NUEVA YORK.- El caso del juez Elpidio José Silva, que se enfrenta a la suspensión por haber ordenado en dos ocasiones el encarcelamiento del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ya ha llegado a la prensa internacional. El prestigioso diario The Wall Street Journal dedica un reportaje al magistrado y sus esfuerzos por evitar su expulsión de la carrera judicial.
Los fiscales consideran que el juez Silva excedió su autoridad al arrestar al banquero, que ahora es libre, por lo que debe ser inhabilitado durante 30 años, señala el rotativo estadounidense, que añade que la versión del juez es que las acusaciones están motivadas por motivos políticos y forman parte de un amplio patrón de obstrucción a la justicia.
Los funcionarios del gobierno niegan en privado cualquier interferencia, comenta The Wall Street Journal, mientras que un portavoz del Ejecutivo reitera la política de no hacer comentarios al respecto. No obstante, añade el diario, la justicia en España es “notoriamente lenta”, y muchas investigaciones criminales avanzan muy despacio o simplemente de detienen ante estas limitaciones, lo que “socava la confianza en el sistema de justicia”.
Los tribunales están obstruidos con centenares de casos de presunta corrupción política y financiera, muchos de ellos ya con años de edad. Los casos afectan a funcionarios electos de los principales partidos, a un extesorero del partido en el Gobierno, a una hija del rey, a líderes sindicales y a decenas de banqueros tras una crisis que casi colapsa el sistema financiero. Sin embargo, señala el diario, la mayoría de ellos sigue siendo sospechosa y niega los cargos, y “sólo unos pocos han sido acusados formalmente y juzgados”.
“El procedimiento judicial de España no está preparado para poder manejar las complejas investigaciones de casos financieros”, destaca José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo al diario estadounidense. “A menos que haya un cambio radical y fundamental en el procedimiento, que va a ser muy difícil de investigar estos casos de la manera oportuna”, reflexiona.
Dos puntos del procedimiento español tienden a “empantanar las investigaciones”, señala The Wall Street Journal: que a los sospechosos se les permite en todas las etapas del caso presentar denuncias contra los jueces, a diferencia de lo que ocurre en países vecinos como Italia y Francia; y que el propio fiscal del Gobierno puede intervenir del lado del demandado.
Este sería el caso de Blesa, encarcelado por el juez Silva por la compra, por parte de Caja Madrid, del City National Bank of Florida (CNBF). Blesa aún no ha sido oficialmente acusado, mientras que el magistrado se enfrenta a la suspensión, según recuerda el diario, que reconoce que el caso de Caja Madrid es “políticamente sensible”, ya que fue la mayor de las cajas que dieron origen a Bankia, cuyos problemas estuvieron a punto de colapsar el sector financiero español.
El juez Silva se describe a sí mismo como un “cruzado tratando de salvar a España de una profunda crisis”, señala el prestigioso diario. La corrupción es generalizada, dijo, y demasiado a menudo el gobierno se opone abiertamente a investigaciones judiciales del poder político, o tarda meses en responder a las solicitudes para llevarlas a cabo. La lentitud de la justicia, agrega Silva, refuerza la creencia en España y en el extranjero de que el mal comportamiento no es sancionado, recoge The Wall Street Journal a modo de conclusión.
Los fiscales consideran que el juez Silva excedió su autoridad al arrestar al banquero, que ahora es libre, por lo que debe ser inhabilitado durante 30 años, señala el rotativo estadounidense, que añade que la versión del juez es que las acusaciones están motivadas por motivos políticos y forman parte de un amplio patrón de obstrucción a la justicia.
Los funcionarios del gobierno niegan en privado cualquier interferencia, comenta The Wall Street Journal, mientras que un portavoz del Ejecutivo reitera la política de no hacer comentarios al respecto. No obstante, añade el diario, la justicia en España es “notoriamente lenta”, y muchas investigaciones criminales avanzan muy despacio o simplemente de detienen ante estas limitaciones, lo que “socava la confianza en el sistema de justicia”.
Los tribunales están obstruidos con centenares de casos de presunta corrupción política y financiera, muchos de ellos ya con años de edad. Los casos afectan a funcionarios electos de los principales partidos, a un extesorero del partido en el Gobierno, a una hija del rey, a líderes sindicales y a decenas de banqueros tras una crisis que casi colapsa el sistema financiero. Sin embargo, señala el diario, la mayoría de ellos sigue siendo sospechosa y niega los cargos, y “sólo unos pocos han sido acusados formalmente y juzgados”.
“El procedimiento judicial de España no está preparado para poder manejar las complejas investigaciones de casos financieros”, destaca José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo al diario estadounidense. “A menos que haya un cambio radical y fundamental en el procedimiento, que va a ser muy difícil de investigar estos casos de la manera oportuna”, reflexiona.
Dos puntos del procedimiento español tienden a “empantanar las investigaciones”, señala The Wall Street Journal: que a los sospechosos se les permite en todas las etapas del caso presentar denuncias contra los jueces, a diferencia de lo que ocurre en países vecinos como Italia y Francia; y que el propio fiscal del Gobierno puede intervenir del lado del demandado.
Este sería el caso de Blesa, encarcelado por el juez Silva por la compra, por parte de Caja Madrid, del City National Bank of Florida (CNBF). Blesa aún no ha sido oficialmente acusado, mientras que el magistrado se enfrenta a la suspensión, según recuerda el diario, que reconoce que el caso de Caja Madrid es “políticamente sensible”, ya que fue la mayor de las cajas que dieron origen a Bankia, cuyos problemas estuvieron a punto de colapsar el sector financiero español.
El juez Silva se describe a sí mismo como un “cruzado tratando de salvar a España de una profunda crisis”, señala el prestigioso diario. La corrupción es generalizada, dijo, y demasiado a menudo el gobierno se opone abiertamente a investigaciones judiciales del poder político, o tarda meses en responder a las solicitudes para llevarlas a cabo. La lentitud de la justicia, agrega Silva, refuerza la creencia en España y en el extranjero de que el mal comportamiento no es sancionado, recoge The Wall Street Journal a modo de conclusión.
