El ‘caso Lezo’ salpica a Gallardón por utilizar un paraíso fiscal para comprar 'Inassa'

MADRID.- El juez Eloy Velasco investiga la compra por parte del Canal de Isabel II de Inassa, la empresa que controla Aguas de Barranquilla en Colombia. Según informa este martes OkDiario, la compra se hizo desviando 73 millones de dólares (83 millones de euros de entonces y 67 al cambio actual) al paraíso fiscal de Panamá cuando Alberto Ruiz Gallardón estaba al frente de la Comunidad de Madrid.

La operación se cerró a caballo entre 2001 y 2002, nada más llegar a la presidencia del Canal de Isabel II Pedro Calvo, persona de la máxima confianza de Gallardón, que sustituía en el cargo a Carlos Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja, quien casualmente habría dejado el cargo poco antes de que se ejecutara la compra.

En aquella época Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas en la Comunidad de Madrid, era gerente del Canal de Isabel II. El Consejo de Gobierno presidido por Gallardón dio el visto bueno a la operación el 21 de noviembre de 2001.

En una de las conversaciones telefónicas intervenidas a Ignacio González, el expresidente decía que la compra de Inassa “sí que fue un pelotazo”. Lo dijo después de que Cristina Cifuentes, el pasado mes de julio, presentara un informe ante la Fiscalía Anticorrupción en el que detallaba irregularidades en la compra de la braileña Emissao en noviembre de 2013, que se cerró con un pago de 23 millones por una empresa que apenas valía 5. En el caso de Inassa su valor real era de 7 millones de dólares, diez veces por debajo del precio que se pagó.

De hecho, la compra de Inassa se consumó pese a las advertencias que se formulaban de un informe elaborado por el despacho Garrigues en el que se alertaba de la posible ilegalidad de realizar el pago a través de un paraíso fiscal. En él también se ponía en cuestión el precio. Aunque Panamá en este momento no está considerado paraíso fiscal gracias a un acuerdo de colaboración al que se llegó en 2011, en 2001, fecha la que se inició la operación, sí figuraba como tal en el listado de la Agencia Tributaria.

El Grupo Inassa se describe en su página web como “cabecera de expansión de Canal de Isabel II Gestión en América Latina, con amplia trayectoria en la gestión del ciclo integral del agua”. Tiene presencia en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Brasil.

Los altos ejecutivos de EE.UU. ganaron 347 veces más que sus trabajadores en 2016

WASHINGTON.- El salario de los principales ejecutivos de las empresas del índice S&P 500 de Wall Street ascendió en 2016 un 5,9 %, y el ratio de sus ingresos creció a 347 veces más que el del empleado medio, indicó hoy un estudio del sindicato estadounidense AFL-CIO. En 2015, el ratio fue de 335 veces más salario que el de los trabajadores.

El consejero delegado medio de estas empresas recibió una retribución media de 13,1 millones de dólares el pasado año, mientras que el sueldo medio de un empleado se situó en 37.620 dólares.

La compensación de los ejecutivos supone un alza del 5,9 % comparado con el año pasado, mientras que, si se ajusta por la inflación, la de los trabajadores se ha estancado.

"El reporte de este año ofrece mayores evidencias de que la avaricia de los consejeros delegados está impulsando la crisis de desigualdad de ingresos en Estados Unidos", aseguró Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la principal asociación gremial del país.

Trumka remarcó que "las grandes empresas continúan encontrando la manera de modelar la economía a su favor y en línea con los bolsillos de sus jefes a expensas de los trabajadores que hacen que los negocios prosperen".

"Demasiado a menudo, las empresas ven a sus trabajadores como costes que deben ser recortados, más que activos en los que invertir", agregó.

Este incremento ahonda en la tendencia que se ha venido registrando en Estados Unidos en las últimas décadas, y que ha alimentado el recelo respecto a la disparidad de ingresos.

En la década de 1960, los principales ejecutivos recibían un salario cerca de 20 veces más que el de su empleado medio, en 1980 el ratio ascendía a 42 veces y en 1990 a 107 veces.

En 2013, se sobrepasó por primera vez el umbral de ratio de 300 veces la compensación de altos cargos respecto a la de los trabajadores, según un análisis del centro Economic Policy Institute.

Entre los consejeros con mayores ingresos en 2016 figuran Thomas M. Rutledge, de Charter Communications, con 96 millones de dólares anuales (2.100 veces más que el trabajador medio); y Philippe P. Dauman, de Viacom, con 93 millones anuales (2.400 veces el de un empleado).

A continuación, se encuentran Leslie Moonves, de CBS, con 69 millones anuales (1.800 veces); Fabrizio Freda, de Estee Lauder Companies, con 48 millones anuales (1.280 veces); o el jefe de Nike, Mark G. Parker, con 47 millones anuales (1.260 veces).

Estos datos son de dominio público después de que la Comisión del Mercado de Valores (SEC) aprobara durante la Presidencia de Barack Obama (2009-2017) una normativa que exige revelar el ratio entre retribuciones de los consejeros delegados y los sueldos de los empleados, dentro de la ley "Dodd-Frank" de reforma financiera de 2010.

Podemos y ERC reclaman al Senado indagar el papel español en la Guerra de Irak

MADRID.- Unidos Podemos y ERC han presentado este martes una iniciativa para crear una comisión de investigación en el Senado sobre el papel de España en la Guerra de Irak, con especial atención a la "estrategia de comunicación engañosa" que justificó la invasión y a las promesas hechas a empresas españolas para la reconstrucción.

La iniciativa se debatirá en el pleno que la Cámara Alta celebrará dentro de dos semanas y ha sido presentada en rueda de prensa por la senadora de Unidos Podemos Sara Vilà, el senador de ERC Jordi Martí y la representante de la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Irak (CEOSI) Sara Sánchez.

Su propuesta reitera otros intentos previos para esclarecer diversos aspectos de la Guerra de Irak de 2003, tanto en el Congreso como en el Senado, donde Podemos ya buscó sin éxito, en esta misma legislatura, la comparecencia del expresidente del Gobierno José María Aznar para explicar el rol que desempeñó España.

El propósito final de la comisión sería indagar “sobre las causas y consecuencias de la participación de España en la Guerra de Irak” a partir de numerosos aspectos resumidos en siete puntos.

En ellos, según el documento que debatirá el pleno, se alude a la “estrategia de comunicación engañosa citada en el informe Chilcot acordada por Blair y Aznar” a fin de averiguar “qué medios de comunicación españoles participaron en ella y qué cargos públicos colaboraron en generar una ‘buena opinión en los ciudadanos conforme se había hecho todo lo posible para evitar la guerra’”.

También se pretende estudiar el papel de Aznar “para intentar legitimar la invasión”, así como la “influencia” del Gobierno de España en la Cumbre de las Azores, o aclarar por qué el Ejecutivo “decide seguir con la intención de invadir Irak aun sabiendo que no había armas de destrucción masiva”.

En este punto se citan distintas declaraciones de altos cargos sobre la entrada de empresas españolas en las tareas de reconstrucción del país y los beneficios que supondrían para ellas.

El carácter de la misión encomendada a las tropas españolas en Irak y su coste, así como las repercusiones del conflicto en la actual situación del país completan la relación de asuntos que los dos grupos proponentes quieren que sean estudiados por el Senado.

El llamado “informe Chilcot”, una investigación encargada por el ex primer ministro británico Gordon Brown en 2009 considerada muy rigurosa por los promotores de la comisión sirve también de base para justificar su propuesta, y de hecho recuerdan que José María Aznar es citado hasta en once ocasiones en el documento.

La senadora Vilà se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de que senadores de Compromís, o del PDeCAT puedan apoyar la comisión, e incluso del PSOE, habida cuenta del rechazo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mostró a esta guerra, y ha emplazado también a los senadores del PP a respaldarla y “desmarcarse del Gobierno”.

Jordi Martí ha anunciado que el resultado de la votación en pleno de la propuesta les servirá para sopesar las posibilidades de que tenga éxito en el Congreso.

Ha hecho hincapié en que lo que pretenden es “esclarecer la verdad, dirimir responsabilidades, hacer justicia y reparar a las víctimas” e indagar en aspectos concretos como los 6.000 millones de euros supuestamente prometidos a las empresas españolas para la reconstrucción del país.

Además, la senadora Vilà ha rechazado que la Guerra de Irak sea “un tema del pasado o del Paleolítico” porque tras 14 años las consecuencias de esta “devastadora” guerra son “incalculables” como millones de víctimas, incluidos los once soldados y los dos periodistas españoles que fallecieron entonces.

Por su parte, la representante de CEOSI ha recordado que el pueblo iraquí “sigue resistiendo” 14 años después de la guerra aunque las “cifras escalofriantes de asesinados, desaparecidos y muertos” y la repercusión del conflicto ha hecho que “el país que conocimos prácticamente haya desaparecido”. Esta es la razón por la que CEOSI apoya crear una comisión que sirva para “reparar la memoria de los millones de víctimas que ha dejado la Guerra de Irak”.

PP y Podemos se enzarzan en el Congreso por Venezuela y la corrupción

MADRID.- El PP y Podemos se han enzarzado hoy en una discusión en la que los populares han pedido al partido de Pablo Iglesias que "rompa" sus "anclajes" con el Gobierno de Nicolás Maduro, mientras la formación morada ha acusado al partido del Gobierno de usar Venezuela para ocultar su "ciénaga" de corrupción.

El PP ha defendido esta tarde en el pleno del Congreso una proposición no de ley que se votará el jueves y que busca un pronunciamiento de la Cámara para exigir al régimen venezolano que respete la democracia, garantice la separación de poderes y libere a los presos políticos.

Los populares cuentan ya con el apoyo del PSOE, con el que siguen negociando una enmienda para el texto definitivo, y con Ciudadanos y otros partidos como el PNV, mientras que Podemos va a abstenerse.

Se da la circunstancia, además, de que Izquierda Unida -integrada en el grupo de Unidos Podemos- votará por primera vez en esta legislatura de forma distinta a Podemos, ya que lo hará en contra.

El "número tres" del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha sido el encargado de defender la iniciativa y durante buena parte de su intervención se ha dirigido directamente a Podemos para pedir a ese partido que aproveche la ocasión para desvincularse de Maduro, "suelte la mano que les dio de comer" y sean "coherentes" no con el gobierno venezolano, sino con la libertad y la democracia.

"No existen excusas, ninguna, sólo si se considera que Venezuela es una democracia ejemplar", ha dicho Maíllo, recordando que Pablo Iglesias hizo este calificativo en una intervención en televisión en 2013.

El coordinador general del PP ha insistido además en pedir a Podemos que se una al reclamo de las principales organizaciones internacionales y pida la libertad de los presos políticos de ese país.

Con dureza ha respondido a Maíllo el responsable de Exteriores de Podemos, Pablo Bustinduy, quien ha acusado al PP de utilizar Venezuela para desviar la atención sobre los casos de corrupción que le afectan.

Así, ha asegurado que, cuando estalló el caso Lezo y fue detenido el expresidente madrileño Ignacio González o cuando dimitió Esperanza Aguirre, dirigentes del PP como el propio Mariano Rajoy o el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, colgaron mensajes en Twitter para denunciar la situación venezolana.

"Una y otra vez repiten la misma jugada como malos futbolistas que tienen un solo regate y en medio de la ciénaga irresponsable de corrupción" que azota al PP, le ha dicho a los populares Bustinduy.

Además, ha acusado al PP de no haber hecho ni una sola propuesta "viable" para Venezuela y le ha reprochado su actitud "irresponsable" por no contribuir a una "solución política dialogada" para ese país y utilizarlo solo para tratar de "deslegitimar" a Podemos.

Desde el PSOE, Antonio Gutiérrez Limones ha justificado el apoyo a la iniciativa del PP, porque los socialistas, ha dicho, no pueden permanecer impasibles ante la grave situación venezolana, pero ha defendido la enmienda presentada porque insta de forma más explícita no solo a liberar los presos sino también a impulsar un calendario electoral en ese país y facilitar un canal humanitario para los ciudadanos.

Joan Tardá, de ERC, ha acusado a los populares de practicar el "cinismo y la hipocresía" con este asunto y ha dudado de las intenciones del "partido más corrupto de Europa", un calificativo por el que ha pedido la palabra el portavoz del PP, Rafael Hernando, para exigir una rectificación.

Tardá ha aceptado para concretar que quería decir que el PP es el partido con más casos de corrupción abiertos de Europa.

El PP cuenta para la votación del jueves con el apoyo, además del PSOE, de Ciudadanos, y el diputado Fernando Maura ha considerado que España debe liderar una respuesta internacional en favor de la democracia en Venezuela.

También apoya la iniciativa el PNV, que ha recalcado la situación constitucional inaceptable de Venezuela e insostenible para sus ciudadanos, en palabras de Aitor Rivera.

Al debate de esta iniciativa han asistido familiares de presos opositores venezolanos.

El padre de Leopoldo López ha subrayado tras el debate que el apoyo del Congreso español da "mucho aliento" y ha valorado el respaldo recibido y la "unidad de criterio" de la Cámara, salvo alguna "pequeña minoría", a favor de la propuesta.

Por su parte, Mitzy Capriles, mujer de Antonio Ledezma, ha dicho estar agradecida a la Cámara y "doblemente" al PP por proponer la propuesta ante esta "tragedia tan grande" que viven los venezolanos.

La Fiscalía asegura que Ignacio González recurrió a algún juez, fiscal o policía para tener impunidad

MADRID.-La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el expresidente madrileño Ignacio González recurrió a personas con "influencias" en las carreras judicial y fiscal, o incluso de la Policía, "para lograr impunidad en sus acciones", motivo por el que se opone a su puesta en libertad por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En su informe, en respuesta al recurso de apelación interpuesto para reclamar su puesta en libertad tras haber ingresado en prisión el 21 de abril, la Fiscalía recuerda que el propio González admitió en su declaración que recurrió algún miembro del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura "para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar con quién".

En cuanto al arraigo familiar invocado para obtener su excarcelación, Anticorrupción expone que la "mayor parte de los miembros de la familia" del expresidente madrileño "presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un escrito en el que se opone a la excarcelación del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, principal imputado en la 'operación Lezo', según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La defensa de González apeló la semana pasada ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la prisión preventiva que el exdirigente madrileño cumple desde el pasado 21 de abril y solicitó su puesta en libertad alegando que no existe riesgo de que pueda fugarse.

Argumentó, entre otras razones, que huir de la justicia es "materialmente imposible" porque tiene sus bienes embargados y carece de medios económicos, además de tener un "arraigo notorio" en España donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor de las cuales "va a celebrar su boda en pocos meses".

División en la izquierda por la iniciativa sobre el Valle de los Caídos

MADRID.- Contra todo pronóstico, la proposición no de ley del PSOE que pide un nuevo impulso de la Ley de Memoria Histórica y exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, no ha concitado el respaldo de partidos de izquierda como Podemos o ERC, que creen insuficiente la iniciativa de los socialistas.

El pleno del Congreso ha debatido hoy -aunque votará el jueves- esta proposición no de ley del PSOE que, al no tener rango de ley, no es de obligado cumplimiento para el Gobierno.

Podemos amenaza con abstenerse el jueves si no se aceptan sus enmiendas, lo mismo que ERC que incluso se plantea votar en contra ante una iniciativa que califica de "monumento al cinismo político".

Del otro lado, el PP se opone también a la propuesta en su conjunto mientras que Ciudadanos está dispuesta a apoyarla, siempre que no se acepten las enmiendas de ERC y Podemos.

Así las cosas y siempre que no se acerquen posturas de aquí al jueves, la iniciativa no parece que pueda salir adelante por los vetos cruzados.

El PP admite que existen "discrepancias" entre fiscales

MADRID.- El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha admitido este martes que existen "discrepancias" en el seno de la Fiscalía pero ha proclamado que, a diferencia de lo que ocurría antes, en los asuntos de corrupción "ahora no se tapa a nadie" como sucedió, por ejemplo, con el 'caso Pujol'.

Así se ha pronunciado el dirigente 'popular' en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado sobre el hecho de que el fiscal anticorrupción, Manuel Moix, mintiera al afirmar que él no había promovido que se apartara del 'caso Lezo' al fiscal Carlos Yáñez, sino que era el representante del ministerio público quien quería dejarlo.
Hernando ha dicho desconocer la existencia de un decreto en el que Moix releva a Yáñez, pero ha apuntado que, como en tantos colectivos, en el seno de la Fiscalía se producen discrepancias "entre distintas personas".
"Supongo que unas veces tienen razón unos y otras otros", ha añadido, incidiendo en que lo que hay que hacer es "dejar trabajar" a los fiscales y confiar en las instituciones.

Además, ha remarcado que "ahora no se tapa a nadie", que "quien la hace la paga" y, gracias a las normas impulsadas por el Gobierno del PP se "va a recuperar hasta el último céntimo de lo defraudado" en asuntos de corrupción.
"Esto no se hizo con el PSOE", ha sentenciado tras enumerar algunas de la reformas anticorrupción aprobadas entre 2011 y 2015 y asegurar que a los 'populares' "nadie les va a poner colorados" con esta cuestión.
Hernando también ha recordado que el próximo jueves se constituirán en el Congreso sendas comisiones de investigación, una sobre la supuesta financiación ilegal del PP y otra sobre la crisis financiera y el rescate de las cajas y que los 'populares' esperan llegar a un acuerdo con el resto de grupo sobre los miembros de las mesas de sendos órganos.
Para presidir la comisión sobre las cajas se perfila la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, mientras que el diputado de Ciudadanos y vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, podría hacerse con la presidencia de la relativa al PP.

El fiscal cree que el número dos de Interior avisó a Ignacio González de la 'operación Lezo'

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción se opone a la excarcelación del expresidente madrileño Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, ante el riesgo de fuga y de manipulación de pruebas, en un escrito donde alude a una "presunta investigación 'chivada'" del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

En su informe, en respuesta al recurso de apelación interpuesto para reclamar su puesta en libertad tras su ingreso en prisión el 21 de abril, la Fiscalía destaca que el juez Eloy Velasco valoró ya en el auto de prisión "la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar".

Recuerda en este sentido la conversación que se grabó en el despacho del expresidente madrileño a los hermanos Ignacio, Isabel (diputada madrileña) y Pablo González, éste último también en prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros.

En esa conversación, del 6 de marzo, se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad", refiriéndose a José Antonio Nieto quien admitió una reunión con Pablo González dos días después de la reunión de los hermanos.

Los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, relatan cómo antes de esa reunión Pablo González contactó con sus hermanos y en una de esas llamadas al hablar de Ignacio dice: "Le habían avisado de que tenía pinchados los teléfonos...Vamos, vamos se quedó un poco preocupado".

Añade además que el propio González admitió que contactó "con algún alto cargo de la Policía Nacional para saber "cómo estaban algunas cosas y conocer si tenían algún informe que le afectase" y también reconoció que recurrió algún miembro del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o de la Policía "para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar con quien".

"Los investigados han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones", destacan los fiscales.

De hecho aseguran que ha sido "una constante" en esta investigación que González, "junto con otros investigados, se han valido de sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de entorpecer o dilapidar el procedimiento".

Y es que, señalan, "Ignacio González ha demostrado una capacidad real de acción para interferir en el normal desarrollo de la investigación por las vías ilícitas señaladas".

"Para ejecutar esta acción de entorpecimiento de la investigación" González y su hombre de confianza en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, recurrieron "a personas perteneciente al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial".

La Fiscalía habla asimismo de "un pacto delictivo" entre los investigados, cuyo "principal nexo es el conocimiento, la participación y la ocultación de 'componendas ilícitas pagadas con dinero público'".

Sobre el desvío de fondos, la investigación tiene ya acreditado que González "disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta" y en cuanto al arraigo familiar invocado para obtener su excarcelación, la Fiscalía apunta a que la "mayor parte de los miembros de la familia" "presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".

La Fiscalía considera además que el que sea una persona de notoriedad pública tampoco anula el riesgo de fuga, ya que "la realidad judicial de España" ha demostrado que en otros casos en que eso parecía "impensable" la huida finalmente se produjo.

Contra la pueta en libertad de Edmundo Rodríguez

En otro informe, los fiscales también se oponen a la puesta en libertad de Edmundo Rodríguez, cesado hace un año como presidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II.
Principalmente porque el "ingente dinero público desviado permanece oculto", afirma el fiscal, que hace hincapié en el "uso indiscriminado" que se hizo de la empresa pública que presidió Rodríguez de 2003 a 2016.
Inassa fue gestionada, según el fiscal, "como si de una empresa privada se tratase", hasta tal punto que el propio Rodríguez manifestó al juez que "era privada y así se gestionó", aunque luego reconoció que quien ponía el dinero para sus ampliaciones de capital e inversiones era Canal Extensia, empresa pública, y que el dinero comprometido también lo era.
"Estos tejemanejes, alejados del control de los órganos de fiscalización de la Comunidad de Madrid, y sin contar con las autorizaciones legalmente previstas, le han granjeado indiciariamente elevadas ganancias ilícitas",, lo que explicaría sus inversiones inmobiliarias en Colombia, República Dominicana y Londres.
La investigación también apunta a que los imputados pudieron pagar comisiones a funcionarios en Panamá, Colombia o República Dominicana a cambio de adjudicaciones, "negocios que presuntamente siguen a día de hoy reportando ingentes beneficios fraudulentos" a Rodríguez.
"Una de las operaciones más groseras" de Rodríguez, destaca el informe, fue la adquisición de la empresa brasileña Emissao con un sobreprecio de 20 millones de euros de capital público de la Comunidad de Madrid que se desvió y que le generaron unas ganancias que depositó en cuentas de Suiza.

La preocupación por el paro cae a niveles anteriores a la crisis

MADRID.-La preocupación por el paro ha alcanzado en el barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el nivel más bajo desde octubre de 2008, pues es el principal problema para el 69,6 por ciento de los españoles, el menor porcentaje de estos casi nueve años.

También registra su punto más bajo en dicho periodo de nueve años la descripción negativa de la situación económica, que en el barómetro ven mala o muy mala un 55,7 por ciento de los españoles, el menor índice desde junio de 2008.

El estudio de abril del CIS, que se hizo entre los días 1 y 8 de ese mes, antes de que se activara la operación Lezo contra los supuestos casos de corrupción en el Canal de Isabel II de Madrid, consolida a la corrupción como el siguiente problema ciudadano, ya que lo cita un 42 por ciento de los encuestados.

Se frena el aumento que tuvo su pico en el barómetro anterior, de marzo, cuando lo mencionaron como principal preocupación un 44,8 por ciento de españoles.

De nuevo sobre la preocupación por el paro, fue el barómetro de noviembre de 2008 el primero que superó la barrera del 70 por ciento en la lista de principales problemas ciudadanos, y desde entonces siempre ha rebasado ese umbral.
Es decir, con motivo del estallido de la crisis y durante este periodo de secuelas, siete de cada diez ciudadanos, o más, aseguraban que el paro era su principal preocupación. Hasta la encuesta de hoy.
Hay que remontarse al CIS de octubre de 2008 (el paro fue el primer problema del 64,9 por ciento de los entrevistados) para encontrar un índice de preocupación ciudadana menor al 69,6 por ciento de este barómetro de abril.
Asimismo, este último CIS señala que sólo un 15,2 por ciento de los encuestados considera que la situación económica será peor dentro de un año, lo que revela un nuevo descenso en comparación con barómetros anteriores. Desde finales de 2015 el pesimismo no era tan bajo. Por el contrario, más de un 70 por ciento de los ciudadanos opina que la economía, en un año, estará mejor o igual que ahora.

También la percepción sobre la situación política ha disminuido en casi tres puntos, ya que el 68 % de los encuestados declara que es mala o muy mala frente al 70,9 del mes pasado. Un 24 por ciento ve la situación política como regular, un 4,1 % como buena y sólo un 0,1 % la ve muy buena.
Tras el paro y la corrupción, los problemas de índole económico son citados por el 21,2 por ciento de los ciudadanos, en tanto que los partidos políticos son una preocupación para el 20,9 por ciento. Paro, corrupción, economía y partidos ocupan por tanto los primeros cuatro puestos en la lista de problemas de los españoles.
A cierta distancia, la sanidad, que es una preocupación para el 12,6 por ciento de los ciudadanos; la educación, que lo es para el 10,4; y los "problemas de índole social", a los que se refieren un 10,1.
La violencia contra la mujer, en uno de los años en los que se han producido más asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas, aparece como problema para un 2,8 por ciento de los ciudadanos. Las pensiones, para algo más del 4 por ciento.
El 2 por ciento menciona el terrorismo internacional y no llega al 1 por ciento los ciudadanos que hablan del nacionalismo como problema fundamental.

Según el CIS, el PSOE adelanta a Podemos y el PP pierde apoyos

MADRID.- El PP ha perdido un punto y medio en estimación de voto hasta el 31,5 por ciento según el último barómetro del CIS, que refleja una subida de 1,3 puntos para el PSOE -19,9- que recupera la segunda plaza ante la bajada de 2 puntos de Unidos Podemos y sus confluencias, que se quedan con el 19,7.

Según esta encuesta, Ciudadanos sería además el partido que más sube de los cuatro grandes, ya que obtiene 2,5 puntos más que en el sondeo anterior y alcanza el 14,9 por ciento de los votos.
El trabajo de campo de esta encuesta tuvo lugar entre el 1 y el 8 de abril, coincidiendo con la dimisión del presidente murciano Pedro Antonio Sánchez, pero antes de que estallase el caso Lezo con la detención e ingreso en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y después de conocerse que Susana Díaz se presentaría a las primarias del PSOE.
En quinto lugar estaría ERC, que baja una décima y se queda en 2,9 por ciento, seguido de PDeCAT, que sube tres décimas hasta el 2 por ciento y el PNV, que baja siete décimas y se queda en el 1,1 por ciento, el mismo porcentaje que obtendría Bildu, dos décimas por encima del anterior sondeo. Coalición Canaria obtendría un 0,3 por ciento, una décima más que en el anterior sondeo elaborado el mes de enero pasado.
Es el segundo barómetro consecutivo en el que el PP pierde apoyos desde que se celebraron las últimas elecciones generales. La encuesta de octubre reflejaba una estimación de voto para los 'populares' del 34,5 por ciento, que cayó al 33 por ciento en enero, y que ahora se ha quedado en el 31,5 de los sufragios.
En voto directo -sin la estimación del CIS- el PP también desciende del 20,7 por ciento de enero al 18,5 por ciento de abril, mientras que el PSOE sube del 12,7 al 13,4 por ciento.
También en este apartado, Unidos Podemos y sus confluencias se deja casi un punto hasta el 14,1 de voto directo, en la primera encuesta que publica el CIS desde la asamblea de Vistalegre II en la que las tesis de Íñigo Errejón fueron derrotadas y se produjo una profunda reestructuración del partido.
Ciudadanos vuelve a ser el partido que más sube en voto directo, del 8,0 por ciento en enero a 9,2 por ciento en el barómetro de abril.

Centenares de guardias civiles cobran las horas extras casi dos años después de hacerlas

MADRID.- El Gobierno reconoció que unos 7.500 guardias civiles recibieron en enero las retribuciones que les correspondían a las horas de exceso, nocturnas y festivas trabajadas en abril de 2015 y que no recibieron en su día.

Según figura en una respuesta parlamentaria al diputado de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado, la Dirección General de la Guardia Civil debía diversos conceptos de productividad a agentes desde hace casi dos años y que pueden suponer en la nómina entre 300 y 600 euros, según la escala del agente.

"Es inaceptable el estado de abandono y el desprecio con el que este Gobierno trata a los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil. Precisamente el PP, el que más habla de patria, es el que menos cumple con los servidores de la misma", denunció Delgado, exmiembro del instituto armado.

Además de las horas extras, nocturnas o festivas que no fueron abonadas, la respuesta del Ejecutivo también admite que en las nóminas del pasado mes de febrero se abonaron los retrasos del llamado abono de trabajador nocturno correspondientes a 2015, así como el 2016.

En total, fueron perceptores del pago de este concepto de productividad 5.676 agentes, de los cuales 3.401 son de abonos con retraso de 2016 y 2.274 de 2015.

A juicio de Delgado es "muy injusto" que los agentes tengan que soportar, además de la discriminación salarial que padecen, "el retraso de las retribuciones por un trabajo que ya han realizado".

La juez archiva una denuncia a Ruiz Gallardón por los sobrecostes de la M-30

MADRID.- Un juzgado de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia presentada contra el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón (2003-2011), por la presunta comisión de sendos delitos de malversación y prevaricación administrativa por la "omisión de los trámites esenciales en la constitución y transformación" de la entidad 'Madrid Calle 30 S. A.', responsable de la gestión y ejecución de las partidas públicas destinadas a la remodelación de la principal carretera de circunvalación de la ciudad. 

La magistrada Luisa Lázaro ha rechazado investigar la presunta apropiación indebida de fondos públicos y falseamiento de las cuentas públicas de la entidad, denunciada por el partido político Contrapoder, dirigido por el abogado murciano José Luis Mazón. 

El argumento de la juez para archivar la denuncia es que "el control económico y presupuestario de los entes autonómicos se ejerce tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Cámara de Cuentas en el ámbito que les es territorialmente propio, en este caso Madrid".

Asimismo, añade la magistrada que "la actuación de tales entes fiscalizadores del sector público se contrae a su propio ámbito competencial, con exclusión en todo caso de aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de delito, proponiendo en la correspondiente memoria las medidas a adoptar, en su caso, para la mejora de la gestión económica y financiera del sector público". 

Por lo tanto, concluye que no queda debidamente acreditada la perpertración de infracción penal alguna de Ruiz Gallardón.

Según la denuncia, se han perpetrado multitud de gravísimas irregularidades constatadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en su informe de fiscalización de la empresa mixta municipal 'Madrid Calle 30', en los ejercicios de 2012 y 2013, "cuya apariencia de diversos tipos delictivos era más que evidente", como las graves irregularidades de falseamiento de cuentas y sobreprecios (malversaciones) y delitos de falsificación de contabilidad pública conectadas a la misma mercantil mixta.

Ante el sobreseimiento provisional, el denunciante José Luis Mazón ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para que obligue a la juez a investigar los hechos.

Las familias y empresas españolas en quiebra suben casi un 50% hasta marzo

MADRID.- Las familias y empresas españolas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas aumentaron un 3,9% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2016, hasta sumar 1.319, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este martes.

En concreto, las familias que se declararon en concurso de acreedores ascendieron a 263, lo que supone un incremento del 42,9% respecto al mismo trimestre de 2016, mientras que las empresas concursadas bajaron un 2,7%, hasta sumar 1.056 procedimientos de quiebra.

En tasa intertrimestral (primer trimestre del año sobre cuarto trimestre de 2016), el número de deudores concursados aumentó un 0,8%, con un repunte del 31,5% en el número de familias declaradas en concurso y un descenso del 4,8% en el caso de las empresas concursadas.
De las 1.056 empresas que entraron en concurso en el primer trimestre, 118 eran sociedades anónimas, con un descenso interanual del 0,8%, mientras que 842 eran sociedades limitadas, un 4% menos que en el primer trimestre de 2016.

Las personas físicas con actividad empresarial elevaron los procesos concursales un 38,3% en tasa interanual, hasta totalizar 65, y los incrementaron un 10,2% respecto al trimestre anterior.
Durante el primer trimestre, los concursos voluntarios subieron un 3,7% en relación al mismo periodo de 2016, hasta sumar 1.213, en tanto que los concursos necesarios avanzaron un 7,1%, con un total de 106 procesos.
Por clase de procedimiento, los concursos ordinarios aumentaron un 5% en tasa interanual y los abreviados, un 3,8%, hasta 190 y 1.129 procesos, respectivamente.