lunes, 17 de diciembre de 2012

La Cumbre Social vuelve a exigir la celebración de un referéndum sobre los recortes del Gobierno español

MADRID.-   La Cumbre Social ha vuelto a exigir la celebración un referéndum sobre las políticas que está llevando a cabo el Gobierno durante la lectura del manifiesto que se ha producido tras la manifestación que este lunes por la tarde ha recorrido Madrid contra la decisión del Ejecutivo de no revalorizar las pensiones conforme al IPC del pasado mes de noviembre.

   Purificación Sáez Figueroa, del Sindicato de Secretarios Judiciales (SiSej), y Amalia Camacho, de la Asamblea de Cooperación por la Paz, encargadas de la lectura del manifiesto, detallaron los motivos por los que la Cumbre Social "insiste en exigir la celebración de un referéndum", y ha adelantado que, para ello, iniciará una campaña de recogida de apoyos "en las próximas semanas".
   Las manifestaciones que se han producido este lunes tanto en Madrid como en otras 55 ciudades españolas pretenden denunciar "que tanto el Gobierno de España como los ejecutivos autonómicos continúan eliminando derechos sociales y colectivos y desmantelando prestaciones y servicios esenciales".
   En concreto, el manifiesto se refirió a la nueva ley de tasas judiciales, "que convierte el acceso a la Justicia en algo inalcanzable para los colectivos sociales con menos recursos económicos". "La Cumbre Social se opone a este brutal retroceso del Estado de Derecho, frente al que ya han manifestado su oposición innumerables colectivos grupos sociales y aquellos relacionados directamente con la administración de Justicia", subrayaron.
   En cuanto a los desahucios, la Cumbre Social destacó que la respuesta del Gobierno a esta "dramática" situación "es tan insuficiente que excluye a la mayoría de los afectados y no responde a las denuncias y propuestas de cambio que desde hace años plantean las plataformas de afectados".
   Sobre la educación, la cumbre exigió un pacto social que surja del diálogo y el consenso de las fuerzas políticas, sociales y educativas, "con medidas para reducir los problemas de España más acuciantes, como la tasa de fracaso escolar o el abandono temprano". Para el colectivo, el Ejecutivo ha planteado una reforma de este sector "basada en la ideología ultraconservadora y clasista y en la vulneración de derechos lingüísticos de las comunidades autónomas".
   No obstante, la principal reivindicación de la Cumbre Social ha sido la no revalorización de las pensiones. En este sentido, el manifiesto critica  que el Gobierno haya modificado los criterios de utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, "arriesgando la futura viabilidad del sistema, y lo ha hecho vulnerando el Pacto de Toledo".
   "Todo esto, sumado a la implantación de copago para los pensionistas en el Sistema Nacional de Salud, supone un hachazo a las condiciones de vida de más de ocho millones de pensionistas y consecuencias muy negativas para el consumo, la actividad económica y el empleo".
   Además, las encargadas de leer el manifiesto recordaron que las pensiones "son el único ingreso de muchas familias, y este incumplimiento del Gobierno afecta de manera muy especial a las mujeres, cuyas pensiones son claramente inferiores".
   Por todo ello, la cumbre exige la celebración de ese referéndum e irá adelantando durante las próximas semanas las medidas de apoyo encaminadas a conseguirlo. Asimismo, ha avanzado su respaldo a las movilizaciones que prepara la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en toda Europa para finales de marzo del próximo año.

El Tribunal de Cuentas sugiere que se ahorre 900.000 euros en subvenciones a sindicatos y patronal

MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha apuntado al Gobierno la posibilidad de ahorrar anualmente casi 900.000 euros en subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales sólo con incluir al Consejo Económico Social (CES) dentro de los órganos consultivos en los que se remunera la participación.

   Así se recoge en el informe sobre el CES relativo a 2010 que la entidad fiscalizadora acaba de remitir a las Cortes.
   Según recuerda el Tribunal, un real decreto de 2008 regula la concesión de forma directa de subvenciones a las distintas organizaciones sindicales y organizaciones empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (el Servicio Público de Empleo Estatal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, entre otros).
   A través de un sistema de módulos, se compensa la participación en un órgano consultivo nacional por un importe de 2.838 euros por representante y año, y por participación en un órgano consultivo regional, por un importe de 2.245 euros anuales por representante.
   En 2007, la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas pidió "ajustar normativamente la auténtica naturaleza jurídica de las compensaciones económicas" para similar finalidad y ahora la institución ha concluido aconsejando incluir al Consejo Económico y Social dentro de esa lista de organismos por cuya participación el Gobierno otorga subvención.
   A su juicio, las subvenciones que otorga el CES por asistir a sus órganos colegiados tienen una finalidad similar, pero existe una diferencia del 573,7% superior entre la compensación estipulada en el decreto de 2008 (de 2.838 euros por representante y año) y la recibida por las organizaciones representadas en el Consejo Económico y Social (19.119 euros por representante y año). "El ahorro que se conseguiría con la modificación normativa ascendería a 879.174 euros anuales", sostiene el Tribunal de Cuentas.
   Además, subraya que en todo caso sindicatos y patronal perciben otro tipo de subvenciones en el CES, con lo que en realidad, en lugar de los 19.119 euros por consejero y año, en 2010 se abonó, para todas las organizaciones representadas en el Consejo, un total de 26.829,59 euros por consejero, un importe un 40,2% superior.
   En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas "considera conveniente que el Gobierno valore la posibilidad de incluir a los órganos colegiados del Consejo Económico y Social en el real decreto que regula la concesión de forma directa de subvenciones a las distintas organizaciones sindicales y empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social".
   En el mismo informe, la institución fiscalizadora considera que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social debe normalizar la situación jurídica en la que se encuentra el edificio utilizado por el Consejo Económico y Social como sede, dado que actualmente es propiedad de dicho Ministerio, así como regularizar, en su caso, la cesión a las organizaciones representadas en el Consejo, que actualmente disponen de tres plantas para su libre disposición.

Las ejecuciones hipotecarias en España han crecido un 134% en 2012

MADRID.- El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha informado en el Congreso de los Diputados de que las ejecuciones hipotecarias han registrado un incremento del 134,13% en 2012, lo que ha acarreado la "consiguiente creación de un conflicto social".

   Durante su intervención en la Comisión de Justicia para presentar la Memoria correspondiente a 2011, Moliner ha destacado que el número de asuntos ingresados en la Jurisdicción Civil en los tres primeros trimestres de 2012 ha disminuido un 3,05%.
   Esta reducción ha sido provocada por la disminución experimentada en los Juzgados de Primera Instancia (-3,56%), Mercantiles (-2,16%), y Primera Instancia e Instrucción (6,40%).
   No obstante, el presidente del órgano de gobierno de los jueces ha precisado que en los asuntos computados para medir su entrada en los órganos jurisdiccionales no se han tenido en cuenta los procesos monitorios ni las ejecuciones hipotecarias, que, por el contrario, "se han incrementado notablemente" hasta alcanzar el 52,36% los procesos monitorios y el 134,13% las ejecuciones hipotecarias reales.
   Según ha dicho, estos datos llevan a la conclusión de que "en realidad no ha descendido la litigiosidad, sino que se ha modificado la calidad de la misma, siendo sorprendente el incremento de las ejecuciones hipotecarias con la consiguiente creación de un conflicto social de reciente memoria", en referencia a los desahucios.

Una juez anula comisiones por descubierto de un banco a un cliente por ser "indebidas" y no haber hecho servicio alguno

VALENCIA.-  La jueza del juzgado de primera instancia número uno de Picassent (Valencia) ha anulado las comisiones por descubierto establecidas por una entidad bancaria a su cliente al considerar que son "indebidas" y porque no responden a ningún servicio prestado. Según la magistrada, con ello se encubre en realidad "unos intereses que rayan la usura", por lo que estima que deben dejarse sin efecto sin que el hecho de que  la empresa demandada hubiera admitido liquidaciones anteriores justifique que el juzgado deba admitir que se sigan produciendo "abusos de derecho o prácticas bancarias abusivas". 

   Así consta en una sentencia, de fecha 26 de noviembre, en un caso en el que la jueza desestima la demanda de la entidad contra el cliente y acepta, por el contrario, la reconvencional interpuesta por la abogada de la empresa Carmen Juan Clavijo, contra el banco, que deberá pagar 28.758 euros a la parte afectada. En el contrato suscrito se pactaba una liquidación trimestral, un interés nominal anual en descubierto del 29 por ciento, comisión por mantenimiento y comisión de descubierto de 2,4 por ciento sobre el mayor descubierto contable producido en el periodo de liquidación.

   La entidad pedía al cliente 7.135 euros por incumplimiento de contrato de cuenta bancaria suscrito en una sucursal en marzo de 2003. La empresa demandada alegaba que la cantidad reclamada procedía de la acumulación de partidas indebidamente cobradas desde la apertura de la cuenta sin que se hubiera respetado la comisión por descubierto contable producido en el periodo de liquidación ni los periodos de liquidación. Al mismo tiempo, sostenía que se había repercutido dos veces por lo mismo, al cobrar intereses y comisiones por descubierto, sin que obedezca este concepto a prestar servicio alguno.

   La magistrada considera que las modificaciones de la comisión por descubierto y los periodos de liquidación realizadas por la entidad bancaria son legítimas porque se cumplieron los requisitos exigidos, si bien estima que no se ha acreditado que la comisión cobrada responda a un servicio efectivamente prestado.

   Así, señala que si además de los intereses de descubierto se gira la comisión por el mismo concepto, el cliente resulta "doblemente gravado" y, por el mismo hecho, se le cobra dos veces, por intereses y por comisión, "lo que excede con mucho de la consideración de las cláusulas penales" conforme al Código Civil.

   En este sentido, subraya que la entidad no está realizando servicio alguno inherente a la situación de descubierto y subraya que repercutir además de un tipo de interés una comisión de exceso o descubierto, "carece de justificación legal y supone un doble cobro generador de enriquecimiento injusto".

Interior regulará los "méritos objetivos" para la concesión de medallas en la Policía española

MADRID.- El Ministerio del Interior regulará los "criterios y méritos objetivos" que deberán concurrir para la concesión de medallas en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), según ha indicado el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria.

   "El Ministerio del Interior trabaja en estos momentos en el estudio normativo de los criterios y méritos objetivos que deberán concurrir para la concesión de cualquier reconocimiento policial", dice el Ejecutivo en respuesta a una pregunta de UPyD, que reclamó modificar la Ley que establece la reglamentación de la Orden de Mérito Policial para adaptarla a los nuevos tiempos.
   El interés de la formación liderada por Rosa Díez le llevó a registrar una pregunta parlamentaria al Ejecutivo reclamándole que especifique si piensa reformar la normativa de concesión de medallas y condecoraciones a la actividad actual de la Policía.
   Según UPyD, existen "numerosas quejas" dentro del Cuerpo Nacional de Policía respecto a la reglamentación que existe para premiar méritos policiales, una norma que data de 1964.
   Entre otros, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) denunció la forma en la que se entregan estas condecoraciones y citó como ejemplo que el inspector de Policía detenido en la operación 'Emperador' fue condecorado el año pasado con una medalla al Mérito Policial con distintivo rojo pese a que la investigación en torno a la trama de blanqueo arrancó en 2009.
   Esta ley, apunta UPyD, no sólo es "preconstitucional", al no contemplar las "profundas" transformaciones sufridas por este Cuerpo desde entonces, sino que además los sindicatos policiales vienen denunciando que la concesión de medallas, singularmente las de distintivo rojo (que reporta una pensión vitalicia), se han otorgado a agentes que no cumplían con los requisitos establecidos en la ley.
   Según el tipo de medalla y su distintivo, existe la concesión de pensiones vitalicias anejas a éstas, por lo que el partido de Rosa Díez cree que la concesión de medallas debe hacerse bajo "estrictos" criterios "para no pervertir su significado".
   En septiembre, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ya avanzó en la Comisión de Interior del Congreso que está trabajando en la aprobación de unas resoluciones que establezcan unos criterios "objetivos y homogéneos" para la concesión de medallas al mérito policial.
   Entonces, Cosidó explicó que estas resoluciones permitirían, de manera excepcional, que personas ajenas al Cuerpo Nacional de Policía pudieran ser condecorados, sólo a título honorífico, sin obtener la pensión vitalicia aneja a la medalla, si bien no mencionó explícitamente una reforma de la actual normativa.

Garzón: "No vamos por el buen camino"

MADRID.- El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha criticado desde su ideología "de izquierdas" la política del Gobierno de Mariano Rajoy para hacer frente a la crisis. "Mi discurso no forma parte del discurso oficial del Gobierno español y de otros gobiernos que están aplicando las mismas recetas, creo que no vamos por buen camino", ha asegurado.

   En una entrevista en el programa de laSexta 'Salvados', Garzón ha abogado por perseguir a los "responsables penales" de la crisis, llegando incluso a plantear que pueden ser responsables de "crímenes de lesa humanidad".
   También ha hablado de su inhabilitación como juez, que ha achacado a un "juicio político" del Tribunal Supremo en medio de una "cacería" contra él, defendiendo que su desempeño como magistrado no estuvo contaminado nunca por su ideología.
   "De izquierdas soy. Político no soy. No he ocultado mi ideología nunca. Desafío al señor Rajoy a que descubra una resolución judicial que tenga una ideología que no sea la de la defensa de las víctimas y el Estado de Derecho", ha dicho Garzón, que ha sido preguntado por su opinión acerca de unas declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando era jefe de la oposición y en las que le calificaba de juez socialista.
   "Si lo que venía a decir era que un juez por tener determinadas ideas no puede ser juez, entonces habría que buscar gente de encefalograma plano", ha dicho el exjuez, que ha reconocido que no se plantea volver a la política.
   El único momento en el que Garzón ha dudado si se equivocó fue cuando ordenó las escuchas a los abogados de los imputados en el 'caso Gürtel'. "Yo no sé si me equivoqué o no, creo que no. Pero es que hay precedentes como el caso Marta del Castillo y para nada acabó con un juez inhabilitado", ha respondido antes de calificar de "inaceptable" que se sostuviera en la sentencia del Supremo que había recurrido a prácticas totalitarias.
   "Fue una cacería", ha resumido sobre el proceso que terminó en su inhabilitación como juez. "Se utilizaron todas las armas prohibidas habidas y por haber hasta acabar con la pieza", ha apostillado sobre sí mismo. Además, ha criticado que se cometieran "tropelías" como investigar no sólo su patrimonio sino el de su mujer o el de su hija sin que ambas estuvieran imputadas.
   En su repaso a los problemas que hay en España, ha citado que "los crímenes del franquismo no se pueden investigar porque así lo quiere el Supremo" y también ha hablado de las torturas. Garzón se ha definido como el juez "que más peleó contra las torturas", y ha respondido tajante a si en España se practica la tortura: "En todos los países se tortura, es una de las grandes preocupaciones, y hay que combatirlo".
   Garzón ha dado su opinión de asuntos de actualidad como la amnistía fiscal del Gobierno, algo que ha calificado de "vergonzoso y hasta ilegal".
 "Es invitar a quienes tienen dinero por millones fuera a que lo traigan aquí", ha explicado, "lo aporten al fisco y, a cambio, no se les persiga. Y con la gente que se está muriendo de hambre, ¿qué pasa? No es demagogia, es la pura realidad".
   El exjuez de la Audiencia Nacional ha criticado las "pequeñas corruptelas" que persisten en España y ha lamentado que "la Escopeta Nacional", en referencia a la película de Luis García Berlanga, "todavía siga vigente en gran medida".