El Tribunal de Cuentas reclama 100.000 euros a Nacho Villa por malversación en la televisión manchega

MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha reclamado 100.000 euros al exdirector general de Radio Televisión Castilla-La Mancha, Ignacio Villa, y al exdirector financiero y de Recursos de la cadena pública, Ramón Villaverde, por presunta malversación al perdonar a una constructora 90.000 euros, según publica este lunes el diario ‘El País’. La presunta irregularidad se cometió durante la presidencia de María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa.

Según el acta de liquidación de este organismo, estos hechos son calificados provisionalmente como presuntamente irregulares, ya que no efectuaron esa retención en concepto de penalización.

El presunto alcance se establece de manera previa y provisional en 89.184 euros a los que hay que sumar los correspondientes intereses legales, hasta llegar a los 105.038 euros.

La instructora del caso llega a hablar de “negligencia” en las actuaciones, ya ordenaron el pago de la factura total aunque se estaban tramitando acciones judiciales, algo que “no tiene sentido”.

Esta actuación se inicia en virtud de una denuncia del actual secretario general del ente público, Francisco Medel Cárceles, presentada en noviembre de 2016 y en la que puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, detallando que el retraso en la finalización de las obras se tasó en 48 días, a razón de 1.858 euros por día de retraso.

La gestión de Villa al frente de Radio Televisión Castilla-La Mancha estuvo salpicada por la polémica. Su sueldo bruto anual era de 120.000 euros, dietas aparte, y se le acusó de contratar a 35 directivos que cobraban 90.000 euros anuales. 

La entrada del PSOE en el Gobierno regional tras las elecciones autonómicas de 2015 llevó a los socialistas de Emiliano García-Page a denunciar que Villa había dejado un “agujero” de 8 millones de euros en el ente público.

Cospedal, la 'influencer' que ha tejido en 10 años una tupida telaraña estatal

MADRID.- Entre sus virtudes no se encuentra la oratoria, no sabe comunicar; en los anales del periodismo está escrito con mayúsculas aquella famosa metedura de pata del “finiquito en diferido”; tampoco es una gran gestora, como lo prueba el fracaso al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, ni una líder política capaz de engrasar la maquinaria de un gran partido como es el Partido Popular, hoy por hoy, sumido en una preocupante depresión, dice de ella www.elplural.com. 

Sin embargo, ha demostrado ser una avispada “influencer” política y saber colocar a un nutrido grupo de personas de su máxima confianza en los puestos clave de la Administración General. 

En diez años, la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha sabido tejer una tupida y compleja telaraña que abarca los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) del Estado de Derecho, por lo que es raro encontrar un departamento importante que se escape al control de la también secretaria general del PP.

Cultivando amistades en la judicatura

Desde que en 2006 Mariano Rajoy la enviara a Castilla-La Mancha para hacerse cargo del partido tras el portazo de José Manuel Molina, y dos años después de que contra todo pronóstico la eligiera para llevar las riendas de la Secretaría General del PP, María Dolores de Cospedal no ha dejado de cultivar sus amistades en la Judicatura, y raro eran los actos de toma de posesión de los presidentes y fiscales de las audiencias provinciales castellano-manchegas sin su presencia.

 Aún es más, cuando contrajo matrimonio en segundas nupcias con el otrora “príncipe” del ladrillo, Ignacio López del Hierro, el presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Manuel Gutiérrez, fue testigo del enlace y uno de los pocos invitados al “bodorrio” del año (2009), entre los que se encontraban también Mariano Rajoy y Miguel Arias Cañete.

“Siempre será Concha”

Pero lo más sonado de las “amistades peligrosas” de Cospedal en el mundo de la Justicia, fue su relación con la magistrada Concepción Espejel, “la que siempre será Concha”, dijo la ministra en un acto de condecoración de la que años después sería recusada por su proximidad al PP y apartada de los juicios de corrupción que se siguen en la Audiencia Nacional contra la formación política que dirige M. Rajoy, y donde Espejel preside la Sala de lo Penal, acto al que asistió el miembro del Consejo General del Poder Judicial y en su día magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Gerardo Martínez Tristán, esposo de la exconsejera del Gobierno de Cospedal en CLM, Marta García de la Calzada, en la actualidad abogada del Estado en el Tribunal Supremo. Suma y sigue…

Agencia de Protección de Datos

Cospedal siempre estuvo preocupada por mantener el anonimato de sus negocios y posesiones, y sobre todo salvaguardar y proteger la cada día más deteriorada imagen pública de su marido, Ignacio López del Hierro, su “talón de Aquiles”. Tal vez por eso, llevó a cabo una hábil gestión para colocar al frente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), máxima autoridad estatal de control encargada de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, a una de sus amigas del alma y compañera de pupitre, Mar España Martí, exviceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas de su Gobierno en Castilla-La Mancha (2011-2015). 

Y es que Cospedal denunció a medios de comunicación por publicar documentos que acreditaban sus riquezas y posesiones en tierra de Don Quijote. Denuncias desestimas, aunque no sabemos qué pasaría de presentarse en la actualidad.

Justicia e Interior

Pero al margen de sus amistades con jueces y fiscales, sus verdaderos peones en la estructura del Estado son los titulares de los ministerios de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, respectivamente. Del primero es conocido su servilismo por ser un cunero en tierras castellano-manchegas, ocupando en la actualidad uno de los dos escaños que tiene el PP por la provincia de Cuenca. Catalá es uno de los grandes apoyos con los que cuenta Cospedal en el Consejo de Ministros frente a su “enemiga íntima”, Soraya Sáenz de Santamaría.

Pero donde verdaderamente ejerce de “influencer” la secretaria general, además del Ministerio de Defensa, con hasta seis altos cargos toledanos en nómina, es, sin lugar a dudas, en el Ministerio de Interior, con su amigo, confidente y compañero de batallas políticas, Juan Ignacio Zoido, que junto a Cospedal mantienen un pulso cainita contra Javier Arenas y la vicepresidenta del Gobierno por hacerse con las riendas del PP en la comunidad andaluza.

El último “fichaje” de Cospedal en Interior es Juan Carlos Ortiz Argüelles, excomisario general de Extranjería y Fronteras, policía muy cercano a Cospedal que fue jefe superior de la Policía en Castilla-La Mancha y que desde hace unos meses ocupa la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. ¡Ojo a este cargo!

Un “topo” en el Ministerio de Empleo

La secretaria general del PP ha intentado siempre situar a las personas de confianza en destacados puestos, como en Educación, donde el secretario de Estado, Marcial Marín, es de su total confianza, o en exteriores, con su exconsejera de Agricultura al frente del Liceo Español de Roma, o en la Comisión Europea, con su íntimo amigo Miguel Arias Cañete, actual Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, o en el propio partido, con destacados fieles en el Comité Ejecutivo.

Sin embargo, donde existe cierto “mosqueo” por parte del equipo cercano de Fátima Báñez, según fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social consultadas por elplural.com, es con la directora general del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Carmen Casero, exconsejera de Cospedal y considerada por nuestras fuentes como el “topo” de la secretaria general del PP en el Ministerio de la que es considerada amiga de Javier Arenas, cuyo nombre no ha dejado de sonar para ser candidata del PP en Andalucía y ser presidenta del partido en la comunidad. Basta decir que Cospedal y Arenas se han jurado enemistad eterna.

No te quieren, Felipe / Ramón Cotarelo *

Pero, ¿a quién se le ocurre? Solo a estos, tan necios que se creen sus propias mentiras. La primera de todas, la más evidente, la más palmaria: que el independentismo, el antimonarquismo, el republicanismo catalanes son cosa de cuatro elementos resentidos y antiespañoles. Bastará con descabezar (sic) a los líderes para que baje el suflé. Además son unos cobardes que se arrugan ante la justicia y se dan prófugos o presos. Es una mentira que, como el rinoceronte de Ionesco, acabará ocupando todo su ya escaso espacio mental.

Cualquiera diría que, con el recibimiento que ayer tributó Barcelona a Felipe de Borbón, esa mentira ha estallado como una pompa de jabón. Se presenta como el soberano que visita la colonia (tierra conquistada) a la que acaba de disciplinar por la violencia y se encuentra solo, junto a sus fieles servidores españoles, la vicepresidenta y el delegado del gobierno, de quien se dice que llevaba una corbata VERDE. 

Nada de representación institucional de los indígenas. Solo el ruido de una ciudad que no lo quiere y se lo dice. La regia mano se quedó sin besar salvo por la alcaldesa de L'Hospitalet. Luego, la cena, un suplicio, frente a un presidente del Parlament con el lazo amarillo en la solapa y que no tuvo el detalle de aplaudirle el discurso. Ese en el que se entrevé la amenaza de que, si no se le besa la mano (él lo llama "lealtad institucional"), el Congreso Mundial de Móviles se irá de Barcelona. 

 Hasta para las amenazas es lento. El director del Congreso ya había aclarado por la mañana que ellos piensan seguir en Barcelona, sin cuidarse poco ni mucho del rey porque es gente seria de negocios y va a dónde hay negocio y no donde solo hay arrogancia e ineptitud.

Pero no importa, esta gente incomprensible seguirá a lo suyo porque se creerán sus mentiras según las repiten sus medios: que hubo algo de cacerolada y enfrentamientos entre indepes y constituionalistas y numerosas muestras de apoyo y cariño al rey. Sus televisiones hablarán del triunfal recibimiento, darán las palabras del rey en close up y, si te he visto, no me acuerdo. Buena ocasión para que las redes se rían a mansalva de unos medios cuya función no es otra que mentir.

Lo que no pueden evitar estos genios es que las imágenes estén en las redes y en las noticias internacionales: muchedumbres abarrotando calles y plazas, contenidas por la policía que volvió a apalear, aunque de modo menos bestial que el 1-O, calles vacías por la noche, a la salida de la comitiva real, with the blue lights flashing across the night, ruido atronador de cacerolas, silbatos, pitos. Los mossos, que se emplearon a fondo, despejaban las calles, esto es, el suelo, pero no el vuelo y por las ventanas abiertas sonaban las sartenes y hasta el himno de Riego a todo volumen, con vivas a la República. 

Esas imágenes son ya virales, están en el hashtag #destronemlo. De minoría de cuatro iluminados, nada. Son las imágenes de un pueblo que no quiere al Rey, que ha estallado a fuerza de apaleamientos y humillaciones a manos de gentes corruptas e ineptas pero brutales que desconocen lo fundamentos mismos de la política democrática. Un pueblo que está haciendo una revolución de nuevo tipo, algo que los españoles, según se ve, sean de derechas o de izquierdas, son incapaces de entender.

Solo a ellos se les ocurre porque, además de creerse sus propias mentiras, tienen una idea de la realidad que no se parece en nada a la realidad. Como son oligarcas, señoritos y franquistas de toda laya, creen que se puede apalear a la gente impunemente; creen que el rey puede aplaudir el apaleamiento sin que pase nada; que se puede ir al juez a mentir, diciendo que no hubo apaleamiento, que los jueces puede llegar al delirio de sostener que los apaleados son culpables y responsables de su apaleamiento. No están bien de la cabeza. 

En todo caso, son peligrosos. Palinuro decía ayer que  "Todos, hasta el rey, saben que el rey va desnudo. Por fuera y por dentro. No entiende nada de lo que pasa. Ni por asomo. Está lleno de ira y despecho, con lo que cada vez se ciega más." Son, sí, peligrosos. Vete a saber qué darán ahora en tramar. Qué harán, ahora que el rey ha comprobado que quizá sea formalmente rey de Catalunya, pero no de los catalanes. 

Seguro, segurísimo que no se le ocurrirá pedir perdón por lo pasado, como le dice Puigdemont. Faltaría más. Su antepasado entró en Catalunya a sangre y fuego. Este ya ha derramado (y sigue derramando) la sangre; y el fuego, según se mire. Porque los catalanes harán cosas, pero los españoles son muy y mucho españoles. 

A lo mejor no son mentiras sino una incapacidad neurótica de entender la realidad.

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El vacío / José Antich *

El rey Felipe VI tuvo que hacerse acompañar de las autoridades del Estado durante su primera visita a Barcelona. Ese es, sin duda, el principal titular del vacío dispensado por las autoridades catalanas cuando llegó este domingo al Palau de la Música para presidir la cena de gala del congreso internacional de telefonía móvil. 

Si dentro del Palau fue el vacío, en el exterior del coliseo musical la noticia fueron las ruidosas protestas. Hasta diez calles adyacentes habían sido acordonadas por los Mossos d'Esquadra para impedir el acceso de los manifestantes al perímetro oficial. Tan solo la Via Laietana estaba despejada desde su acceso sur para que pudiera acceder sin problemas de tráfico la comitiva oficial. Vacío institucional, protestas en la calle y cassolada importante en muchísimos municipios de Catalunya para hacer evidente la protesta por la visita. Así transcurrieron las dos primeras horas de la estancia real en Barcelona.

Por si alguien tenía dudas, el clima de malestar expresado después del discurso del Rey del pasado 3 de octubre persiste de una manera importante en Catalunya. El espectacular operativo policial y las protestas así lo reflejan. Hay un antes y un después de aquel 3 de octubre, de la supresión de la autonomía en Catalunya, de la destitución del Govern y del exilio del president y cuatro consellers a Bruselas y la posterior entrada en prisión del resto del Ejecutivo catalán. 

Por no hablar de la prisión de los Jordis y las citaciones en calidad de investigados de varios cientos de alcaldes y la represión del referéndum del 1 de octubre. Ante todo ello, la Corona, lejos de cumplir un papel arbitral, ha tomado partido de una manera nada dudosa.

Las elecciones del 21 de diciembre han repetido la mayoría independentista y nadie parece haber asumido desde Madrid que las viejas recetas ya no valen. El discurso del monarca -10 párrafos en inglés, 3 en castellano y 3 en catalán- , ajeno a cualquier contingencia, pasó de largo de la situación política. Y no aparece ninguna referencia temporal en el texto, que bien pudiera ser el mismo que leyó la última vez. 

En la mesa presidencial, aunque no en el sitio que le tocaba, ya que estaba ostentosamente excluido de su posición, el president del Parlament, Roger Torrent, con lazo amarillo en la solapa, no aplaudió la intervención del jefe del Estado. Sí que lo hizo, en cambio, la alcaldesa Ada Colau, muy acostumbrada a hacer una cosa y la contraria al mismo tiempo. Desde Bruselas, el president Puigdemont había advertido por la mañana que el Rey sería bienvenido a Catalunya cuando pidiera perdón. Algo que obviamente no se produjo ni parece que se vaya a producir.

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-rey-el-vacio_242838_102.htm

Imputan a ocho constructoras por un desfalco de hasta 60 millones en el AVE a Murcia

MADRID.- La Justicia ha imputado a ocho grandes constructoras por el presunto desfalco de hasta 60 millones de euros en la construcción de tres tramos de la línea del AVE a Murcia. El auto, emitido por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Murcia el pasado 5 de febrero, cita como investigadas a Acciona, Construcciones Villegas, Dragados, Hormigones Martínez, Tecsa, Sacyr, Neopul y Constructora San José. En su escrito, la jueza Olga Reverte considera que estas sociedades pudieron ser "posibles autores/cooperadores necesarios de los delitos continuados de estafa y falsedad documental", según adelanta El Español.

Según la tesis de los investigadores, estas sociedades participaron en el desvío de dinero público mediante facturas infladas por los trabajos de recolocación de regadíos a lo largo del trazado del AVE a Murcia. Desde 2016, la Justicia investiga los sobrecostes de 60 millones de euros que supusieron estos trabajos, abonados por la empresa pública Adif. 

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este diario, recuerda que la reposición de los canales de regadío se realizó mediante los llamados "expedientes de gasto", otorgados por las comunidades de regantes afectadas pero abonados directamente por la empresa pública que controla las infraestructuras ferroviarias en España. 

En este caso, la Justicia ha imputado ya a varios responsables de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri y el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, las entidades que concertaban las obras.

La mayoría de los trabajos fueron contratados siempre a la misma sociedad: Obras Marimar SL, que cargó 71 millones de euros en facturas por esos conceptos, cuando Adif había presupuestado solo 11 millones. Después, según la tesis de los investigadores y los testimonios de varios de los investigados, ese dinero era repartido entre responsables de Adif, las comunidades de regantes y otras personas que presuntamente participaban en la trama.

Ahora, la jueza considera que las constructoras que recibieron por concurso esos tramos pudieron, al menos, colaboradores necesarios en este presunto desfalco. De media, las obras sufrieron incrementos de coste que alcanzan el 626%. El tramo San Isidro-Orihuela rompió todas las estadísticas con un sobrecoste del 1.544%. En el caso del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, el aumento de dinero público fue del 3.109%. Aun así, las facturas se abonaron.

Un peritaje sobre sus facturas

Para confirmar de forma preliminar la posible responsabilidad de las constructoras, el juzgado pidió un informe pericial sobre la documentación entregada con los principales contratistas. La conclusión del informe judicial revela que el montante presuntamente malversado por el grupo de constructoras podría oscilar entre los 7,3 y los 22 millones de euros. 

Ese es el diferencial entre las facturas presentadas por las distintas sociedades a Adif y los costes reales que han podido acreditar de forma preliminar ante la Justicia por esos mismos trabajos. 

En el caso de la Constructora San José, por poner un ejemplo, el diferencial entre las facturas cobradas y los gastos demostrados es de 3,3 millones de euros de dinero público. Una cifra cercana a lo que habrían facturado de más según el escrito judicial contructoras como Sacyr o Neopul, titulares del tramo entre Orihuela y Colada de la Buena Vida.

Sin embargo, según refleja la instructora en su escrito, si esos mismos datos se cruzan además con las facturas presentadas por la empresa Obras Marimar, que fue la que sirvió de excusa a las grandes constructoras para girar sus gastos, la desviación real podría llegar al 57% y la cantidad de dinero público presuntamente malversada, superar los 22 millones.