viernes, 16 de noviembre de 2012

Unos 3.000 manifestantes piden "la caída del régimen" en Amán y de la monarquía jordana

AMÁN.- Unas 3.000 personas se han concentrado en el centro de Amán este viernes para protestar contra la subida de los precios del combustible por el Gobierno y han coreado "el pueblo quiere la caída del régimen", en el tercer día de protestas en el reino, y en demanda de la abdicación de la monarquía.

Policías antimotines desviaron a los protestantes, que se proponían llegar hasta el palacio real mientras coreaban consignas contra el rey Abdallah II, una demanda sin precedentes.
Las marchas, en las que participaron hasta 10.000 personas según cálculos, siguen a una semana de disturbios durante los cuales una persona murió; otros dos muertos fueron reportados en el asalto a una estación policial en la ciudad de Irbid a mediados de semana.

   La manifestación más multitudinaria ha tenido lugar cerca de la mezquita Husseini, la principal de la capital, y ha transcurrido de forma pacífica. Policías desarmados han intervenido únicamente para separar a simpatizantes y detractores del rey Abdalá II.
   "Aumentar los precios es jugar con fuego", advertía una de las pancartas en esta marcha de Amán, a la que se le han sumado concentraciones en la localidades de Irdib, en el norte del país, y en las ciudades de Karak, Tafila y Maan, en el sur.
   Los Hermanos Musulmanes, el mayor grupo de oposición en el reino, han anunciado su adhesión a las protestas y han trasladado a núcleos urbanos unas movilizaciones hasta ahora circunscritas a áreas rurales. La mayor parte de los disturbios se han producido en zonas habitadas por tribus.
   Estas tribus, tradicionalmente afines a la dinastía hachemí, se enfrentan por el poder con los Hermnanos Musulmanes, aunque los líderes de este movimiento islamista han evitado involucrarse personalmente en las protestas de estos días para evitar mayores conflictos.
   En un comunicado, el dirigente de los Hermanos Hamam Said ha instado a Abdalá II a "tomar nota de la situación" y dar marcha atrás a su decisión de aumentar los precios, ya que "el pueblo jordano no puede soportar más cargas".
   Aunque Jordania apenas ha registrado movilizaciones como las que sí han sufrido en el último año otros países de Oriente Próximo y el norte de África, la decisión del Gobierno de imponer un alza en el precio de los combustibles ha llevado a miles de personas a salir a la calle.
   Jóvenes desempleados y manifestantes descontentos con la gestión de las autoridades han atacado comisarías de Policía, bloqueado carreteras e incendiado edificios oficiales. Uno de los asistentes a estas concentraciones murió el jueves mientras una turba intentaba asaltar una comisaría en Irbid.
   Said ha advertido de que la eliminación de los subsidios "priva a los jordanos de un nivel mínimo de vida". Por este motivo, ha exhortado a Abdalá II a acelerar el proceso de reformas y dotar de mayor capacidad de decisión a la población.
Los disturbios políticos se han hecho más frecuentes desde que el pasado 4 de octubre el monarca hachemita disolvió el parlamento y convocó a elecciones anticipadas basadas en una legislación electoral reformada que los partidos islamistas y de la izquierda condenan.

Merkel traslada a Putin su "preocupación" por las leyes aprobadas contra la oposición

MOSCÚ.-   La canciller alemana, Angela Merkel, ha trasladado personalmente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, su "preocupación" por "ciertas leyes" con las que las autoridades aparentemente quieren controlar las protestas de la oposición.

   Merkel, de visita en Moscú, ha declarado en una comparecencia junto a Putin que ambos han hablado de "la situación de la sociedad civil en Rusia". Sobre esta cuestión, "le he expresado mi preocupación por ciertas leyes" promovidas por el partido oficialista, Rusia Unida, en el Parlamento.
   "Creo que necesitamos hablar de forma abierta y sincera sobre estas cuestiones. Este diálogo es una condición previa para el entendimiento entre nosotros y para identificar los problemas", ha apuntado la canciller de Alemania, que ha visitado Rusia en un momento de tensión entre ambos países.
   Los diputados alemanes habían pedido a Merkel que presionase a Putin por la campaña contra la disidencia que se ha iniciado desde su vuelta al Kremlin, en mayo de este año.
   Merkel ha reconocido que los dos países "no siempre coinciden", pero "lo importante es que se escuchan". No en vano, en juego está una relación comercial que mueve al año más de 80.000 millones de dólares.
   Putin, por su parte, sentado junto a la canciller en el Kremlin, ha asegurado que Rusia escucha todas las críticas, pero ha dejado caer que quienes se oponen a la política del Kremlin no siempre saben de lo que están hablando. "Oyen lo que ocurre desde muy lejos", ha apuntado el presidente, que ha pasado a la ofensiva rechazando la falta de libertad de información y señalando que cinco estados alemanes carecen de leyes que garanticen estos derechos.

Ikea pide disculpas por usar a presos de Alemania del Este como mano de obra

BERLÍN.-   Ikea ha pedido disculpas por haber fabricado piezas para sus muebles en la antigua República Democrática Alemana empleando a presos políticos, después de que una investigación encargada por la multinacional haya apreciado indicios de que estos presos participaron en la producción hace 25 a 30 años. 

   "Lamentamos profundamente que esto ocurriera", ha señalado la directora de Sostenibilidad de Ikea en Suecia, Jeanette Skjelmose, quien ha apuntado que la compañía no tenía entonces un sistema de control tan desarrollado como el actual para prevenirlo.
   Después de que el año pasado los medios de comunicación informaran acerca de que proveedores de Ikea en Alemania del Este usaron probablemente prisioneros como mano de obra, la compañía encargó una investigación interna y un informe independiente a Ernst & Young, que ya se ha completado.
   "La investigación encontró indicios de que prisioneros y prisioneros políticos formaron parte de la producción de componentes de muebles", señala la compañía en un comunicado.
   Según indica, aunque el grupo adoptó medidas para asegurarse de que los reclusos no participaban en la producción, "ahora está claro que no fueron suficientemente efectivas".

Los sindicatos convocantes del 14-N piden por carta a Rajoy un referéndum

MADRID.- Los secretarios generales de los sindicatos CC.OO., UGT, USO y Stes-Intersindical --convocatantes del 14-N junto a CGT-- han remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le piden que tome nota de la "magna demostración de conciencia cívica" de la huelga general de este miércoles y convoque a referéndum sus políticas.

   "Es usted conocedor de la Huelga General que se celebró el pasado 14 y del amplio seguimiento que ésta registró", señalan en la carta, en la que añaden, conscientes de que desde distintos ámbitos se ha proclamado el fracaso del paro general y el éxito de la manifestación central en Madrid, que "en todo caso sabe la amplísima participación en las manifestaciones que desde la mañana a la tarde se convocaron por todo el Estado español".
 "Huelga y masivas manifestaciones son dos caras de la misma moneda", remachan.
   Tras esta exposición, los firmantes describen el sentir del mundo del trabajo y de la sociedad civil. Con términos, como "sufrimiento", "angustia", "desesperanza", "penuria", "desgracia", "humillación" e "incertidumbre", retratan algunas de las situaciones que viven parados, asalariados, empleados públicos o jóvenes que se están viendo obligados a emigrar.
   Aseguran, por otro lado, que la "reacción" de la ciudadanía en forma de huelgas y protestas "se entiende", por ejemplo, al ver que el sistema de protección social "se disuelve como un azucarillo", mientras "los sectores pudientes no contribuyen de la misma manera a enfrentar la crisis".
   "Esta reacción se explica cuando después de cinco años de crisis y más de dos años y medio de políticas de austeridad no hay ningún indicio fiable, y usted lo sabe porque hasta las instituciones europeas se lo han dicho, de que la vayamos a superar en un plazo razonable", señalan en alusión a los mensajes esperanzadores que desde el Gobierno se han lanzado, empezando por la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
   En el texto, los sindicatos vuelven a aludir a Báñez, al señalar que la reforma laboral "no deja margen para una aplicación "compasiva" como ha pedido la ministra de Empleo".
   Además, los sindicatos insisten en que "la fe dogmática en la reducción del déficit que viene practicando (el Gobierno) sólo lleva al empobrecimiento de la mayoría". 
"Las políticas de austeridad han fracasado. [...] Le pedimos que cambie sustancialmente la orientación de sus políticas", señalan.
   "No le pedimos que modifique sus convicciones ideológicas, le pedimos que renuncie al dogmatismo", añaden. Más concretamente, solicitan al presidente del Gobierno que, entre otras cosas, "retire" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 y "promueva su reelaboración".
   "Recupere el valor del diálogo social y político, huya de la prepotencia y el mesianismo y teja los más amplios consensos. Empéñese en fomentar la negociación colectiva y en repensar sus acuerdos y deje de gobernar por la vía del Decreto Ley", apostillan.
    En este punto, los sindicatos piden a Rajoy que "si considera que no está en condiciones de promover ese cambio", al menos busque "el aval" de la ciudadanía. "Usted mejor que nadie sabe que los ciudadanos que le permitieron ganar las elecciones avalaron con su voto un programa electoral sustancialmente diferente al programa de gobierno que está aplicando", enfatizan las centrales.
    Dicho esto, solicitan al jefe del Ejecutivo que "devuelva la palabra a la ciudadanía, contribuya a la revalorización de nuestra democracia y evite el crecimiento de la decepción y el escepticismo frente a la política y las instituciones por las que ésta se encauza".
    "Sr. Presidente convoque usted un Referéndum. Usted tiene la potestad para hacerlo, nuestra Constitución contempla este recurso ante situaciones excepcionales y ésta lo es", sentencian.

Barberá apunta la posibilidad de cobrar los servicios de limpieza tras cualquier manifestación en Valencia

VALENCIA.- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha apuntado este viernes la posibilidad de que el Ayuntamiento cobre los servicios de limpieza de las calles que se realizan tras una manifestación por tratarse de una "actividad extra". Asimismo, ha señalado que se tiene "prohibido pagar nada que no esté en el presupuesto". 

   Barberá se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar las cuentas municipales de 2013. Durante este acto, al referirse a los servicios de residuos sólidos y limpieza ha planteado esta posibilidad en alusión a la manifestación del pasado miércoles con motivo de la huelga general y la ha reiterado al ser preguntada por los periodistas.
   Ha indicado que hay que pensar en una cosa "muy seria" y que al igual que se exige por la limpieza a quien realiza pintadas, habría que plantear esta cuestión en el caso de las manifestaciones. Así, ha señalado que "cualquier actividad extra que se haga y no esté en el presupuesto, es un servicio extraordinario" que se ha de asumir.
   "Además, tenemos prohibido pagar nada que no esté presupuestado", ha aseverado tras ello la primera edil, que de este modo ha dejado "la puerta abierta" al pago de la limpieza viaria tras una manifestación.

La inteligencía iraní arresta a varios 'terroristas' vinculados a agencias extranjeras

DUBAI.- El Ministerio de Inteligencia iraní ha arrestado a varios supuestos terroristas que pretendían perpetrar atentados con bomba con el apoyo de agencias de espionaje occidentales en la provincia petrolera de Juzestán, según ha informado este viernes la televisión estatal.

   Situada en el suroeste de Irán, la provincia de Juzestán está poblada principalmente por iraníes árabes, también conocidos como ahwazis, una comunidad que se ha quejado en reiteradas ocasiones de ser discriminada con respecto a los iraníes persas. Esta región ha sido en ocasiones objetivo de ataques de milicianos islamistas.
   Irán ya ha acusado anteriormente a las agencias de Inteligencia occidentales y al servicio de espionaje israelí, el Mossad, de haber atacado perpetrado atentados contra científicos de su programa nuclear.
   "En los últimos días, varios elementos terroristas vinculados a servicios de Inteligencia extranjeros han sido identificados y arrestados junto a una importante cantidad de materiales explosivos y artículos enviados desde un país de la zona del Golfo Pérsico", ha indicado en un comunicado el Ministerio de Inteligencia.
   "Estos elementos, liderados por los servicios de Inteligencia sionistas occidentales, intentaban cometer actos de sabotaje y han sido neutralizados", ha explicado. El Ministerio de Inteligencia ha asegurado que los arrestados, sobre los que no aporta ni identidad ni ningún otro detalle, tenían planeado hacer saltar por los aires varias infraestructuras del sector energético.
   Desde 2010, cinco científicos y académicos iraníes han muerto en atentados o asesinados, unos sucesos que se han relacionado con el polémico programa nuclear iraní. Estados Unidos siempre ha negado su implicación en esos ataques e Israel ha permanecido en silencio.
   En julio de 2006, diez árabes iraníes fueron condenados a muerte en la región de Juzestán por una serie de atentados con bomba.

Afectados por Hipotecas llevarán el lunes a juzgados de toda España peticiones de suspensión de procesos

MADRID.- Personas inmersas en procesos de ejecución hipotecaria presentarán el próximo lunes a las 11.00 horas (10.00 horas en las Islas Canarias) un escrito de suspensión de estos en juzgados de 1ª instancia de toda España, que ha sido elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

   El escrito, que ya ha sido enviado a todos los colegios de abogados del país y está circulando a través de redes sociales, incide en que, actualmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está examinando si el sistema de ejecución hipotecaria español respeta los parámetros mínimos que exige la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios, después de que el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona le plantease una cuestión prejudicial.
   Esgrimiendo estas circunstancias, el documento solicita la suspensión inmediata el proceso, en virtud de la pendencia de la sentencia del TJUE, así como en virtud de la prejudicialidad civil, pues alega que el tribunal barcelonés todavía no ha resuelto y está decidiendo sobre una cuestión que constituye objeto del litigio que se plantea. De manera subsidiaria, también solicita que, en caso de no apreciarse la suspensión por estos motivos, se plantee una cuestión prejudicial al TJUE.
   Esta iniciativa se enmarca en lo que el portavoz de STOP Desahucios y miembro de la PAH, Adriá Alemany, califica de "desobediencia civil pacífica". También ha criticado las medidas adoptadas este jueves por el Consejo de Ministros en materia de desahucios, ya que, a su juicio, son "del todo insuficientes" y están "plegadas a los intereses de las entidades financieras"
"El Gobierno ha acabado cediendo y ha acabado redactando un decreto ley al dictado de la patronal bancaria", ha aseverado.
   En esta línea, ha denunciado que no parece claro si las familias que ya están inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria se podrán acoger a la moratoria de los desahucios y ha criticado los requisitos exigidos por el real decreto, porque tienen que concurrir criterios sociales y económicos. "Se da la paradoja de que una familia que está percibiendo el subsidio de desempleo o 420 euros y que tiene dos hijos de cuatro y cinco años, no entraría dentro de las categorías establecidas", ha explicado.
   Así, Alemany ha afirmado que el anuncio del Consejo de Ministros queda "muy bonito" pero no toca "la raíz del problema", que, a su parecer, es el procedimiento de ejecución hipotecaria recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Esta norma es, de acuerdo con él, "anómala y perversa" y está provocando que la gente quede endeudada y excluida del sistema "de por vida".
   En términos parecidos, el portavoz de la PAH de Pamplona, Guillermo Perilla, ha señalado que estas medidas son "una cortina de humo para desviar la atención y evitar que haya ruido en la calle", al igual que el Código de Buenas Prácticas del ministro de Economía, Luis de Guindos. La portavoz de la plataforma en Tenerife, Inma Évora, también ha asegurado que se trata de "una burla más", en línea con este código, que ha tildado de "inútil".
   Por su parte, el portavoz de la Intercomisión de Vivienda del 15M en Sevilla, Antonio Buenavida, ha subrayado que el real decreto no es más que "un parche" para "calmar" a la opinión pública y que lo único que hace es "seguir garantizando los derechos de los bancos que han emitido las hipotecas". Además, ha reclamado un parque público de viviendas en alquiler porque, en su opinión, el propuesto por el Gobierno va a ser "descafeinado".

El Gobierno catalán niega que existen cuentas de Mas y Pujol en Suiza y Liechtenstein

BARCELONA.- El portavoz del Gobierno catalán y dirigente de CDC, Francesc Homs, asegura que no existen cuentas en Suiza y Liechtenstein controladas por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la familia del expresidente Jordi Pujol.

   Según ha publicado este viernes 'El Mundo', un borrador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) revela la existencia de cuentas numeradas en estos dos países donde presuntamente iban a parar parte de las comisiones de la trama del Palau de la Música.
   Ante la pregunta de si existen estas cuentas controladas por Mas y Pujol, Homs ha asegurado en declaraciones a Onda Cero: "No, ya le digo yo que no. Por eso vamos a actuar. Es que esto es muy gordo".
   El presidente de la Generalitat ha asegurado en declaraciones a RNE que "es todo un montaje y todo mentira", ha censurado que citen a personas que no pueden intervenir porque han muerto, y ha planteado la posibilidad de presentar algún tipo de demanda.
   También Homs, tras calificarlo de "ataque personal a través de la mentira y la injuria", ha asegurado que emprenderán las acciones legales que correspondan para defender la honorabilidad.
El candidato de C's a las elecciones catalanas, Albert Rivera,  reta al presidente de la Generalitat y cabeza de lista de CiU, Artur Mas, a "decir que la Policía miente", en referencia a la presunta existencia de cuentas en Suiza y Liechtenstein controladas por este y por la familia del expresidente Jordi Pujol.    "Queremos saber si dice que la policía miente. Que dé la cara sobre el informe policial", ha declarado este viernes en referencia a un borrador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que revela la existencia de cuentas numeradas en estos dos países donde presuntamente iban a parar parte de las comisiones de la trama del Palau de la Música, según ha publicado 'El Mundo'.
   "Pedimos al Gobierno catalán que explique si es verdad que cobraba comisiones a cambio de concesiones", ha añadido el candidato.
El líder del PSC y candidato a presidir la Generalitat, Pere Navarro, exige al presidente catalán y candidato CiU a la reelección, Artur Mas, que dé "explicaciones inmediatas" sobre si puede haber recibido cobros a través de presuntas cuentas corrientes en Suiza y Liechtenstein.    En rueda de prensa antes de participar en una jornada sobre la fiscalidad y el federalismo alemán, Pere Navarro ha retado al líder de CDC y presidente de la Generalitat en funciones a querellarse si no es cierto.
   "Cada minuto que pasa sin presentar una querella es un minuto en que crece de manera importante la sospecha de que estas acusaciones tiene alguna certeza", ha asegurado el candidato socialista.
   Según Navarro, son unas "acusaciones gravísimas" que apuntan tanto al presidente como a la financiación de CDC, por lo que ha considerado que debe aclarar con celeridad si la información es veraz.
El Partido Popular también ha exigido este viernes una "aclaración" en relación con el informe policial.    Así se recoge en un argumentario interno del partido a raíz de la información del diario 'El Mundo' en la que se recoge un documento de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que sostiene que parte de las comisiones que las empresas pagaban a Convergencia "se han desviado a cuentas personales de sus dirigentes".
   El PP "exige una aclaración" porque Mas y Pujol "tendrían su dinero en Suiza mientras piden la independencia de Cataluña". Además se compromete a llevar "hasta el final" las comisiones de investigación que el presidente de la Generalitat "ha paralizado".
  "El Gobierno alemán descubrió en 2010 depósitos millonarios de la familia Mas en los paraísos fiscales de Suiza y Liechtenstein, incluyendo una copia del DNI de Artur Mas. Ahora la policía afirma que ese dinero no provenía de los negocios familiares, sino de las comisiones", asegura el PP en ese argumentario.
   Los 'populares' consideran que la convocatoria de elecciones anticipadas es "una huida hacia delante de Artur Mas para tapar también las acusaciones de corrupción que le salpican". También subrayan que los problemas con la legalidad de Mas "no se pueden solucionar intentando llevar a Cataluña fuera del marco legal de España y Europa"
"Mas ha arrastrado a su propio partido a tener su sede embargada, por el caso de corrupción del Palau", añaden.
   También se ha pronunciado sobre este asunto el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, que ha emplazado a los dirigentes de este partido a ofrecer una explicación sobre las informaciones periodísticas.
  "'Patriotas catalanes' que dicen que los demás españoles les robamos, amasan fortunas en bancos suizos y no en La Caixa. ¿Explicarán la causa?", se pregunta el diputado del PP en un comentario colgado en su cuenta personal de Twitter.
El titular del juzgado de instrucción nº 30 de Barcelona, Josep María Pijuan, asegura que no ha encargado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) "ni la ampliación ni ninguna otra investigación" sobre la trama del Palau de la Música, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.    Lo ha asegurado después de publicarse este viernes un borrador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que revela la posible existencia de cuentas en Suiza y Liechtenstein vinculadas al padre del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la familia del expresidente Jordi Pujol, y adonde presuntamente iban a parar parte de comisiones que empresas constructoras pudieron pagar a cambio de adjudicaciones de obras.
   Al juez no le consta que la Udef esté llevando a cabo una nueva investigación sobre el caso Palau y, por tanto, desconoce la existencia de cualquier tipo de informe que la Udef haya podido elaborar recientemente sobre este caso.
   También ha recordado que, sin el mandato del juez instructor, ni la Udef ni ningún otro órgano de la policía judicial puede llevar a cabo investigaciones sobre un asunto que es objeto de una investigación judicial.
   El portavoz del Gobierno y dirigente de CDC, Francesc Homs, ha asegurado este viernes que no existen cuentas en Suiza y Liechtenstein controladas por la familia de Pujol ni por Mas, quien este mismo viernes lo ha negado.
El ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz, ha ordenado la apertura de una investigación interna en el Cuerpo Nacional de Policía para determinar el origen de lo que consideran una filtración sobre la investigación en torno al presidente de la Generalitat, Artur Más, y la familia Pujol, han informado fuentes ministeriales.

El juez Castro investiga la relación comercial del entrenador de Aznar con Over Marketing

PALMA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, ha solicitado a la Agencia Tributaria datos sobre la relación comercial que Alberto Rodríguez, entrenador de pádel del expresidente del Gobierno José María Aznar, mantuvo con la empresa de publicidad Over Marketing, investigada por el papel que jugó en la financiación presuntamente ilegal del PP balear bajo el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

   Así lo han informado fuentes de la investigación, que han precisado que, mediante una providencia, el magistrado ha pedido a Hacienda que aporte documentación específica en torno a los pagos y cobros que el deportista realizó con Over a través de sus empresas, operaciones económicas que se encuentran bajo lupa judicial en el marco de la ramificación de la trama Gürtel en Baleares.
   De hecho, en el sumario de este complejo procedimiento judicial consta una carta remitida por el propio Aznar al dueño de Over, Daniel Mercado, a quien mostraba su agradecimiento por la labor llevada a cabo en la campaña electoral del PP balear de 2003, cuya creatividad corrió a cargo de la mercantil investigada.
   Sobre esta campaña, Mercado, uno de los principales imputados de este caso, aseveró ante el juez que pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos "en B" -dinero opaco al fisco-, e incluso que "existía el acuerdo con el señor Matas de que parte de los gastos electorales que se debían cobrar en negro y no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían".
   "De hecho así sucedió, mientras que otros gastos electorales distintos sí se han cobrado en negro", confesó el dueño de Over, que se encuentra en el punto de mira de estas investigaciones por el trato de favor que recibió de manos del PP.
   Fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial de otra causa de presunta corrupción, el caso Ibatur (en verano de 2010), los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en el caso Gürtel.

El CGPJ recalca que es necesario reformar la ley hipotecaria

VALENCIA.- El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, considera que el decreto ley con medidas urgentes para paliar los desahucios que ha aprobado el Consejo de Ministros supone "un primer paso", aunque ha resaltado que es necesario reformar la ley hipotecaria, que data de 1909, "para adaptarla al principio constitucional de que España es un estado social, democrático y de derecho". 

   Fernando De Rosa ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, antes de clausurar el VIII Encuentro entre el CGPJ y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, preguntado por el nuevo decreto ley en materia de desahucios.
   El vicepresidente del CGPJ ha destacado que "desde el primer  momento" este órgano manifestó la importancia de que existiera "una propuesta política por parte de los grupos en el Congreso y en el Senado para atajar este drama social".
   Así, entiende que el real decreto "es un primer paso" y desde los juzgados "vamos a estar apoyando esta iniciativa". Sin embargo, considera que "lo importante es ahora, con un poco más de quietud, proceder a la reforma de la propia legislación hipotecaria, que es de 1909, totalmente anterior a la Constitución Española, para adaptarla al principio constitucional de que España es un estado social, democrático y de derecho".
   "Bienvenidas estas medidas, eran muy necesarias, pero también habrá que, con quietud y atendiendo a la postura de las entidades financieras y lo que digan la Unión Europea y los usuarios proceder a la reforma", ha reiterado.
   Preguntado por las declaraciones del consejero de Justicia, Jorge Cabré, en las que dijo los jueces hacen gala en el tema de los desahucios de una sensibilidad que no han tenido durante años, De Rosa ha respondido que "los jueces no pueden aplicar nada diferente a la ley".
   "Los jueces aplicamos la ley, porque es el mandato en un estado de derecho", ha subrayado el vicepresidente del CGPJ, quien ha dicho que Cabré "sabe perfectamente que los jueces valencianos han tenido mucha sensibilidad en esta materia y en muchas otras". En esta línea, ha destacado que "si algo caracteriza a los jueces valencianos, es su carácter innovador y atendiendo a las circunstancias de la sociedad".
   A su juicio, "los ciudadanos pueden estar muy tranquilos porque los jueces valencianos y los españoles en general están muy pegados al realidad", y ha añadido que "la primera obligación de un juez es aplicar la ley y la de los políticos es cambiar la ley"
   En este sentido, ha comentado que "no se puede criticar a un juez que no tenga sensibilidad desde el punto de vista político, porque nosotros cada cierto tiempo votamos para que cambien la realidad y cambien esta situación".
   Asimismo, y a preguntas de los periodistas, Fernando de Rosa ha insistido en que "los jueces tienen que actuar dentro del margen", de modo que "el límite o la maniobra de los jueces es muy reducida" y, lo que pueden hacer en el tema de los desahucios es, "por ejemplo, determinar si ha habido alguna claúsusla abusiva".
   "El juez, por mucho que le duela, no puede evitar los desahucios; quienes lo pueden evitar es quienes tienen la iniciativa legislativa, que son el ejecutivo y el legislativo", ha destacado. Finalmente, se ha preguntado: ¿Qué estado de derecho sería si los jueces pudieran aplicar la ley a su libre arbitro?".