lunes, 4 de marzo de 2013

El azote de los banqueros abre sección en la revista 'Pronto'

MADRID.- El último número de la revista Pronto, la más vendida en España de las que se dedican al cuore, ha sorprendido por su compromiso con los afectados por las hipotecas, revela hoy 'El Semanal Digital'.

El semanario ha incluido once adhesivos de diferentes tamaños con el eslogan "Stop Desahucios", pero, además, ha dado un paso más allá y ha abierto una nueva sección de consultas coordinada por Ada Colau, el rostro más conocido de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

La revista señala que la entrega de pegatinas está motivada para "expresar tu solidaridad con aquellos que han perdido o pueden perder la casa donde viven". Además, apunta que "con el ánimo de ser una herramienta de ayuda, nuestra revista puso en marcha el consultorio Stop desahucios, elaborado por Ada Colau, impulsora y portavoz de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, entidad promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que va a debatirse en el Congreso de los Diputados".

Precisamente Colau saltó a los focos a principios de febrero por su intervención en el hemiciclo, en la que llamó "criminal" a un representante de la banca. Pero el rostro más conocido de la PAH también chocó, por ejemplo, con la socialista Beatriz Talegón en El Gran Debate de Telecinco.

La sección de la revista Pronto ocupa una página completa y responde a preguntas relacionadas con hipotecas, avales y daciones en pago, entre otros.

Josep Fontana: «El sistema está preparado para evitar el estallido social»


BARCELONA.- De la desigualdad a las crisis, de las crisis a la privatización de los servicios públicos, de la pérdida de derechos ciudadanos a la represión para mantener este nuevo estado de las cosas. Un proceso que empezó en los años 70, que Josep Fontana apuntaba en las conclusiones de su monumental Por el bien del imperio (2011) pero al que ahora dedica un breve y amargo volumen, El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de principios del siglo XXI (Ed. Pasado & Presente). Josep Fontana y Lázaro es historiador, profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra y miembro del Consejo Editorial de la revista política Sin Permiso.

–La tesis ya estaba en su anterior libro. ¿El nuevo es una actualización, un epílogo, un resumen?

–Lo que ha pasado es más bien lo siguiente: cuando acabé aquel libro la crisis siguió avanzando y tuve más claras algunas cosas. Que hay una inflexión muy importante, que posiblemente había intuido pero de la que no había acabado de ver la trascendencia. Acabé aquel libro cuando la crisis teóricamente aún parecía una crisis. Pero es un proceso de mucho más alcance, iniciado en los años 70 y que aquí ha tomado fuerza después del 2008, y por el que se ha aprovechado el tinglado de la recesión para ir a un proceso de destrucción del Estado del bienestar; no solo los costes de la sanidad pública, la educación pública o el sistema de pensiones, sino un cambio en las reglas del juego que vino claramente mostrado con la reforma laboral. La naturaleza de este proceso es de una gravedad y una profundidad que nadie preveía. La esperanza de que pudiese haber algún tipo de cambio de trayectoria no era una esperanza que hubiese desaparecido. En estos momentos, la profundidad del desastre y la evidencia de que se trata de un cambio de larguísima duración, que puede continuar y tener unas consecuencias catastróficas, es una evidencia muy clara.

–Un proceso que empezó en Estados Unidos pero que acaba llegando a Europa, sostiene.
–Quería explicar los procesos por los que esto ha ido avanzando, la ocupación de la política por los intereses económicos, que es cada vez más visible. Solo hace falta ver cuál ha sido la reacción de los estados europeos ante la crisis bancaria. Excepto en Islandia, se ha optado por preservar todo lo posible el sistema. Está claro que aquí no había ningún problema de deuda pública hasta que no han asumido la deuda bancaria. El siguiente paso es la privatización del Estado mismo, el proceso de vender a los ciudadanos, y el establecimiento de un sistema represivo eficaz. Debemos darnos cuenta de que esta no es una situación temporal de la que se saldrá. A lo mejor habrá ciertos elementos de crisis que se paren, aunque de momento los síntomas, por ejemplo en Inglaterra, no son estos. Pero incluso si saliéramos de la crisis, el mundo en el que usted vivirá no será el mundo en el que habrá vivido antes de ella, sino que habrá cambiado profundamente.

–Empieza diciendo que en ningún lugar está escrito que las cosas tengan que ir mejor. Pero acaba citando a dos autores que mantienen que la única oportunidad es que el sistema no resista que las cosas vayan aún peor.
–Para mí, la reflexión como historiador va más lejos. Fuimos educados en la idea de que la historia era una narración de progreso continuado, pero comienzas a ver que esta historia no era verdad, que hay progresos y descensos y que todo está vinculado básicamente a la capacidad de lucha que hay en cada momento determinado para exigir unos derechos sociales. Que las cosas vayan a peor no es imposible. La única cosa que podría dinamitar esto es que se llegara a un momento en el que se tuviera miedo a que un estallido social profundo pudiera poner en peligro las reglas del juego, como en los años 70 y 80 desempeñó el papel de la amenaza de la URSS a la hora de hacer posible la subversión del sistema. Lo que pasa es que este está bien preparado para evitarlo. Tiene unos recursos crecientes de información y capacidad para atacar y desmontar el tipo de protesta que se puede producir.

–¿Y ese miedo no existe ya hoy?
–Se ha acabado una época, la de la vieja política más o menos socialdemócrata, en la que las cosas se negociaban. Es difícil darse cuenta de hasta qué punto durante 200 años ha habido efectivamente unos miedos que han justificado que quienes tenían los recursos en sus manos se aviniesen a negociar. Eran unos miedos irracionales. Pero eran miedos. Ahora, la exigencia a la gente para que se baje los sueldos se está convirtiendo en una cosa sistemática. Se ha acabado negociar. Han decido que las cosas tienen que cambiar y que vamos a un proceso de crecimiento de la desigualdad.

–¿Y los movimientos de protesta?
–Pero no hay alternativas. Que salgan en manifestación chiquillos no importa a nadie. Mientras vayan a la Puerta del Sol o la plaza de Catalunya y sus padres voten al PP o a CiU, no hay nada que hacer. ¿De dónde tendría que venir este estallido social? El movimiento que parecía que iba a ser el futuro, el de Occupy y los indignados, sigue funcionando pero está completamente controlado, en el sentido de que está disgregado. Se están haciendo cosas pequeñas, aisladas, frente a unos medios para controlarlas que son cada vez más eficaces. Y eso que en Europa tienen mucho que aprender de EEUU, seguramente porque tienen pocas amenazas de las que preocuparse. Los movimientos de protesta y de queja son aún de naturaleza muy puntual. Representan solo intereses sectoriales y no consiguen movilizar nada en una gran escala. Movilizarse contra las hipotecas para conseguir la dación en pago es poner una cataplasma. Pueden dormir tranquilos por este lado, y evidentemente duermen tranquilos. Aunque de momento, desde el Ministerio de Justicia se empieza, por un lado, a penalizar la protesta de manera que te pueden llevar a la cárcel por cualquier cosa, y por el otro a dificultar los medios de acceso a cualquier tipo de reclamación.

–En su último artículo decía que los sobres a los políticos eran la calderilla.
–Lo importante es qué han dado las empresas para lograr contratos y concesiones. Las contrapartidas. El problema es una política comprada por los intereses económicos dominantes y contra la cual nuestra capacidad de reacción es nula, a excepción de la posibilidad de arrancarle alguna concesión mordiendo por aquí o por allá. Se ha pasado del juego de condicionar la política a privatizar el Estado mismo, a convertir esto en un sistema en que serás, fundamentalmente, un individuo que paga por cualquier servicio que necesites.

–¿Entonces podremos hablar de ciudadanía o de servidumbre?
–Sí, en un sentido prácticamente medieval. Examinar lo que sucede en EEUU es bueno porque ves que son reglas de funcionamiento que tardarán un poco más en llegar, porque el colchón de la protección social es más grande, pero que llegarán. En EEUU les dicen que el nivel de educación es fundamental para lograr un puesto de trabajo bien remunerado, que la educación es cara y que es necesario que pidan préstamos. Y el drama que en EEUU significa la deuda que los estudiantes no pueden devolver es parecido al de aquí con los desahucios. Este es el grado de perversión de las reglas sociales, mientras el sistema tiene una capacidad increíble para seguir engañando y distrayendo a la gente. El retorno a un sistema feudal es gravísimo. Por eso hablo de crisis social, no económica. Démonos cuenta de que la historia ha dado un giro global, importante, que lleva hacia donde lleva, y que es necesaria una toma de conciencia.

–El debate de la independencia, al lado de todo de lo que hemos estado hablando...
–Evidentemente representa una explosión de malestar e indignación que buena parte de la gente canaliza contra un mal gobierno, y como el Gobierno es de Madrid, piensa: «Separémonos, que no iremos tan mal». Es el más grande reconocimiento a ese malestar y a que la gente tiene el derecho a decidir. Lo que es penoso e inmoral es que haya políticos que para conseguir sus fines engañen a la gente cuando realmente saben que este camino es inviable y no lo pueden seguir. Suponga usted que, efectivamente, hacemos un referendo y que da mayoría. Entonces, ¿qué hacemos? En un coloquio me contestaron «vayamos a Europa». Sí, donde hay una ventanilla que dice «demandas de creación de nuevos estados», y les llevamos el resultado del referendo... Normalmente ninguna independencia se consigue sin una guerra de la independencia. La separación de Chequia y Eslovaquia fue un hecho anormal que no tiene nada que ver. Las independencias de Yugoslavia se consiguieron con mucha sangre y con apoyo militar extranjero. Pensar que hay un plan viable y realizable que pasa por la celebración de un referendo y posteriormente negociar una separación, hoy día, es una fantasía chinesca. 

La industria alimentaria 'hereda' las oscuras tácticas de las tabacaleras

MADRID.- Durante décadas, la industria del tabaco usó su dinero para influir en los políticos, en los medios e incluso en la ciencia para socavar las políticas de salud pública. Tras perder aquella batalla en los países occidentales, llevaron su guerra a los menos desarrollados. Hoy, las multinacionales de comida procesada, refrescos y alcohol reproducen sus tácticas. Un informe las acusa de ser los principales vectores de las enfermedades no contagiosas (ENC) en el mundo. Y no hay pacto posible con ellas, según publica 'El Confidencial'.


Los grandes casos judiciales contra esta industria mostraron cómo influía en la legislación de salud pública, con conexiones financieras o institucionales con la clase política. También revelaron oscuras maniobras como la Operación Berkshire, en la que siete de las principales tabaqueras idearon un plan para proteger sus intereses comerciales despertando dudas sobre la conexión entre tabaco y enfermedad o diseñando campañas para mantener la adicción de los fumadores.


Sin embargo, no pudieron evitar las leyes cada vez más restrictivas sobre su venta y consumo, primero en Estados Unidos y después en Europa, y las campañas de concienciación sobre los efectos perjudiciales del tabaco. Las ventas de las tabaqueras en el primer mundo se estancaron ya antes de este siglo y pusieron entonces sus ojos en el resto del planeta.


“Las compañías del tabaco acabaron yendo a los países donde había una menor regulación para expandir su mercado”, dice el profesor de salud pública de la Universidad de Melbourne (Australia), Rob Moodie. En efecto, mientras el consumo de tabaco y los beneficios que genera está en retroceso en los países más avanzados, en las naciones de bajos y medios ingresos ha crecido más de un 10% en la última década.

Moodie y otra decena de investigadores, entre los que está el profesor Carlos Monteiro, un destacado asesor de la ONU para las enfermedades no contagiosas derivadas de la dieta, han publicado un informe en la revista médica The Lancet donde acusan a estas compañías de ser las grandes responsables de la la moderna transición alimenticia: el abandono de los alimentos naturales o poco procesados por el de las comidas y bebidas ultraprocesadas.

La comida procesada mata más que el tabaco


Mientras el tabaco mató a 6,3 millones de personas en 2010, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el alcohol se llevó por delante a casi 5 millones. Sin embargo, cada año mueren en el mundo 18 millones por alguna ENC como afecciones cardiovasculares, sobrepeso, niveles excesivos de glucosa o colesterol en sangre. Para los autores del informe, la mayoría de esas muertes pueden ser atribuidas al consumo de comidas y bebidas ultraprocesadas.


“El aumento sustancial de los productos ultraprocesados tiene su paralelo en y está contribuyendo al incremento de la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, en especial en los países de bajos y medios ingresos”, dice el informe, que señala a la búsqueda de nuevos beneficios de las multinacionales alimentarias como el principal motor de lo que los científicos empiezan a llamar como epidemias industriales.


El 75% de toda la comida que se vende en el mundo ya es procesada, según la base de datos de EuroMonitor Passport Global Market Information, y las grandes corporaciones controlan un tercio del mercado. En Estados Unidos, por ejemplo, 10 compañías copan la mitad de las ventas de alimentos.


En cuanto al mercado mundial, Coca-Cola y Pepsico controlan la mitad del negocio de las bebidas no alcohólicas. Firmas como Kraft Foods, Nestlé, Unilever o Danone ya se han encaramado a los primeros puestos en países emergentes como Rusia, Brasil, India o México.


Tal concentración de poder está siendo usada para frenar todas las iniciativas de salud pública que puedan afectar a su cuenta de resultados. Como hiciera la industria del tabaco, las de comida procesada, alcoholes y refrescos están desplegando un amplio abanico de estrategias para que no se legisle o actúe en su contra.

Cooptación de políticos y científicos


En el plano público, estas grandes corporaciones realizan campañas para asociar su imagen con la vida saludable. “Sólo hay que fijarse en las recientes de Coca-Cola intentando parecer promotora de salud mientras socava la iniciativa del alcalde Bloomberg en Nueva York contra los refrescos”, recuerda Moodie. El primer edil de la ciudad estadounidense inició el año pasado un movimiento para que los fabricantes de refrescos redujeran la cantidad de bebida que ofrecían en los locales públicos. Su plan antienvases king size fue aprobado en septiembre pasado.


Por detrás, estas multinacionales han tomado el relevo de las firmas tabaqueras en las bambalinas de la política. Según datos del Senado de Estados Unidos, las principales empresas de alcohol de ese país dedicaron 150 millones de dólares en la última década a sus lobbies en Washington. Sólo en 2009, Pepsico invirtió otros nueve millones en 'trabajarse' el Congreso estadounidense.


También, como hiciera el Instituto del Tabaco, intentan distorsionar la investigación. Los artículos científicos patrocinados por estas corporaciones tienen entre 4 y 8 veces más probabilidades de favorecer sus intereses que los estudios independientes.

La autorregulación no funciona


En 2011, la ONU celebró una cumbre mundial para la prevención de las ENC. Su objetivo declarado era diseñar un plan para reducir las muertes por las enfermedades no contagiosas en un 25% en 2025. Para conseguirlo, se planteó una acción a gran escala que debía contar con la sociedad civil y el sector privado, incluidas las corporaciones alimentarias.


Como demuestra el caso del tabaco, la autorregulación de la industria, dejando en sus manos la responsabilidad de hacer productos más saludables, no funciona. Para los autores del informe sólo “la regulación o la amenaza de regulación gubernamental es el único camino para hacer cambiar a las corporaciones multinacionales”.


El gran problema es que la regulación por parte de los gobiernos puede funcionar, como demuestra el caso de Nueva York, en los países con estados fuertes. Para el resto del mundo, como dice Moodie, “será extraordinariamente difícil a los países menos desarrollados lidiar con estas grandes corporaciones multinacionales”.

Un juez rechaza la querella de Ana Palacio contra Bárcenas

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº38 de Madrid ha acordado la inadmisión de la querella interpuesta por la exministra de Auntos Exteriores Ana Palacio contra el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas por el presunto delito de falsedad documental, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado. 

   El titular de este Juzgado de Instrucción ha dado un plazo de tres días a la querellante para la presentación de un posible recurso, según han señalado las mismas fuentes.
   A principios de febrero, Palacio presentó una querella por injurias contra "Luis Bárcenas y contra cualquier persona que resulte relacionada causalmente con estos graves hechos", en respuesta a la publicación por el diario 'El País', el jueves 31 de enero -reiterada el domingo 3 de febrero-, de las llamadas "cuentas secretas de Bárcenas", en las que se le imputa haber recibido 6.000 euros el 10 de febrero de 2004, según un comunicado de la exministra.
    Ana Palacio hacía constar en la querella que es falso que recibiera ni la cantidad citada ni ninguna otra cantidad de dinero de mano de Bárcenas. Añadía, que además de "la falsedad de este grave hecho", se da la circunstancia de que "se encontraba fuera de España desde el día anterior (9 de febrero de 2004) del que supuestamente tuvo lugar la entrega de dinero, como ha quedado acreditado, por lo que resulta materialmente imposible que esta entrega hubiera tenido lugar".
   Asimismo, explicaba que "sobre la base de la legitimación que le otorga ser española y miembro del Partido Popular, Ana Palacio ha extendido esta querella a los delitos coloquialmente incluidos bajo el concepto de 'corrupción política' que al dañar la imagen del PP y lesionar gravemente su apreciación pública, empañan la imagen y crédito internacionales de España, por tener el Partido Popular la responsabilidad del Gobierno de la Nación así como de una mayoría de autonomías y municipios".
    Ana Palacio aseguró que se reservaba el derecho de emprender acciones legales contra cualquier persona que le impute la percepción de cantidad alguna con relación a las llamadas cuentas secretas de Bárcenas, por causar un gravísimo perjuicio contra su reputación y poder considerarse un atentado contra su derecho al honor y a su propia imagen, recogidos en el artículo 18 de la Constitución.

Anticorrupción controlará la judicialización de los 'papeles de Bárcenas' al asumir el informe sobre la querella de IU

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción controlará la judicialización de la investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP que se atribuye a su extesorero Luis Bárcenas, al haber asumido, en detrimento de la representación del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, el informe de competencia que tendrá que presentar al juez Javier Gómez Bermúdez en relación con la querella presentada por Izquierda Unida (IU) contra exdirigentes de la formación y varios constructores, informaron fuentes jurídicas.

   El departamento dirigido por Antonio Salinas, que abrió diligencias informativas por este asunto el pasado 24 de enero, no tiene previsto pronunciarse de forma inminente sobre la competencia de Gómez Bermúdez para investigar estos hechos, por lo que es probable que antes llegue a la Audiencia Nacional el informe que el instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, pidió el pasado viernes a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional sobre las conexiones entre esta investigación y los denominados 'papeles de Bárcenas'.
   En el momento en el que uno de los dos jueces decidiera asumir esta investigación el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, instructor de las diligencias informativas del Ministerio Público, estaría obligado a enviarle todas las actuaciones que ha llevado a cabo y las que tenga previsto realizar.

   La UDEF debe trasladar a Ruz, "a la mayor brevedad" posible un nuevo informe en el que detalle los "elementos subjetivos (personas), objetivos (hechos) y de temporalidad" que acreditarían una "supuesta conexidad" entre los hechos investigados en el 'caso Gürtel' y la documentación atribuida al extesorero.  
   El responsable del Juzgado Central de Instrucción nº 5 dio el pasado viernes el primer paso para asumir esta investigación al aceptar un recurso de reforma presentado por el PSOE a un auto dictado el pasado 5 de febrero en el que señalaba que, con la información remitida hasta el momento por Suiza, no resultaba "suficientemente acreditada la conexión de los nuevos hechos denunciados con los que vienen constituyendo el objeto del presente procedimiento", en alusión a la petición del PSOE para que entrara a investigar la supuesta caja B del PP.
   En su auto del pasado viernes Ruz, sin embargo, destacaba que Bárcenas había asegurado que confirmó ante notario la existencia de una lista de donantes del PP y perceptores de esas donaciones. También entregó al juez un documento con datos sobre las donaciones de 33 millones de euros que el PP obtuvo entre 1999 y 2007 con la siguiente leyenda al pie "Informes del Tribunal de Cuentas (1999-2007)".

   Además, otros dos juzgados de instrucción de Madrid, el nº 30 y el nº 10 han incoado diligencias en relación con este asunto a instancias del sindicato Manos Limpias y el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc), respectivamente. Ninguna de estas dos causas están aún admitidas a trámite, según fuentes jurídicas.
   Bárcenas, que ha declarado que llegó a acumular una fortuna de 38 millones de euros en varios bancos suizos, está imputado en la causa en la que se investiga a los responsables de la trama de corrupción 'Gürtel' por un delito contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo de capitales. El extesorero 'popular', además, se acogió a la amnistía fiscal en diciembre pasado y pagó 1,3 millones de euros para intentar regularizar un total 10 millones.

USO advierte que el 45% de los parados españoles registrados no cobra prestación

MADRID.- Unión Sindical Obrera (USO) ha calificado de "lamentable" el nuevo récord de parados en España, y ha advertido de que el 45,5% del total de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo no perciben ningún tipo de prestación.

   Con independencia de la estadística que utilicemos para medirlo (Eurostat, EPA o paro registrado en el Servicio Público de Empleo), en todas batimos récord", ha señalado USO.
   El sindicato ha cifrado en 5,6 millones el total de parados registrados en el antiguo Inem, ya que a los 5,04 millones de desempleados 'oficiales', hay que sumar más de medio millón de demandantes de empleo no ocupados, con disponibilidades limitadas y con demandas de empleo especiales.
   "Lo importante no es ya qué estadística mide mejor la realidad del país, sino las personas afectadas por las mismas, para las cuales el debate de si el ritmo de destrucción de empleo se ha ralentizado es estéril", ha criticado USO.
   La organización sindical ha avisado de que más de 2,5 millones de desempleados, el 45,5% del total, no cobran ningún tipo de prestación. Esta situación, junto con la caída "generalizada" de la contratación, evidencia, según USO, la "profunda recesión" de la economía española.
   Por todo ello, el sindicato ha pedido al Gobierno que abandonar las políticas de recorte y estimule el crecimiento y desarrolle inversiones productivas que generen actividad económica y empleo.

El Banco de España analiza si Alfredo Sáenz ha perdido su honorabilidad como banquero

MADRID.- El Banco de España ha iniciado los trámites para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo por la que se anulaban los efectos administrativos del indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, al considerar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se extralimitó al concederlo.

   La institución que dirige Luis María Linde ha decidido iniciar este procedimiento "de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo" con la intención de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1245/95 de 14 de julio, según el Banco de España.
   El organismo tiene que analizar ahora si Sáenz ha perdido su honorabilidad y, dependiendo la conclusión a la que llegue, decidir si puede seguir como consejero delegado de la entidad o debe abandonar su cargo.
   Tras analizar el caso de Sáenz, el Supremo entiende que el Gobierno del PSOE incurrió en una "clara extralimitación" al cancelar sus antecedentes penales y los del que fuera directivo de Banesto Ángel Calama Teixeira cuando les indultó de la condena de tres meses de arresto de inhabilitación por denuncia falsa.
   La Sala llega a esta conclusión tras determinar que los indultos pretendían que la condena impuesta a Sáenz y Calama por un delito doloso no les afectara a la hora de serles aplicada la normativa bancaria que le inhabilita para ser banquero.
   Esta normativa impone el requisito legal de "honorabilidad", imprescindible para seguir ejerciendo como directivo del banco, según exigen las Directivas Europeas y el Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito del Banco de España.
   Tras conocer la sentencia, la defensa del consejero delegado anunció que recurriría el fallo en amparo ante el Tribunal Constitucional.
   Según informaron fuentes jurídicas, los abogados de Sáenz sustentarán el recurso en una posible infracción del derecho de igualdad y también del derecho a la tutela judicial efectiva.

Condenan por corrupción a ocho años de cárcel al exministro griego de Defensa, Tsohatzopoulos

ATENAS.- Un tribunal de apelaciones de Atenas ha condenado este lunes al exministro de Defensa Akis Tsohatzopoulos a ocho años de cárcel por  delitos económicos, después de que el antiguo dirigente del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) no haya logrado justificar el origen de su riqueza.

   Tsohatzopoulos, retirado de la política desde 2009, siempre ha negado cualquier irregularidad y, de hecho, tras conocer la sentencia y justo antes de volver a la cárcel --donde ingresó de forma preventiva en abril de 2012--, ya ha anunciado que recurrirá el fallo. Para el exministro, la resolución de este lunes supone un "error legal" y una "decisión inaceptable".
   El tribunal ha determinado que Tsohatzopoulos, que llegó a aspirar a primer ministro en la década de los noventa, falseó sus certificados de la renta entre 2006 y 2009 y no declaró una mansión de estilo neoclásico situada a los pies de la antigua Acrópolis y adquirida en 2009.
   Durante el juicio, salieron a la luz detalles de la opulenta vida de Tsohatzopoulos, que finalmente ha recibido una condena de ocho años de cárcel y 520.000 euros de multa. Además, el tribunal ha ordenado el embargo de la polémica mansión, para cuya compra habría recurrido a empresas pantalla.
   Los políticos griegos están obligados, por ley, a declarar el origen de todos sus bienes. El caso de Tsohatzopoulos es uno de los más simbólicos en una Grecia asfixiada por las deudas y con una ciudadanía harta de los recortes.
   El pasado jueves, un exalcalde de la segunda ciudad del país, Tesalónica, fue condenado a cadena perpetua por malversar unos 20 millones de euros.

Segunda jornada consecutiva de disturbios en Port Said

EL CAIRO.- Los manifestantes de Port Said, en el canal de Suez, han lanzado cócteles molotov y piedras a los agentes de Policía, que han respondido disparando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los incidentes se producen un día después de que cinco personas murieran tiroteadas en el transcurso de los enfrentamientos, según han informado fuentes médicas y de seguridad. 

   Los disturbios comenzaron el pasado mes de enero tras conocerse la condena a muerte de 21 implicados en la masacre del Estadio de Port Said, en la que en febrero del año pasado murieron 74 personas en enfrentamientos entre seguidores del club local y un equipo de fútbol cairota.
   Este lunes cientos de manifestantes se han concentrado frente a la Dirección de Seguridad de la ciudad para protestar contra estas condenas, donde han prendido fuego a dos coches de la Policía, según ha informado un testigo.
   Desde el derrocamiento del expresidente Hosni Mubarak en 2011, Egipto ha vivido meses de agitación política y económica y ha presenciado numerosos disturbios callejeros. El actual presidente, Mohamed Mursi, ha intentado restaurar la seguridad desde que fue elegido el pasado mes de junio y ha acusado a los partidarios de Mubarak de fomentar parte de los disturbios.

Hans-Werner Sinn: “España tendrá 10 años más de crisis y una devaluación interna del 30%”


BRUSELAS.- No debe ser fácil ser Angela Merkel. La canciller alemana lleva años dictando la política económica europea y se enfrenta, por el flanco izquierdo, a un nutrido grupo de brillantes economistas —los Stiglitz, Krugman, Blanchard y tantos otros— que consideran que las ideas neoliberales están incrustadas en las infraestructuras básicas de Berlín y de Europa, y que advierten que la austeridad no va a generar ni el crecimiento ni la confianza que nos prometían Berlín y Bruselas. Justo al otro lado, hay un segundo grupo que acusa a Merkel de blandengue. Sostienen que Berlín debería oponerse frontalmente a las políticas europeas, desde los rescates a las medidas extraordinarias del BCE, porque son una especie de placebo: la terapia equivocada que no va a conseguir más que retrasar el imprescindible y dolorosísimo ajuste que está por venir. 

Hans-Werner Sinn, presidente del influyente think tank alemán IFO, es quizá el máximo exponente de esa facción que reclama a Merkel que se oponga a casi todo, que sostiene que la oleada de austeridad no ha hecho más que empezar.

Controvertido, dogmático, con fama de riguroso y con ese aire peculiar que le dan la barba de Capitán Ahab y un poso ideológico que le convierte en una especie de Moby Dick de la economía, Sinn es lo más parecido a una estrella del pop entre los economistas alemanes. Sus libros —con títulos esperanzadores: ¿Puede salvarse Alemania?— se venden como rosquillas. Sus charlas llenan auditorios. Sus opiniones tienen una formidable tracción, hasta en la cancillería, a quien se enfrenta cuando considera que cede demasiado ante Europa. Agitador y propagandista de sí mismo, en el arranque de la crisis detonó todas las alarmas con un vaticinio apocalíptico: “Dentro de unos años, nuestros hijos se verán obligados a ir al Sur de Europa a recuperar nuestro dinero”. Ahora, proclama que el Sur tiene que acometer una sensacional devaluación interna, y que ya no hay excusas: eso o el final del euro. Llegado desde Múnich, Sinn recibe a este diario en la sede del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) en Bruselas. Pega duro. Pero curiosamente algunas de sus recetas coinciden con las de sus antagonistas más zurdos y neokeynesianos. Cosas de esa lasaña de complejidades en la que se ha convertido la economía europea.

Pregunta. Considera que el Sur apenas ha iniciado la senda de ajustes. ¿De qué han servido entonces tres años de austeridad?
Respuesta. El efecto tango que provocó el euro durante años requiere ahora de un fuerte reequilibrio. No hay soluciones fáciles: va a ser doloroso. Hay tres alternativas. Una: devaluación interna en el Sur. Dos: devaluación interna en el Sur a través de una expansión en el Norte. Y tres: salida del euro de algunos países. Lo más probable es una combinación de esas opciones. España, Portugal y Grecia necesitan una devaluación interna del 30%; Francia, del 20%; Italia, un recorte de precios del 10%. A la vez Alemania debe encarecerse un 20%. Es cierto que desde el arranque de la crisis hubo ajustes en la periferia, pero escasos en general.

P. ¿Qué le espera a España?
R. La ventaja de España es su potencial para recuperar competitividad. Ha mostrado flexibilidad, y eso hace posible mejorar vía exportaciones. La desventaja es su deuda externa, de más de un billón de euros. Pero lo más importante es la competitividad, y ahí soy medianamente optimista. A la vez, no tengo dudas de que les espera una década, incluso más, de austeridad hasta llegar a esa devaluación interna del 30%.

P. ¿Final del túnel para... 2023?
R. Sí, algo así, porque las primeras medidas acaban de aprobarse. Cuando Alemania entró en crisis, allá por 1995, no empezó a levantar cabeza hasta 2002, siete años después. España necesita un lapso de tiempo equivalente hasta que la sociedad y los políticos entiendan la gravedad de la crisis, hasta generar el entorno que permita hacer reformas. Eso está llegando. A partir de ahí hay que esperar otra década más para que los esfuerzos den resultado.

P. ¿Alemania no debería cambiar de política para hacer más suave esa travesía del desierto?
R. Alemania puede expandirse; otros países con superávit pueden hacer lo mismo. Lo preferible es que el ahorro alemán no se vaya a otros países, sino que cree una burbuja en casa. Las fuerzas del mercado van a favorecer ese movimiento, aunque con Alemania no es sencillo. Ya hay un incipiente boom de la construcción, y los precios y salarios van hacia arriba junto a la economía. La competitividad de la exportación va a bajar gradualmente.

P. ¿Así de fácil?
R. Quizá no. Alemania no va a expandirse tan rápido como lo hizo el Sur cuando nosotros lo necesitábamos: los alemanes tenemos una relación paranoica con la inflación. Pero hay cosas que pueden ayudar: una devaluación fiscal en la periferia (reducir las cotizaciones sociales y subir el IVA) facilitaría las cosas. Además, debe haber quitas significativas en el Sur: algunos países no pueden satisfacer sus deudas, y eso es mejor que los rescates.

P. ¿Y mutualizar deuda?
R. Es la receta adecuada para resucitar conflictos. Lo demuestra la historia de EE UU.

P. El FMI, que no es precisamente heterodoxo, defiende la mutualización. Y mantiene que el exceso de austeridad europeo es contraproducente.
R. En la zona euro la austeridad es inevitable. Es un proceso extremadamente difícil, pero no hay alternativa. Algunos querrían menos ajustes. Lo entiendo. Pero menos austeridad supondría menos sufrimiento ahora a cambio de más dolor en el futuro y de aumentar el riesgo de ruptura del euro. No hay que hacerse ilusiones con el dolor que viene. Será duro. Las devaluaciones internas pueden ser crueles. Pero si algún país cree que va a ser demasiado, se puede salir del euro.

P. Es el caso de Grecia, según su tesis. ¿Y España?
R. No creo que España tenga que salir. Grecia sí: está en una situación tan desesperada, no podrá prosperar en el euro. Las actuales exigencias europeas sacrifican a una generación a un desempleo masivo. Portugal está en una situación similar.

P. ¿Qué papel juega el BCE?
R. El BCE ha empleado una lógica convincente a fin de no permitir el colapso. Pero imprimir dinero infravalorando los riesgos no es una solución a largo plazo. Se ha aliviado el dolor, pero con ello solo se posponen los ajustes necesarios. El BCE, la Comisión y el FMI diagnosticaron mal la crisis, como si fuera un problema puramente fiscal y financiero, sin caer en la pérdida de competitividad del Sur. Por eso hemos acudido a apaños en lugar de buscar soluciones reales. Existen serios riesgos de desestabilización de seguir con esa política de rescates.

P. En España existe la sensación de que el Gobierno alemán agrava la crisis con declaraciones y decisiones malintencionadas...
R. Depende... La crisis se generó por el excesivo flujo de capitales de Alemania hacia el Sur; eso sobrecalentó las economías de la periferia y las hizo dependientes del crédito externo. Los mercados han entendido ese error; lo están corrigiendo. Pero no te puedes lavar la cara sin mojarte.

P. ¿Un consejo para Rajoy?
R. Rajoy debe aprobar otra reforma laboral que flexibilice los salarios a la baja. Eso hizo Schröder en 2003. Eliminó el salario mínimo y laminó el Estado del Bienestar privando a millones de personas de sus ayudas sociales: eso causó disturbios y protestas. Le costó el cargo. Sin embargo, se trataba de la política adecuada. Puede que con eso Rajoy no consiga gobernar mucho tiempo, pero eso es lo que España necesita.

P. Aconseja germanizar España: trasladar el modelo alemán a toda Europa.
R. Esa es la única posibilidad.