domingo, 21 de octubre de 2012

Los islandeses respaldan en referéndum una nueva constitución y nacionalizar recursos naturales


REIKIAVIK.- Los islandeses han votado este sábado en referéndum para dar su opinión no vinculante sobre cuestiones diversas como el proyecto de nueva constitución elaborada por ciudadanos anónimos o la nacionalización de los recursos naturales de la isla.

   Los primeros resultados, publicados este domingo, indican que un 66 por ciento de los votantes apoyan la nacionalización de los recursos naturales, frente al 34 por ciento que se opone. En cuanto al texto elaborado por el Consejo Constitucional --formado por 25 ciudadanos--, el 65,9 por ciento respalda que sirva como base para la elaboración de la nueva constitución.
   En total han sido seis preguntas, la participación ha alcanzado el 49 por ciento y estos resultados corresponden a un escrutinio de dos tercios de las papeletas, según informa la televisión pública RUV. En las seis preguntas para la introducción de cambios y reformas la respuesta ha sido favorable.
   "Es una conclusión muy clara para el Parlamento. La mayoría de los votantes quiere cambios en todas las cuestiones por las que se ha preguntado", ha indicado un economista de la Universidad de Islandia, Thorolfur Matthiasson.
   La victoria ha sido especialmente significativa en la pregunta sobre los recursos naturales, en la que un 81 por ciento de los participantes ha respaldado la nacionalización. Esto afectaría principalmente a la pesca, una importante fuente de riqueza del país, o a la incipiente industria de energía geotérmica.
   El proyecto de constitución prevé además que el apoyo de un 10 por ciento del electorado permitiría convocar un referéndum y limita a tres el número de mandatos del presidente, ahora ilimitados.

Disturbios entre manifestantes y policías en Kuwait

KUWAIT.- Efectivos antidisturbios de la Policía kuwaití han empleado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los manifestantes concentrados este domingo para protestar por los últimos cambios en la normativa electoral anunciados por el Gobierno y que, según la oposición, favorecen a los candidatos afines al poder.

   Unas 20.000 personas han participado en la protesta para denunciar el "golpe de estado electoral" perpetrado por el Gobierno. Las concentraciones se han producido en varios puntos de la ciudad de Kuwait y han convergido en la sede del Gobierno.
   Los policías han respondido rodeando a algunos grupos y, tras darles un plazo de minutos para disolverse, han empleado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, según ha relatado un testigo presencial que informa de varios heridos. Más tarde los manifestantes se reagruparon junto a las emblemáticas Torres Kuwait, en la costa.
   La protesta se ha desencadenado a raíz del anuncio del Gobierno de convocar elecciones legislativas para el 1 de diciembre y modificar la ley electoral para "preservar la unidad nacional". El régimen kuwaití está dominado por la familia Al Sabá, con el emir Sabá al Ahmad al Yaber al Sabá a la cabeza.
   La convocatoria inevitable desde que el pasado 7 de octubre el emir Al Sabá ordenó disolver el Parlamento, la sexta vez que ocurre desde que éste asumió el poder, a principios de 2006.

Mario Conde (SCD) anima a la sociedad a "dar un paso al frente" y ser "dueña de su destino"

ORENSE.- El candidato de Sociedad Civil y Democracia (SCD) a la Presidencia de la Xunta y cabeza de lista por Pontevedra, Mario Conde, ha animado a acudir a los gallegos para "dar un paso al frente" y ser "dueños de su destino".

   Mario Conde ha depositado su voto en el mediodía de este domingo en el colegio electoral de Manzalvos, situado en el municipio ourensano de La Mezquita.
   Conde se ha mostrado muy "emocionado" al ser ésta la primera vez que vota en su tierra. "Al igual que hoy hace un día estupendo, deseo que sea igual de bueno para la sociedad civil", ha manifestado, para abogar por que "por fin" los gallegos den "un paso al frente" y sean dueños "de su destino".

Los altos cargos del Banco de España podrán ser cesados sin audiencia

MADRID.- El gobernador, el subgobernador y los consejeros no natos del Banco de España podrán ser cesados sin ser escuchados en audiencia cuando sean procesados por delito doloso, y no únicamente si son condenados como hasta ahora figuraba en la reforma financiera del pasado mes de mayo, que verá la luz verde definitiva este lunes tras su último debate en el Congreso.

   Así consta en una de las enmiendas incorporadas al texto durante su paso por el Senado a propuesta de los 'populares'. Así, se ha modificado la disposición adicional quinta, que prevé los casos en los que el Gobernador, el Subgobernador y los Consejeros no natos pueden ser cesados.
   En concreto, se ha modificado el epígrafe que recoge las circunstancias en las que el cese debe realizarse de forma acordada por el Gobierno a propuesta del Consejo del Banco y previa audiencia del interesado. Hasta ahora, esta procedimiento se aplicaba en los caos de incapacidad permanente, incumplimiento grave o incompatibilidad sobrevenida, mientras que si era por procesamiento por delito doloso no era preceptivo el trámite de audiencia.
   Sin embargo, la redacción actual de la norma precisa que las circunstancias mencionadas serán motivo de separación acordada por el Gobierno "salvo en el caso de procesamiento por delito doloso", sin que sea por tanto necesario que la persona en cuestión haya sido condenada.
   Además, el PP ha introducido otros tres cambios en la reforma financiera de mayo durante su tramitación en la Cámara alta. Dos de las enmiendas son de carácter técnico, mientras que la tercera suprime la referencia al plazo con el que contaba el Banco de España para determinar los requisitos que deben cumplir las bases d datos reguladas por haber "expirado".
   En concreto, la norma original preveía que el organismo supervisor tenía dos meses desde la entrada en vigor de la ley para precisar las características de las bases de datos que, desde ahora, deben tener las entidades de crédito sobre los activos que aportarán al 'banco malo'.
   Sin embargo, la ley elude finalmente precisar ningún plazo concreto, y se refiere únicamente a la obligatoriedad de contar con estos recursos según los requisitos que estipule el Banco de España.
   El texto definitivo del proyecto de ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, que procede de la reforma financiera presentada en mayo, será aprobado de forma definitiva el lunes en el Pleno del Congreso, que sancionará los cambios introducidos en el Senado. Sin embargo, gran parte de los preceptos recogidos en esta norma han quedado ya superados por la reforma financiera de agosto, actualmente en tramitación parlamentaria.

La Coordinadora 25S dice que no tiene que comunicar oficialmente la protesta del martes

MADRID.- La Coordinadora 25S ha decidido no comunicar oficialmente a la Delegación del Gobierno de Madrid la protesta convocada para el próximo martes 23 en los alrededores del Congreso de los Diputados al considerar que el haberla difundido públicamente es suficiente para que el departamento dirigido por Cristina Cifuentes tenga conocimiento de sus intenciones.

   Tal y como han manifestado en varias ocasiones, los organizadores de la protesta que llama a rodear el Congreso entienden que la Constitución ampara el derecho de reunión de la ciudadanía "sin la necesidad de hacer más peticiones".
   "No se va a pedir autorización. Entendemos que ya está comunicado y que la Delegación del Gobierno conoce nuestros pasos. Es una acción de desobediencia civil pacífica", explicaba una de las portavoces de la Coordinadora.
   En esta misma línea, otro de los portavoces afirmaba el viernes en declaraciones a los medios a las afueras del Congreso, tras registrar un documento de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado, que dicha comparecencia ya bastaba para comunicar "públicamente" la convocatoria del martes.
   "A la Delegación no se le pide permiso, se le comunica que se van a hacer determinadas actuaciones. Están aquí los medios, estamos comunicando públicamente esto, supongo que se dan por enterados. El derecho de manifestación está amparado por la Constitución, y no tenemos obligación de pedir permiso a nadie", señalaban.
   Aunque el artículo 21 de la Constitución reconoce que el ejercicio del derecho de reunión "no necesitará autorización previa", la Ley Orgánica 9/1983 que regula este derecho establece que "la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquellas".
   Los organizadores también argumentan que comunicar oficialmente a la Delegación del Gobierno sus planes "poco tiene que ver con la propuesta de desobediencia civil" que defienden. Así lo manifestaron cuando un particular, R. O. G. R., comunicó por iniciativa propia las primeras protestas convocadas por la Coordinadora el pasado 25 de septiembre, particular que esta semana ha sido sancionado con 6.000 euros por la Delegación.
   Según la Coordinadora, el hecho de que esta persona haya sido multada les da "más razones que nunca" para no comunicar sus acciones por los cauces oficiales. "Da lo mismo pedirlo que no pedirlo. A la persona que legalizó las acciones del día 25 se le ha multado igual. Por ello no vemos la necesidad de comunicar", señalaba una de las portavoces.
   La Delegación del Gobierno ha alegado como motivos para sancionar al particular que durante las protestas que tuvieron lugar el día 25 en Neptuno no se garantizó "la seguridad de la protesta", que se saldó con 35 detenidos y 64 heridos a raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios.
   El departamento que dirige Cristina Cifuentes fundamenta el escrito, firmado el 15 de octubre, en el artículo 4.2 de la Ley que regula del Derecho de Reunión, que especifica que la responsabilidad de los actos derivados de una manifestación es de sus organizadores y que éstos deben garantizar el buen orden y la seguridad de las protestas para conseguir el buen curso de las mimas.
   "En ningún momento se pudo apreciar por parte de la Policía la existencia de medidas de seguridad adoptadas por los organizadores de los actos ni de la actuación de un servicio de orden que velase por los mismos", apunta el escrito sancionador, que también recuerda a partir de las 19.00 horas, "se produjo un lanzamiento de objetos contundentes contra la Policía, intentos de traspasar el área de seguridad y agresiones a policías".