lunes, 23 de abril de 2012

El ex primer ministro de Islandia, único dirigente político juzgado por la crisis mundial


REYKIAVIK. - Un tribunal de Islandia dictaminó el lunes que el ex primer ministro Geir Haarde es inocente de tres importantes cargos de negligencia relacionados con el hundimiento económico en la isla del Atlántico norte en 2008 y lo declaró culpable de un cargo menor que no conlleva condena de prisión.

El veredicto fue visto por muchos como poco más que una bofetada al político de 61 años, el único dirigente en el mundo que ha sido juzgado por la crisis mundial. Afrontaba una pena de hasta dos años de prisión por los cargos más importantes.
El tribunal especial encontró a Haarde culpable de no celebrar reuniones gubernamentales específicas antes de la crisis, pero lo exoneró de los otros tres cargos, entre ellos el de negligencia para gestionar un sector bancario inflado.
El veredicto desató las críticas inmediatas de Haarde, que consideró que los jueces habían intentado calmar a una ciudadanía airada con la élite política por alimentar un sistema bancario insostenible que creció hasta tener un tamaño 10 veces superior al Producto Interior Bruto del país antes del hundimiento de la economía islandesa.
"Es absurdo", dijo a los periodistas un Haarde furioso en el exterior del tribunal. Mientras, un hombre enfadado por la crisis económica golpeaba una cacerola y pitaba con un silbato.
"Es obvio que la mayoría de los jueces se han encontrado presionados para llegar a un veredicto de culpable en algún punto, por menor que fuera, para salvar el cuello de los parlamentarios que instigaron esto", añadió.
En el país predominaba la decepción porque Haarde, considerado como una persona decente que fue demasiado blando en su cargo de primer ministro, no debería ser el único político juzgado.
"Era el capitán en el puente, pero había más ministros", dijo Arni Einarsson, un jubilado en la capital, Reikiavik. "Los políticos creían que Islandia era como el Titanic, que no podría hundirse. No estuvieron vigilantes".
Este tribunal especial para juicios políticos fue establecido en 1905, pero el caso de Haarde es su primer juicio.
Los islandeses salieron a las calles durante la crisis, golpeando cacerolas y sartenes frente al Parlamento, en el centro de Reikiavik. Las protestas se tornaron violentas a veces, en un país conocido por su carácter pacífico.
El fallo, emitido en directo por televisión, posiblemente no cure las heridas y aumentará las interrogantes sobre quiénes deben asumir la responsabilidad de una crisis que fue el símbolo del colapso crediticio global.
Aunque la economía se está recuperando de la crisis e Islandia ha completado con éxito un programa de rescate liderado por el Fondo Monetario Internacional, los habitantes de este país siguen desconfiando de las instituciones estatales. Las encuestas muestran que el Parlamento cuenta con el apoyo de sólo el 10 por ciento de la población.
Los mayores bancos de Islandia fueron tomados por el Estado a finales de 2008 después de la crisis crediticia desatada por el colapso de Lehman Brothers.
Islandia limitó las operaciones de los bancos nacionales y dejó que quebraran sus operaciones internacionales.
Algunos economistas han elogiado al Gobierno por dejar que los bancos se hundan, aunque se mantiene en una disputa con Reino Unido y Holanda por los reembolsos para aquellos que tenían depósitos en el Landsbanki, un banco islandés que operaba en esos países.
Los controles de capital todavía están en curso, dañando la recuperación económica del país, aunque hay señales de que algunos votantes se están cansando del intercambio de culpas por la crisis.

El monarca de Bahréin agradece que se mantenga el GP de F1 pese a la polémica

MANAMA.- El rey de Bahréin manifestó su agradecimiento al mundo de la Fórmula 1 por la celebración este domingo del Gran Premio de su país, pese a la multiplicación de manifestaciones, algunas violentas, de la oposición chiita, que reclama reformas de fondo a la monarquía.

El movimiento de los "Jóvenes del 14 de Febrero" llamó a manifestarse en las distintas localidades del país durante la carrera y a participar en una manifestación hacia la Plaza de la Perla, en la capital, donde se inició la movilización opositora en febrero de 2011.
Los jóvenes manifestantes lograron bloquear brevemente algunas carreteras en la mañana de este domingo, quemando neumáticos o contenedores para residuos, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona.
Las carreteras que llevan al circuito están "abiertas" y son "seguras", afirmó en las primeras horas de la tarde el ministerio del Interior en un comunicado.
El rey Hamad Ben Isa al Jalifa, quien tenía previsto concurrir al Gran Premio, transmitió su "reconocimiento" a los organizadores del GP, que permitieron "que este gran acontecimiento se realice con el espíritu comunitario y festivo que representa la Fórmula 1".
No obstante, "quiero recalcar claramente mi compromiso personal en pro de reformas y la reconciliación en nuestro país". 
"La puerta que lleva a un diálogo sincero sigue estando abierta", aseguró.
Nuevos enfrentamientos habían tenido lugar el sábado por la noche en pueblos donde viven chiitas, tras anunciar la oposición la muerte de un hombre en el lugar de una manifestación "salvajemente" reprimida, cerca del circuito donde estaba previsto el Gran Premio de Fórmula 1.
Se trata del primer muerto en las manifestaciones relacionadas con la celebración del GP, aunque la revuelta contra el régimen sunita que dirige este país del Golfo le ha costado la vida ya a decenas de personas desde febrero de 2011.
Según una comisión independiente, la represión de la revuelta de febrero y marzo del pasado año provocó 35 muertos, cuatro de ellos por torturas. Amnistía Internacional cifra, por su parte, en 60 los fallecidos desde el inicio del movimiento.
En la noche del sábado, decenas de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, corearon consignas contra la dinastía reinante, tras lo cual se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del orden público, que se habían desplegado masivamente alrededor de pueblos en los que viven chiitas. En algunos de estos pueblos, como Malkiya, Karzakan, Sadad y Damistan, los manifestantes esgrimieron banderolas en las que se leía "No a la Fórmula de la Sangre", eslogan de una campaña lanzada por los "Jóvenes del 14 de Febrero".
Las autoridades afirman que se trata de incidentes aislados, tras la anulación de la carrera el año pasado, como consecuencia de los disturbios, pero varias organizaciones humanitarias criticaron la celebración de la carrera en plena crisis política.

El primer ministro de Marruecos arremete contra el entorno del rey Mohamed VI

RABAT.- El primer ministro de Marruecos, Abdelilá Benkirane, ha arremetido contra los asesores del rey Mohamed VI en una serie de comentarios y críticas muy poco comunes en el país, lo que muestra la tensión entre la realeza y el Gobierno islamista. 

   Ante el posible contagio de las revueltas de Oriente Próximo y otros países del norte de África, las autoridades marroquíes comenzaron una serie de reformas que llevaron al Partido Justicia y Desarrollo (PJD) de Benkirane al poder.
   Benkirane aseguró el domingo a varios miembros de su partido que las revueltas en el país no se habían superado y que podrían volver. "En este país, incluso la monarquía necesita miembros que quieran realizar reformas (...). Los reyes no siempre están rodeados de la gente correcta, de hecho pueden estar rodeados por enemigos que se convierten en los primeros en abandonarles", aseguró, según medios locales.
   Varios asesores del monarca han criticado los intentos del primer ministro de permitir que la televisión pública sea más abierta, así como diferentes leyes presentadas por el partido. Dos miembros del PJD han confirmado que el primer ministro realizó las declaraciones.
   Cualquier crítica al entorno del rey es muy inusual en Marruecos, sobre todo procedente de miembros del Gobierno. El PJD prometió en la campaña para las elecciones de noviembre que atacaría a la corrupción, especialmente a las personas que utilizan sus contactos en las altas esferas para conseguir dinero y negocios.
   El Gobierno de Benkirane ha detallado algunos de los cambios que deberá realizar la televisión pública, como que no podrá emitir anuncios sobre lotería y tendrá que informar sobre los llamamientos a la oración. Los ejecutivos de la estatal RTM y de otras cadenas han asegurado que las normas atentan contra su independencia.

La ONU denuncia que en Siria continúa la violencia pese al alto el fuego

NUEVA YORK.- El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Lynn Pascoe, ha afirmado que en Siria continúa la violencia pese a que el Gobierno se había comprometido a respetar el alto el fuego y había anunciado que había retirado las tropas y el armamento pesado de los centros urbanos. Según los Comités de Coordinación Local, han muerto 42 personas a manos de las fuerzas gubernamentales.

   "El cese de la violencia armada sigue siendo incompleto", ha declarado Pascoe en el Consejo de Seguridad de la ONU durante un debate sobre Oriente Próximo. "Es esencial que el Gobierno de Siria cumpla plena e inmediatamente su obligación de dejar de usar armamento pesado y de retirar las fuerzas militares de los centros de población", ha subrayado.
   Los Comités de Coordinación Local --una serie de grupos opositores que informan del conflicto desde dentro de Siria-- han informado de que este lunes han fallecido 42 personas a manos de las fuerzas leales al presidente Bashar al Assad, entre ellas un niño, tres soldados disidentes y dos personas que murieron al ser torturadas.
   La mayoría de las víctimas se han registrado en Hama (35), pero también se han contado tres en Deraa, dos en Homs, una en Idlib y una en Deir al Zor, según los Comités.

Hoy, 80 muertos

Al menos 80 personas murieron este lunes a manos de las fuerzas de seguridad del régimen sirio en distintos incidentes ocurridos en las provincias de Homs, Hama, Deraa, Idleb y Deir Ezzor, según han informado los Comités de Coordinación Local (CCL).
Del total de víctimas, 50 han fallecido en Hama; 21 en Idleb, de las cuales 13 han muerto en la localidad de Jarjanaz; cinco en Deraa; tres en Homs y uno en Deir Ezzor.
Además, entre los 80 "mártires", hay una familia entera, once personas que han sido ejecutadas, dos que han sido torturadas hasta la muerte y cuatro soldados desertores.

El exprimer ministro islandés, condenado por negligencia grave

REYKIAVIK.- El tribunal superior encargado de juzgar a los miembros del Gobierno islandés, Landsdómur, ha condenado este lunes al exprimer ministro Geir Haarde por un cargo de negligencia por no haber informado a los miembros de su gabinete de la situación real del país durante la crisis económica de 2008, ha informado el diario Morgunbladid.

   El alto tribunal, que se ha formado por vez primera con ocasión del procesamiento de este exjefe de Gobierno, ha decidido absolver a Haarde de los otros tres cargos de negligencia que se le imputaban en este proceso, centrado en analizar si los fallos de su gestión en la crisis provocaron la debacle económica del país. La decisión del alto tribunal implica que el ex 'premier' no cumplirá condena de cárcel y corresponderá al Estado asumir las costas del juicio.
   Los tres cargos de negligencia de los que ha sido absuelto hacían referencia a las posibles negligencias que habría cometido Haarde por no vigilar suficientemente la estabilidad financiera del país, no controlar al sistema bancario islandés ni la garantía de los fondos de procedencia británica despositados en entidades islandesas.
   El único cargo por el que finalmente ha sido condenado ha sido el de negligencia por no haber informado convenientemente a sus ministros de la situación financiera real del país con las correspondientes reuniones ministeriales.

Voluntarios recogen firmas en Barcelona para la ILP de la dación en pago

BARCELONA.- La iniciativa legislativa popular (ILP) por la dación en pago ha arrancado su andadura coincidiendo en Barcelona con el Día de San Jorge, una jornada cultural de gran simbolismo que lleva a los catalanes a intercambiar libros y rosas.

   En el centro de Barcelona voluntarios de las diferentes asociaciones que integran esta ILP han empezado a recoger las 500.000 firmas necesarias para elevar esta propuesta a consideración del Congreso de los Diputados.
  Miembros de esta iniciativa han destacado la buena acogida de la sociedad, lo que les ha llevado a recoger más de 200 firmas en poco más de una hora --existe un plazo de seis meses para lograr el medio millón--.
   La ILP, que propugna que la entrega de la vivienda a la entidad bancaria sea suficiente para saldar la hipoteca cuando el propietario no puede pagar por motivos ajenos a su voluntad, ha iniciado este lunes la recogida de firmas en toda España.
   Entre los promotores en Cataluña se encuentra la Taula del Tercer Sector --que aglutina a más de 7.000 entidades sociales--, el Observatorio Desc, los sindicatos CC.OO. y UGT, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (Confavc).
   El plazo de recogida de apoyos contra las ejecuciones hipotecarias, que ya han afectado a 350.000 españoles en cuatro años, finaliza el 31 de octubre y será entonces cuando, de lograrse el objetivo, podrá incluirse la propuesta en la agenda de los parlamentarios.

Gobierno y Generalitat dirigirán conjuntamente el operativo policial de la cumbre del BCE en Barcelona

BARCELONA.- El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y el consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, serán los encargados de dirigir el operativo de seguridad con motivo de la celebración en Barcelona de una cumbre del Banco Central Europeo (BCE) los días 3 y 4 de mayo.

   Así lo ha anunciado este lunes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que ha conversado con Puig en el Palau de la Generalitat con motivo de la celebración de la misa de Sant Jordi.
   El ministro ha explicado que Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional trabajarán conjuntamente para garantizar la seguridad durante la cumbre "con total colaboración, en un clima de respeto mutuo y de lealtad institucional".
   Fernández Díaz ha explicado también que la restricción del espacio Schengen en España para controlar el flujo migratorio arrancará "previsiblemente" una semana antes de la cumbre.
   Ha afirmado que, a partir de entonces, la Policía Nacional y la Guardia Civil extremarán sus controles para impedir la entrada en España de aquellas personas que vengan para provocar altercados durante la cumbre.
   El ministro del Interior ha subrayado la importancia de que Barcelona, Cataluña y España transmitan una imagen "de seguridad y convivencia pacífica" al mundo.
   Más de 7.000 policías se desplegarán en Barcelona durante la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, 4.500 mossos d'Esquadra y más de 2.500 policías nacionales y guardias civiles, según las últimas cifras facilitadas por la Consejería de Interior.
   Este dispositivo tratará de hacer frente a posibles movilizaciones por parte de colectivos radicales que puedan llegar también de otros puntos de Europa, ante la presencia en la capital catalana del máximo órgano rector del BCE, formado por seis miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de cada país de la zona Euro.

Cayo Lara aboga por recuperar el espíritu de resistencia de Villalar contra el Gobierno "absolutista" de Rajoy

VILLALAR DE LOS COMUNEROS. - El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha reivindicado este lunes en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros, a la que se ha trasladado para celebrar el Día de Castilla y León, el espíritu de "resistencia" que hoy hace 500 años simbolizaron Padilla, Bravo y Maldonado con el fin de combatir el que ha calificado como "absolutismo" y "opresión" del Gobierno de Mariano Rajoy, "que está destrozando el estado del bienestar, los servicios públicos esenciales y los derechos de la clase trabajadora".

   El líder de IU, acompañado de los coordinadores en Castilla y León, Navarra y Asturias, José María González, Jesús Iglesias y José Miguel Nuin, respectivamente, no ha dudado al calificar la andadura política del Ejecutivo central como los "120 días negros", acompañados de los "viernes negros", en alusión a los recortes y medidas que vienen caracterizando cada Consejo de Ministros, lo que, tal y como ha advertido, "está generando frustración pero también va a ocasionar rebeldía y resistencia" de quienes entienden que hay otras políticas posibles.
   Cayo Lara considera que una forma de lograr más ingresos, sin necesidad de recortar en sanidad y educación, pasa por luchar contra el fraude fiscal, máxime teniendo en cuenta un reciente estudio que sitúa a España como la décima potencia en la materia, de entre un total de 145 países estudiados, así como por una reforma fiscal progresiva para que paguen más quienes más ganan.
   "Lo más grave de todo es el mensaje nefasto que se está dando a la sociedad que sí paga para que deje de hacerlo", ha criticado el político, quien por ello ha justificado la enmienda a la totalidad que su formación ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado para que éstos sean devueltos, "ya que no son los que necesita España", porque los actuales no harán otra cosa que generar "más sufrimiento y más recesión".
   Por todo ello, Cayo Lara ha insistido en la necesidad de luchar contra el Ejecutivo de Rajoy mediante la resistencia activa. "Siempre que hubo opresión hubo gente que se rebeló contra ella, ayer y hoy", ha enfatizado, en clara alusión a la revuelta que los comuneros protagonizaron en 1521 contra el imperio alemán con Carlos I de España al frente.
   Por su parte, el coordinador de IU en la Comunidad, José María González, ha hecho también referencia a la batalla histórica para seguir hoy defendiendo los derechos e intereses de Castilla y León y con el fin de que sus recursos y los de España no se pongan a disposición de Alemania "como mano que mece la cuna del gran capital".
   Además, González, y en referencia al encuentro previsto entre Herrera y Rajoy, ha exigido al mandatario del PP que acuda a la cita con espíritu reivindicativo para reclamar "más gobierno y autogobierno" para Castilla y León, "sobre todo para que los 230.000 parados registrados en la Comunidad no vean sumarse a ellos otros 70.000 u 80.000, para que los que disfrutan del derecho a la salud no tengan que reivindicar el derecho a estar enfermos y ser atendidos o para quienes disfrutan del derecho a la educación no tengan que plantearse que ésta ya no existe".
   En el supuesto de que Herrera volviera sin noticias positivas, el líder regional de IU ha vaticinado que Castilla y León "dejará de existir como territorio con población", tras perder 15.000 habitantes y mantener una pérdida histórica en esta materia.

El Congreso examina este martes el medio centenar de preguntas sobre el viaje de caza del Rey de España a Botsuana

MADRID.- La Mesa del Congreso afronta este martes el examen del medio centenar de preguntas parlamentarias registradas la semana pasada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya (ICV) y Esquerra Republicana (ERC) sobre el viaje que el Rey realizó a Botsuana para participar en una cacería de elefantes. También deberá dar luz verde o no a una iniciativa del grupo parlamentario de la Izquierda Plural pidiendo regular las salidas del Monarca fuera de España.

   El órgano de gobierno de la Cámara Baja deberá decidir, como hace habitualmente, si da el visto bueno a estos interrogantes para que el Gobierno proceda, a renglón seguido, a dar contestación a aquellos cuyos miembros consideren que son de su incumbencia, para lo cual dispone de un mes.
   En esta legislatura, los nueve integrantes de la Mesa del Congreso (cinco del PP, tres del PSOE y uno de CiU) han resuelto por unanimidad la tramitación de iniciativas sobre el Rey, admitiendo algunas y rechazando la mayoría. Cuando las ha vetado, lo ha hecho argumentando que la institución no está sometida a control parlamentario, y ha dejado pasar aquellas que se dirigen expresamente al Gobierno.  
   Esta vez, el partido que lidera Rosa Díez presentó cinco preguntas en las que, entre otras cuestiones, pide saber si Moncloa desaconsejó en algún momento que se realizara ese viaje en medio de una crisis como la que atraviesa España, y, caso de hacerlo, por qué motivos no se siguió su recomendación.
   Del mismo modo, la formación magenta, a través de su diputada Irene Lozano, se interesa también por la reciente visita del Monarca a Kuwait. En concreto quiere que el Gobierno le informe del carácter de esa visita, qué refrendo dio, en su caso, a sus actividades en ese país y por qué Don Juan Carlos no estuvo acompañado por ningún miembro del Ejecutivo.
   Además, UPyD se hace eco en sus preguntas de la "confusión" informativa del Gobierno en torno a ambos viajes. "¿En qué momento tuvo información el Gobierno de la visita del jefe de Estado a Kuwait y Botsuana y de su agenda?", reza el interrogante.
   Sobre esta última cuestión también giran algunas de la casi una veintena de preguntas registradas entre IU e ICV, a las que se suma una proposición no de ley en la que el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) propone que el Congreso obligue al Rey a informar al Ejecutivo de todos los viajes que realice fuera de España tengan o carácter público.
   En sus siete preguntas, los diputados de IU Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares piden al Gobierno que explique cuándo exactamente conoció el viaje del Monarca a Botsuana, si fue informado del mismo previamente, cómo lo valora, el coste del mismo y quién o quiénes lo pagaron.
   Asimismo, y también en relación con el viaje a Kuwait, la federación de izquierdas le pide explicaciones por el hecho de que Don Juan Carlos no estuviera acompañado por ningún ministro, y eso que su objetivo no era otro que negociar garantías de suministro de petróleo para España.
   Preguntas similares plantean los diputados de ICV Joan Coscubiela y Laia Ortiz. En concreto, emplazan al Gobierno a que se pronuncie sobre si en el actual contexto de crisis cree compatible el viaje del jefe del Estado con "las llamadas al rigor en los gastos, los sacrificios y responsabilidad" que se vienen haciendo desde el Ejecutivo.
   ICV quiere que el Gobierno le especifique el coste de este viaje y con cargo a qué partidas se ha realizado, si suele ser informado por parte de la Casa del Rey de este tipo de viajes privados del Monarca, si se le comunicó el de Botsuana. En este sentido, quiere saber si el Ejecutivo tiene previsto tomar alguna medida para regular las salidas del Monarca y si piensa corregir la Ley de Transparencia para obligar a Zarzuela a revelar sus actividades.
   Por último, en los cerca de 30 interrogantes planteados por ERC, los independentistas catalanes piden al Gobierno que detalle quién pagó el viaje cinegético del jefe del Estado a Botsuana, el de sus acompañantes y del personal de la Administración que lo acompañó, y también que dé cuenta del coste que supuso la repatriación de Don Juan Carlos a España tras el accidente que éste sufrió y su hospitalización e intervención quirúrgica.
   Asimismo, ERC le demanda que especifique el coste que ha supuesto para el erario público esta visita a Botsuana, donde quiere saber además si el Rey se encontraba de vacaciones, el número de personas que iban a su servicio, si éstas cobra dietas extraordinarias en este tipo de viajes y de qué partidas presupuestarias se hacen efectivos los gastos de este personal.
   Entre otros temas, Esquerra también ha registrado una serie de preguntas interesándose por el conocimiento que el Ejecutivo tenía de este viaje privado, por si tiene previsto incluir a la Casa del Rey en la Ley de Transparencia y por su opinión acerca de la conveniencia de este viaje en plena crisis económica.

Llamazares dice que la monarquía se ha convertido en un "problema" para los españoles

MADRID.- El diputado de Izquierda Unida en el Congreso Gaspar Llamazares ha señalado este lunes que la monarquía se ha convertido en un "problema" para los españoles, por la "corrupción que se está produciendo en los aledaños de la Casa Real", la "decisión inconsciente y desafortunada del Rey de irse de cacería" y la "falta de transparencia". 

   "La Monarquía no formaba parte de nuestros problemas; quizá formaba parte de los debates políticos, pero no formaba parte de nuestros problemas y en estos momentos forma parte de los problemas del país, además de la crisis económica", ha asegurado durante una entrevista en 'La Sexta'.
   A su juicio, "la corrupción que se está produciendo en los aledaños de la Casa Real, la decisión inconsciente y desafortunada del Rey de irse de cacería cuando más sufre la ciudadanía española y la falta de transparencia en un momento en que los ciudadanos piden dación de cuentas por parte de todas las instituciones políticas" forman parte de los problemas del país y han hecho que la Casa Real esté en un "primer plano del debate político".
   Asimismo, ha considerado que "se ha roto el cristal, el tabú" sobre la Casa Real, que, a su juicio, "en estos momentos está sometida al escrutinio público".
   El grupo parlamentario del que forma parte Llamazares, denominado La Izquierda Plural, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para que aclare cómo se ha sufragado el viaje del Rey Don Juan Carlos a Botsuana, qué coste ha tenido el mismo para las arcas públicas y si junto al monarca viajaban también empresarios, así como las identidades de estos si procede.
   "Si me rechazan las preguntas, trataremos de que le lleguen directamente al monarca y que las responsa él", ha adelantado Llamazares, quien ha recordado que la Mesa del Congreso rechazó otra serie de preguntas al Gobierno registradas por su grupo parlamentario sobre el papel del Rey en el 23-F, al considerarle "un tercero no sujeto a control democrático". IU remitió esas preguntas a Zarzuela.
   Llamazares ha considerado que el Rey pidió disculpas por su cacería en Botsuana como si se tratara de "un niño travieso", para después "continuar con lo mismo". A su entender, el gesto del monarca ha sido "insuficiente", porque "lo importante es cambiar las prácticas y garantizar la transparencia en las acciones del Rey". 
"Era imprescindible para cambiar una dinámica que iba 'in crescendo'", ha agregado.
   Con respecto a la ley de transparencia propuesta por el Gobierno, el diputado de IU ha valorado que si no afecta a la información sobre la Casa Real "no será una ley de transparencia", sino de "penumbra".
 "La monarquía debe responder a esa ley de transparencia", ha afirmado Llamazares, al tiempo que ha defendido que tiene que ser "tan transparente como el resto del Estado".  
   Tras declararse republicano y reivindicar la república, Llamazares ha dicho que su valoración del reinado de Don Juan Carlos "no llega al suficiente". En concreto, en lo que respecta a su papel el 23-F, ha comentado que "es verdad que al final decidió situarse de parte de los demócratas, pero también que agitó la conspiración contra Suárez".
   En respuesta a si el Príncipe está preparado para suceder a su padre, Llamazares ha dicho que para eso "no hay exámenes ni reválida".  
  "No creo que la actividad de la monarquía que reina pero no gobierna signifique ni mucha formación ni mucho esfuerzo", ha añadido.
   "Entre los jóvenes republica y monarquía están empatados", ha concluido Llamazares.

División en 'Democracia Real Ya' tras la decisión de un grupo de miembros de conformase como asociación

MADRID.- La plataforma ciudadana 'Democracia Real Ya' (DRY), integrante del movimiento 15-M, ha denunciado que un grupo de simpatizantes del colectivo, que se define como "horizontal" y contrario a adoptar cualquier tipo de forma jurídica, ha decidido conformar una asociación bajo el mismo nombre de forma "unilateral" y sin contar con el consenso necesario del movimiento.

   Por su parte, el grupo impulsor de la propuesta de transformación de DRY, entre los que se encuentra uno de los portavoces de la plataforma desde su creación hace ya casi año, Fabio Gándara, defiende la legitimidad tanto de la asamblea en la que se sometió a votación la propuesta como la decisión final de crear la asociación, que se ha tomado, tal y como ha asegurado Gándara, de forma democrática y consensuada.
   No lo piensan así los que rechazan esta decisión, quienes la consideran una "encerrona total" por parte de un grupo muy reducido de personas que rondaría la veintena que ya "desde hace meses" tratan de romper el consenso dentro de DRY y dificultar la toma de decisiones.
   "No es una propuesta, es una política de hechos consumados. Convocaron una asamblea deprisa y corriendo, y a pesar de no recibir el consenso para celebrarla, la hicieron. En ella, plantearon la votación de crear la asociación, a pesar de que eso ya se había votado y rechazado en la II Asamblea estatal celebrada en Málaga", ha asegurado uno de los portavoces de la plataforma.
   Ante esta decisión, que califican de "unilateral", "ilegítima" y una "falta de respeto" por parte de este grupo hacia los mecanismos utilizados por el movimiento para la toma de decisiones, basados en el consenso y en la horizontalidad, DRY ha optado por un lado, por "deslegitimar" a la asociación y desvincularla del movimiento, y por otro, "aprovechar la ruptura para superar la situación de bloqueo" a la que habían llegado a causa de la oposición constante, según denuncian, que ha venido protagonizando este grupo.
   "Al margen de estos hechos lamentables, queremos comunicar que seguimos creyendo en una red de personas coordinadas y sin líderes, que no puede ni debe confinarse a los limitados marcos del derecho. Es por ello que DRY seguirá funcionando como una red horizontal sin representantes", aseguran en un comunicado, recogido por Europa Press, y que han difundido a través de la web http://www.democraciarealya.es y su cuenta de Twitter, pero no de su perfil en el Facebook, controlado por los partidarios de la asociación.
   Según este portavoz de DRY, los indignados que han decidido "unilateralmente" conformar una asociación han protagonizado "un golpe de Estado" en las infraestructuras de las que dispone la plataforma para difundir sus actividad en las redes sociales ya que han aprovechado la rotación de turnos en la gestión de los perfiles para adueñarse de la cuenta en Facebook "y echar al resto de administradores".
   "Cuando han llegado ciertas personas han echado a ciertos administradores y se lo han quedado ellos. Ha habido un golpe de Estado en las infraestructuras, sobre todo en lo que es Facebook", denuncian, para recordar que, no obstante, la plataforma sigue manteniendo el control tanto de la web como del perfil en Twitter, red social en la que ha quedado plasmada la polémica con la etiqueta #EsoNoEsDRY.
   Precisamente Facebook es uno de los medios que el grupo que ha decidido conformar la asociación ha utilizado para informar de que la asamblea general celebrada el pasado fin de semana en Madrid, calificada de "ilegítima" por la plataforma, decidió "por amplia mayoría iniciar un proceso de transformación organizativa y constituirse como asociación sin ánimo de lucro".
   De esta forma, defienden que su decisión es "la solución más idónea para afrontar las dificultades organizativas que suponía hasta ahora el hecho de que el colectivo de DRY, que pretende incorporar a miles de ciudadanos y ciudadanas, tenga sus herramientas de trabajo y difusión a nombre de personas físicas".
   "Con la creación de un Código de Identificación Fiscal avanzamos en lo productivo y ponemos los medios del colectivo al servicio de todos sus miembros", explican, al tiempo que denuncian que son los que rechazan la creación de la asociación los que no quieren aceptar "las decisiones tomadas democráticamente en la asamblea", cuyo carácter vinculante defienden.
   Así lo ha confirmado Fabio Gándara, quien ha explicado que de momento ya han presentado la documentación necesaria en el Ministerio del Interior para constituir la asociación bajo el nombre de 'Democracia Real Ya', y que ahora se abre el proceso de redacción de los estatutos, algo que tienen pensado hacer de forma "democrática y consensuada".
   "Hay ciertas personas que no están de acuerdo y que están haciendo ataques internos. Nosotros vamos a seguir avanzando", ha señalado Gándara en relación con la polémica, para reconocer que aunque de momento no se han conformado ningún organigrama, el seguir adelante con la asociación si implicaría la necesidad de designar una dirección, uno de los hechos más criticados por los reacios a modificar el modelo organizativo.
   De momento, según Gándara, tienen pensado conformar un organismo de representación formado por siete personas que irían rotando, si bien ha señalado que es de carácter provisional y que en un futuro si será necesario establecer algún tipo de órgano de representación, algo que seguirán debatiendo en la próxima asamblea general que tienen previsto celebrar.

Al menos medio millón de inmigrantes perderán la cobertura sanitaria en España

MADRID.- Más de medio millón de inmigrantes perderán la cobertura sanitaria integral de la que ahora gozan en España porque se encuentran en situación irregular y, de salir adelante la modificación de la Ley de Extranjería anunciada por el Gobierno el pasado viernes, ya no bastará con estar empadronado para acceder a una tarjeta sanitaria. 

   En la actualidad, 573.712 inmigrantes figuran en las estadísticas oficiales como residentes en España sin autorización, ya que 3,2 millones de personas nacidas en países de fuera de la Unión Europea están empadronadas en el país pero son 2,6 millones los permisos expedidos a ciudadanos de estas nacionalidades.
   Estos datos son fruto de cruzar el avance de resultados del Padrón Municipal a 1 de enero de 2012 que elabora el Instituto Nacional de Estadística con el balance oficial de permisos de residencia cerrado a 31 de diciembre de 2011 de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.
   No obstante, la cifra está sujeta a variaciones, principalmente porque el Padrón Municipal se actualiza cada dos años, por lo que pueden figurar inmigrantes que hayan fallecido o abandonado el país y que aún no hayan salido del registro de sus municipios de residencia. Además, esta cadencia en la depuración de los datos hace que sólo cada dos años se eliminen las posibles duplicidades.
   Esta puede ser una de las razones por las que sólo un año antes, en 2010, la diferencia entre ambas estadísticas arrojaba un balance de 872.556 personas residiendo en España sin permiso para hacerlo y 835.530 en el año 2009. Con todo, un extranjero puede regularizar su situación en España reuniendo una serie de requisitos de empleabilidad al cabo de tres años de residencia en el país, antigüedad que estas personas acreditan con el registro del Padrón.  
   Además, inscribiéndose en el registro municipal los extranjeros no comunitarios pueden acceder a una tarjeta sanitaria estén o no en situación irregular, ya que el artículo 12 de la Ley de Extranjería reconoce que los inmigrantes "inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles".
   Este derecho fue introducido por el Congreso a través de una Proposición de Ley de Extranjería que partió de varios grupos y de la que, pese a participar en un consenso inicial, el Grupo Popular se descolgó por entender, entre otros motivos, que la normativa hacía imposible expulsar a extranjeros irregulares. Pese a ello, la norma vio la luz porque por aquel entonces el Gobierno no gozaba de mayoría suficiente para imponer su criterio.
   Sin embargo, con la nueva mayoría absoluta obtenida por el PP en el año 2000, el Gobierno de José María Aznar reformó el texto e introdujo numerosas modificaciones, aunque respetó el artículo 12 que se ha mantenido prácticamente invariable desde entonces, y con él, el acceso a la tarjeta sanitaria de los inmigrantes empadronados en las mismas condiciones que los españoles.  
   Caso aparte son los extranjeros procedentes de países europeos. Del cruce de datos del INE y la Secretaría General destaca la diferencia entre el número de europeos que figuran en el padrón y quienes tienen una tarjeta de residencia. Dado que la libertad de circulación, residencia y trabajo en la Unión Europea les exime del imperativo de gozar de autorización para vivir en España, hay muchos europeos que residen en el país y no llegan nunca a empadronarse.
   De hecho, según los datos hay 2,4 millones de europeos registrados en España, 100.000 menos que los que gozan de una tarjeta de residencia. Con todo, estos ciudadanos necesitan estar registrados para realizar trámites administrativos o acceder a la Sanidad y a la Justicia en España, entre otros, y lo hacen mediante la obtención del Número de Identidad de Extranjero (NIE), una tarjeta similar al DNI para cuya obtención no es preciso estar empadronado.  
   Sobre este asunto, un estudio publicado en 2010 por el Real Instituto Elcano reveló que el 21 por ciento de los dos millones y medio de europeos que viven en España son jubilados que en la mayoría de los casos no se empadronan por no pagar impuestos, porque no están integrados (no hablan el idioma), por no perder derechos sociales en sus países de origen o por desconocimiento.
   El informe, señaló que "la población extranjera retirada tiende a no empadronarse" en el municipio de residencia, "a pesar de lo cual acceden a determinados servicios y beneficios sociales", lo que "causa perjuicios relevantes a las arcas municipales y a la capacidad de los Ayuntamientos y otras administraciones públicas para planificar la dotación de servicios".

El posible desahucio de Vicente, la peor cara de crisis

MADRID.- Vicente Torres nunca se había imaginado que a sus 73 años vería, convaleciente desde la cama de su habitación, cómo se evitaba que le quitaran su piso de 49 metros cuadrados en el madrileño barrio de Carabanchel, en un ejemplo de las consecuencias más brutales de la crisis económica que sufre España.

Tapicero jubilado, Vicente fue operado del corazón hace dos meses y tiene la movilidad muy reducida, por lo que vive con su nieto Jonathan, de 24 años, que cuida de él aunque no tiene trabajo ni cobra prestación por desempleo. Sobreviven con los 600 euros de la pensión del abuelo.
Vicente se enfrenta a perder definitivamente la vivienda en la que vive hace unos 50 años tras haberla puesto como aval para una hipoteca de su hijo, que ya perdió su casa.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) logró esta semana postergar su desahucio, uno de los 200 que se producen a diario en España, aunque la comisión judicial puso una nueva fecha: el 3 de mayo.
"Hemos ganado algo de tiempo, esperemos poder detener la ejecución (hipotecaria)", dijo Rafael Mayoral, abogado de la PAH, que esgrimió motivos humanitarios ante la comisión judicial encargada de certificar el desalojo con la ayuda de la fuerza pública.
Aunque Mayoral presentó ante los funcionarios de la comisión documentación médica que certifica el estado de salud de Vicente, las funcionarias y el procurador suspendieron la ejecución debido a que, según su parecer, no había suficientes efectivos policiales para hacerlo.
El caso de Vicente y Jonathan es cada vez más habitual en un país con 5,3 millones de parados y en el cual la tasa de cobertura para desempleados se sitúa en el 57 por ciento, lo que significa que un 43 por ciento de ellos no reciben ayuda alguna.
En este caso, la entidad ejecutante es Citifin, filial de Citigroup, y la PAH solicita, al igual que en todos los desahucios, que al menos se les conceda el alquiler social.
Mayoral dice haberse puesto en contacto con Citifin, y que "no han atendido a las razones humanitarias".
Contactado, Citigroup no ha querido hacer comentarios.
"Creemos que la sociedad civil tiene medios suficientes para convencer a las entidades financieras para que cedan(...) y creemos que las autoridades judiciales deberían tutelar los derechos de los deudores en los procedimientos de ejecución hipotecaria para que no se vean en indefensión", señaló Mayoral.
El fenómeno de los desahucios plantea una disyuntiva entre el cumplimiento de la ley hipotecaria española, por un lado, y de los derechos humanos y la Constitución española, por otro.
La Carta Magna garantiza que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos establecerán normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho.
En España, a diferencia de otros países, la entrega de la vivienda no es generalmente suficiente para saldar la deuda hipotecaria adquirida con el banco, pese a que el Gobierno aprobó, a comienzos de marzo, un "código de buenas prácticas" bancarias para que los ciudadanos en riesgo de exclusión social que no puedan seguir pagando sus hipotecas salden la deuda con la devolución del inmueble.
Casi la totalidad de las entidades financieras españolas se han adherido voluntariamente a este código --lo que, en ese caso, lo convierte en vinculante--, pero sus críticos señalan que la norma establece requisitos prácticamente imposibles de cumplir.
Desde la PAH se hace hincapié en que el sistema judicial español debe hacer más esfuerzos para proteger a los ciudadanos deudores con menores posibilidades económicas frente a los recursos jurídicos de la banca.
"Los tribunales tienen la obligación de tutelar los derechos de todas las personas que tienen un procedimiento judicial, y además, cuando está en peligro la vida o la integridad física de una persona, lógicamente está por encima de cualquier diligencia judicial que se quiera ejecutar", señala Mayoral.
Los desalojos se han disparado en España después de que el país sufriera un duro golpe por la paralización del mercado inmobiliario y de la construcción que dejó a millones de personas sin trabajo.
Para paliar el problema, sindicatos y otras asociaciones presentarán una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular la dación en pago, de manera que, en casos de residencia habitual y deudores de buena fe, si el banco se queda la vivienda, la deuda quede liquidada, como en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos.
Para que se admita a trámite deben lograr 500.000 firmas, y posteriormente el Congreso de los Diputados debe debatir la propuesta y, eventualmente, aprobarla. Una posibilidad muy poco probable.
Los cerca de 200 desahucios al día en España, que cuentan en cada intervención con la comparecencia de una comisión judicial acompañada por la policía, contrastan --más allá del drama humano detrás de cada caso concreto-- con las reclamaciones crónicas de racionalización del funcionamiento del muy saturado sistema judicial español.
El drama de los desahucios ha tenido, además, implicaciones internacionales, pues gran parte de los afectados por los desalojos son inmigrantes que se han quedado sin trabajo en el sector de la construcción.
Por este motivo, a mediados de marzo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió de que podría denunciar las leyes hipotecarias españolas ante organismos internacionales al considerar que "atentan contra los derechos humanos". Los ecuatorianos son la segunda mayor colectividad de inmigrantes en España, por detrás de los rumanos.

Los números dos de Justicia e Interior se reúnen esta semana para limar asperezas sobre la reforma del Código Penal español

MADRID.- Los secretarios de Estado de Seguridad y Justicia, Ignacio Ulloa y Fernando Román, respectivamente, se reunirán esta misma semana para estudiar las medidas propuestas para incluir en la reforma del Código Penal español, cuyo borrador prevén tener listo para antes del verano, según han informado fuentes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.

Ambos departamentos han mantenido posiciones contradictorias en los últimos días, en particular, en lo que se refiere a la persecución de la resistencia pasiva, considerada hasta ahora como un delito de desobediencia.
El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegura que la reforma legal no afectará a este tipo de conductas, mientras que Interior apuesta por tipificar los comportamientos más graves de este tipo como un "atentado contra la autoridad".
Entre ellos, quiere imponer este delito a los manifestantes que "se encadenen por los brazos" para impedir ser desalojados por la Policía. Entiende que esta "resistencia pasiva" entraña una conducta equivalente a la "agresión contra el principio del orden y de autoridad" ejercido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La postura de Justicia se basa en castigar únicamente las acciones que supongan agresiones contra bienes y servicios, salvaguardando siempre el derecho constitucional de manifestación.
Desde el Ministerio del Interior se apuesta también por considerar un delito de integración en organización criminal la convocatoria de actos violentos por Internet y las redes sociales. Su intención es ampliar a dos años la pena mínima de este delito para poder encarcelar cautelarmente a los autores.
Además, pretende incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público.
Por su parte, Justicia ha defendido la introducción de la prisión permanente revisable en el catálogo de penas para su aplicación "exclusiva" en delitos de terrorismo. Además, aprovechará para reparar un "error" en la penalización de los actos de 'kale borroka' detectado recientemente por la Audiencia Nacional.
Ambos departamentos ministeriales trabajan desde hace dos meses en la reforma del Código Penal. Las modificaciones podrían incidir en la Ley de Seguridad Ciudadana, que regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Fuentes del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz calculan que el Consejo de Ministros aprobará antes de verano el proyecto de Ley Orgánica de reforma parcial del Código Penal con la idea de que las Cortes Generales aprueben su tramitación en los meses de otoño.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la mujer que era un secreto y ahora es un problema

MADRID.- Podría ser su hija -tiene 47 años, uno menos que la Infanta Elena- pero es simplemente la 'amiga' de Su Majestad. Corinna zu Sayn-Wittgenstein ha pasado de ser un 'secreto' celosamente guardado, a convertise en un 'problema'. Y serio, porque tiene patas arriba el Palacio de La Zarzuela. Rubia, bella, con una estilizada silueta, de gustos sofisticados y acostumbrada a moverse en los más exquisitos salones, dice 'Periodista Digital'.

Escribe de ella Abigail Campos en 'La Gaceta' que el título nobiliario que utiliza sin rubor y su indiscutible buen físico le abren paso en los círculos sociales más restringidos. Dicen de ella que es inteligente, elegante y que sabe estar.
Su nombre original es Corinna Larsen. Es hija de Finn Bönning Larsen e Ingrid Larsen, y tiene un hermano, de nombre Sven Erik.
Su padre, fallecido el 10 de agosto de 2010, era el director para Europa de la aerolínea brasileña Varig, con sede en Fráncfort, un hombre muy respetado y amante del deporte, que llegó a recibir la orden de Caballero del Reino de Dinamarca y la ciudadanía honoraria de Brasil.
Nacida en Fráncfort -y no en Suecia, como erróneamente se dice- el 19 de enero de 1965, Corinna es la directora general de Boss & Co gunmakers, una prestigiosa armería fundada en 2000, con base en Londres, y que se dedica a organizar lujosas expediciones de caza y tiro en lugares especiales, con packs que incluyen alojamientos en castillos.
Corinna combina esa faceta con la filantrópica, en la Authentics Foundation, una ONG que se dedica a variadas tareas, como la lucha contra las redes de blanqueo de dinero, narcotráfico o explotación laboral infantil.
Sin embargo, la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein ni es princesa ni se apellida Sayn-Wittgenstein. Lo que ocurre es que sigue utilizando el título de su segundo ex marido, el príncipe Casimir de Sayn-Wittgenstein-Sayn.
La pareja se casó en diciembre de 2000, en una ceremonia civil en Chelsea, Londres. Cassi, como se le conoce, es el segundo hijo de Alexander, el príncipe de Sayn-Wittgenstein-Sayn y de la condesa Gabriella de Schönborn-Wiesentheid, y tiene ocho años menos que ella.
Se sabe que en su familia no agradó el casamiento. Para ella era su segundo matrimonio, porque primero estuvo casada con el potentado Philip Atkins, con quien tuvo una hija en 1992, Nastassa, que hoy vive en Mónaco.
Y entre ambos tuvo una relación con Gert Rudoph Flick, vinculado a la poderosa automovilística Mercedes.
El príncipe alemán se casó con Corinna en una primera ceremonia civil en espera de la anulación matrimonial que permitiera otra religiosa, que finalmente tuvo lugar en Salzburgo, al año siguiente.
Sin embargo, y pese a que tuvieron un hijo (Alexander, nacido en 2002), la cosa acabó en divorcio en 2005.
"Terminaron muy mal", explica un experto en casas reales que pide guardar el anonimato.
El relato coincide con el de Rey Cabieses.
Los Wittgenstein son una de las casas soberanas del Sacro Imperio Romano Germánico con muchas ramas, algunas de ellas extinguidas. Tienen el mismo rango que las casas reales europeas.
"Si un Wittgenstein de nacimiento se casara con un hijo del Rey de España, serían del mismo rango", dice Rey Cabieses.
Sin embargo, en Alemania no son muy conocidos ni tienen ningún peso representativo.
Como le gustaba España -había disfrutado algún verano en Lanzarote-, comenzó a pasar largas temporadas en un chalé en El Pardo y se integró en la vida social, llegando a formar parte de delegaciones empresariales en representación de España en países como Arabia Saudí.
Tiene gustos caros, como los safaris y las actividades acuáticas, y se dice que adquirió un collar de esmeraldas de la condesa de Romanones, que en el pasado fue de Anita Delgado, maharaní de Kapurthala, y que fue vendido por 400.000 euros por Sotheby´s, aunque la casa de subastas no confirma si fue ella quien lo compró.