viernes, 14 de diciembre de 2012

España y Cuba acuerdan el traslado a España de Ángel Carromero

MADRID.- El Consejo de Ministros ha autorizado el traslado a España de Angel Carromero, después del acuerdo alcanzado con Cuba, para que éste cumpla aquí la condena impuesta por las autoridades cubanas, que es de cuatro años. Carromero fue juzgado en Cuba después de un accidente de tráfico del vehículo que el conducía, en el que fallecieron los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero.

   Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Angel Carromero firmó el pasado 6 de diciembre la solicitud de su traslado para cumplir la condena en España.
  El Gobierno, dijo, ha remitido a las autoridades cubanas toda la documentación que han solicitado y el 12 de diciembre la subdirectora general de Asuntos Jurídicos y Consulares, del Ministerio de Asuntos Exteriores y la subdirectora general de Cooperación Jurídica Internacional, del Ministerio de Justicia, se reunieron en La Habana con las autoridades cubanas, a requerimiento de las mismas.
   Añadió que, tras una reunión mantenida con la delegación española, el cónsul general de España en La Habana ha firmado un memorando en el que, entre otros aspectos, "se contempla el traslado a España para el cumplimiento de condena".
   Después de todos estos trámites, el Consejo de Ministros de hoy ha acordado la autorización del traslado a España para que cumpla la citada condena. Además, explicó que, junto con Carromero, se trasladará a otro ciudadano español apellidado Vives, condenado por tráfico de drogas y que se encontraba en Cuba.
   Santamaría no quiso precisar cuándo llegará a España de Angel Carromero. "Permítame ser prudente y no hablar de plazos", dijo y recordó la "cautela" que ha mantenido el Gobierno sobre este asunto durante todo el procedimiento desde que se produjo el accidente en el que murieron los disidentes cubanos.

El Papa critica la "mentalidad egoísta" del capitalismo financiero no regulado

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa Benedicto XVI ha arremetido contra la mentalidad egoísta e individualista que se expresa en un "capitalismo financiero" no regulado, en su mensaje para la próxima Jornada por la Paz, que se celebra el de enero de 2013 titulado 'Bienaventurados los que trabajan por la paz'

Así, ha recordado los "focos de tensión y contraposición provocados por la creciente desigualdad entre ricos y pobres" que genera esta mentalidad. Por ello, ha asegurado que "para salir de la actual crisis financiera y económica, que tiene como efecto un aumento de las desigualdades, se necesitan personas, grupos e instituciones que promuevan la vida".
Además, el Pontífice destaca los "sangrientos conflictos aún en curso y las amenazas de guerra" en diferentes partes del mundo que requieren "un compromiso renovado y concertado en la búsqueda del bien común y del desarrollo de todos los hombres y de todo el hombre". Igualmente, resalta "las diversas formas de terrorismo y delincuencia internacional" que representan un peligro para la paz, así como los "fundamentalismos y fanatismos que distorsionan la verdadera naturaleza de la religión, llamada a favorecer la comunión y la reconciliación entre los hombres".
Sin embargo, en su mensaje también subraya las "numerosas iniciativas de paz que enriquecen el mundo" y que atestiguan "la vocación nata de la Humanidad hacia la paz". Así, recuerda que el deseo de paz "es una aspiración esencial de cada hombre y coincide en cierto modo con el deseo de una vida humana, plena, feliz y lograda". En definitiva, destaca que el hombre está hecho para la paz.

El Supremo avala la Ley Hipotecaria a pesar de la ola antidesahucio

MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) hace caso omiso de las sentencias que están dictando jueces de distintas instancias inferiores y avala sin ambages la Ley Hipotecaria y el marco jurídico sobre contratos vigentes. Así se desprende de sentencias recientes del Alto Tribunal que confirman la obligatoriedad de distintos contratos financieros, como préstamos hipotecarios o productos derivados, y rechazan la existencia de condiciones o intereses abusivos.

Si bien los tribunales tratan de aplicar la ley y los cambios los realiza el poder legislativo, desde 2010 se suceden las sentencias que fuerzan el ordenamiento vigente a fin de conseguir la protección del consumidor. Es el caso de la conocida sentencia la Audiencia de Navarra, que estableció que la entidad bancaria, en este caso BBVA, que se adjudique una vivienda hipotecada en subasta no puede continuar reclamando a su cliente la parte del préstamo no cubierta por esta vía.
De hecho, poco después, la Sección Tercera de la misma Audiencia enmendó este fallo, de la Sección Segunda, y reconoció que la adjudicación de la vivienda en subasta no es suficiente para saldar la deuda hipotecaria, y permite al banco, BBVA, ejecutar los bienes "en cantidad suficiente" para cubrir la suma reclamada. A estas sentencias se han sumado otras de juzgados de primera instancia y más tribunales sobre swaps, preferentes y otros productos.
De hecho, el Gobierno ha lanzado una moratoria sobre desahucios pero no ha reformado la Ley Hipotecaria. En esta línea, el Supremo se atiene a la legislación y, en una reciente sentencia, reconoce que, en los préstamos hipotecarios, no es posible entrar a valorar el equilibrio de las prestaciones entre las partes ni moderar los intereses en función de la legislación de consumidores o la ley contra la represión de la usura. Y lo hace en un fallo en el que juzga un caso en el que se pedía la nulidad de un préstamo hipotecario por haberse fijado un tipo de interés del 20%.
Además, en otra sentencia, el Alto Tribunal resuelve un asunto en el que unas personas habían comprado unas viviendas con el fin de venderlas sin haber escriturado siquiera y especular así con ellas. Con la caída del mercado inmobiliario decidieron finalmente no adquirirlas y la promotora les demandó exigiendo que cumplieran con su obligación contractual. Los compradores alegaron que no podían comprar porque no les era posible subrogarse en el préstamo hipotecario. El banco, por su parte, se negó a permitírselo ante su escasa solvencia.
En este fallo, el Supremo rechaza la posición de los clientes y sostiene que "los compradores adquirieron con fines especulativos, lo que les podría haber generado una rápida ganancia, obteniendo un precio superior al pactado con la promotora que había dirigido el largo proceso de construcción".
Pero, prosigue el TS,"los compradores cuando se integran en un proceso de rápida obtención de beneficios con la consiguiente disposición urgente de la inversión se están sometiendo a una situación de riesgo aceptado que no pueden intentar repercutir sobre la vendedora, que ningún beneficio obtiene de las ulteriores ventas".
Así, concluye el Supremo, "los recurrentes pretenden aceptar los beneficios de la especulación, pero repercutiendo a la vendedora las pérdidas que se pudieran causar, lo que es contrario a la buena fe".
En definitiva, se puede afirmar que el Supremo pone freno a la especulación con esta resolución. Y lo hace desde la aplicación de la norma.
Luis Jiménez-Asenjo Sotomayor, abogado del bufete Giménez-Salinas especializado en asuntos que afectan a la banca, insta a "no confundir el drama personal de muchos con la anarquía jurídica".
Según Jiménez-Asenjo, "el Poder Judicial debe juzgar según la ley vigente, y no es bueno que retuerza su interpretación como en algunos casos se ha hecho para tratar de impartir una supuesta justicia material, pues con ello se degrada un principio básico del Estado, como es la seguridad jurídica".
Por ello, este abogado llama a "aplaudir, aunque parezca impopular, que el Supremo dictamine que los contratos deben cumplirse de forma implacable, y que nos recuerde que gran parte de las compraventas de inmuebles que se realizaron tenían un trasfondo especulativo".
Sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que abrió la veda, Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG, ha recalcado que, "aunque es llamativa", no debe "concedérsele mayor importancia", ya que "no constituye jurisprudencia y se encuentra indisolublemente ligada a las incidencias de un proceso concreto en el que la entidad no pudo aportar una tasación más actualizada que, sin duda, hubiera arrojado un resultado distinto".

Bankia cede 300 viviendas a la Generalitat para alquilarlas a familias que han perdido su hogar

VALENCIA.- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha firmado este viernes el acuerdo por el que cederá entre 250 y 300 viviendas a la Generalitat valenciana para que las alquile, por un máximo de 200 euros mensuales, a familias que han perdido su vivienda habitual por un proceso de ejecución hipotecaria o por otras circunstancias excepcionales derivadas de la actual crisis económica. 

   Así lo ha señalado en su intervención tras suscribir su primer protocolo de colaboración de estas características con la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, en un acto que ha estado presidido por el jefe del Consell, Alberto Fabra.
   Esas viviendas, cuya titularidad conserva Bankia, se incorporarán a las 600 que integran el parque público de la Generalitat y se destinarán al Programa Extraordinario de Arrendamiento de Interés Social. En concreto, será la Red Alquila quien realice las labores de mediación y prepare los contratos de arrendamiento, mientras que Bankia bonificará hasta un 50 por ciento el alquiler durante los primeros cinco años de contrato, y tres si cambia la legislación, y el alquiler de esas viviendas cedidas no podrá superar los 200 euros.
   Según señala la entidad, la bonificación de Bankia llegará a la mitad de la renta del inquilino durante el primer y el segundo año de alquiler, mientras el tercer año se situará en el 40 por ciento, el cuarto en el 30 por ciento y el último, en el 20 por ciento. Además,  adecuará las viviendas para que cumplan con los criterios de habitabilidad antes de la entrada de los inquilinos.
   Las condiciones para acceder a este arrendamiento son haber perdido la vivienda habitual como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria o estar en proceso de reclamación judicial, así como estar en riesgo de exclusión social, en situación de desempleo con cargas familiares o con ingresos limitados. También se atenderá a mayores, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.
   Goirigolzarri ha subrayado que "la sensibilidad por parte de Bankia respecto al problema del impago de hipotecas viene de hace tiempo" y ha apuntado que, en los dos últimos años, ha redefinido las cuotas a pagar en 80.000 hipotecas, con lo que ha renegociado "prácticamente el 10 por ciento" de su cartera. Además, la entidad ha aceptado "más de 4.400 daciones en pago" en el último año y medio.
   Según la entidad, cada día cerca de 70 familias han conservado su hogar gracias a haber adecuado la letra a su capacidad de pago y más de 15.000 de las 80.000 "adecuaciones" corresponden a la Comunitat.
   Entre las alternativas que les ofrece Bankia figuran alargamientos de plazos y carencias en el pago del principal y, en último caso y en ausencia de cualquier ingreso, acepta la dación en pago. De las cerca de 4.300 daciones aceptadas desde 2011, 700 han sido en la Comunitat.
   Goirigolzarri ha subrayado que este primer convenio supone "un paso muy importante" para enfrentar "de forma coordinada" el problema del impago de hipotecas, tal y como propuso él mismo en el congreso de APD celebrado en Valencia hace apenas un mes, motivo por el que asegura sentir una "satisfacción tremenda" por firmado en Valencia.
   En este sentido, ha indicado que "hoy es un día de gran satisfacción por un doble motivo", por el acuerdo alcanzado y por hacerlo en la Comunitat Valenciana, que es "fundamental" para Bankia como "entidad de referencia en la región" y porque, además, "representa casi una cuarta parte" de su negocio total en España.
   El dirigente de Bankia también ha valorado la "capacidad de respuesta" y la "agilidad" mostradas por la Generalitat valenciana.
   Por su parte, Fabra ha agradecido la "sensibilidad" mostrada por Bankia y ha valorado que, con este acuerdo, ofrecerán "tranquilidad y sobre todo un halo de esperanza" y tenderán "muchas posibilidades nuevas" a "muchas familias que en estos momentos ven con mucha angustia la dificultad de tener que atender el pago de la hipoteca".
   "Bankia juega en casa en la Comunitat Valenciana", ha subrayado el jefe del Consell, quien ha celebrado que haya firmado en esta autonomía su primer convenio de este tipo, como parte de una sociedad en la que "todos debemos arrimar el hombro y mostrar sensibilidad".
   A su juicio, instituciones, agentes sociales y sociedad deben unir esfuerzos ante las "situaciones muy acuciantes" vividas para "el pago de la hipoteca y sobre todo, ante la falta de pago, los desahucios".
   Fabra ha defendido que la Comunitat Valenciana "fue de las primeras en darse cuenta de esta situación" y que, a mediados de año, puso en marcha el Programa Extraordinario de Alquiler de Interés Social o de Arrendamiento de Vivienda Pública a Familias en Riesgo de Exclusión Social y creó el registro inicial de demandantes, en el que se han inscrito 150 familias de la Comunitat hasta este momento.
   Ha argumentado, en este punto, que se trata de "una cuestión social" y las administraciones deben ser "sensibles a esa angustia" y garantizar los derechos de las personas más vulnerables. En el caso de la Generalitat, ha dotado cinco millones de euros para reformar viviendas públicas para destinarlas a arrendamiento social, 462.000 euros más que en 2012, ha firmado ocho convenios con ayuntamientos y tiene previsto suscribir otros 31 acuerdos de este tipo en 2013.

Una mujer con una orden de desahucio fallece en Málaga tras arrojarse al vacío

MÁLAGA.- Una mujer ha fallecido en la barriada malagueña de Los Corazones tras arrojarse desde el balcón de su vivienda, situada en una cuarta planta. Al parecer, a principios de esta semana recibió una orden de desahucio por impago de la hipoteca.

   El suceso se ha producido minutos antes de las 09.30 horas de este viernes en el número 2 la calle Río Guadiana, según han informado desde el Cuerpo Nacional de Policía, que no confirman, no obstante, la causa del suicidio.
   La mujer, de 56 años, vivía en esta casa desde hacía varías décadas con su madre, de 96 años y enferma, según el testimonio de los vecinos, quienes han apuntado que la fallecida había tenido un estanco en el polígono industrial El Viso, en Málaga capital, pero se vio obligada a cerrarlo hace unos tres años por problemas económicos.
   Sin embargo, había avalado la compra del local con su propia vivienda y la deuda, finalmente, acabó en la ejecución hipotecaria del aval y en la consiguiente orden de desahucio.

Estudiantes, padres y profesores marchan en toda España contra la LOMCE

MADRID.- Padres, profesores y estudiantes han vuelto a salir a la calle este jueves en todas las capitales de provincia del país para protestar contra el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, y el proyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Miles de personas se han manifestado en Madrid y Barcelona contra las reformas educativas y los recortes llevados por el Gobierno.

   El adelanto de los itinerarios hacia la Formación Profesional o el Bachillerato, las reválidas, la eliminación de Educación para la Ciudadanía y la vuelta de una alternativa "dura" (Ética) para la asignatura de Religión, el "apoyo" a la enseñanza privada y "segregadora" por sexo, el "ataque" a las lenguas cooficiales o la falta de una memoria económica que acompañe a la ley son las principales quejas de Plataforma Estatal en Defensa de una Escuela Pública contra la futura reforma educativa.
   La plataforma la integran la federaciones de Enseñanza de CC.OO y UGT, STES-i, CGT, la Confederación Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y el Sindicato de Estudiantes, entre otras organizaciones.
   En Madrid, varios centenares de estudiantes, padres y profesores (150.000 según los organizadores) se han manifestado en una marcha que ha recorrido desde la Plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol. La marcha ha arrancado pasadas las 18.30 horas en la plaza de Neptuno, y a su llegada a la Plaza de Cibeles, se han unido a la misma estudiantes procedentes de la zona universitaria, que venían de realizar otra protesta.
   Posteriormente, se han detenido frente al Ministerio, ante el cual han realizado una pitada de unos cinco minutos, una 'tamborada' y han lanzado gritos de 'Wert, dimisión'. Durante el recorrido los manifestantes portaban pancartas con leyendas como 'Hitler a Werto' '¿Wert cuando comienzas a quemar libros?' 'Libre la España plural quiero. Educar al PP y al clero'. '¿Burros a lo Wert? No'.
   También, han lanzado consignas como 'Por la universidad pública', 'No a la LOMCE' o 'Qué barbaridad, el hijo del obrero no puede estudiar'.
   Alejandro, un estudiante de FP de 24 años, ha explicado que ha acudido a todas las manifestaciones educativas para defender el actual modelo y ha criticado que la educación que ahora le sale prácticamente gratis le va a costar 180 euros más.
   Igualmente, se ha mostrado comprensivo con la situación de los profesores a los que, según ha dicho, les están quitando dinero. "Están desmantelando el sistema de enseñanza", ha denunciado.
   Por su parte, Javier, un prejubilado de 64 años, ha explicado que acude por solidaridad a la marcha porque entiende que "es una injusticia el desamantelamiento que está haciendo el Gobierno". En este sentido, se ha mostrado convencido de que otro Gobierno actuaría de manera distinta frente al mismo problema.
   Los convocantes han realizado discursos reivindicativos en la calle Sevilla, cerca de la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La marcha ha comenzado tras una pancarta en la que se podía leer 'La educación no es gasto, es inversión. ¡No a los recortes!'.
   En Barcelona, miles de personas de la comunidad educativa se han manifestado desde las 18.15 horas por el centro de ciudad en contra del anteproyecto de la Lomce y contra los recortes en educación tanto estatales como de la Generalitat.
   Con una pancarta bajo el lema 'Para la cohesión social. Ni Lomce ni recortes', la comunidad educativa, convocada por el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (Muce) -que forman asociaciones de padres, alumnos y sindicatos- protestan con gritos en contra de la "privatización" de la enseñanza.
   Los sindicatos han pedido la dimisión del ministro de Wert, a quien han criticado por "menospreciar a la comunidad educativa" porque no ha dialogado con ella para elaborar el borrador de la ley, ha afirmado la secretaria general de Fete-UGT, Roser Font.
   En Valencia, una concentración ha salido desde el centro de Valencia para clamar contra la LOMQE y han pedido 'Per l'escola pública. Més inversió, més qualitat, més valencià, més dignitat' ('Por una educación pública. Más inversión, más calidad, más valenciano, más dignidad').
   Con el lema 'Frente a los recortes y a la LOMQE, defendemos una escuela pública en valenciano', la manifestación, acompañada con el ritmo de 'tabalets' y 'dolçaines', ha desplegado pancartas con consignas como 'No nos callarán', 'Sin miedo' y 'Wert dimisión'. Protestas contra la ley Wert se han celebrado este jueves en todo el ámbito nacional.
   La protesta, convocada por la Plataforma en defensa de l'Ensenyament Públic, ha salido algo después de las 18.00 horas desde la Plaza de San Agustín, ha recorrido la calle San Vicente Mártir hasta la Plaza de la Reina y ha desembocado en la Plaza de la Virgen, donde uno de los miembros de la plataforma ha leído un manifiesto.
   El manifiesto denuncia que la nueva ley "no cuenta con el consenso de los diferentes sectores sociales" y nace "con una clara ideología neoliberal, reaccionaria y segregadora". Asimismo, supone la pérdida de la posibilidad de participación de la comunidad educativa y, en cambio, "sí que está consensuada, a escondidas, por la iglesia católica".
   Según el documento, la ley "no se basa en ningún precepto pedagógico, sino, más bien, los infringe todos" y "atenta contra los derechis lingüísticos de la ciudadanía por imposibilitar el diseño de programas en valenciano" e "instaura un modelo educativo "que prima la competitividad y la segregación social".
   Por ello, el manifiesto exige la dimisión del ministro Wert, la retirada de la LOMQE, la paralización de los recortes y la apertura a un proceso de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa.
   En Galicia, cientos de personas se han concentrado en Santiago de Compostela y en diferentes localidades de la geografía gallega para mostrar el rechazo de al comunidad escolar al anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), coincidiendo con una jornada de protestas que se celebran en todo el Estado.
   Las concentraciones estaban por la Plataforma en Defensa do Ensino Público y se han llevado a cabo a la misma hora, las 19.00 horas, en La Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Burela, Orense, El Barco de Valdeorras, Verín, Pontevedra, Vigo, Villagarcía de Arousa y Ponteareas.
   Uno de los actos se producía en la capital gallega, donde decenas de personas se dieron cita ante el centro Rosalía de Castro para rechazar la reforma educativa del ministro de Educación, José Ignacio Wert, entre pitidos, abucheos, sirenas y consignas.
   Tras una pancarta en la que se leía 'Coa educación non se xoga', el secretario xeral de FETE-UGT, Marcelino Brea, ha exigido la retirada del borrador de la LOMCE junto con la "dimisión" de Wert, por su "incompetencia" y "nula capacidad de negociación" al impulsar un proyecto que tiene a la comunidad educativa "enfrentada" y con el único apoyo de las patronales de la concertada, la Conferencia Episcopal y el PP.
   "Vamos a hacer todo lo posible desde la calle y los medios que tenemos para tratar de hacerle rectificar al ministro", ha asegurado Brea, quien ha reconocido, no obstante, que la mayoría del PP en el Congreso puede provocar con esta reforma "lo que pasó con la revisión de las pensiones".

España publicará una lista con los mayores defraudadores a Hacienda

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno estudia la manera de adaptar la normativa vigente para poder publicar una lista con los mayores defraudadores y morosos a la Hacienda Pública.

   Así lo ha señalado Montoro en el Pleno del Senado durante su defensa del proyecto de ley de medidas tributarias, donde ha recordado que esto se hace en otros países de la UE como el Reino Unido o Irlanda.
   El ministro ha explicado que esta medida se justifica por la idea del Gobierno seguir progresando en la lucha contra el fraude fiscal, ya que esta tarea descansa, en gran medida, en el cumplimiento voluntario y la conciencia social.
   Con esta finalidad, el Gobierno estudia la precisión de "parámetros objetivos" para configurar el listado, que identificará y publicará el nombre de los mayores defraudadores o morosos con independencia de su actividad económica y condición, ya sean personas físicas o jurídicas.
   "Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata", ha dicho el ministro, quien no puede entender "tanto sigilo y cautela" hacia personas o empresas que no cumplen con sus obligaciones y no merecen confianza.