viernes, 4 de enero de 2013

La Policía desaloja una sede bancaria de Guadalajara donde había unas 40 personas para parar un deshaucio

GUADALAJARA.- Miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional han desalojado esta noche a las alrededor de 40 personas que se habían encerrado este viernes, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, en la sucursal del BBVA de la Plaza del Jardinillo de la capital, con el fin de evitar el desahucio de una mujer de 75 años y de su hijo.

   Según ha explicado Mamen Sánchez, una de las personas que forman parte de la Plataforma, el desalojo ha concluido a las 2.30 horas y se ha saldado sin incidentes.
   El encierro había comenzado a las 13.00 horas de este viernes y a las personas que se encerraron en el interior del banco --entre las que están la afectada y su hijo-- se unieron otras 60 en el exterior.
   En declaraciones concedidas poco después del inicio del encierro, Sánchez explicó que esta mujer --que cobra una pensión-- firmó una hipoteca con su hijo Pedro --que no puede trabajar a causa de una discapacidad y que también cobra una pensión-- para que éste se comparara una casa y que "después de diferentes promesas" le han quitado a él la casa y, ahora, "quieren desahuciar a María".
   Asimismo, señaló que todavía no hay fecha para el desahucio pero que el proceso está "muy avanzado". A través de un comunicado, la Plataforma de Afectador por la Hipoteca de Guadalajara explicó que el objetivo de la acción era "que María y su hijo Pedro puedan continuar viviendo en su casa y se les condone la deuda, tras un primer desahucio de la vivienda de Pedro".
   Por otra parte, la organización hizo un llamamiento a la ciudadanía de Guadalajara para que apoye esta ocupación y se una a la movilización "por la dignidad y la justicia".
   Finalmente, exigió al subdelegado de Gobierno de Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, "que cese en su estrategia de represión y criminalización contra los colectivos que defienden derechos fundamentales".

La malnutrición infantil en Portugal obliga a los colegios a abrir los comedores durante la Navidad

LISBOA.- En Portugal, el paro y la caída drástica de los ingresos familiares han empujado a algunos colegios a dejar abierto el comedor escolar durante las vacaciones de Navidad para que los niños puedan comer.

Se calcula que unos 13.000 alumnos en todo el país carecen de una alimentación apropiada.
“El año pasado se apuntaron unos 3.000 estudiantes y este tenemos unos 4.000. Eso es debido a la situación del país y hay muchos niños que su única comida es la que reciben en la escuela”, decía Firmino Pereira, un responsable del ayuntamiento de Gaia, una ciudad del norte de Portugal.
Las medidas de austeridad impuestas desde Bruselas están empujando a la pobreza a muchas familias de clase media. La administración portuguesa no da abasto y los comedores sociales están saturados.

Asalto oligárquico contra la democracia / Patricio Hernández *

Constituye una gran paradoja política española que una fuerte movilización popular como la que se produjo en 2011 en torno al llamado movimiento de los indignados o del 15M que además de impugnar el modelo impuesto de capitalismo financiero que amenaza con demoler las políticas sociales de muchos países, era sobre todo un rechazo a las inaceptables insuficiencias de nuestra democracia, y que concitó la simpatía de al menos un 70% de los ciudadanos, se haya visto sucedido apenas unos meses después por un Gobierno y una mayoría parlamentaria electa que pratican justamente la política que se criticaba en la calle y que además está provocando una sería regresión de la democracia.

Aferrado a la legitimidad electoral, a la que se otorga todo el valor, incluso aunque se haya renunciado fraudulentamente al programa para el que se pidió el voto, el Gobierno del PP está imponiendo una mutación de gran alcance en el estado social español, a través de la drástica reducción de servicios públicos y prestaciones sociales, del recorte de derechos, y del avance en la privatización y mercantilización de bienes comunes que está debilitando profundamente el modelo de ciudadanía social construido a lo largo del periodo democrático.

Es un proceso de desposesión material de la mayoría social acompañado por un proceso de desdemocratización que responde plenamente a la política que impulsan las actuales instituciones europeas -todas ellas a su vez aquejadas de fuerte déficit democrático- y otros organismos internacionales aún menos democráticos y en gran parte responsables de la deriva especulativa de los últimos años.

Esta situación supone de hecho un vaciamiento del sentido de la democracia, un viejo sueño neoliberal paralelo a la utopía del mercado autorregulador, que alcanza su plenitud ahora, y que propone reducir la democracia a un simple mecanismo de selección de élites políticas por medio de elecciones, dentro de una progresiva oligarquización de la vida política y económica. Es la 'democracia limitada' de Hayek o, en versión de Angela Merkel, la 'democracia en condiciones de mercado'.

Este reduccionismo o minimalismo democrático, objetivo del nuevo asalto oligárquico a la democracia, supone a escala europea la ruptura del pacto social que dio lugar a los Estados del Bienestar en la posguerra mundial de una guerra que se hizo justamente en nombre de la democracia, ahora malbaratada en las sociedades europeas. "Pensar en qué puede sustituirlo da vértigo" (Juan Carlos Monedero).

Aquel pacto democrático suponía mucho más que preservar formalmente el procedimiento electoral de la competencia interpartidaria. Implicaba también -sin cuestionar la economía de mercado- una serie de derechos sociales, económicos y culturales que aseguraban la inclusión y protección de todos los sectores sociales, ahora en revisión.

Queda muy bien expresadado por el profesor Gerardo Pisarello cuando se pregunta "¿qué valor exacto adquiere el derecho formal a votar cuando se vive en condiciones de precariedad laboral o existencial, el acceso a los medios de comunicación es limitado o inexistente, y los principales partidos políticos están fuertemente subordinados a oligarquías financieras libres de todo control?".

La ruptura del pacto social que sustentaba el capitalismo democrático devuelve al centro del debate la pregunta de si es compatible la democracia con el capitalismo.

Este proceso de desdemocrarización es bien visible en la España actual: no sólo se ignoran paladinamente los compromisos electorales, sino que se gobierna sistemáticamente por decreto para esquivar el debate parlamentario, se reforman las leyes para permitir el control partidario de los medios públicos, se endurece el Código Penal y se usa violentamente a la Policía o se ponen multas disuasorias para dificultar o impedir la libertad de expresión y manifestación, y sobre todo se ignoran las protestas cualquiera que sea su magnitud, al tiempo que se aplican severas medidas económicas y sociales que producen una creciente precarización y exclusión social.

Como ha dicho Manuel Castells, "España es el país de Europa donde el sistema político ha mostrado menos sensibilidad ante la protesta, y con los dos grandes partidos de acuerdo en ignorarla". Está convencido Castells de que "ha cambiado la conciencia de la gente, pero el sistema político se mantiene impermeable. Y esto puede degenerar en enfrentamientos y en violencia".

Esta situación ha sumado a la crisis económica y social una acelerada crisis política, quizás menos visible pero de gran alcance pues supone cuestionar el modelo bipartidista que ha presidido la vida política desde la transición.

Así en los distintos estudios de opinión se comprueba que desde julio de 2012 la intención de abstenerse supera por vez primera a la intención de voto de cualquier partido, y desde octubre las personas que no saben o no quieren responder a la pregunta sobre su voto es el grupo más numeroso. El presidente del Gobierno acabó el año con el peor indicador de popularidad conocido en democracia (2,8 sobre 10), siendo aún peor el del líder del primer partido de la oposición. La intención de voto a los dos grandes partidos sumaba en noviembre (encuesta de Metroscopia para El País) un magro 54,7%, a casi veinte puntos de los resultados de las últimas elecciones generales del año anterior (73,35%).

Según los datos del CIS los políticos no dejan de crecer como problema en las preocupaciones ciudadanas: si en enero de 2012 eran uno de los principales problemas para el 17,8%, en noviembre lo era ya para el 30,2%. En esa misma encuesta los ciudadanos que se mostraban poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia en España alcanzaban un escalofriante 67,5% (frente a un 29,6% bastante satisfecho). 

Estos datos permiten hablar de una fuerte deslegitimación del sistema político, encubierta por la aparente estabilidad de las mayorías absolutas conservadoras, y de un descontento social muy extendido que se expresa además en la creciente contestación social a la política gubernamental, que continuará con fuerza previsiblemente este año. Porque lo que está impugnado mayoritariamente por la ciudadanía, lo que se quiere imponer a la gente antidemocráticamente es la injusta política de recortes sociales y el vaciamiento reduccionista de la democracia.

(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

Fallece la española que enfermó en Argentina y pidió ayuda a Exteriores para ser repatriada


MADRID.- Miguel y Juan Manuel, de 17 y 19 años, regresarán a Madrid el 12 de enero con las cenizas de su madre. Emma Rodríguez Pinar falleció el pasado 20 de diciembre en un hospital de Córdoba (Argentina) a causa de un paro cardíaco tras sufrir una neumonía atípica, que le había dañado varios órganos y la mantenía muy debilitada. "Pedimos ayuda al consulado para su repatriación a España cuando estaba enferma, pero ni siquiera hemos recibido una respuesta oficial. Nadie nos ha llamado. Nos hemos sentido solos, perdidos y desamparados. Nuestros gobernantes practican el ejercicio de la sordera, de la dureza", denuncia su hermana, Mari Ángeles, a 20minutos.es

Emma, economista de 54 años, vivía con sus hijos en casa de su madre, que les ayudaba con su pensión. Cansada de esta situación y de no encontrar trabajo, decidió viajar a Argentina para intentar montar un negocio. Una vez allí, enfermó gravemente de neumonía y tuvo que ser ingresada el 12 de octubre en el hospital Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia. "En esos dos meses no salió de la cama ni de la UCI. Yo pedí la repatriación, primero de palabra y luego por escrito, pero me di cuenta de que no iban a hacer nada", explica su hermana, que se fue a Argentina para cuidarla, aunque solo pudo estar 40 días allí porque debía volver a su trabajo en Madrid.

Los médicos les dijeron que el apoyo familiar era fundamental para su recuperación, así que los dos hijos de Emma dejaron sus estudios en España, se fueron a Argentina y se alojaron en un hostal. "El cónsul apareció en el hospital 38 días después de que Emma fuera ingresada y cuando yo ya había denunciado el caso en 20minutos y otros medios de comunicación. Apareció dando órdenes y se reunió con el director del centro", recuerda Mari Ángeles. Entonces, se produjo el traslado inmediato de la enferma al hospital de Córdoba, donde solo podía ser visitada por los familiares durante una hora. "Mi sobrinos se quedaron en Alta Gracia, a 30 kilómetros, y viajaban todos los días para ver a su madre. La intención del cónsul era que mi hermana se pusiera bien y volara a España en un vuelo comercial", asegura.

Aunque Emma superó algunas complicaciones, estaba muy débil. Tras sobrevivir a un primer paro cardíaco, el 20 de diciembre sufrió otro que no pudo superar. "Cuando me llamaron para comunicarme su fallecimiento no me puse furiosa porque ya no servía de nada", dice Mari Ángeles, que afirma que repatriar a su hermana era caro, pero en otros casos, como el del dirigente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, parece que no tanto. "El dinero de todos se gasta de forma arbitraria. No somos todos iguales en este país. Lo que para unos es posible, para otros no lo es", critica.

El Ministerio de Exteriores reveló a este diario, cuando se conoció el caso, que la repatriación en un avión sanitario es un proceso muy caro (141.000 euros, según un presupuesto privado que pidió la familia de Emma) para la cantidad total destinada para protección de españoles en el extranjero, 2.300.000 euros.
 
Emma fue incinerada en Argentina y sus hijos regresarán con sus cenizas a Madrid. Aún les falta un documento para el traslado, pero se prevé que lleguen a Barajas el 12 de enero. "Los chicos se han hecho cargo de todo. El que peor está es el pequeño. El dolor y la tristeza están ahí", señala. Ahora, están alojados en casa de un matrimonio amigo de su madre y cuando vuelvan seguirán viviendo con su abuela y contarán con el apoyo de sus tíos. "Mi madre dice que hay gente que está peor que nosotros, que solo somos uno más", asegura.

Mari Ángeles se pregunta qué debe hacer un ciudadano normal para ser escuchado. "Un ciudadano de a pie descubre que no hay vía de comunicación con sus representantes, que no le escuchan, salvo que se acuda a un medio de comunicación. Solo esperamos que no le pase a ninguna familia más, que nadie se sienta tan desamparado", sostiene.

Pese a la tragedia, la familia de Emma es capaz de señalar el lado positivo de su experiencia: la solidaridad. "Los médicos y enfermeras le salvaron la vida varias veces a mi hermana y tuvieron una gran calidad humana. Nos llegaron a ofrecer sus casas. Cuando llegué a Argentina no conocía a nadie, pero todos me ayudaron. Si necesitaba trasladarme, me llevaban en coche", explica Mari Ángeles, que dice que su familia siempre estará agradecida a todos los profesionales y vecinos que les apoyaron y cuidaron de su hermana Emma.

Se pospone el régimen abierto para Carromero a falta de completar la documentación

SEGOVIA.- La concesión del tercer grado o régimen abierto al dirigente de Nuevas Generaciones del PP Ángel Carromero, condenado por la muerte en accidente de dos opositores cubanos e interno en la prisión de Segovia, no ha podido ser abordada hoy por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario a falta de completar la documentación.

Aunque la familia confiaba en que la Junta de Tratamiento abordara tal posibilidad, fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han informado hoy que este órgano, presidido por el director del centro, José María García, e integrada por un equipo mutidisciplinar, no ha tratado el asunto.
La Audiencia Nacional ha cerrado la liquidación de condena de Ángel Carromero, un trámite necesario para que la prisión de Segovia pueda acordar el paso al tercer grado penitenciario, aunque aún es provisional, a falta del informe del fiscal, según fuentes del tribunal.
Cuando se formalice, presumiblemente con sentido favorable, el tribunal enviará la liquidación a la prisión para que ésta pueda tomar su decisión.
Carromero ingresó en la cárcel de Segovia el pasado 29 de diciembre, tras ser extraditado a España, donde permanecerá hasta que la Junta de Tratamiento adopte la decisión, que se puede retrasar una semana, hasta el jueves próximo, cuando se vuelva a reunir.
Fue condenado en Cuba a cuatro años de cárcel por el accidente de tráfico en el coche que conducía, en el que murieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, el pasado 22 de julio, donde también viajaba Jens Aron Modig, presidente de la Liga Juvenil de la Democracia Cristiana sueca.
El abogado de la defensa, José María Viñals, ha señalado que la Junta de Tratamiento sigue el procedimiento previsto y tiene que cumplimentar unos tramites o formalidades con anterioridad a la toma de su decisión.
Asimismo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe testimoniar la sentencia cubana por su parte y, a propuesta del ministerio fiscal, liquidar la condena que le quedaría por cumplir a Carromero en España.
Para la defensa, "los pasos se van siguiendo y adoptando de conformidad con los tiempos y las formalidades previstas en la ley", ha subrayado el letrado.
Según el reglamento penitenciario, antes de que pasen dos meses desde que se recibe la sentencia, la Junta de Tratamiento propone el grado penitenciario en el que, inicialmente, el preso debe cumplir la condena.
El portavoz de la familia y diputado del PP, Pablo Casado, confiaba en la agilidad de los trámites, con el fin de que Carromero pudiera salir en tercer grado hacia mediados de la próxima semana, una vez pasadas las fiestas.

Remitida hoy la documentación

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha enviado hoy a la cárcel de Segovia la liquidación de pena del vicesecretario de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, trámite necesario para que pueda optar al tercer grado penitenciario que le permitiría salir en libertad, informaron fuentes jurídicas.
   El cálculo, que ha sido avalado por la Fiscalía, establece que Carromero, que fue condenado a cuatro años de cárcel en Cuba por el accidente de tráfico en el que fallecieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, terminará de cumplir condena el 21 de julio de 2016.
   El dirigente 'popular' permaneció en una cárcel cubana entre el 23 de julio y el 28 de diciembre de 2012, es decir, 159 días de los 1.460 a los que fue condenado. De esta forma, el dirigente tendría pendiente una pena de 1.301 días. En la cárcel de Segovia ingresó el pasado 29 de diciembre.
   La liquidación de condena es el primer paso para que la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia inicie los trámites para solicitar el tercer grado penitenciario, que concede la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.
   En caso de obtener el tercer grado, Carromero disfrutaría de un régimen abierto que le permitiría acudir a la cárcel sólo para dormir. También existe una modalidad, según el Reglamento Penitenciario, por la que un preso puede estar vigilado mediante control telemático y ni siquiera tiene que dormir en la cárcel.
   A la hora de conceder un tercer grado, se tienen en cuenta aspectos como el arraigo, el hecho de tener un trabajo o que no represente riesgo para la sociedad o que no sea reincidente, elementos que serían de aplicación en el caso de Carromero, según informaron a Europa Press fuentes penitenciarias.
   El Consejo de Ministros autorizó el pasado 14 de diciembre el traslado a España de Carromero, después del acuerdo alcanzado con Cuba ocho días antes, para que éste cumpla en España la condena impuesta por las autoridades cubanas.

Izquierda Plural presenta una enmienda de totalidad a la ley contra desahucios

MADRID.-   La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, que tiene por objeto frenar la oleada de desahucios, según ha anunciado este viernes el diputado de ICV, Joan Coscubiela.

   En el texto alternativo que acompaña a la enmienda, la coalición pide una moratoria universal e indefinida de los procedimientos hipotecarios, a petición del deudor, en cualquier fase de su tramitación, siempre que se cumplan las condiciones de domicilio habitual, insolvencia sobrevenida y no disponibilidad de otra vivienda con el que satisfacer este derecho.
   "El drama social de los desahucios está alcanzando una dimensión y un dramatismo insoportables para la conciencia social y la convivencia democrática de nuestro país, necesitamos soluciones urgentes", ha remarcado Coscubiela.
   Según ha dicho, desde instancias como el Poder Judicial se han oído voces que reclaman que, de forma urgente, se adopten medidas legislativas en el ámbito hipotecario, financiero y procesal, así como políticas sociales y de vivienda "que corrijan las injusticias y la indefensión de los deudores frente a las entidades financieras y garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna para todos".
   El texto legislativo que presenta Izquierda Plural pretende dar una solución "provisional" al drama de los desahucios mientras no se realicen los cambios en el ordenamiento jurídico que contemplen la dación en pago con carácter retroactivo y el derecho a continuar disponiendo de una vivienda digna. "Tenemos que parar este drama, porque cada día hay 500 familias desahuciadas en toda España", ha recordado Joan Coscubiela.
   Además de la moratoria universal e indefinida, en la enmienda presentada se indica que esta paralización incluiría también la suspensión de los intereses derivados de la deuda. Una suspensión que se mantendría hasta su dación en pago o hasta que se incluya un procedimiento de liquidación ordenada de las deudas de la persona afectada, siempre en condiciones ajustadas a las posibilidades económicas del deudor.
   También se propone la constitución de un Fondo Social de Viviendas de titularidad estatal y gestión autonómica, integrado por viviendas de entidades financieras nacionalizadas, de entidades financieras participadas por el FROB y otras desocupadas de titularidad pública. Estos activos inmobiliarios se destinarían a vivienda pública de alquiler por un período de cinco años a precio protegido.
   Por otra parte la enmienda también incluye la modificación del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, estableciendo la obligatoriedad de la mediación y arbitraje judicial en cualquier proceso de ejecución hipotecaria.
   Otras de las cuestiones que plantea Izquierda Plural es que se introduzca la libre elección del deudor frente a las alternativas de protección de deudores hipotecarios que se plantean, y que se supriman los condicionantes y limitaciones de carácter personal o familiar para la delimitación del umbral de exclusión.
   Finalmente, también incluye una ampliación de la moratoria de los desahucios en régimen de alquiler en los que concurran circunstancias similares a las de los deudores hipotecarios, pero adaptándose a la singularidad de este tipo de contratos.

Sólo el 13,3% de españoles cree que la situación económica mejorará en 2013

MADRID.- Sólo el 13,3 por ciento de los españoles cree que la situación económica del país mejorará durante el próximo año, mientras que la mitad de la población considera que dentro de doce meses la economía española será peor que ahora, según refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

   El pesimismo respecto a la situación económica española se refleja al analizar esta encuesta, realizada durante los primeros quince días de diciembre y hecha pública este viernes, que revela que hasta el 79 por ciento de los ciudadanos creen que dentro de un año la economía del país será igual o peor que en la actualidad.
   Los datos reflejan además que el 72,6 por ciento de los encuestados ven la actual situación económica peor que la de hace un año y sólo un 4,3 por ciento advierte mejoras, frente al 21,9 por ciento que no ve variación.
   En general, el 91,5 por ciento de la población considera que España atraviesa una situación económica mala o muy mala y sólo uno de cada cien ciudadanos la califica de buena.
   Preguntados por su situación personal, los encuestados se dividen entre el 26,6 por ciento que la consideran buena o muy buena y el 25,2 por ciento que la ve mala o muy mala. Además, poco más del 20 por ciento espera mejorar esta situación durante el próximo año mientras que el 19 por ciento augura que dentro de doce meses su situación económica empeorará.
   Un mes más, el instituto sociológico sondea las perspectivas personales de los desempleados de encontrar trabajo y la encuesta refleja que seis de cada diez parados ven poco o nada probable encontrar un empleo durante los próximos doce meses, frente al 30 por ciento de los desempleados encuestados que sí confían en encontrar un puesto de trabajo.
   Mientras, un 22,3 por ciento de los encuestados que tenían trabajo reconocen su temor a perder el empleo durante 2013, mientras que el 68,3 por ciento califican de poco o nada probable esta posibilidad y confían en mantener su puesto laboral.
   A juicio de los encuestados, el principal objetivo de la sociedad española durante los próximos cinco años debería ser luchar contra el paro, una opción que sitúan en primer lugar hasta un 64,5 por ciento de los ciudadanos. Esta opción está seguida por la lucha contra la corrupción política y la mejora de la competitividad económica.
   Además, más del 60 por ciento de los ciudadanos consideran que durante el próximo lustro aumentarán las desigualdades sociales, las dificultades para tener una vivienda, los problemas relacionados con el cuidado de los mayores y el número de personas sin hogar; a la vez que creen que disminuirá la calidad de la asistencia sanitaria.
   En cuanto al número de parados, el 45 por ciento de los encuestados confían en un descenso del número actual de desempleados dentro de cinco años, mientras que casi un 40 por ciento muestra su pesimismo y augura un aumento de parados.

Se duplica entre los españoles la preocupación por corrupción, fraude y aumenta la de sanidad

MADRID.- El último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al pasado diciembre revela que se ha duplicado la preocupación de los españoles por la corrupción y el fraude respecto del mes anterior, al tiempo que ha aumentado la de la sanidad, que marca un nuevo récord.

   La encuesta, hecha pública este viernes, se basa en 2.480 entrevistas domiciliarias realizadas entre el 1 y el 15 de diciembre en 237 municipios de 49 provincias y tiene un margen de error de más/menos un 2 por ciento.
   En concreto, la corrupción y el fraude ha recibido un 17,2 por ciento de menciones, casi el doble que el pasado mes de noviembre, cuando fue citado por el 9,5 por ciento de los entrevistados, lo que le hace irrumpir en el cuarto puesto de la lista de preocupaciones ciudadanas, por detrás del paro, los problemas de índole económica y la clase política.
   En cualquier caso, el ránking de las preocupaciones ciudadanas sigue liderado por el paro, pese a que su porcentaje desciende levemente, pasando del 80,8 por ciento que alcanzó en noviembre al 77,1 por ciento de diciembre, mes éste en el que el número de desempleados ha descendido en 59.094 personas.
   El segundo puesto sigue siendo para los problemas económicos en general, con 39,5 por ciento de las alusiones, y el tercero, aunque ya muy por detrás, lo sigue ocupando, con el 29,8 por ciento de las respuestas, la clase política aunque, eso sí, suma ocho puntos más que hace un año.
   Justo detrás de la corrupción y el fraude, que ocupan el cuarto lugar, se encuentra la sanidad. Aunque baja un puesto en la lista de los problemas nacionales respecto a las encuestas de los últimos tres meses, vuelve a marcar, con un 12,9 por ciento de los cuestionarios, un nuevo récord, al incrementarse un punto y medio respecto de noviembre.
   Ello puede deberse a las numerosas manifestaciones que los profesionales de la sanidad madrileña han protagonizado durante el pasado mes de diciembre contra la intención del Gobierno de Ignacio González de privatizar la gestión de este servicio.
   En el sexto puesto las cosas han cambiado respecto al mes inmediatamente anterior, puesto que entonces en ese lugar figuraba los bancos y ahora, con un 7,6 por ciento, se encuentra la educación, que está acaparando últimamente la atención de los medios de comunicación ante la reforma educativa que lidera José Ignacio Wert. No obstante, la preocupación de los españoles por las entidades bancarias aparece en el puesto siguiente, con un 7 por ciento de las respuestas.
   Por otra parte, la preocupación por los desahucios, que irrumpió por primera vez en el Barómetro de noviembre ocupando el puesto número ocho, pasa al noveno lugar al ser citado por el 5,6 por ciento de los encuestados, después de las primeras medidas decididas por el Gobierno para frenar este drama social.
   Respecto a las cuestiones que más afectan personalmente a los entrevistados, el paro continúa a la cabeza (47,2 por ciento), seguido de los problemas de índole económica (35,8 por ciento) y la sanidad (12,8 por ciento) y los políticos (10,1 por ciento).

Reino Unido publica los nombres y fotografías de los mayores defraudadores

LONDRES.- La Hacienda británica ha publicado el nombre y las fotografías de los 32 mayores condenados por fraude fiscal durante el año 2012 en el marco de una campaña contra la evasión de impuestos desarrollada por las autoridades fiscales de Reino Unido.

   Las condenas impuestas a los 32 defraudadores identificados en este listado suman penas de prisión por un total de 155 años y 10 meses, destacó el Fisco británico.
   Los casos recogidos en el listado, al que puede accederse a través de http://www.flickr.com/photos/hmrcgovuk/sets/72157632409515581 , hacen referencia principalmente a fraudes en la declaración del IVA, así como al contrabando de alcohol y tabaco.
   El secretario de Hacienda, David Gauke, subrayó el compromiso del Gobierno para perseguir la evasión fiscal, destacando que "colectivamente estos 32 criminales han sido sentenciados a más de 150 años".
 "La mayoría cumple las reglas y paga lo que le corresponde y las autoridades fiscales están adoptando medidas enérgicas respecto a aquellos que no lo hacen", añadió.
   "Esperamos que la publicación de estas fotografías contribuirá a mostrar la importancia de declarar todos los ingresos y que los evasores de impuestos simplemente están acumulando problemas futuros", concluyó.

La Asociación DRY se querella contra Rajoy, cuatro ministros y 58 diputados

MADRID.- La Asociación Democracia Real Ya (DRY) ha presentado este viernes una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra los ministros de Empleo, Fátima Báñez; de Interior, Jorge Fernández Díaz; de Hacienda, Cristóbal Montoro; y de Fomento, Ana Pastor; así como contra 58 diputados, a los que acusa de los delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida por cobrar del Congreso dietas destinadas al alojamiento "a pesar de disponer de vivienda habitual en Madrid".

   "Con esta querella queremos que se haga justicia. Si lo que pretenden de alguna manera es obtener un sobresueldo que lo digan y que se lo expongan a los ciudadanos, a ver qué les parece", ha manifestado tras presentar la querella en declaraciones a los periodistas Miguel Ángel Jiménez, uno de los letrados de la asociación, vinculada al movimiento 15M y surgida de la escisión de la plataforma que convocó las primeras manifestaciones en mayo de 2011.
   Según ha denunciado, la mayoría de los parlamentarios que imputan en su querella cobran una dieta de 1.823 euros en concepto de ayudas para el alojamiento por el hecho de haber sido elegidos en otras circunscripciones diferentes a la de Madrid, a pesar de contar con una o más viviendas en la capital y de ser, en muchos casos, su residencia habitual.
   "La cuestión es que estos diputados, aunque tienen casa en Madrid, parece ser que no la utilizan porque están cobrando dicha dieta", ha ironizado, para añadir que cuando se les ha preguntado sobre esta cuestión han justificado que "necesitaban ese dinero para hacer su gestión". "No es factible porque los disputados cuando están en misión parlamentaria cobran ya de por sí, cuando van a hacer algo oficial, una dieta de 120 euros", ha argumentado.
   En este sentido, Jiménez ha asegurado que "existiría duplicidad en el concepto de dietas" y por ello, dado que esos diputados estarían percibiendo 952 euros más que los elegidos por Madrid, cuya dieta asciende a 870 euros, a pesar de contar todos ellos con residencia en la capital, les acusan de malversación de fondos, apoyándose en el artículo 433 del Código Penal.
   Dicho artículo establece que "la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años".
   La Asociación Democracia Real Ya también considera que los diputados incurren en un delito de apropiación indebida, establecido en el artículo 252 del Código Penal.
   Asimismo, Jiménez ha explicado que han decidido incluir en la querella al propio presidente del Gobierno porque, a pesar de estar residiendo en el Palacio de La Moncloa, sigue cobrando, según denuncian, la dieta de 870 que el Congreso destina a los diputados elegidos en Madrid. "No se tiene conocimiento de que el presidente del Gobierno esté restituyendo estas cantidades cobradas en su condición de diputado de Madrid", señalan en la querella.
   "Nos parece un poco extraño que alguien perciba esa dieta viviendo en el Palacio de La Moncloa y a costa de todos los españoles. Esa irregularidad hay que sacarla, y no hay ningún sitio mejor que los tribunales de Justicia", ha manifestado, para añadir que "no se explica como es posible que esté cobrando una dieta parlamentaria un primer ministro", que además ha renunciado a su sueldo como diputado.
   Por último, el letrado de la asociación ha manifestado que lo que persiguen con la querella, además de denunciar lo que consideran una falta de "honestidad" teniendo en cuenta "la actual situación que hay en España de crisis y corrupción política", es que los diputados denunciados "devuelvan a todos los españoles el dinero que han cobrado y que no les correspondía, y que no vuelvan a cobrar estas dietas".