miércoles, 7 de noviembre de 2012

El "economista indignado" arrasa en la red


MADRID.- "Éste es un país de chorizos, lo digo con todo el respeto... y el pueblo tiene que decir ¡basta! El Gobierno está propiciando el fraude fiscal. Son unos ineptos. Ni la patronal ni los sindicatos son independientes, están todos comprados con subvenciones...". Corruptos, ineptos, insolventes... son algunos epítetos que José María Gay de Liébana, rebautizado en las redes sociales como el "economista indignado", le dedica a Rajoy, a De Guindos y al Gobierno en general, en una parte de una mesa redonda que alguien subió a youtube y que está arrasando, literalmente, en las redes sociales, sobre todo en las redes del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Se trata, en realidad de "cuatro minutos demoledores", los que José María Gay utilizó desde la mesa de las XIX Jornadas Tributarias que tuvieron lugar en Elche los días 27 y 28 de septiembre, convocadas por la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana.

Cuando llegó el turno de la exposición de Gay de Liébana, el ahora rebautizado como el "economista indignado", no tuvo pelos en la lengua para decir cosas fortísimas sobre la corrupción en España y la pérdida de credibilidad de nuestro país por tal causa, además de llamar ineptos al ministro de Economía, Luis de Guindos, y al Gobierno de Rajoy en general: "Nuestros universitarios se van de este país, en los centros estamos preparándolos para que se vayan a trabajar a Alemania y Estados Unidos. Yo, seguramente, me iré, porque un país que no tiene capacidad de reacción, que no hay sentido de la revolución como tiene que ser... ¡Venga a desaparecer las empresas, venga a subir los impuestos, venga el IVA! Bueno, bueno, don Mariano, un momento...".

Esos cuatro minutos 'demoledores' fueron subidos a Youtube y a partir de ahí están corriendo como la pólvora por las redes sociales, y especialmente las vinculadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Garzón alegará ante el TEDH que España carece de ley que regule las escuchas

MADRID.- El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acudirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras haber sido inadmitido por el Tribunal Constitucional (TC) el recurso de amparo que presentó contra la condena a 11 años de inhabilitación que se le impuso por intervenir las conversaciones de los cabecillas de la red "Gürtel" con sus abogados en prisión. Alegará que España carece de ley reguladora en materia de escuchas judiciales.

   En una nota distribuida por el entorno del juez, Garzón lamenta que la inadmisión de plano de los recursos de amparo por el TC sea de más del 95 por ciento, "y ello por el motivo, dicho sea lisa y llanamente, de que se encuentra colapsado de trabajo y es absolutamente incapaz de atender como un auténtico tribunal" a los ciudadanos.
   En su caso concreto, Garzón reitera que se vulneraron sus derechos por condenarle por prevaricación pese a la inexistencia de ley reguladora en materia de escuchas "reiteradamente exigida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
   Lamenta que por parte del tribunal español de garantías no se aprecie ni siquiera la mera posibilidad de la existencia de una infracción de sus derechos fundamentales en la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó y que "tantas controversias y críticas ha producido en el mundo del derecho, tanto dentro como fuera de España".
   Considera que, de haber admitido a trámite su recurso, el Constitucional, "difícilmente habría podido hacer otra cosa que estimarlo, lo que habría supuesto un conflicto con el Tribunal Supremo que el Tribunal Constitucional en este caso no se ha atrevido a afrontar, eliminando el problema de raíz, mediante la inadmisión no motivada, y causando graves perjuicios al recurrente".
   En una providencia fechada el pasado 29 de octubre, los magistrados del Constitucional Pablo Pérez Tremps, Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos señalan que tras examinar el recurso han acordado no admitirlo a trámite "dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, violación que, de acuerdo con el art. 44.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es condición para que este Tribunal pueda ejercer dicha tutela".
   En la nota, Garzón reitera que el Supremo le condenó por "ir en contra" de los criterios particulares de los magistrados del alto tribunal, hasta el punto de que los integrantes del tribunal construyeron "a la medida" el delito de prevaricación por el que fue condenado.
   El Tribunal Supremo ha fijado para el 1 de mayo de 2021 la fecha de liquidación de la condena impuesta al exjuez de la Audiencia Nacional.

El TC inadmite a trámite el recurso de Garzón contra su inhabilitación

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo presentado por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 11 años de inhabilitación, por autorizar las escuchas de los cabecillas de la red "Gürtel" con sus abogados en prisión, "dada la manifiesta inexistencia de violación" de sus derechos fundamentales.

   Garzón alegaba en su recurso que el fallo del Supremo pone en peligro la independencia judicial que garantiza la Constitución. Sostenía que la condena del Supremo  es "gravísimamente inconstitucional en términos hasta ahora desconocidos en nuestro Estado democrático", en cuanto que le condena por "un delito que no existe en las leyes españolas".
   En una providencia fechada el pasado 29 de octubre los magistrados Pablo Pérez Tremps, Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos señalan que tras examinar el recurso han acordado no admitirlo a trámite "dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, violación que, de acuerdo con el
art. 44.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es condición para que este Tribunal pueda ejercer dicha tutela".
   Las actuaciones se archivarán "sin más trámite" si la Fiscalía no recurre esta decisión, añade la providencia.
   Una vez rechazado este recurso, Garzón podría recurrir su condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una posibilidad que él ha contemplado en diversas manifestaciones públicas.
   A juicio de Garzón la cuestión de las escuchas telefónicas está pendiente de la aprobación de una ley que las regule, que se "ha exigido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que todavía no existe".
   Por ese motivo, Garzón defenfía que el Supremo le condenó por "ir en contra" de los criterios particulares de los magistrados del alto tribunal, hasta el punto de que los integrantes del tribunal construyeron "a la medida" el delito de prevaricación por el que fue condenado.
    En su opinión, su condena "supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier juez con el Tribunal Supremo, acabando así con la independencia judicial".

Investigan un nuevo caso de corrupción relacionado con el Ministerio de Defensa ruso

MOSCÚ.-   La Fiscalía rusa ha abierto una investigación a la compañía Oboronservis, la empresa pública de gestión de terrenos dependiente del Ministerio de Defensa, por la venta de una infraestructura portuaria en Murmansk (noroeste) en 2010 a las Fuerzas Aéreas por debajo de su precio de mercado. En concreto, se investiga un posible delito de malversación a gran escala y abuso de autoridad.

   Este nuevo fraude, que alcanza los 240 millones de rublos (unos 6 millones de euros), se suma a uno por más de 75 millones de euros también relacionado con Oboronservis que este martes costó el cargo al ministro de Defensa, Anatoli Serdiukov.
   La terminal de Murmansk tiene un valor estimado de 452 millones de rublos (unos 11,2 millones de euros) y es uno de los principales puntos de abastecimiento de la Flota del Norte de la Marina rusa. La terminal pasó a estar controlada por una empresa consorciada que finalmente se privatizó.
   "La Junta de Dirección de la compañía consorciada, conforme a una orden del ministro de Defensa, estimó que el complejo era inútil para la flota y decidió venderlo", ha informado la Fiscalía, según recoge la agencia de noticias RIA Novosti.
   Por el momento han sido detenidos tres altos cargos de Oboronservis por un desfalco inmobiliario relacionado con propiedades, algunas de ellas en Moscú. Los implicados cobraban hasta 3 millones de rublos (unos 75.000 euros) a los posibles compradores por tener acceso a estas propiedades que se vendían por debajo del valor de mercado.

El PCCh: el escándalo de Bo Xilai nos ha dado una "profunda lección"

PEKÍN.- Un portavoz del Partido Comunista Chino (PCCh), Cai Mingzhao, ha asegurado que el caso de Bo Xilai, dirigente apartado del partido debido a un caso de corrupción, ha permitido al sistema chino aprender "una profunda lección" sobre la necesidad de implantar reformas y combatir la corrupción.

   "Nuestro país es una sociedad en transición. El fenómeno de la corrupción sucede con facilidad y con frecuencia (combatirlo) es una tarea ardua y a largo plazo para el partido", ha afirmado Cai en rueda de prensa desde Pekín.
   En los últimos meses han sido expulsados del partido Bo Xilai, cuya mujer está acusada de asesinar a un empresario británico, y el exministro de Ferrocarriles Liu Zhijun. "Las cuestiones de Bo Xilai y Liu Zhijun (...) han sido a un nivel alto del partido, son graves casos de corrupción. Las lecciones han sido muy profundas", ha afirmado el portavoz.
   En cualquier caso, Cai ha indicado que cualquier reforma política que se ponga en marcha debe ser realista y que no hay ningún debate abierto sobre el actual sistema político de partido único.
   "En la medida en que avanzamos en nuestras reformas, en el futuro (...) haremos más hincapié en la importancia de poner a la gente en primer plano", ha indicado. "La posición de liderazgo del Partido Comunista en China es una decisión de la Historia y del pueblo", ha apostillado.

La policía carga contra los concentrados ante el parlamento griego


ATENAS.- La Policía ha cargado y ha empleado gases lacrimógenos contra la multitud concentrada en la plaza Sintagma, donde se encuentra la sede del Parlamento griego. La manifestación había sido convocada por los principales sindicatos griegos, GSEE y ADEDY, durante la segunda jornada de huelga general para protestar contra los presupuestos públicos, que incluyen recortes por valor de 13.500 millones de euros.

   Más de 70.000 manifestantes secundaron la protesta, en la que se pudieron ver pancartas como "¡O nosotros o ellos!" o "¡Acabad con este desastre!". También se desplegaron cuatro banderas, una junto a otra: Portugal, Italia, Grecia y España.
   La Policía ha ordenado el cierre durante todo el día de las tres estaciones de metro más cercanas a la plaza Sintagma, aunque parte del servicio se encuentra ya interrumpido debido a la propia huelga, que también ha paralizado el servicio de ferris, fundamental para conectar la Grecia continental con sus numerosas islas, informan los medios griegos.
   La huelga ha paralizado la actividad en colegios, bancos o edificios públicos y la basura se acumula en las calles. "Estas medidas nos están matando poco a poco y los diputados de ahí dentro les importa un bledo", se ha lamentado Maria Aliferopoulou, mujer de 52 años que saca adelante a sus dos hijos con 1.000 euros al mes. "Son ricos. Lo tienen todo y nosotros no tenemos nada. Nos peleamos por las migajas, por sobrevivir", ha añadido.
   Entre las medidas incluidas en los presupuestos esta una nueva flexibilización del mercado laboral: reducción de las indemnizaciones por despido y de los plazos de aviso para un despido empresarial.
   Precisamente coincidiendo con la votación de los presupuestos, la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) ha presentado una moción de inconstitucionalidad contra las cuentas públicas, pero fue finalmente rechazada por los votos de los partidos que apoyan al Gobierno del primer ministro Antonis Samaras, principalmente Nueva Democracia y el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK).
   El tercer socio del Gobierno, Izquierda Democrática, ha anunciado ya que no apoyará el presupuesto, lo que podría atraer a algunos diputados del PASOK. "Estoy votando con una pistola en la cabeza porque quienes han diseñado estas medidas no nos han dejado ninguna alternativa", ha reconocido la diputada socialista Theodora Tzakri en comparecencia parlamentaria.
   La sesión parlamentaria se prolongará probablemente hasta bien entrada la noche y no está previsto que haya una votación sobre los presupuestos al menos hasta la medianoche.

Protestas violentas e interrupciones en el Parlamento en Atenas

ATENAS.- La policía griega empleó este miércoles gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a miles de manifestantes que abarrotaron la plaza frente al Parlamento de Atenas en una imponente muestra de descontento contra los diputados, que tenían previsto aprobar por la mínima un paquete de austeridad.

La violencia estalló cuando un puñado de manifestantes intentó sobrepasar una barricada para entrar en el Parlamento, donde se espera que el primer ministro, Antonis Samaras, logre una ajustada victoria aprobando una ley de austeridad pese a la oposición de un socio de su coalición.
Sin embargo, la sesión se vio brevemente interrumpida cuando los trabajadores del Parlamento hicieron huelga y los legisladores de la oposición salieron de la cámara en protesta.
Fuera del Parlamento se oían fuertes estallidos mientras los manifestantes lanzaban cócteles molotov y la policía respondía con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. En la calle junto al Congreso se veía humo y pequeños fuegos.
Eso se produjo después de que un gran grupo de ciudadanos desafiara a la lluvia, plantándose ante los antidisturbios con banderas y pancartas que decían "¡Son ellos o nosotros!" y "¡Poned fin a este desastre!"
Casi 100.000 manifestantes en total, algunos coreando "¡Pelead! Os están chupando la sangre" llenaron la plaza y calles aledañas en una de las mayores manifestaciones que se han visto en meses, según la policía.
Los manifestantes ondearon banderas italianas, portuguesas y españolas en solidaridad con otros países del sur de Europa que están aplicando reformas de austeridad.
"Estas medidas nos están matando poco a poco y a los diputados de ahí dentro no les importa un comino", dijo Maria Aliferopoulou, de 52 años, que tiene dos hijos y vive con 1.000 euros al mes.
"Son ricos, lo tienen todo y nosotros no tenemos nada y luchamos por las migajas, por sobrevivir", afirmó.
El transporte público quedó interrumpido, cerraron escuelas, bancos y oficinas gubernamentales y la basura se acumulaba en las calles, en el segundo día de una huelga nacional de dos días convocada para protestar contra la votación.
Respaldados por la oposición de izquierda, los sindicatos dijeron que las medidas golpearán a los pobres sin afectar a los ricos, mientras se profundiza una recesión de cinco años que ha aniquilado un quinto de la producción del país y ha llevado la tasa de desempleo a un récord del 25 por ciento.

Mas recortes

Los 300 diputados griegos se disponían este miércoles a votar un proyecto de ley plurianual que introduce nuevas reformas y medidas de austeridad durante cuatro años más, en medio de la presión de la calle, que se opone a las iniciativas impuestas por la UE y el FMI para seguir dando asistencia financiera a Atenas.
Frente al edificio del Parlamento, en pleno centro de Atenas, se manifestaban este miércoles por la tarde más de 70.000 personas, según estimaciones de la policía, para concluir una huelga general de 48 horas contra las nuevas disposiciones.
Al cabo de dos horas de concentración pacífica, bajo una lluvia que no paraba, grupos de manifestantes encapuchados lanzaron proyectiles contra la policía, a lo que los agentes respondieron con gases lacrimógenos.
"Abajo la política de sumisión y humillación", proclamaba una de las pancartas. "Eliminación de la deuda, resistencia a las medidas de la miseria", rezaba otra.
"Temo que se aprueben las medidas, pero debemos demostrar nuestra oposición", afirmaba ante el Parlamento, Costas Lahais, de 39 años, empleado de una empresa farmacéutica.
Después de tres años de austeridad y cinco de recesión, la población protesta contra un nuevo paquete de rigor, el que votará este miércoles el Parlamento por el procedimiento de urgencia para ahorrar 18.000 millones de euros de aquí a 2016.
Las medidas, contenidas en un solo artículo de 400 páginas, prevén recortar los sueldos más altos del funcionariado, desde el jefe del Estado Mayor del Ejército hasta los profesores de universidad, pasando por policías, bomberos y hasta jueces, que este miércoles tacharon la medida de "anticonstitucional" e "ilegal". Los sueldos de los diputados, en cambio, se mantienen.
También se prevé un aumento de la jubilación a 67 años, recortes en las pensiones de más de 1.000 euros mensuales, la partida de miles de funcionarios, una mayor desregulación del mercado laboral, la apertura a la competencia de profesiones protegidas y aumentos de impuestos sobre el gas y el tabaco.
La aprobación de estas medidas, junto con el presupuesto estatal para 2013, que será votado el domingo, es una condición para que los acreedores de Grecia, la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), le entreguen los 31.200 millones de euros correspondientes al siguiente tramo del rescate financiero.
Sin ese dinero, Grecia podría encontrarse en suspensión de pagos a finales de mes.
Al igual que en las tres votaciones similares efectuadas desde el inicio de la crisis de la deuda en 2010, el dilema de este miércoles vuelve a ser la austeridad o la quiebra.
La diferencia ahora es que la mayoría de los economistas no deja de denunciar en el mundo entero los efectos nefastos de tantos recortes en la economía.
Según las previsiones que la Comisión Europea publicó este miércoles, Grecia vivirá en 2013 el sexto año consecutivo de recesión, con una contracción del PIB del 4,2%. La recuperación no llegaría hasta 2014, con un crecimiento del 0,6%.
A nivel político, la votación pondrá a prueba la cohesión del gobierno de coalición, en el que participan tres partidos: el conservador Nueva Democracia, del que forma parte el primer ministro Antonis Samaras, el socialista PASOK e Izquierda Democrática.
A pesar de las muchas objeciones que suscita el nuevo paquete en la coalición, los analistas y la prensa local esperan que las medidas salgan adelante con el apoyo de 155 de los 300 diputados de la cámara.
Este miércoles, la huelga paralizó la capital, aunque el metro volvió a funcionar por la tarde para que los manifestantes pudieran movilizarse. Los transportes marítimos y aéreos estuvieron perturbados. El sector sanitario también se vio afectado, con las farmacias cerradas y los hospitales funcionando a mínimos. También se sintió el paro en algunos bancos, en la justicia y las administraciones locales.

En España, Gobierno y PSOE pactarán una reforma legal contra los desahucios

MADRID.-   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, han acordado este miércoles pactar "cuanto antes" una reforma legal contra los desahucios, según han informado ambas partes. El objetivo es "resolver las situaciones de especial vulnerabilidad", con atención preferente a las familias con niños o mayores a su cargo.

   En un almuerzo de trabajo en el Palacio de la Moncloa, que se ha prolongado algo más de dos horas, ambas han decidido adoptar medidas contra este problema social con la "mayor celeridad posible", ya sea a través de un decreto ley acordado o con un proyecto de ley que se tramite por el procedimiento de urgencia. El objetivo es que entre en vigor en el menor plazo de tiempo posible.
   Fuentes socialistas han precisado que Gobierno y PSOE han conseguido un acuerdo "en el fondo y en la forma" para frenar los desahucios, mientras que desde el Ejecutivo se habla de un acuerdo para adoptar medidas con "el máximo consenso".
   El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya expresó este martes su deseo de pactar las medidas con el resto de partidos, en especial con el PSOE, una petición que le ha hecho personalmente el coordinador federal de IU, Cayo Lara, con el que se ha entrevistado hoy en el Palacio de la Moncloa.
   En concreto, Sáenz de Santamaría y Valenciano han acordado articular medidas "preventivas y paliativas" con especial atención a las familias con niños o mayores a su cargo. Se pretende así "resolver las situaciones de especial vulnerabilidad", han informado ambas partes.
   Por su parte, el PSOE ha destacado que se estudiarán también "medidas para las familias que ya han sido desalojadas de sus hogares y se encuentren en situación más vulnerable".
   Para las familias ya desalojadas, Valenciano ha apuntado este miércoles que pueden hacerse reformas para que los bancos que "están recibiendo ayudas públicas" ofrezcan en alquiler "con un precio social" aquellas viviendas que poseen en su parque inmobiliario y que han sido objeto de ejecuciones inmobiliarias.
   La vicepresidenta y la vicesecretaria general del PSOE han acordado que "todas las propuestas sean sometidas a la evaluación de seis expertos", tres propuestos por el Ejecutivo y tres por el Partido Socialista.
   El próximo lunes mantendrán su primera reunión esa comisión de expertos, si bien Santamaría y Valenciano harán un seguimiento de los trabajos. El propósito es que las medidas se alcancen con el máximo consenso, tengan la mayor efectividad y resuelvan pronto el drama de los desahucios, según el Gobierno.
   Sáenz de Santamaría se ha volcado de lleno con los desahucios con una intensa agenda de reuniones para conseguir el máximo consenso. Este martes se entrevistó con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y también convocó una reunión de la comisión interministerial creada por el Gobierno para tratar este tema, en la que hay representantes de Economía, Justicia y Hacienda.
   También el PSOE se ha implicado a fondo en este asunto. Así, ha registrado recientemente en la Cámara una proposición de ley que ha consultado con colectivos afectados y bautizado como de 'segunda oportunidad'. En los últimos días ha instado reiteradamente al Gobierno a tomarla como base para la reforma porque cree que en ella está "la solución", en palabras de la propia Valenciano.

Los secretarios judiciales se ofrecen a conciliar entre los bancos y los hipotecados para frenar los desahucios en España

MADRID.- El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha propuesto que los secretarios judiciales asuman el trámite de conciliación entre las entidades financieras y los deudores con el fin de frenar los desahucios y buscar soluciones amistosas entre las partes.

   El SISEJ ha emplazado a acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la que se introduzca, "con carácter obligatorio" y sin comportar ningún coste añadido para la ciudadanía, este trámite de conciliación ante los secretarios judiciales en el marco de la ejecución hipotecaria.
   Esta vía podría dar lugar a soluciones amistosas como la dación en pago, el alquiler social, la reducción de la deuda o en el importe de las cuotas, o moratorias en el pago, que garantizarían el mantenimiento de la vivienda y facilitarían "las condiciones para ambas partes o la entrega de la vivienda con extinción de la obligación".
   El SISEJ ha expresado su "enorme preocupación" por el "imparable" aumento de los lanzamientos de viviendas habituales y que los secretarios judiciales observan a diario con "indignación" al ser los responsables de la ejecución de las resoluciones de los jueces ante el impago de las hipotecas.
   "Observamos con indignación cómo familias con menores a su cargo o personas con problemas de movilidad o salud, al tiempo que pierden su hogar, asumen por completo el importe de una deuda generada en plena 'burbuja inmobiliaria', condenando a estos ciudadanos a una segura exclusión social", ha destacado en un comunicado.
   Los secretarios judiciales recuerdan su experiencia en actos de conciliación tras la entrada en vigor de la Ley 13/2009 y añaden que, hoy en día, tratan de buscar, cuando la situación lo permite, soluciones para demorar los lanzamientos y minimizar los "gravísimos perjuicios" que comportan.
   Sin perjuicio de esta propuesta, el SISEJ insta a recoger también la posibilidad de derivar a las partes a un proceso de mediación ante especialistas en esta materia en los casos que el secretario judicial entendiera que resulta necesario o así lo solicitaran las partes.
   A su entender, estas vías deben ser garantizadas por la Administración Pública para no agravar aún más la situación de los deudores. Entiende que esta solución "no puede quedar al arbitrio de ninguna de las partes, al compromiso social de muchos ciudadanos implicados ni a la concienciación de entidades aisladas".
    "La principal causa de oposición a este tipo de reclamaciones es que las obligaciones deben cumplirse de la manera pactada. Esto puede   valer en circunstancias ordinarias, pero ahora estamos ante una   situación excepcional, y por ello reclamamos el establecimiento urgente y sin más demora de mecanismos que detengan esta sangría   social, a la que los Secretarios Judiciales asistimos diariamente", remarca.
   Por otra parte, la organización se muestra favorable a la regularización de la dación en pago de manera que, al menos, pueda extinguirse la deuda en los casos "más sangrantes", si la vivienda hipotecada es la habitual y la única del deudor y la imposibilidad de pago está acreditada y "no responde a su simple voluntad de no pagar"
   Entre tanto, el SISEJ no descarta estudiar ninguna opción que, en el marco de la legalidad, permita atenuar el daño que se causa diariamente a cientos de ciudadanos.

La policía marroquí expulsa del Sáhara Occidental a varios españoles

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.- La policía marroquí ha obligado a salir del Sáhara Occidental a un grupo de españoles entre los que se encontraban los grancanarios Carmelo Ramírez y Josefa Milán, así como cuatro noruegos, según ha confirmado hoy el delegado del Frente Polisario en Canarias, Mohamed Salem Daha.

   Este portavoz ha explicado que este grupo de personas habían viajado a El Aaiún para "intentar conocer en el terreno lo que están sucediendo después de los acontecimientos de estos días", así como para ver qué ocurrirá este jueves, 8 noviembre, cuando los saharauis conmemoran el día del 'campamento de la dignidad del Sáhara' para mostrar su rechazo a la ocupación.
   Al respecto, ha reconocido que para este jueves "es muy probable" que se produzca algún conflicto en los campamentos de El Aaiún porque la ciudad "está cerrada a cal y canto, está tomada, militarizada por la policía marroquí y es realmente muy complicado que el pueblo pueda hacer algo para conmemorar" este día.
   En cuanto al regreso del grupo de españoles, Salem ha señalado que al obligarles la policía marroquí "a salir del país por donde han entrado, les montaron en un taxi y les enviaron al norte", por ello indicó que este miércoles no podrán coger un vuelo, al menos, directo para Gran Canaria.
   El delegado del Frente Polisario en Canarias ha asegurado que cuando se producen estas situaciones en el Sáhara Occidental es "prácticamente imposible" contactar con las personas que se encuentran en El Aaiún. Finalmente, ha indicado que Marruecos "no quiere que nadie esté presente, no quieren testigos".

Confirmación oficial

La Coordinadora  Estatal de Asociación Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) ha denunciado que Marruecos ha expulsado del Sáhara occidental a 23 activistas españoles y cuatro noruegos en vísperas de la conmemoración del aniversario del campamento de Gdeim Izik.
    Fuentes de la asociación que preside José Taboada han explicado desde Madrid que los activistas Amancay, Íñigo y Adrián, enviados en el marco de una iniciativa conjunta con la asociación Sáhara Thawra, se han presentado esta tarde en la Embajada española en Marruecos para entregar un escrito de protesta por lo sucedido, pedir explicaciones por las expulsiones y solicitar al Gobierno que condene la actuación de las fuerzas de seguridad del reino alauí en la antigua colonia española.
    Las fuentes consultadas han indicado que todas las expulsiones han seguido un mismo patrón por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y que, en el caso de esos tres últimos activistas, ha provocado que ellos mismos tengan que pagarse el taxi en el que han sido obligados a trasladarse hacia territorio marroquí.
   La serie de expulsiones comenzó el martes por la mañana y ha concluido esta misma tarde, cuando dos activistas de la Federación Madrileña de asociaciones de amigos del pueblo saharaui han sido desalojados de El Aaiún.
   Horas antes, este miércoles por la mañana, otros tres activistas han sido expulsados por las fuerzas de seguridad marroquíes cuando se encontraban visitando a un conocido activista saharaui.
   Las fuentes de CEAS Sáhara han considerado que las expulsiones vienen motivadas por la posibilidad de que los saharauis organicen manifestaciones en recuerdo de las víctimas del campamento de protesta de Gdeim Izik, que fue desalojado por la fuerza por militares y gendarmes marroquíes el 8 de noviembre de 2010.
   Según el relato de CEAS-Sáhara, las fuerzas de seguridad marroquíes expulsaron del Sáhara a 17 activistas españoles el martes, tras haber desalojado a cuatro activistas noruegos y a un periodista freelance. Las fuentes consultadas han indicado que los activistas se habían desplazado al Sáhara para supervisar la situación ante la próxima conmemoración del desalojo de Gdeim Izik.

Las familias españolas, "al límite" de su capacidad para atender a sus miembros en paro

BARCELONA.-   Las familias españolas, que en los primeros años de crisis habían ejercido un papel "amortiguador" en la atención y apoyo a sus miembros en paro, actualmente se encuentran "al límite" de sus posibilidades, según el estudio 'Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España' de la Obra Social La Caixa.

   Esta es una de las principales conclusiones del trabajo presentado este martes en Madrid, que pone en evidencia el sistema de protección social español y las iniciativas llevadas a cabo por los gobiernos para paliar los efectos de la crisis económica en la sociedad española, sobre todo si se compara con las herramientas empleadas por los vecinos europeos.
   "Dentro del hogar existen estrategias de reparto entre los miembros de la familia, pero esta situación es cada vez más limitada por la larga duración de la crisis", ha indicado Begoña Pérez Eransus, coordinadora del estudio junto a Miguel Laparra, que han alertado de que cada vez hay más hogares con todos sus miembros desempleados (7,6%, el doble que la media europea).
   La pensión del abuelo puede convertirse en un "recurso esencial" para la supervivencia de las familias con desempleo total y el número de este tipo de casos se ha triplicado desde 2006 hasta 2010, alcanzando la cifra de 300.000 (el 7,9%, unos seis puntos por encima de Dinamarca, Francia y Reino Unido).
   Pero la situación "más dramática", según los autores, es la de las familias monoparentales, encabezadas por mujeres con hijos que han perdido su empleo. El 37 por ciento de estos hogares se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y presenta, por tanto, "un gran riesgo social".
   Los jóvenes es otro de los colectivos más vulnerables, cuyo riesgo de padecer pobreza severa es cada vez más alto. El estudio indica que, a diferencia de lo que se pueda pensar, la emancipación tardía de este colectivo de entre 18 y 34 años --el 52,8% vivía con sus padres antes de la crisis-- se ha reducido un 3,4 por ciento ante la incapacidad de sus familias de poder mantenerlos bajo el mismo techo.
   Además, el trabajo recuerda que uno de cada cuatro jóvenes de entre 20 y 30 años ni estudia ni trabaja ('ninis'), una cifra que ha aumentado en nueve puntos si se compara con los datos anteriores al inicio de la crisis. Esto se debe, según han explicado los autores, a la elevada oferta de empleo no cualificado en sectores como la construcción o los servicios, que llevó a miles jóvenes a abandonar sus estudios por trabajos temporales.
   Mientras que los sistemas de protección social de los países objeto también de este estudio (Dinamarca, Francia y Reino Unido) han funcionado como "estabilizadores automáticos" de la crisis, en España, por el contrario, estos recursos se han mostrado "insuficientes" e "ineficaces" para afrontar las nuevas necesidades de las familias y reducir la pobreza.
   "Sólo el 51 por ciento de la población española que se encuentra bajo el umbral de la pobreza evita salir de esta situación gracias a las transferencias sociales", ha explicado Pérez Eransus, que ha advertido de que en Dinamarca este porcentaje se eleva al 66 por ciento y en Francia al 70 por ciento.
   Según los autores del trabajo, España tampoco queda en buen lugar en lo que se refiere al papel de las políticas en la superación de las situaciones de pobreza, ya que la proporción de las personas que superan esta situación al cabo de dos años mediante transferencias sociales es "notablemente más reducido en España respecto al resto de países del estudio, con sólo 16 de cada cien casos.
   Por otro lado, debido al aumento de la "pobreza severa", España se sitúa en el tercer lugar en cuanto al nivel de desigualdad de la UE-27, si se compara la diferencia de ingresos del 10 por ciento más rico y del 10 por ciento más pobre, ya que ha aumentado un 16,7 por ciento desde 2007. Si bien los autores han indicado que antes de la crisis el nivel de desigualdad español era de los más altos de la UE, éste afecta especialmente a jóvenes, parados, parejas con hijos y a quienes tienen menos formación.

Segundo día consecutivo de huelga general en Grecia

ATENAS.- Grecia ha entrado en la segunda jornada consecutiva de huelga general convocada por los sindicatos GSEE y ADEDY para protestar por los presupuestos públicos que presentará este miércoles el Gobierno en el Parlamento y que incluyen nuevos recortes. Las cuentas planteadas pretenden recortar en 13.500 millones de euros el gasto público en los dos próximos años.

   La jornada de protestas culminará con una gran manifestación convocada por las organizaciones obreras para las 17.00 horas (16.00 hora peninsular española) en la plaza Sintagma, donde se encuentra la sede del Parlamento griego.
   La Policía ha ordenado el cierre durante todo el día de las tres estaciones de metro más cercanas a la plaza Sintagma, aunque parte del servicio se encuentra ya interrumpido debido a la propia huelga, que también ha paralizado el servicio de ferris, fundamental para conectar la Grecia continental con sus numerosas islas, informan los medios griegos.
   Precisamente coincidiendo con la votación de los presupuestos, la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) ha presentado una moción de inconstitucionalidad contra las cuentas públicas, pero fue finalmente rechazada por los votos de los partidos que apoyan al Gobierno del primer ministro Antonis Samaras, principalmente Nueva Democracia y el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK).
   La sesión parlamentaria se prolongará probablemente hasta bien entrada la noche y no está previsto que haya una votación sobre los presupuestos al menos hasta la medianoche.

Detenido un joven por desórdenes y resistencia a la autoridad en el campus de Somosaguas, en Madrid

MADRID.-   Un joven ha sido detenido este miércoles por desórdenes públicos y resistencia a la autoridad durante las protestas que han tenido lugar en el campus universitario de Somosaguas, en Madrid, como ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

   Dichas fuentes han explicado que la comisaría de Pozuelo ha recibido un elevado número de llamadas protestando por los cortes de tráfico provocados por los estudiantes que se estaban manifestando. Algunos han pintado autobuses de la EMT.
   Las protestas en el campus de Somosaguas forman parte de un calendario de reivindicaciones contra los recortes.

En libertad

El joven ha sido puesto en libertad sin cargos a las 13 horas.
   Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el joven tiene 26 años y carece de antecedentes penales.

Jueces españoles piden cambiar la ley hipotecaria para no ser "cobradores del frac"

BARCELONA.- Los jueces decanos españoles ponen de relieve la necesidad de cambiar la legislación hipotecaria ante el "problema social" que representa el aumento del número de ejecuciones hipotecarias que provoca la exclusión de muchas familias.

   "No queremos ser meros cobradores del frac", ha ilustrado el juez decano de Bilbao, Alfonso González, durante la comparecencia este miércoles de una representación de los jueces para explicar las conclusiones a las que han llegado después de tres días reunidos en Barcelona con motivo de las XXII Jornadas de Jueces Decanos de España.
   En el mismo sentido, han dado "un apoyo incondicional" al informe del grupo de trabajo designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que critica duramente el sistema de desahucios y propone diversas alternativas para modificar el procedimiento hipotecario.

El Gobierno español aprobará una reducción "muy signficativa" de coches oficiales

MADRID.-  La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que el Ejecutivo va a impulsar una reorganización del parque móvil del Estado que incluirá una reducción "muy significativa" de los coches oficiales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevará la propuesta al Consejo de Ministros de mañana jueves.

    "A quien va a afectar especialmente es a los altos cargos", ha declarado Sáenz de Santamaría en el acto de constitución formal de la comisión de estudio que se encargará de hacer antes del 30 de junio una propuesta de reforma integral de las administraciones públicas, al que ha asistido también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
     La 'número dos' del Gobierno ha explicado que el objetivo del Gobierno es hacer una administración pública "más eficiente", "más eficaz", "más viable", que evite duplicidades y se coordine mejor. Se trata, ha añadido, de hacer una administración pública que sepa "dar respuesta a los ciudadanos en tiempos de crisis".