SANTANDER.- El fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, cree que no debe "criminalizarse" cualquier acto de
reunión o manifestación en el que haya críticas, "incluso de libertad de
expresión", como los escraches, pero ha advertido también de que en la
Fiscalía no van a ser "insensibles" ni van a quedarse "pasivos" ante
"cualquier desbordamiento" de esos derechos.
Así lo ha dicho este viernes en Santander, donde ha indicado que
en la Fiscalía están siendo "muy vigilantes" para establecer un criterio
de "proporcionalidad" entre los derechos de reunión y manifestación
--que "forman parte importante de la vida democrática de un país"-- y el
respecto a derechos individuales como la intimidad, privacidad y la
propia imagen.
"Ni debe criminalizarse cualquier momento de reunión o de
manifestación en el que se establezcan críticas, incluso de libertad de
expresión, pero tampoco vamos a ser insensibles ni vamos a quedarnos
pasivos ante cualquier desbordamiento de esos derechos, que no son en
modo alguno absolutos", ha sentenciado Torres-Dulce, que ha precisado
que estos últimos "no tienen mayor ni menor preferencia que los derechos
fundamentales individuales, que son tan importantes para la convivencia
como lo son los derechos de manifestación y reunión".
En declaraciones a los periodistas antes de participar en la
entrega de los Premios Europeos a la Seguridad en Construcción, el
fiscal general del Estado ha indicado que la Fiscalía va a analizar los
escraches "solo cuando tengan trascendencia penal" y lo hará, ha
apuntado, con "absoluta imparcialidad" y carácter "individualizado", y
teniendo en cuenta además la "proporcionalidad necesaria" entre los
derechos individuales y los derechos a reunirse y manifestarse.
El fiscal ha recordado que en el Código Penal están previstos los
supuestos de coacciones, amenazas e intimidaciones de carácter "grave" a
miembros del parlamento para que cambien el sentido del voto, así como
el resto de tipos penales de coacciones y amenazas que, como ha
insistido, la Fiscalía va analizar de forma individualizada y teniendo
en cuenta la proporcionalidad entre los distintos derechos.
"Somos sensibles -ha dicho- al respeto de derechos tan importantes
para la convivencia democrática como expresiones de crítica política,
derechos de reunión y manifestación, como a los derechos individuales,
que forman parte de la convivencia ciudadana, que tienen sus límites en
el Código Penal y que deben ser respetados por todos".
Tras señalar que las decisiones para el mantenimiento del orden
público en la vía pública corresponde al Ministerio del Interior y a las
policías autonómicas y locales, Torres-Dulce se ha mostrado respetuoso
con las decisiones que adopten estos organismos al respecto.
"Yo no comento decisiones de carácter político administrativo", ha
sentenciado, antes de recordar que él mismo ha pedido respeto a estos
organismos hacia la Fiscalía.
