martes, 5 de junio de 2012

El senador Anasagasti critica las escapadas de Dívar con “su novio el escolta”

MADRID.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, también presidente del Tribunal Supremo, sigue en el ojo del huracán de la opinión pública española. El senador por Vizcaya Iñaki Anasagasti le dedica en su blog un artículo en el que no se corta un pelo y le identifica con un personaje de ‘El Padrino’ y le acusa de pagar con dinero público sus estancias junto a “su novio, el jefe de sus escoltas”.

En su blog, el senador por Vizcaya Iñaki Anasagasti también aboga por la dimisión de Dívar, a quien describe como un mafioso: “A la gente no ha de juzgársele por su aspecto físico, pero a mí Carlos Dívar me parece que hubiera encajado a la perfección en la película El Padrino, al lado de Don Corleone como su asesor espiritual. Solo le faltaba el gato persa para acariciarle en la rueda de prensa que dio el pasado jueves arrastrado por la opinión pública, que no entendía su prepotencia y su desprecio a la ciudadanía”.
“Todos en Madrid te comentan que esas reuniones tan importantes que tenía en Puerto Banús en un ‘descascarillado’ hotelito de cuatro estrellas eran nada menos que el Marbella Club Golf Resort y el Puente Romano donde acudía tan ricamente con su jefe de escoltas que dicen debe ser su novio”, escribe Anasagasti.
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El senador aclara que “cada uno con su vida privada puede hacer lo que quiera pero no con dinero público y menos siendo el presidente del Supremo”, según recoge 'El Plural'.

Miles de egipcios protestan de nuevo en Tahrir contra el veredicto de Mubarak

EL CAIRO.- Miles de egipcios han vuelto a salir este martes a las calles de El Cairo y de otras ciudades del país para protestar por el resultado del juicio contra el expresidente Hosni Mubarak, así como para criticar la presencia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del último primer ministro del antiguo régimen, Ahmed Shafiq.

   Mubarak y su ministro del Interior Habibl al Adli fueron condenados el sábado a cadena perpetua, pero los dos hijos de Mubarak, un empresario afín al régimen y seis altos cargos del aparato de seguridad fueron absueltos, lo que ha provocado una nueva oleada de descontento.
   La protesta fue anunciada el mismo día del veredicto por el Movimiento Juvenil 6 de Abril, la Coalición Juvenil Revolucionaria 25 de Enero, la Unión Juvenil de Maspero y otras organizaciones surgidas al calor de la revuelta contra Mubarak. La concentración fue secundada ayer por el principal movimiento islamista del país, los Hermanos Musulmanes.
   Las movilizaciones se producen a menos de dos semanas de que tenga lugar la segunda vuelta de los comicios presidenciales --16 y 17 de junio--, que enfrentará a Shafiq y al candidato de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi.
   "No a Mursi, no a Shafiq, la revolución está a medias", proclamaba una de las pancartas exhibidas en la cairota plaza Tahrir, donde también se han lanzado consignas a favor de boicotear la votación, según Reuters.
   La protesta de El Cairo no ha sido la única celebrada este martes, ya que miles de personas más han salido a las calles de otras ciudades de Egipto para reivindicar que se elimine cualquier vestigio del antiguo régimen de la vida política y que los responsables de las muertes de manifestantes rindan cuentas ante la Justicia.
   En Alejandría, la segunda mayor ciudad del país, se han concentrado unas 8.000 personas, según informa el periódico 'Al Masry al Youm'.

Rusia multiplica por treinta las multas por organizar protestas sin permiso

MOSCÚ.- La Duma del Estado, la Cámara Baja del Parlamento ruso, ha aprobado  un polémico proyecto de ley que eleva de 50.000 a 1,5 millones de rublos (de 1.200 a 36.240 euros) la multa de mayor cuantía que se puede imponer a quienes organicen manifestaciones no autorizadas.

   El texto legislativo también aumenta de 5.000 a 300.000 rublos (de 120 a 7.250 euros) la multa máxima por participar en una manifestación no permitida por las autoridades, según la agencia de noticias RIA Novosti.
   Aunque la versión original del proyecto de ley elevaba la multa a un millón de rublos (24.160 euros), las objeciones de la oposición y la presión de la opinión pública hicieron que se redujese la cifra.
   La modificación en la cuantía de las multas fue propuesta por diputados de Rusia Unida (el partido del presidente y el primer ministro, Vladimir Putin y Dimitri Medvedev, respectivamente) después de los enfrentamientos entre manifestantes y policías durante una protesta realizada en el centro de Moscú el mes pasado, un día antes de que Putin jurase su cargo como jefe de Estado.
   La Policía ha informado de que mientras los parlamentarios debatían el proyecto de ley, fueron detenidas unas 20 personas que se habían concentrado junto a la Duma, entre ellas el líder del partido opositor Yabloko, Sergei Mitrojin.
   El texto legislativo se convertirá en ley si, como se espera que ocurra, es aprobado este miércoles por el Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento. El objetivo de sus impulsores es que entre en vigor antes de la manifestación contra Putin que se va a realizar en Moscú el próximo martes.
   Boris Nemtsov, un antiguo viceprimer ministro que ahora está en la oposición, ha afirmado que la nueva ley "no servirá para detener las protestas".
 "Solo hará que los manifestantes se radicalicen", ha declarado a RIA Novosti.

Moscú aclara que no negocia con otros países la salida del poder de Al Assad

MOSCÚ.- El Gobierno ruso ha admitido que no contempla, como solución a la violencia que sufre Siria desde hace quince meses, la dimisión del presidente, Bashar al Assad, y ha aclarado que no está negociando con otros países la posible salida del poder del mandatario sirio.

   Así lo ha asegurado el viceministro de Asuntos Exteriores, Gennadi Gatilov, que ha matizado que la postura de su Gobierno no es que Al Assad "permanezca necesariamente en el poder" en el marco de un "proceso político". Cualquier paso en este sentido, ha aclarado, "debe ser resuelto por los propios sirios".
   Gatilov ha indicado que Moscú no mantiene "contactos o discusiones" con otros gobiernos "acerca de que Al Assad deba permanecer en el poder o no", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Itar-Tass. El viceministro ha abogado por la apertura de un dialogo político en Siria sin injerencias extranjeras, en términos similares a los utilizados previamente por el presidente ruso, Vladimir Putin.
   Varias informaciones de medios de comunicación han apuntado que Washington está intentado que Moscú se adhiera a un plan para promover en el caso sirio una solución similar a la de Yemen, donde el presidente, Alí Abdulá Salé, negoció el traspaso del poder a una administración liderada por su 'número dos'.
   Sin embargo, Gatilov ha hecho hincapié en las diferencias entre la situación de Yemen y la de Siria. En el caso yemení, se daba "la voluntad política de ambas partes" para negociar una solución. "En Siria, no vemos que exista esta voluntad por parte de la oposición", ha advertido el viceministro ruso.

El TS pide a la Fiscalía toda la documentación sobre los viajes del juez Carlos Dívar

MADRID.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dado por ratificada la querella que la asociación de juristas Preeminencia del Derecho ha presentado contra el presidente de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, por un presunto delito de estafa relacionada con los gastos de la veintena de viajes que realizó a Marbella (Málaga) desde que tomó posesión del cargo. 

   Fuentes del alto tribunal han señalado que, tras darse por enterada de la transformación en querella de la denuncia inicialmente interpuesta por estos hechos --que fue rechazada el pasado miércoles por motivos formales--, la Sala de lo Penal ha solicitado formalmente a la Fiscalía General del Estado que le remita toda la documentación sobre este asunto.
   Los magistrados han hecho este requerimiento antes de decidir si admiten a trámite la querella, que imputa indiciariamente al presidente del Supremo una presunta estafa de funcionario público (artículo 438 del Código Penal) y subsidiariamente un delito de malversación por no estar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año.
   La asociación de juristas Preeminencia del Derecho planteaba en su denuncia que la investigación realizada por la Fiscalía General sobre la actividades del presidente --que concluyó en archivo-- fue una "farsa" y una "pantomima". Solicitaba a la Sala de lo Penal del alto tribunal una investigación "seria e imparcial" sobre la conducta de Dívar, con el fin de depurar su responsabilidad.
   El escrito criticaba además al vocal José Manuel Gómez Benítez, responsable de la denuncia ante la Fiscalía, por no presentar la documentación directamente ante el alto tribunal. "Tanto le daba dirigir la denuncia a la Fiscalía, por lo común hipotecada en manos del Gobierno, que a la Sala Penal del Tribunal Supremo, no sujeta a instrucciones gubernamentales", señalaba.
  A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.
  "La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraídas y con la ética exigible a este alto cargo público, el más representativo del Poder Judicial", señalaba el escrito.
   Preeminencia del Derecho cuestionaba igualmente la actuación del jefe de gabinete de Dívar, Eduardo Menéndez, que justificó el carácter reservado de los viajes en la documentación remitida a la Fiscalía.
  "Es decir, que el presidente del Consejo Judicial efectúa misiones 'secretas' de las que no puede desvelar detalle, algo que no tienen ningún fundamento normativo y que es obviamente una excusa de mal pagador", razonaban los denunciantes.