner, "ir por movilizaciones y por huelgas no es la vía para conseguir cosas", si bien reconoce que "los jueces son los jueces son personas humanas que tienen derecho a proponer lo que quieran".
   Las cuatro asociaciones de jueces y las tres organizaciones de fiscales han mostrado este martes su sintonía para denunciar la situación "permanente de crisis" que sufre la Administración de Justicia desde inicios de la democracia, a la que se ha acompañado un aumento del 50 por ciento de la litigiosidad en plena crisis económica.
   Este aumento de la litigiosidad se refleja en asuntos como el de los desahucios promovidos por las entidades financieras. Según Moliner, en alusión al informe de siete jueces que criticaba el actual sistema de desahucios y que no ha sido asumido por el órgano de gobierno de los jueces , el asunto es "muy grave", pero "es un tema de legislación en el que el Consejo no puede entrar en valoraciones legislativas".

Los entes públicos podrán hacer despidos colectivos con 20 días por año

MADRID.- Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

   A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
   El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.
   En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.
   Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".
   Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.
   También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.
   El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.  
   El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.
   En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.
   Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.
   El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días.
   No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.
   Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.
   Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).

lunes, 29 de octubre de 2012

Comunicado de la Comisión Legal de Sol ante las identificaciones masivas que se realizan en movilizaciones

MADRID.- Desde la Comisión Legal de Sol nos vemos en la obligación de aclarar las afirmaciones que desde Delegación de Gobierno se están realizando referidas principalmente a que una manifestación o concentración es ilegal por el mero hecho de no comunicarse a Delegación de Gobierno, afirmaciones que NO son ciertas y que están generando confusión, cuyo único objetivo es desmovilizar a la ciudadanía, coartando su derecho a manifestarse. Para ello, proponemos a continuación varias respuestas breves a cuestiones prácticas relacionadas con el Derecho de Reunión y su ejercicio.

En primer lugar, consideramos prioritario recordar que según el Artículo 3 de la Ley Orgánica 9/83 reguladora del derecho de reunión, y según el Artículo 21 de la Constitución, ninguna reunión estará sometida al régimen de autorización previa.
¿Cuándo una manifestación o concentración es ilegal?
Sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y aquéllas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos (art. 513 del Código Penal).
Es decir, en ningún caso “manifestación no comunicada” equivale a “ilegal”.
¿Pueden sancionarme por acudir a una manifestación o concentración no comunicada?
NO. La falta de comunicación previa únicamente puede implicar la sanción de los convocantes de la concentración (art. 23.c de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana), solo de los convocantes, en ningún caso prevén las normas que puedan ser sancionados los participantes.
¿Pueden sancionarme si me consideran promotor de la concentración o manifestación no comunicada?
Sí, según lo previsto en la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana. Pero no a cualquier persona puede considerársele promotor o organizador.
En los casos en que la concentración o manifestación no se haya comunicado, la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana prevé que se considerarán organizadorxs o promotorxs a quienes:
(i) de hecho presidan las concentraciones,
(ii) dirijan o ejerzan actos semejantes, o
(iii) a quienes, conforme a una serie de elementos de hecho previos o concurrentes a la reunión o manifestación (publicaciones, declaraciones de convocatoria, discursos, impresos que se repartan, lemas, banderas u otros signos) pueda considerarse como inspiradores de tales concentraciones o manifestaciones.
En este sentido, para calificar a una determinada persona de organizadora o promotora, los tribunales se han basado en elementos de hecho como los siguientes:
· Ser quien despliega la pancarta principal, o la que defina la finalidad de la concentración
· Ocupar un lugar central o de especial preeminencia
· Hacer uso del sistema de megafonía y lanzar consignas o difundir el mensaje objeto de la concentración
Por ello, sancionar de manera indiscriminada y sin sustento legal alguno no es más que otra muestra de la arbitrariedad con que actúa la Administración y cuyo único objetivo es intimidar y desincentivar la participación de la ciudadanía en protestas legítimas y pacíficas.
¿Pueden los agentes de policía disolver una manifestación o concentración porque no se haya comunicado a Delegación de Gobierno?
NO. El artículo 16 de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana autoriza a los agentes de policía a disolver las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones, siempre que se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley 9/1983, reguladora del Derecho de Reunión, que son los siguientes:
a) cuando se consideren ilícitas conforme a las normas penales;
b) cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes y
c) cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los participantes.
Por tanto la ley no incluye como motivo la falta de comunicación a Delegación de Gobierno porque, lógicamente, el incumplimiento de un mero requisito formal no es suficiente como para restringir un derecho fundamental recogido en la Constitución, como es el derecho de reunión consagrado en el artículo 21.
¿Puede identificarme la policía sin que esté cometiendo ningún delito?
Sí, la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la seguridad ciudadana regula en el artículo 20 los motivos y condiciones en los que los agentes pueden requerir la identificación de las personas, y realizar las comprobaciones que estimen pertinentes. Según este artículo, las identificaciones pueden venir motivadas por la intención de impedir la comisión de un delito, de una falta o bien para sancionar una infracción administrativa.
Desde la Comisión Legal de Sol seguimos considerando innecesario, restrictivo y anacrónico el requisito de comunicar a la Delegación del Gobierno concentraciones y manifestaciones que son abiertamente públicas y difundidas de forma masiva. Aún más, habida cuenta de la utilización represiva que esta Delegación hace de las comunicaciones que en ocasiones se han realizado, aconsejamos encarecidamente no entregar comunicación alguna que señale un objetivo individualizado de la represión
Exigimos a la Delegación del Gobierno en Madrid que ajuste su actuación a la legalidad y que cese en sus identificaciones arbitrarias, que afectan de forma muy gravosa a la economía de una población que sufre más de un 25 % de paro y que está padeciendo importantes recortes en derechos y prestaciones sociales. Igualmente, solicitamos a la Delegación que cese de trasmitir a la ciudadanía un mensaje intencionadamente falso sobre la configuración del derecho de reunión.

Los manifestantes han vuelto a las calles en China para protestar contra la construcción de una planta petroquímica

PEKÍN.- La conciencia ambiental de la clase media china está en aumento. Y no solo eso, sino que está obteniendo hasta el momento respuestas positivas del Gobierno. Un hecho insólito que no deja indiferente a nadie. El último caso han sido las protestas de unas 4.000 personas en las calles de la ciudad de Ningbo, a las que la policía respondió con gases lacrimógenos pero que han conseguido que se cancele el plan de construcción de una nueva planta petroquímica.

El cambio se encuentra en que en los últimos meses los ciudadanos chinos se unen cuando no ven claros los proyectos de desarrollo de nuevas plantas químicas y ven en peligro su salud y la de sus familiares, mientras que antes estos proyectos pasaban desapercibidos y ni siquiera se les prestaba atención.


Las protestas de Ningbo duraron casi una semana, alcanzando su cúspide en el fin de semana pasado, cuando las autoridades se rindieron y anunciaron que el proyecto se posponía. Un simple comentario en la red social del Gobierno de Ningbo el domingo por la tarde informaba de cambio de planes: “El proyecto no se llevará a cabo y el trabajo preliminar del proyecto de la refinería química será detenido y se hará una nueva evaluación científica”. El anuncio generó casi 20.000 comentarios en menos de 24 horas.


“Estoy impresionada por la fuerza de las protestas. Los ciudadanos de los alrededores de Ningbo llegaron a viajar hasta 50 kilómetros para llegar al centro y participar, para donar comida o para dar agua a los participantes. Muchos incluso recogieron la basura para dar ejemplo de limpieza, y lo más importante, la gente cantó para mantener la reputación de Ningbo como ciudad civilizada”, asegura Yunyao en su cuenta de Weibo, la versión de Twitter en China.


El proyecto que había desatado la indignación de muchos vecinos de la ciudad, estaba valorado en unos 7.000 millones de euros y pretendía producir 15 millones de toneladas de petróleo refinado y 1,2 millones de toneladas de etileno anualmente, uno de los productos más importantes de la industria química.


El grupo estatal Sinopec es el inversor detrás de esta controvertida fábrica, que según medios basados en Hong Kong, produce una media de 500.000 toneladas de paraxileno, un derivado del petróleo utilizado en la fabricación de botellas de plástico, cuya exposición prolongada puede dañar el sistema nervioso, los riñones o el hígado, y del cual ya se contabilizan 13 fábricas repartidas por las provincias costeras chinas.


El subsecretario general del Gobierno de la ciudad de Ningbo, Chen Bingrong, anunció en una rueda de prensa de la que no se avisó a los medios internacionales presentes en la cobertura de las protestas, que el Gobierno haría pública la información detallada del nuevo proyecto, así como audiencias públicas para evaluar el impacto ambiental del mismo.


Los manifestantes han conseguido la parte más importante de todas las demandas pero no todas. Entre las que no han tenido éxito está la petición de dimisión del alcalde de la ciudad, Liu Qi, y la puesta en libertad de los 52 detenidos por no abandonar los alrededores de las oficinas del Gobierno cuando la policía se lo solicitó en algún momento de los últimos tres días.


En total, el número de protestas medioambientales en China ha crecido un 120% del año 2010 a 2011, según el vicepresidente de la Sociedad China de Ciencias medioambientales, Yang Chaofei, quien reveló que el número de incidentes ambientales con participación masiva ha crecido un 29% del año 1996 al 2011.


Según Yang, el Ministerio de Protección Medio Ambiental de China dejó de publicar las estadísticas sobre las protestas hace varios años, cuando se superó la cifra de los 100.000 participantes, aunque estos datos si fueron públicos en el año 2005, cuando se contabilizaron 92 accidentes, casi todos relacionados con la contaminación por productos químicos peligrosos.


Éxitos anteriores


El punto de partida de la concienciación medioambiental en el país asiático podría remontarse a 2007, cuando los ciudadanos consiguieron suspender la construcción de una planta altamente contaminante en la ciudad de Xiamen, en el sur de China, también para la producción de paraxileno, abreviado con las siglas PX en muchos de los eslóganes de los manifestantes.


En aquel entonces, la agencia oficial Xinhua destacó que un millón de mensajes de teléfono móvil de los ciudadanos habían convencido al Gobierno local de Xiamen de la cancelación de la construcción de una planta que iba a ser construida a tan solo siete kilómetros del centro de la ciudad, cerca de áreas residenciales y escolares.


Tras décadas de rápida industrialización que comenzaron con la apertura económica impulsada por Deng Xiaoping en los años 80, China podría estar ahora haciendo frente a las peores consecuencias medioambientales, y así lo explica el periodista Ma Jun al semanario económico chino Caixin: “Por supuesto que en la próxima década es necesario llevar a cabo un cambio de rumbo en relación con el medio ambiente. Pero con la tendencia general del desarrollo, a menos que haya un gran cambio y que toda la sociedad participe en el movimiento ecologista, no habrá ningún cambio, incluso en las próximas dos décadas”.


Para Ma, en los países occidentales para hacer frente a la contaminación se ha utilizado el Estado del Derecho, pero en el caso de China “se debe lograr una aplicación estricta de las leyes” para poder conseguirlo.


Para el novelista Xia Shang, los ejemplos de protestas que se han dado en otras ciudades de la geografía china como Xiamen, Qingdao o Shifang son un claro caso con el que se hace la pregunta de por qué el Gobierno chino sigue poniendo en práctica estos programas a pesar de que sabe que se encontrará con el rechazo del público.


“Los políticos solo quieren el desarrollo, conseguir el objetivo del PIB, así como ocultarse detrás de estos programas, es la arrogancia del poder, donde no se tiene en cuenta la salud del pueblo”, subraya Xia en su cuenta de Weibo.

Eduardo Galeano: “Necesitamos a los indignados; estamos hartos de los indignos”

MÉXICO.- “El objetivo de los amos del mundo es lograr un mundo obediente: hay que ver lo que es la humillación de Europa, porque antes parecía que la humillación era un triste privilegio nuestro. Imponen desde Alemania y lo que Hitler no pudo hacer con la violencia lo están haciendo democráticamente esta señora Angela Merkel y los suyos. Dan las órdenes: ustedes tienen que hacer esto y esto y esto en una contradicción que no tiene salida porque están obligando a los países, a todos, a apretarse el cinturón y bajarse los pantalones al mismo tiempo", dice el escritor Eduardo Galeano en el diario 'La Jornada'.

“No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo: o te bajas los pantalones o te aprietas el cinturón. Eso es lo que condena al fracaso de estas políticas, no sólo porque afortunadamente en el mundo hay todavía más indignados que indignos, o puede haberlos en todo caso. Necesitamos a los indignados, estamos hartos de los indignos, porque el proyecto neoliberal es irrealizable, es imposible.
“Está condenado al fracaso, pero como beneficia a esa minoría dominante; y ésta funda su poder en el poder militar que es el que devora la mitad de los recursos del mundo. La Jornada publicó hace poco que Obama y Romney están de acuerdo en una cosa: en seguir siendo la policía del mundo. Hay que ver cómo ese país se militarizó y militarizó al planeta; por suerte son cada vez más los jóvenes que no se tragan la píldora, no se la creen y empiezan a abrir otras vertientes como Occupy Wall Street.
Todos esos movimientos son lecciones de dignidad humana contra el miedo, pero el miedo es la base del gasto militar. La mitad del presupuesto de Estados Unidos está destinado a gastos militares, que es el nombre artístico de los gastos criminales, y mientras eso siga así las guerras seguirán siendo necesarias porque hay que justificar semejante barbaridad.
Y de los jóvenes, sus más fieles lectores, aseveró: “La verdad es que me produce una alegría enorme comprobar que lo que uno escribe, lo que uno hace, llega sobre todo a la gente joven.
Lo mejor que le puede pasar a uno en la vida es ese contacto con los que vienen, no con los que están o los que estaban de antes, sino con los nuevos, y la verdad es que me va muy bien en eso. No me puedo quejar porque tengo muy buena comunicación con los jóvenes de diferentes países, culturas e idiomas, de todas las edades, pero sobre todo los jóvenes y eso es lo más estimulante para mí. Mi mujer Elena dice que de aquí a poco van a empezar a llegar en carritos de bebés. Veremos qué se hace.
–Vemos todos esos movimientos en el mundo protagonizados por los jóvenes...
–Y esos jóvenes piden, exigen con toda razón, que se les hable en un lenguaje nuevo, donde las preguntas se confundan con las respuestas, y donde ellos huelen a dogma, a estos cuadradismos que la izquierda a veces padece, huyen con toda razón.
“La verdad es que quizá la mejor noticia que el mundo nos ha dado en los años recientes, de lejos la mejor noticia, es la aparición del movimiento de los indignados que es básicamente juvenil –aunque hay indignados de todas las edades, por suerte–, pero es sobre todo de jóvenes y ocurre justo cuando parecía casi unánime la certeza de que a ellos no les importaba nada la política, que cada quien se miraba su ombligo en éxtasis y no les interesaba nada lo que ocurriera con los demás. Demostraron que eso era falso, en México y en todas partes.”

Sala i Martin, catedrático: "España no tiene nada que vender al mundo aparte de jamón"


NUEVA YORK.- El catedrático de la Universidad de Columbia y asesor del World Economic Forum, Sala i Martin, cree que el principal problema que tiene España es su falta de competitividad y el descrédito internacional de sus instituciones.

En una entrevista publicada en el digital Pulso, Sala i Martin, indica que "España no tiene nada que vender en el mundo aparte del jamón. No es un país que pueda exportar masivamente, tiene un problema de deuda pública. Recortar gastos y subir impuestos no es la solución, porque el año que viene no cumplirán los objetivos".
Por si fuera poco, el entorno mundial tampoco ayuda a una recuperación hispana, con la desaceleración china y mundial y una demanda a la baja.
Para Sala i Martin, también la marca España está en horas bajas por sucesivos escándalos que han afectado a dirigentes de distintas instituciones e, incluso, por algunos 'patinazos' de la Casa Real. "España tiene una decadencia institucional que todo el mundo ve".
Por si fuera poco, argumenta que el país está solo y que no puede contar con el respaldo de Europa, cosa que se habría visto con la crisis de la expropiación argentina de Repsol, que ni tan sólo provocó un boicot europeo como respuesta. Además, dice que: "España se encuentra con lo negativo de formar parte de Europa, con la restricción de no poder devaluar la moneda y con no ser un país independiente. Pero no se encuentra con los beneficios de formar parte de una unión que permite un solo fondo de garantía de depósitos para los bancos, un solo fondo de rescate, una sola política financiera".
Para no haber llegado a la actual situación en la que se encuentra España, el catedrático de Columbia dice que, de habérsele preguntado, habría dejado caer en su día a dos o tres bancos "cuando eran pequeños", antes de las fusiones, entre ellos Caja Madrid, "puesto que un fondo de rescate europeo que no hubiese sido demasiado grande en ese momento y un fondo supervisor que le quite la supervisión al Banco de España, ya que no tiene credibilidad al hacer esos test de stress que todo el mundo aprueba. Todo eso lo pasas al BCE. Y a partir de ahí disciplina europea, con rescate europeo, fondo europeo, fondo de garantías europeo y ya está".
Por último, sobre los males que afectan a Europa, Sala i Martin indica que "uno de los problemas que tenemos los europeos es que nadie sabe exactamente a dónde va la cosa. No sabemos si Europa va hacia una consolidación de la deuda, como algún tipo de eurobonos que sean garantizados por fondos europeos, no sabemos si vamos hacia una unión bancaria o cuándo va a llegar".

El PP seguirá permitiendo sueldos públicos desproporcionados en las diputaciones españolas

MADRID.- La décimo novena Unión Intermunicipal que ha celebrado esta semana el Partido Popular ha servido para dejar claro lo que ya sabíamos. A saber, Mariano Rajoy y su equipo interpretan la reforma de la Administración Pública Local reforzando aquellas instituciones donde su presencia es mayoritaria.
En tanto que el PSOE y UPyD abogan por suprimir las diputaciones provinciales, los conservadores pretenden reforzar el ámbito competencial de una figura creada tras las invasiones napoleónicas. Esto implica más presencia en los órganos de poder, más influencia, más sueldos públicos para sus cargos electos, más subvenciones para los grupos populares, más asesores y cargos de confianza y más control sobre los presupuestos públicos, en este caso, sobre los planes provinciales, médula del gasto de las diputaciones. Además, no podemos olvidar que cada cargo aporta un porcentaje de su sueldo al PP, cifra que desconocemos pese a haber solicitado el dato a varios diputados, alcaldes y concejales.
El camino emprendido por el Gobierno seguirá permitiendo que muchos presidentes de diputaciones y otros cargos o asesores de las mismas perciban unos sueldos públicos totalmente desproporcionados con el resto de retribuciones de cargos públicos. Sin ir más lejos, el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve cobra 14 pagas de 8.265 euros brutos, además de las dietas que percibe del Ayuntamiento de Martorell. El viernes, el director de Sueldos Públicos presentó un escrito por registro de entrada para solicitando los criterios utilizados para fijar unos sueldos que entendemos, a todas luces, fuera de lugar. No se entiende, por ejemplo que el jefe de Prensa, cargo de confianza, nombrado 'a dedo' cobre más de 70.000 euros brutos, cifra que supera lo que cobra un ministro. El presidente de la Diputación de Almería, el de Valencia o Zaragoza también son ejemplos de cargos que cobran más que Gallardón, Arias Cañete o De Guindos.
Los diputados provinciales no los eligen directamente los ciudadanos con su voto. Su elección es indirecta ya que son los propios concejales y alcaldes que han obtenido el respaldo de los votantes los que tienen la última palabra. Es decir, son los compañeros de partido los que deciden quién es diputado provincial.

Más competencias

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta afirmó en la Intermunicipal que "se persigue un modelo territorial que valore el papel del municipalismo y garantice una prestación adecuada de servicios". "Hay que potenciar el papel de las diputaciones", ha subrayado.
Tras realizar un repaso al papel histórico de las diputaciones en nuestro país, Beteta insistió en que se necesita un modelo "que fortalezca el ámbito competencial, apoyo y complemento de los municipios, respetando las peculiaridades establecidas por las Comunidades Autónomas con competencias en materia de régimen local".
Asimismo, el secretario de Estado señaló que nuestro país necesita "un modelo en el que las diputaciones aglutinen competencias y servicios a prestar en el territorio de forma subsidiaria cuando los procesos de evaluación de los estándares de calidad que se fijen o las ineficiencias así lo determinen".
  "Las diputaciones deberán asumir su nuevo carácter organizativo, técnico y cultural para desarrollar funciones prestadoras de servicios directos, lo que exigirá una capacidad de control y una cultura de gestión muy determinada para no perder los valores del servicio público", sostiene.
Una supuesta supresión de las diputaciones debería venir acompañada de una fusión de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Actualmente, en España hay 8.116 municipios.
El trabajo de las diputaciones es fundamental, pero ¿lo es es de sus cargos públicos?

domingo, 28 de octubre de 2012

Abren expediente a 300 personas por la manifestación ilegal de ayer en Madrid

MADRID.- La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto expediente administrativo a 300 personas como convocantes y promotores de la protesta ciudadana para rodear el Congreso que se celebró ayer entre las plazas de España y de Neptuno.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, los expedientes se ha abierto a las personas que fueron identificadas por la Policía por su presencia en la manifestación "no comunicada" y por tanto "ilegal" que ayer por la tarde recorrió el centro de Madrid.
En caso de prosperar tras el proceso administrativo que se abre ahora, estos expedientes darían lugar a sanciones de 300 euros.
Esos 300 expedientes equivalen al 10 % de las 3.000 personas que, según la propia Delegación, participaron ayer en la marcha al Congreso, en protesta esta vez contra los Presupuestos Generales del Estado.
En la anterior protesta, que se celebró el pasado día 23 con la asistencia de unos 2.000 manifestantes según la Delegación, se abrió expediente administrativo a algo menos de 50 personas.
En ambos casos las manifestación se desarrollaron sin incidentes.

La policía sudafricana dispersa con gases lacrimógenos a los mineros en huelga

PRETORIA.- La policía sudafricana lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los mineros en huelga que pretendían impedir la celebración de una reunión organizada por el principal sindicato del sector minero del país.

La policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos a la entrada del estadio en Rustenburg (noroeste, a 110 kilómetrs de Pretoria), tras la llegada de una marcha organizada por la confederación sindical Cosatu.
Los policías expulsaron a 300 manifestantes del estadio y bloquearon la entrada con vehículos blindados.
"Estamos aquí para manifestarnos. Nosotros, los mineros huelguistas, estamos cansados del NUM", el sindicato nacional de mineros, explicó un empleado de Amplats, Reuben Lerebolo.
Un fotógrafo de la AFP vio a un hombre -vestido de rojo, el color sindical- ensangrentado después de haber sido golpeado.

Un diputado del PSOE duda del papel de la monarquía y defiende la república

MADRID.- El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, ha defendido la república este domingo y se ha cuestionado el papel actual de la monarquía en España, al tiempo que ha señalado que los socialistas no pueden guardar silencio ante "los problemas que aquejan a la Familia Real".
Martínez Olmos ha avanzado en Internet que presentará estas ideas en la conferencia política que su partido celebrará en la próxima primavera junto con la orgánica que estaba prevista para este mes de noviembre pero que se aplazó por las elecciones catalanas.
"Es cierto que la monarquía ha jugado un gran papel en el periodo reciente de nuestra democracia, pero hoy no lo juega", opina Martínez Olmos, quien añade: "En cualquier caso, con este tipo de monarquía, con los problemas que aquejan a la Familia Real, con el papel que desempeña creo que no podemos estar de acuerdo y menos aún en silencio".
También reclama una adecuación de las relaciones entre la Iglesia y el Estado a la "visión laica arraigada en el socialismo y en la izquierda sociológica".
A este respecto, apuesta por una profunda modificación del concordato y por que la Iglesia pague el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y "no tenga los privilegios actuales".
Ideas para un PSOE útil se titula el artículo publicado por este diputado granadino en Internet, en el que también indica que las políticas llevadas a cabo por el Gobierno socialista en 2010 y 2011 no fueron acertadas porque asumió sin crítica "las imposiciones de Bruselas y de los mercados".
Martínez Olmos considera necesario que el PSOE reaccione e incorpore las aspiraciones de la sociedad española a sus propuestas, redefiniendo su posición cuestiones clave como la monarquía o la Iglesia.
También aboga por una profunda reforma del sistema electoral y de la organización y modo de funcionamiento del Parlamento, que incluya listas abiertas o limitación de mandatos.
Respecto al modelo territorial del Estado, avala la línea que propugna el PSOE de Andalucía para hacer posible un modelo cooperativo que asegure la igualdad de todos los españoles y el respeto a las diferentes identidades.
Según su criterio, la crisis económica y, en especial, las políticas del Ejecutivo de Mariano Rajoy "golpean a la ciudadanía con una dureza impresionante" y, ante ello, el PSOE tiene que "acertar" en sus propuestas y demostrar que tiene "alternativas claras".

La corriente de Llamazares pide a IU que no sea "arrogante" con el 15M

MADRID.- Izquierda Abierta, la corriente política de Izquierda Unida (IU) que lidera el diputado por Asturias, Gaspar Llamazares, ha propuesto a la dirección federal que el apartado dedicado al movimiento 15-M en el Documento Político que se debatirá en la X Asamblea sea rehecho "por completo" por su "arrogante" tono.

   "Está escrito en un tono arrogante que básicamente enfatiza lo importante que somos nosotros/as y nuestra fina inteligencia para haber desentrañado la relevancia del 15M eludiendo sus contradicciones. Es un apartado impropio de nuestra reflexión y proponemos reelaborarlo", explica.
   Dentro de la Tesis II del Documento Político, titulada 'La crisis en España: económica, social, política e institucional. Organizar la rebelión democrática y la alternativa', IU hace una mención especial a lo que denomina como "un movimiento fundamental" de "expresión pública de un cansancio social respecto a la marcha del país, pero también manifestación de una enorme energía democrática y un cuestionamiento de una política que se construye a espaldas de la ciudadanía y en contra muchas veces de ellos".
   El documento será debatido en la Asamblea Federal que IU celebrará los próximos 14, 15 y 16 de diciembre y en la cual la coalición de izquierdas renovará todos sus órganos de dirección. De cara a esta cita, Izquierda Abierta ha elaborado un texto con observaciones y sugerencias para "ayudar a mejorar la propuesta de documentos" que se aprobarán como estrategia a seguir en los próximos cuatro años.
   Pero mientras se dedica a realizar algunos apuntes de ciertos apartados del Documento Político, el partido de Llamazares considera que la parte dedicada al 15M debería ser redactada de nuevo. Es más, pone como ejemplo de lo que no debe escribir IU sobre el movimiento 15M el punto 73 de este apartado, el cual dice que "desde el primer momento Izquierda Unida supo entender su pluralidad, su complejidad y lo contradictorio de algunas de sus demandas; pero también captó sus potencialidades y el revulsivo que suponía para cuestionar bases fundamentales del proyecto neoliberal en nuestro país".
   Según apunta Izquierda Abierta, que la semana pasada celebró la primera reunión de su nuevo Consejo Político, el 15M surgió por "la crisis de la política tradicional", en la que, según recuerda, IU tiene "una pata" así como por la aparición de "nuevos actores y agendas", como puede ser "la repolitización de lo social".
   "Establecer una diferencia entre el contenido social de la movilización sindical o del 15M y nuestra vocación e identidad política es un disparate analítico y no haber entendido nada de la novedad del 15M y de la situación misma", añade.
   En este apartado dedicado al movimiento, la dirección federal de IU también afirma que "las huelgas generales son el mejor instrumento de la clase trabajadora para defender sus intereses, para impedir retrocesos de sus conquistas". Sin embargo, el partido de Gaspar Llamazares recomienda "no entronizar la huelga general como la institución central para el cambio político".
   Por otro lado, Izquierda Abierta insta a que la Asamblea Federal de diciembre sea vista como una oportunidad para "proponer un pacto con la sociedad de izquierdas, un compromiso para el futuro inmediato", para lo cual sugiere como "primer paso imprescindible escuchar a la sociedad movilizada, activa, desencantada pero comprometida".
   "El momento por el que atraviesa nuestro país exige un gesto contundente y decidido de acercamiento a los desencantados/as de izquierdas; a la gente que lucha y resiste pero que no tiene partido; a aquellos/as que desearían encontrar un lugar en el que militar y contribuir a construir una nueva cultura política", explica.
   Para ello, Izquierda Abierta propone la realización de talleres sobre "políticas económicas y sociales frente a la crisis, reformas y renovación de la democracia" y "cómo reconstruir la izquierda alternativa" en los que participen también movimientos sociales como el 15M o el reciente 25S para que puedan exponer sus propuestas.
   En la introducción del Documento Político, la dirección federal de IU denuncia el "golpe de Estado silencioso impuesto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que deja sin efecto la Constitución del 78 y la soberanía nacional", en el sentido de que son estas instituciones las que imponen las medidas económicas que debe adoptar el Gobierno español como medio para salir de la crisis.
   Sin embargo, en la corriente que lidera Llamazares no están "muy seguros de que el concepto 'golpe de estado silencioso' haga justicia a la situación y ayude a entender bien el proceso que la sociedad está viviendo", ya que "ni es técnica ni políticamente un golpe de estado y desde luego es de todo menos silencioso" porque "se está operando abiertamente, a la luz del día y con profusión de noticias que dan cuenta de las medidas que subvierten un día sí y el otro también el estado social".
   Así pues, propone otros términos alternativos como "golpe de estado de los mercados", "golpe de estado contra la política" o "golpe de estado contra la sociedad".

Wen Jiabao niega su implicación en un entramado empresarial

HONG-KONG.-   El primer ministro de China, Wen Jiabao, ha negado este domingo su implicación y la de su familia en un entramado empresarial erigido para su lucro destapado dos días atrás por el diario estadounidense 'The New York Times'.

   En un comunicado de los abogados de Wen obtenida por el periódico hongkonés 'South China Morning Post', el primer ministro chino niega que sus familiares sean unos "ricos ocultos".
   Es más, desmiente que haya participado en actividades empresariales o sea propietario de acciones de otras compañías, si bien admite que algunos de los miembros de su familia sí tienen negocios lícitos.
   En este sentido, Wen asegura que su madre no tiene más ingresos que el que le corresponde por su pensión y rebate las informaciones del 'NYT', que le identifica como el resorte principal de la trama empresarial.
   Asimismo, los abogados de la familia de Wen remarcan que "aún menos (Wen) ha permitido que las actividades empresariales de su familia tengan influencia alguna en la formulación y ejecución de sus políticas".
   En la misma nota, el primer ministro chino se desentiende de los negocios que otros "amigos" y "compañeros de trabajo" de sus familiares mantengan.
   El gabinete pekinés Grandall concluye afirmando que seguirá este caso y tratará que el 'NYT' sea responsable legalmente de dichas "informaciones falsas".

sábado, 27 de octubre de 2012

Los suicidios abren un debate sobre los deshaucios en España

MADRID.- Dos acciones desesperadas de dos hombres, uno de ellos muerto, a los que iban a desahuciar por no pagar sus deudas hipotecarias con los bancos, han abierto el debate en España sobre las imposiciones de los bancos a los deudores. El paro y la falta de ingresos en muchas familias que están pendientes de pagar una hipoteca, ha minado la salud mental de los españoles, como ya ocurre con griegos, italianos y portugueses. En muchos casos es el desencadenante de suicidios. 
 
Esmeralda Vargas y Manuel Gabarras, de 33 y 34 años, llevaban 11 meses sin pagar el alquiler del piso en el que viven en las viviendas sociales conocidas como las «sindicales» de San Pablo de Catabois, en Ferrol. Su hija, de 8 años, tiene una enfermedad renal grave que les obliga a pagar un costoso tratamiento médico, según explicaron a los medios de comunicación los miembros de la Rede de Apoio. Las gestiones y la movilización ciudadana realizada por este grupo en Ferrolterra ha conseguido evitar el desahucio.
«No podemos tolerar que se siga presionando a estas personas que lleguen a momentos de estrés tan dramáticos que les hagan acabar con su vida para poner fin a esta presión»., dice José López, de la Plataforma de los afectados por las hipotecas de Burjasot. En ese municipio valenciano un hombre se lanzó por el balcón cuando la comisión judicial llegó a su vivienda para ejecutar un desahucio. Pocas horas antes otro se había ahorcado en Granada.
En Madrid 50 familias llevan ya cuatro noches a las puertas de Bankia, uno de los bancos rescatados por el gobierno, pidiendo una solución. Aseguran que no se moverán hasta que el banco acceda a negociar con ellos. La asociación «Stop desahucios» piden un alquiler social universal para toda la población y la dación en pago retroactiva.
Los bancos aseguran que siempre intentan renegociar la deuda antes del desahucio... Bankia dice, por ejemplo, que por cada desahucio que ejecuta, renegocia cinco. El debate afecta también a los partidos mayoritarios. Políticos y jueces han hablado sobre la respuesta que debe darse a los afectados por los desahucios y sobre el papel de los bancos. Un grupo de magistrados realizó un informe en el que pedían que los políticos y el parlamento ldeben dar soluciones a los problemas de los ciudadanos.
El PSOE, en el gobierno hasta finales de 2012, lamenta su error al no haber legislado cuando pudo hacerlo. Su portavoz en el Parlamento, Soraya Rodríguez, ha dicho que «lamentamos no haber actuado antes, no haber puesto en marcha cuando estabamos gobernando un cambio legislativo que hubiera impedido la situación que ahora viven muchos espanoles». El gobierno del PP, por medio de su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que está estudiando este problema para «buscar una solución».
El Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de los jueces, recogió a principios de octubre en un informe sobre el impacto de la crisis que los desahucios han subido un 13,4 por ciento con respecto a 2011 y según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que cita cifras del CGPJ, en el primer trimestre del año ha habido 48.000 desalojos, es decir, 517 al día. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2010 se suicidaron 3.158 personas. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también porpone reflexionar sobre el sistema actual. 
«Hay que reflexionar sobre las consecuencias sociales que produce a veces la aplicación de la ley en situaciones muy especiales.

El Congreso español tendrá vigilancia policial "el tiempo que haga falta", según su presidente

CÁDIZ.- El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, asegura que la Cámara baja seguirá con vigilancia policial "durante el tiempo que haga falta" para garantizar su inviolabilidad y mientras el Ministerio del Interior lo considere oportuno.

   A preguntas de los periodistas en Cádiz, Posada ha precisado que la vigilancia policial se mantendrá para garantizar "su inviolabilidad", para que "las deliberaciones de los diputados sean libres y para que puedan entrar y salir con normalidad".
   "Cuando podamos garantizar eso sin apenas fuerza pública presente lo haremos así", ha apuntado Posada, añadiendo que "mientras el Ministerio del Interior crea que para garantizar esos derechos hay que tener una cierta presencia policial, pues seguirá esa presencia policial".
   Al hilo, se ha mostrado "muy satisfecho" con la actuación de la Policía "en todo este tiempo alrededor del Congreso", porque, a su juicio, "está garantizando la libertad e inviolabilidad de los diputados" y, además, "está actuando muy proporcionalmente", según ha añadido.
   Así, Jesús Posada ha pedido "dejar trabajar a la Policía", entendiendo que "cuando las cosas son pacíficas no hay incidentes" y que "cuando hay manifestantes violentos" sí los hay.
   Preguntado sobre la información que publicó ayer viernes El Mundo, que apunta a una asesora de Amaiur como posible "topo" del movimiento 25-S en el Congreso, Posadas ha declinado hacer declaraciones, argumentando que se trata de una investigación policial.
   "No puedo confirmar nada porque es una información de la policía que, por lo que he visto, está trabajando en esa dirección y hay que dejar que haga su trabajo", ha asegurado Posada.