viernes, 21 de junio de 2013

Sale a la luz la “Rebelión de Alicante”: políticos españoles muestran temor a inaugurar obras

MADRID.- Diputados y senadores mostraban temor y preocupación en los pasillos de las cámaras ubicadas en Madrid por los incidentes sucedidos en Alicante durante la inauguración del AVE. Lo que se preveía un día de fastos y fanfarrias se transformó, gracias a la actitud decidida de casi un millar de ciudadanos, en un acto de rebeldía frente a Mariano Rajoy, el príncipe Felipe y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada por corrupción.  Los vídeos ciudadanos, alguno de los cuales alcanzó 70.000 visitas en 48 horas, han permitido calibrar el alcance de las ruidosas protestas de los alicantinos. 

Los parlamentarios españoles temen que las protestas en las inauguraciones políticas de las millonarias obras públicas, que se sucederán durante un año hasta las próximas elecciones europeas, transformen lo que todos creían “un sueño” para una ciudad en una “pesadilla” para quienes acuden a lo que vulgarmente se llama “hacerse la foto”. Y muestran su “temor” porque ya no está garantizada su seguridad personal, algo que han podido comprobar los numerosos cargos públicos de PP y PSOE que acudieron a la cita, entre ellos la ex ministra socialista Magdalena Alvarez, conocida como “Maleni”, que acudió a respaldar a Rajoy, el príncipe Felipe y los ministros Ana Pastor y García Margallo.
En el Congreso de los Diputados y en el Senado se conoce ya oficiosamente como “la rebelión de Alicante” lo que acaeció el 17-J en esta ciudad. Y en los pasillos de las cámaras no se hablaba de otra cosa. Aunque las televisiones oficiales minimizaron todo lo que pudieron las protestas, gracias a los vídeos emitidos en internet, particularmente en youtube, se ha sabido que la mayor parte de los ciudadanos alicantinos que acudieron a la inauguración de esta fastuosa obra, lejos de alegrarse por ella, asistieron no para aplaudir sino para protestar pacífica pero ruidosamente.
Los políticos que se expresaban confidencialmente en las cámaras eran sobre todo pertenecientes a la Comunidad Valenciana, pero también de otras zonas limítrofes o cercanas como Murcia, Castilla la Mancha, Cataluña, Aragón o Andalucía. Y en todos ellos se evidenciaba un rostro de preocupación, mezclado a veces con la ansiedad: a partir de este 17-J en Alicante, ya nada será lo mismo.
Lo que el político local considera como un “día de gloria personal” (la inauguración de una costosa obra pública para “hacerse la foto” con ministros, presidentes y hasta miembros de la Casa Real) ahora es un acto público que es sinónimo de “bochorno”, “deshonra” y hasta “peligro para nuestra integridad personal”, según comentaban entre ellos en privado. Y es que los alicantinos, quizás sin saberlo, han reproducido lo que hace un siglo y medio ocurrió en la cercana ciudad de Cartagena: el 12 de julio de 1873 los ciudadanos cartageneros también mostraron su rebeldía y se sublevaron contra sus autoridades para expresar su descontento. En aquel 12-J se acuñó la conocida frase española de “¡Viva Cartagena!”, sinónimo durante muchos años del cantonalismo como expresión de rebeldía popular frente al naufragio del Estado.
La tumultuosa inauguración del AVE de Alicante también ha puesto en guardia a la “clase política” española por otros dos motivos. Sabedores de que los jueces respaldan el derecho de manifestación y protesta de los ciudadanos, los sindicatos policiales han advertido a sus afiliados que no pueden quebrantar este principio constitucional porque también ellos van a hacer uso del mismo y está penado por la ley reprimirlo. Al tiempo, los diputados y senadores han conocido que en las recientes protestas que han tenido lugar en Brasil, han sido los propios policías los que se han puesto de parte de los manifestantes, en algunos casos incluso deponiendo sus armas, lo que ha obligado a recular a la presidenta Dilma Rousseff.

La Fiscalía se opone a que el ex presidente Aznar declare como testigo por los sobresueldos del PP

MADRID.-  La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el expresidente del Gobierno José María Aznar declare como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas, al considerar que el pago de sobresueldos "no revela a priori ninguna actividad de naturaleza delictiva, que en cualquier caso y por el tiempo en que tuvieron lugar no podrían ser objeto de persecución".

   En un escrito remitido este viernes al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el fiscal Antonio Romeral señala que la declaración de Aznar, solicitada por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), "no resulta ni necesaria ni útil" para el esclarecimiento de los hechos investigados al no aportar "ningún conocimiento adicional, relevante y necesario".
   El Ministerio Público sostiene que la contabilidad oficial del PP recoge pagos a Aznar de 782.695,12 entre 1990 y 1996 que no tienen "ningún reflejo" en los 'papeles de Bárcenas'", por lo que su declaración por este extremo no resultaría "ni tan siquiera útil a los efectos de obtener algún indicio sobre la verosimilutud de dichos documentos".
   En relación con las "entregas J.M." que aparecen consignadas en los 'papeles de Bárcenas' entre abril y agosto de 1990 por importe de 1.530.000 pesetas (9.195,49 euros), el fiscal sostiene que no existe "ningún elemento o indicio" que permita afirmar que estas iniciales "se correspondan con las del testigo".
 "Y en cualquier caso ningún efecto tendría ello en el ámbito de la investigación que se lleva a cabo", añade el escrito.
   ADADE, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, también reclamó que el exjefe del Ejecutivo explicara ante el juez si autorizó el pago de 3.600 euros mensuales al exconsejero navarro Calixto Ayesa entre 1991 y 1995, tal y como aparecía en los manuscritos de Bárcenas y corroboró ante el juez el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo.
   A pesar de que estos pagos también "carecerían de relevancia penal", el Ministerio Público señala que en la declaración de Del Burgo no existe "contradicción alguna" con la de Ayesa, que confirmó los pagos como compensación al cierre de su clínica dermatológica, ni "motivo de desconfianza".
   En el escrito, Romeral también acusa a ADADE de mostrar un interés en la causa que "se aparta del que ha de presidir la instrucción judicial de esclarecer los hechos presuntamente delictivos que conforman su objeto". 
"Su interés se centra más bien en someter la conducta del testigo a la censura y valoración, al menos, de las partes, en relación con los hechos en que fundamenta su petición, lo que excede de la función del proceso penal", apunta.
   ADADE quería que la declaración tenga lugar en la sede de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), de la que Aznar es presidente, al haber renunciado a su puesto en el Consejo de Estado por ser "incompatible" con su condición como "miembro del Consejo de Administración de un grupo internacional de comunicaciones".

El Gobierno español prevé ahorrar 37.700 millones con la reforma de la Administración

MADRID.- El Gobierno español de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 37.700 millones de euros con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público, entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación. 

  Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha presentado las medidas que contienen el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), algunas de las cuáles ya adelantó hace dos días el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Si se aplicasen las 217 medidas recogidas en ese documento, el ahorro sería de 6.500 millones
  Sáenz de Santamaría ha avanzando que el Ejecutivo ha creado además una Oficina de seguimiento de este proyecto, puesto que su aplicación se plantea a largo plazo. Al frente de la misma estará Angelines Trigo, inspectora de los servicios de la Administración General del Estado y que tendrá rango de subsecretaria, que realizará un informe cada tres meses sobre la implantación de la reforma y anualmente presentará un "análisis exhaustivo y global de lo hecho y de lo que queda por hacer".
  La portavoz del Ejecutivo ha explicado que 37.000 millones es la cifra "global" del ahorro incluyendo desde el 2012 al 2015, y todo el "adelgazamiento" de las administraciones públicas, esto es, las medidas de la CORA, la reforma local -cuyo ahorro se aproxima a los 8.000 millones de euros-- y las medidas estructurales sobre empleo público --alrededor de 19.000 millones--.
   Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha calculado lo que ahorra la administración y lo que ahorra el ciudadano. Según ha dicho, hasta su completa implantación en el 2015 la reforma genera a las administraciones públicas un ahorro de 6.500 millones y al ciudadano de 16.300 millones.
   Sin embargo, muchas de esas medidas dependen de la voluntad de las comunidades autónomas, a las que se les ofrece "una guía" de recomendaciones y sugerencias para ahorrar y mejorar su situación financiera en el cumplimiento de los objetivos de déficit. De hecho, el informe del Gobierno incluye en concreto 120 medidas sobre duplicidades.
   Fuentes gubernamentales han admitido que en los 6.500 millones de euros que calcula el Ejecutivo se han contabilizado las medidas sobre duplicidades como la supresión de defensores del pueblo autonómicos, tribunales de cuentas o agencias de protección de datos. Las mismas fuentes han explicado que el Gobierno tiene cálculos sobre lo que cuesta tramitar una queja ante el Defensor del Pueblo Nacional, que ascendería a unos 400 euros, y lo que cuesta ante el mismo órgano a nivel autonómico, que se elevaría a unos 800 euros.
  Sáenz de Santamaría ha subrayado en la rueda de prensa que el objetivo del Gobierno es hacer una administración "más racional, más eficaz y eficiente", así como que "funcione mejor" y de una "manera más barata".
   En parecidos términos se ha expresado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ha señalado que es una reforma dotada de "autenticidad" que pretende hacer más eficaces a las administraciones para que sean "trampolines" para salir de la crisis económica.

El precio del progreso / Boaventura de Sousa Santos *

Con la elección de la presidenta Dilma Roussef, Brasil quiso acelerar el paso para convertirse en una potencia global. Muchas de las iniciativas en ese sentido venían de atrás, pero tuvieron un nuevo impulso: Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente, Rio+20 en 2012, Mundial de Fútbol en 2014, Juegos Olímpicos en 2016, lucha por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, papel activo en el creciente protagonismo de las “economías emergentes”, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur), nombramiento de José Graziano da Silva como director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2012 y de Roberto Azevedo como director general de la Organización Mundial del Comercio a partir de 2013, una política agresiva de explotación de los recursos naturales, tanto en Brasil como en África, principalmente en Mozambique, fomento de la gran agricultura industrial, sobre todo para la producción de soja, agrocombustibles y la cría de ganado.

Beneficiado por una buena imagen pública internacional granjeada por el presidente Lula y sus políticas de inclusión social, este Brasil desarrollista se impone ante el mundo como una potencia de nuevo tipo, benévola e inclusiva. No podía, pues, ser mayor la sorpresa internacional ante las manifestaciones que en la última semana sacaron a la calle a centenares de miles de personas en las principales ciudades del país. Si ante las recientes manifestaciones en Turquía la lectura sobre las “dos Turquías” fue inmediata, en el caso de Brasil fue más difícil reconocer la existencia de “dos Brasiles”. Pero está ahí a ojos de todos. La dificultad para reconocerla reside en la propia natureza del “otro Brasil”, un Brasil furtivo a análisis simplistas. Ese Brasil está hecho de tres narrativas y temporalidades. La primera es la narrativa de la exclusión social (uno de los países más desiguales del mundo), de las oligarquías latifundistas, del caciquismo violento, de las élites políticas restrictas y racistas, una narrativa que se remonta a la colonia y se ha reproducido sobre formas siempre mutantes hasta hoy. La segunda narrativa es la de la reivindicación de la democracia participativa, que se remonta a los últimos 25 años y tuvo sus puntos más altos en el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1988, en los presupuestos participativos sobre políticas urbanas en centenares de municipios, en el impeachment del presidente Collor de Mello en 1992, en la creación de consejos de ciudadanos en las principales áreas de políticas públicas, especialmente en salud y educación, a diferentes niveles de la acción estatal (municipal, regional y federal). La tercera narrativa tiene apenas diez años de edad y versa sobre las vastas políticas de inclusión social adoptadas por el presidente Lula da Silva a partir de 2003, que condujeron a una significativa reducción de la pobreza, a la creación de una clase media con elevada vocación consumista, al reconocimiento de la discriminación racial contra la población afrodescendiente e indígena y a las políticas de acción afirmativa, y a la ampliación del reconocimiento de territorios y quilombolas [descendientes de esclavos] e indígenas.

Lo que sucedió desde que la presidenta Dilma asumió el cargo fue la desaceleración o incluso el estancamiento de las dos últimas narrativas. Y como en política no existe el vacío, ese terreno baldío que dejaron fue aprovechado por la primera y más antigua narrativa, fortalecida bajo los nuevos ropajes del desarrollo capitalista y las nuevas (y viejas) formas de corrupción. Las formas de democracia participativa fueron cooptadas, neutralizadas en el dominio de las grandes infraestructuras y megaproyectos, y dejaron de motivar a las generaciones más jóvenes, huérfanas de vida familiar y comunitaria integradora, deslumbradas por el nuevo consumismo u obcecadas  por el deseo de éste. Las políticas de inclusión social se agotaron y dejaron de responder a las expectativas de quien se sentía merecedor de más y mejor. La calidad de vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional, que absorbieron las inversiones que debían mejorar los transportes, la educación y los servicios públicos en general. El racismo mostró su persistencia en el tejido social y en las fuerzas policiales. Aumentó el asesinato de líderes indígenas y campesinos, demonizados por el poder político como “obstáculos al crecimiento” simplemente por luchar por sus tierras y formas de vida, contra el agronegocio y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos (como la presa de Belo Monte, destinada a abastecer de energía barata a la industria extractiva).

La presidenta Dilma fue el termómetro de este cambio insidioso. Asumió una actitud de indisimulable hostilidad hacia los movimientos sociales y los pueblos indígenas, un cambio drástico respecto a su antecesor. Luchó contra la corrupción, pero dejó para los aliados políticos más conservadores las agendas que consideró menos importantes. Así, la Comisión de Derechos Humanos, históricamente comprometida con los derechos de las minorías, fue entregada a un pastor evangélico homófobo, que promovió una propuesta legislativa conocida como cura gay. Las manifestaciones revelan que, lejos de haber sido el país que se despertó, fue la presidenta quien se despertó. Con los ojos puestos en la experiencia internacional y también en las elecciones presidenciales de 2014, la presidenta Dilma dejó claro que las respuestas represivas solo agudizan los conflictos y aislan a los gobiernos. En ese sentido, los alcaldes de nueve capitales ya han decidido bajar el precio de los transportes. Es apenas un comienzo. Para que sea consistente, es necesario que las dos narrativas (democracia participativa e inclusión social intercultural) retomen el dinamismo que ya habían tenido. Si fuese así, Brasil mostrará al mundo que sólo merece la pena pagar el precio del progreso profundizando en la democracia, redistribuyendo la riqueza generada y reconociendo la diferencia cultural y política de aquellos que consideran que el progreso sin dignidad es retroceso.

(*)  Doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y catedrático de Sociología en la Universidad de Coímbra

La pobreza y la desnutrición infantil en la agenda política / José Oneto

Después de numerosos señales de alarma, se están produciendo las primeras reacciones para afrontar una serie de problemas que ha provocado la crisis económica y que afectan, sobre todo, a la población infantil: la desnutrición, el raquitismo, la falta de alimentos que hacen que muchos niños se vean obligados a vivir confiando solamente en Cáritas y en los Bancos de Alimentos, y la progresiva exclusión social de muchos menores, que les hace vivir en un mundo, que en nuestro país, no se conocía desde el final de la Guerra civil.

El que este verano, en plenas vacaciones muchos colegios españoles tengan que abrir sus puertas para poder dar de comer a parte de esa población infantil, al borde de la exclusión social, que carece de recursos y que solo tienen acceso a las comidas que les proporciona el Colegio (caso de Canarias, o caso de Andalucía, donde se está dando tres comidas diarias a la población infantil sin otros recursos) ha hecho que intervenga la Defensora del Pueblo y que el Gobierno, por boca de su presidente, haya anunciado en el Parlamento que, parte del 0,7% de la declaración de la Renta que se dedica a fines sociales, se atenderá especificamente a la pobreza infantil, y que en el plazo de seis meses, se presentará un plan contra la exclusión social.

Pero, teniendo en cuenta la proximidad del periodo de vacaciones escolares, La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha solicitado información sobre el número aproximado de menores que pueden estar en esta situación y sobre las intervenciones que se están llevando a cabo para atender la alimentación adecuada de los mismos. También quiere conocer el coste y las previsiones temporales para la puesta en marcha de medidas destinadas a paliar estos problemas.

La Defensora del Pueblo considera que la alimentación infantil debe ser una prioridad para los servicios sociales de las Comunidades Autónomas y, en ese esfuerzo, deben comprometerse el conjunto de las administraciones públicas. Por este motivo, tras conocer informes que alertaban de situaciones de alimentación inadecuada de los menores, la Defensora, ha decidido iniciar esta investigación de oficio, para promover e incentivar medidas que palíen la alarmante desnutrición infantil, que se ha detectado en colegios donde los niños sufren desmayos e, incluso alteraciones del carácter, según han denunciado los servicios sociales.

Las estadísticas nacionales señalan que el 26% de los menores españoles, 2,2 millones de niños, viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza, por lo que por primera vez se sitúan como el colectivo más pobre de España. Así se desprende del último informe sobre la infancia. El impacto de la crisis en los niños realizado por Unicef, que destaca que en dos años hay casi 205.000 niños más que viven en hogares cuyos ingresos son inferiores a 16.000 euros anuales para una unidad familiar de dos adultos y dos niños.

Subraya que el número de hogares con niños con todos los miembros adultos sin trabajo ha crecido un 120% entre 2007 y 2010, lo que según esta organización demuestra que el impacto de la crisis está siendo más fuerte en las familias con menores que en aquellos núcleos en los que no hay niños. Además, los datos de Unicef España ponen de relieve que se ha intensificado la vulnerabilidad en aquellos hogares que ya padecían una situación de pobreza crónica, aquellos que llevan tres de los cuatro últimos años bajo el umbral de la pobreza.

Ahora, después de que el PP rechazase una propuesta socialista para aprobar un vasto plan contra la pobreza, el Gobierno ha prometido incluir en su agenda la situación del sector más débil del escalón social, la población infantil y ha prometido la presentación de un Plan contras la exclusión social, en el plazo de seis meses, un plazo probablemente demasiado largo para los niños con hambre y que tienen la nevera vacía, según se ha denunciado en el Parlamento. 

“La malnutrición es propia de países subdesarrollados”, ha dicho esta semana Rosa Díez de UPyD (Unión Progreso y Democracia) en una interrelación al Gobierno, tras enumerar los casos que hay en España – Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, especialmente – de niños que no comen suficientemente en sus hogares como constatan en los colegios y que se ha llegado a la creación de programas especiales para que coman tres veces al día.”

En este sentido, y, aunque su grupo votó en contra de la iniciativa socialista de crear un fondo de 1.000 millones de euros contra la pobreza, hasta la diputada del Grupo Popular Susana Camarero ha reconocido la gravedad de la situación al invocar el informe de UNICEF 2012-13 en el que señala que el 13,7% de los menores de 18 años vive en hogares con un nivel “de pobreza alto”. Se trata de familias con dos niños menores de 14 años y con ingresos inferiores a 10.983 euros. “Es la cifra más elevada de todos los países de la Unión Europea de los 15, y solo tienen por debajo a Rumanía y Bulgaria en la Europa de los 27″.