sábado, 9 de febrero de 2013

Junqueras cree que si Oriol Pujol se aparta habrá hecho "mucho más" que centenares de cargos de PP y PSOE

BARCELONA.- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha señalado que si el secretario general de CDC, Oriol Pujol, se apartase en el caso que resultase imputado, habría hecho "mucho más" que centenares de cargos populares y socialistas, que siguen en sus cargos incluso teniendo condenas.

  Junqueras ha señalado que Pujol debería dimitir si finalmente es imputado por el 'caso de las ITV', una presunta trama que quería amañar adjudicaciones de estas estaciones en Cataluña, pero ha recalcado que una imputación "no significa estar condenado".
   Ha apreciado que hace esta solicitud "a riesgo de ser injustos" porque una imputación no implica que se haya cometido ningún delito ni que sea culpable, y ha afirmado que ante esta circunstancia, es fundamental una justicia dotada con recursos suficientes y que actúe con diligencia.
   Junqueras ha opinado que es escandaloso que los "inquisidores" de la cúpula del PP pongan el dedo en la llaga a la clase política catalana y la cuestionen en pleno 'caso Bárcenas', el presunto pago de sobresueldos a dirigentes populares.
   Según Junqueras, los casos de presunta corrupción son una prueba más de que es "imposible" la continuidad de Cataluña en un Estado que ha sido incapaz de sacar adelante medidas anticorrupción y a favor de la transparencia, como las que desde hace años viene proponiendo su partido, a las que se han opuesto los grandes partidos.
   Para Junqueras, debería ser ley y por tanto extensible a todos los partidos el sistema que tiene ERC de financiarse: sólo mediante las cuotas de las militantes y la 'carta financiera', que obliga a los cargos electos a destinar una parte de su sueldo al partido.
   Ha insistido también que, en su opinión, el líder de UDC, Josep Antoni Duran, debería dimitir tras la sentencia del 'Caso Pallerols' sobre el desvío de fondos europeos de formación de desempleados para la compra de muebles y el pago de personal al partido democristiano.

Los islamistas tunecinos hacen una demostración de fuerza

TÚNEZ.- Miles de islamistas se manifestaron el sábado en Túnez, en una demostración de fuerza al día siguiente del funeral de un político de izquierdas asesinado que atrajo la mayor concentración de público vista en el país desde el estallido de la Primavera Árabe hace dos años.

Unos 6.000 seguidores del movimiento en el poder, Ennahda, se manifestaron en apoyo de su líder, Rachid al Ghanuchi, que fue el blanco de los lemas más airados de los asistentes al funeral del viernes por Chokri Belaid, un abogado defensor de los derechos humanos y líder de la oposición laica.
"La gente quiere a Ennahda de nuevo", corearon los islamistas, ondeando banderas del país y del partido en su recorrido hacia el Ministerio del Interior en la avenida Habib Burguiba, en el centro de la capital.
Sin embargo, la asistencia resultó considerablemente menor a la del viernes, cuando decenas de miles de personas acudieron a la capital y a otras ciudades para recordar a Belaid y protestar contra el Gobierno dirigido por los islamistas, con lemas como "Queremos una nueva revolución".
El asesinato de Belaid el miércoles por parte de un pistolero sin identificar, el primer asesinato político en Túnez desde hace décadas, ha conmovido a un país que aún busca la estabilidad después del derrocamiento del presidente Zine al Abidine Ben Ali en enero de 2011.
Su familia ha acusado a Ennahda de ser responsable del asesinato, algo rechazado por el partido.
La transición tunecina ha sido mucho más pacífica que la de otros vecinos árabes, como Libia, Egipto y Siria, pero la tensión es muy elevada entre los islamistas que llegaron al poder tras las elecciones y los liberales que temen perder libertades sociales conseguidas con muchas dificultades.
Después de la muerte de Belaid, el primer ministro, Hamadi Yebali, prometió formar un gobierno apartidista y tecnócrata que dirigiera al país hasta unas nuevas elecciones, a pesar de que tanto su propio partido, Ennahda, como los socios islamistas en la coalición, se quejaron de no haber sido consultados.
Los grupos laicos acusan al Gobierno islamista de tener una actitud laxa ante los ataques por parte de islamistas salafistas contra cines, teatros, bares y personas que han tenido lugar en los últimos meses.
La incertidumbre política prolongada y los disturbios en las calles podrían perjudicar una economía que depende mucho del turismo. El desempleo y otros problemas económicos alimentaron la revuelta contra Ben Ali en 2011.
Francia, la antigua potencia colonial, ha ordenado el cierre de sus colegios en Túnez el viernes y el sábado, y ha advertido a sus ciudadanos de que se alejen de los posibles puntos conflictivos.
Su ministro del Interior, Manuel Valls, hizo unas declaraciones que fueron muy mal recibidas por algunos en Túnez.
"Hay un fascismo islámico que está creciendo en muchos lugares", declaró el jueves en la emisora Europe 1.
El ministro tunecino de Asuntos Exteriores, Rafik Abdesalem, las calificó de "preocupantes y poco amistosas".

Unas 2.000 personas recorren las calles de Murcia para protestar contra la corrupción y la monarquía


MURCIA.-   Alrededor de 2.000 personas, sin ningún tipo de seña o identidad política, han recorrido este sábado las calles de Murcia para protestar contra la corrupción, secundando así la convocatoria de la plataforma Atrapa Murcia (Asociación por la Transparencia Política y Administrativa).

   De este modo, minutos antes de las 19.00 horas, ha partido la manifestación del Jardín de Floridablanca, para recorrer desde ahí la calle Correos y la Gran Vía de Murcia y regresar de nuevo al céntrico jardín murciano.

   Las organizaciones Foro Ciudadano, Foro Social, IU-Verdes, PCRM, Ecologistas en Acción, La Intersindical, HOAC, Juventudes Comunistas, Comunidades Cristianas de Base y Frente Cívico Somos Mayoría han secundado la marcha.

   Así, los convocantes, han señalado que "esperamos además que esta iniciativa pueda tener eco a nivel estatal y que surjan, de forma simultánea, otras muchas movilizaciones a tenor de la situaciones de injusticia e indefensión en las que nos coloca tener cada día nuevas noticias de corrupción dentro de un sistema que se autoproclama democrático". 

   "Proponemos a los ciudadanos que el 9 de febrero sea un día histórico de clamor ciudadano contra la corrupción, representando el inicio de una movilización masiva y continua que no termine hasta que nuestras instituciones estén limpias de caciques y ladrones", han añadido.

   Y es que, según afirman, "a todos los niveles de la vida pública y privada la corrupción es uno de los males principales que asolan la vida social y llenan de indignación a una ciudadanía harta de abusos de poder. Ayuntamientos, empresarios, autonomías, grandes partidos, el gobierno e incluso ahora los aledaños de la monarquía se están viendo salpicados por gravísimos casos que son destapados día a día ante el estupor de todos".

   Asimismo, las organizaciones que han secundado la manifestación denuncian públicamente "el secuestro de la democracia que sufre este país desde que en mayo de 2010 diera comienzo la imposición gubernamental de programas de ajuste contra los derechos, servicios públicos y prestaciones del tímido estado social español, en todos los casos sin que apareciera en los programas electorales que votó la ciudadanía".

   La situación, alertan, "se ha venido agravando con el gobierno del PP y su duro programa de recortes, que ha incrementado rápidamente la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, mientras no se ha tocado la fiscalidad de las grandes fortunas, se ha dado una amnistía fiscal a los defraudadores y se ha rescatado a la banca con importantes cantidades de dinero público detraído de las partidas destinadas a Enseñanza, Sanidad, Dependencia, Servicios Sociales, Cultura y otras".
   Por todo ello, considera que la ciudadanía "debe asumir el protagonismo y poner fin a este estado de cosas insoportable, exigiendo la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones que den paso a un nuevo parlamento que abra un nuevo periodo en la vida política española".

El portavoz de Atrapa en Murcia, José Mateos, dijo que el motivo de esta protesta es luchar contra la corrupción de todos los partidos políticos que la practican "e ir más allá comenzando por el mayúsculo escándalo de los sobres y donaciones multimillonarias de constructores y empresas como Mercadona", cuyo supermercado de Gran Vía fue una de las paradas de la manifestación.

El único incidente se produjo al inicio de la marcha por la Gran Vía Salzillo, cuando desde una ventana unos desconocidos tiraron unas piedras que los manifestantes entregaron a la policía que vigilaba la marcha y que, posteriormente, subió al edificio para averiguar quién las había lanzado.


Antes de llegar a la Gran Vía, la calle Correos se llenó de manifestantes al grito: "Este presidente es un delincuente" y "no es un partido, es una mafia" encabezados por una pancarta en la que se podía leer "en vuestros sobres están nuestros derechos, nuestra democracia. Corruptos a prisión, gobierno dimite, elecciones ya".


La organización convocante, Atrapa, denuncia "la imposición de programas de ajuste contra los derechos, servicios públicos y prestaciones del estado social español, sin que apareciera en los programas electorales que votó la ciudadanía". Además critica que "ha crecido la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, mientras no se ha tocado a las grandes fortunas, se ha dado una amnistía fiscal a los defraudadores y se ha rescatado a la banca con cantidades de dinero público detraído de las partidas destinadas a Enseñanza, Sanidad, Dependencia, Servicios Sociales y Cultura".  

La nota festiva-carnavalesca la mostró un manifestante vestido de rey con un cartel que rezaba "desahucio real ya" y con la bandera republicana, mientras que otro iba disfrazado de 'Supertacañón' con la fotografía de Rajoy al lado de la de un chimpancé y varios sobres con la letra B. 

(Fotografía Israel Sánchez) 

La crisis se agudiza en los hogares griegos

ATENAS.- Nuevos datos sobre la drástica reducción de los ingresos familiares en Grecia debido a los constantes recortes en salarios y pensiones, el aumento sin freno del desempleo y el endurecimiento de la presión fiscal fueron revelados esta semana. El diario Eleftherotypia publicó una encuesta, realizada para la Confederación Helénica de Profesionales, Artesanos y Comerciantes, que cifró en un 38 por ciento la caída del poder adquisitivo en el 93,1 por ciento de los hogares griegos desde el inicio de la crisis.

La investigación, destinada a evaluar el impacto de las medidas de austeridad en los ingresos y los gastos domésticos, desveló que la mitad de las familias se hallan en el límite de la subsistencia, sin capacidad para hacer frente a sus gastos financieros ni a sus obligaciones tributarias.

Uno de cada dos entrevistados aseguró cubrir sus necesidades básicas recurriendo a parientes o amigos, un 40 por ciento dijo no poder hacer frente al pago de préstamos o hipotecas, y acumular retrasos en el pago de suministros domésticos como la luz, el agua o la calefacción.

Con respecto al destino de sus gastos, casi el 70 por ciento de los encuestados reconoció haber reducido el consumo de productos alimenticios, y entre el 80 y el 90 por ciento incluyeron además recortes en ropa, calefacción y gastos de ocio como viajes o salidas con los amigos.

Especialmente dramática es la relación entre rentas familiares y desempleo, pues en un 40 por ciento de los hogares hay al menos una persona sin trabajo y las pensiones constituyen la principal fuente de ingresos.

Para completar la perspectiva, el organismo griego de estadística (Elstat) explicó que tres grupos de productos (combustible de calefacción, ropa y transporte) subieron durante el pasado año afectando a los gastos domésticos.

Desde que en 2008 comenzara la recesión el Producto Interno Bruto de Grecia se redujo en una quinta parte, el desempleo subió al 27 por ciento de la población activa y la presión fiscal aumentó sin freno, a modo de ejemplo los impuestos a la propiedad lo hicieron en un 600 por cien tras la reforma legal aprobada a inicios de este año.

El Gobierno de Ecuador apoya a sus ciudadanos en España ante la crisis hipotecaria

MADRID.- El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, muestra su preocupación por los ecuatorianos afectados por la crisis hipotecaria en España y reitera la oferta de retorno "ordenado" para sus compatriotas.

Patiño ha señalado que su Gobierno está instando "a las autoridades españolas y europeas que busquen una manera de modificar sus normativas para que esto no siga sucediendo".
Según el canciller, la crisis hipotecaria afecta a entre 10.000 y 15.000 ecuatorianos residentes en España.
Ha insistido, como lo ha hecho el presidente Correa, en la dación en pago, tal como han hecho en Ecuador. Que la salida de la crisis, ha dicho, no sea sobre "la base de un mayor empobrecimiento".
El canciller ecuatoriano ha recordado además las modificaciones legales que se han llevado a cabo en su país para impedir que los bancos puedan cobrar en Ecuador las deudas de sus ciudadanos por los créditos que habían suscrito en España con las leyes españolas.
"Hemos de seguir acompañando a los ecuatorianos que tienen esa situación", ha dicho y ha hecho referencia al apoyo del Defensor del Pueblo a la demanda de un ciudadano ecuatoriano residente en España que recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"Con todos los respetos para la institucionalidad española, seguiremos protegiendo a nuestros ciudadanos en cualquier lugar del mundo en el que estén", ha manifestado.
El ministro ha reconocido que han mantenido frecuentes contactos con las autoridades españolas a este respecto, y "siempre ha habido, según sus palabras, "comprensión y una preocupación con lo que pasa... han mostrado una preocupación y una búsqueda de soluciones".
El Ejecutivo español ha suspendido durante dos años los desahucios cuando se dan determinadas condiciones de penuria económicas y prepara un proyecto de ley para proteger a estos deudores hipotecarios.
Respecto a los planes de retorno que el gobierno de Ecuador tiene en marcha como el Plan Tierra, el Plan Ecuador Saludable o el de retorno para maestros, ha reiterado la necesidad de hacerlo de "manera ordenada", para no "provocar una frustración", al no encontrar lo esperado.
Patiño ha reconocido que ha comenzado a producirse una inflexión en la cantidad de ecuatorianos que salían hacia España. En el último año, ha dicho, "hemos comenzado a recibir más ecuatorianos desde España que ecuatorianos que salen" hacia ese país.
Preguntado por las inversiones de españolas en Ecuador, ha señalado que "no hay un flujo especial de inversiones, lo que si vemos es un interés especial".
Aunque ha insistido en que no quieren "inversión especulativa" sino la "inversión productiva" y "que también esté dispuesta a transferir tecnología".
A una semana de las elecciones legislativas y presidenciales en Ecuador, Patiño ha hecho un balance de la legislatura y ha destacado logros en áreas como la educación o la sanidad, con avances "increíbles", ha dicho, hace falta avanzar hacia la "excelencia".
La Constitución de Ecuador facilita que los emigrantes tengan representantes en la Asamblea Nacional, y dos serán elegidos el próximo día 17 por Europa, Asia y Oceanía.
España, con más de 400.000 ecuatorianos residentes, es uno de los principales núcleos de emigración, pero que en los últimos años están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, cuya principal consecuencia es la pérdida de empleo.

Una foto de Rajoy es usada por The Economist para explicar el significado de la palabra “chorizo”

LONDRES.- Los duros ajustes del gobierno español, representado por Mariano Rajoy, su presidente, han generado una oleada de rechazo ciudadano. Las protestas son habituales en el país y no faltan los cánticos contra los miembros del gabinete.

Un fenómeno que no pasa desapercibido para los medios de comunicación extranjeros. Y es que The Economist, una de las revistas económicas más prestigiosas del ámbito internacional, dedica en su última edición un artículo a nuestro país, hablando sobre el famoso ‘Caso Bárcenas’.

Lo curioso del asunto es que la foto que lo ilustra muestra a un cabizbajo Rajoy sobre una leyenda que no tiene desperdicio y en la que se explica el significado de la palabra “chorizo”, uno de los lemas que se suelen repetir en las protestas contra el gobierno:

“Un chorizo es una salchicha picante española, que es mejor acompañarla con una copa de Rioja, y que se puede servir en rodajas en un pastoso bocadillo –en español en el original- o sándwich. Pero chorizo también es un calificativo informal para un estafador o un tramposo”, reza.
Sin embargo, no se queda aquí la publicación, sino que va más allá: “En las protestas contra el Gobierno de Mariano Rajoy, los manifestantes suelen agitar panes y gritar que en España ‘no hay suficiente pan para tantos chorizos’”, afirma.

Urdangarin no tuvo piedad con una inquilina a la que había desahuciado previamente

MADRID.- Es muy probable que a Iñaki Urdangarin y a su ex socio Diego Torres se les juzguen por numerosos delitos que, con solo nombrarlos, podrían dejar sin aliento a cualquiera: malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, delito fiscal, prevaricación… No obstante, a veces, son los pequeños detalles los que más indignan a la opinión pública. Y con el yerno del Rey hay un caso que lo ejemplifica perfectamente.

Ahora que a Urdangarin le van a embargar temporalmente varios de sus bienes después de agotarse el plazo para presentar la fianza solicitada por el juez de 8,2 millones de euros, conviene echar la vista atrás y centrar la mirada en uno de ellos, un piso en Palma de Mallorca propiedad de Aizóon, la sociedad que tenía el propio Urdangarin junto a su mujer, la infanta Cristina. Allí vivió durante un tiempo una mujer en régimen de alquiler. Fue desahuciada. Y Urdangarín no tuvo ninguna piedad con ella.
El caso cobra relieve ahora, pero apareció ya hace unas semanas en los correos electrónicos del ex jugador de balonmano que publicó El País. En uno de ellos (noviembre de 2009), en conversación con su asesor, Marco Tejeiro, se demuestra cómo Urdangarin no puso reparos en recuperar hasta el último céntimo que su inquilina le debía.
Hola Iñaki:
Nos pregunta la abogada si una vez desahuciada la inquilina le ponemos demanda para cobrar las rentas que debe. Está localizada y se le puede embargar parte del sueldo. En principio me dice que lo intentemos, pero eso nos generará pagar unos honorarios a la abogada y al procurador.
Yo lo intentaría, son unos 9.000 €

¿Qué hacemos?

Un saludo.

Marco.
La respuesta de Iñaki no pudo ser más concisa:
Ok,
Iñaki Urdangarín
La conversación por correo no debería en principio alarmar a nadie, en el sentido de que se debate la posibilidad de demandar legalmente a una inquilina para recuperar el dinero que no ha pagado. El problema radica en el contexto: Urdangarín y su entorno peleaban hasta el último céntimo mientras, supuestamente, se beneficiaban ilegalmente con cantidades muchísimo mayores procedentes del dinero de todos ciudadanos.
Nada más se sabe de la desahuciada tres años después de este correo. No se conoce su identidad, su origen ni su situación actual. Lo que pocos dudan es que, si está en España y se ha enterado de toda la trama Nóos, es probable que ahora mismo se sienta más que indignada.

IU insta a Rosell a pedir a los empresarios españoles pagar sus impuestos

ALMERÍA.- El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha instado al presidente de la CEOE, Juan Rosell, a que se dirija a los empresarios para que paguen sus impuestos y no evadan recursos a paraísos fiscales, ya que de este modo, "habría recursos para luchar contra el déficit" y generaría políticas a favor del empleo.

   En una rueda de prensa en Almería, Lara ha respondido de esta manera a Rosell por sus declaraciones relativas a la fiabilidad de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y sobre el volumen de empleados públicos.
   Así, Lara ha señalado que Rosell podría recordar a los empresarios "que en lugar de tener un fraude fiscal en España de 90.000 millones de euros, de los cuales 43.000 son de un tres por ciento de grandes empresas" y decirles que "pagaran sus impuestos" y que "no evadieran recursos" para así poder crear "políticas de inversión activa en la economía productiva".
   En este sentido, espera que Rosell "no siga el mismo camino" que el anterior "maravilloso presidente" de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán que "decía que en España se resolvían los problemas bajando los salarios y trabajando más, y el resultado es que está en la cárcel", según ha dicho antes de incidir en que el expresidente "demostró simplemente que era un delincuente que estaba estafando a nuestro país y a los trabajadores".
   Así, considera que los empresarios "han conseguido sus objetivos" mediante una reforma labora con la que "el despido es más barato" y se puede "rebajar los salarios" bajo el objetivo de la CEOE, que se sitúa entre un 20 y un 30 por ciento, según ha explicado. "Ya que no podemos competir en Europa devaluando la moneda, pues el objetivo de la derecha empresarial es que hay que hacerlo devaluando salarios, quitando poder adquisitivo a la gente", ha criticado.
   En este sentido, ha advertido que tales prácticas llevarán a una "reducción del consumo" y por ende, de la economía, así como a la "destrucción de más empleo", con lo que se forma "un círculo vicioso" fomentado por la política de ajuste. "Todo lo que dice Rosell es la hoja de ruta que está aplicando el gobierno de Rajoy y es la que nos están llevando a que cada vez se destruya más empleo", ha sentenciado.
   "Desempleo, pobreza, desafección de la política y situación de corrupción es un cóctel peligrosísimo y que está instalado en la sociedad española", ha apuntado Lara quien aboga por "desactivar" dicha situación con políticas activas de empleo y con una reforma fiscal progresiva "para que pague más quien más tiene".

Cayo Lara afirma que la palabra de Rajoy 'tiene menos valor que un papel de fumar'

ALMERÍA.- El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha asegurado este sábado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha "violado sistemáticamente" su palabra tanto a la hora de tratar de resolver "el problema de fondo de la corrupción", como al haber aplicado "un programa radicalmente distinto" al que presentó en las últimas elecciones generales, por lo que considera que su palabra "tiene menos valor que un papel de fumar". 

Así se ha manifestado en una rueda de prensa en Almería en la que ha instado al PP a presentar una querella contra el extesorero del PP Luis Bárcenas ya que, de esta forma, se daría "una muestra sin ninguna duda" de que la formación 'popular' quiere "de verdad" abordar "el problema de fondo" contra la corrupción, si bien cree que esto no se llegará a producir porque Bárcenas "tiene en su mano una bomba de relojería que activa o desactiva a su antojo".
"Rajoy da la palabra y empeña su palabra. Pues con que sólo salga una verdad, tendrá que dimitir", ha sentenciado el líder de IU, quien ha expresado la "duda razonable" que sostiene la ciudadanía ante el rechazo del PP a los supuestos documentos de Bárcenas sobre una segunda contabilidad en el partido. "Negarlo todo y meter la cabeza bajo el ala como el avestruz no es la política más adecuada para resolver el problema de fondo de la corrupción", ha considerado.
Con esto, ha manifestado que la solución a la corrupción no reside en "presentar querellas a los mensajeros", en referencia a los medios de comunicación, ni en "pedir perdón por las cuentas en Suiza", sino que es necesario, a su juicio, depurar "responsabilidades" para "abordar el problema de fondo", con lo que ha propuesto al PP que se querelle contra su extesorero, si bien cree que esto no se llegará a producir por la existencia de un "pacto de familia".
En este sentido, ha defendido que desde que Bárcenas fuera apartado de las filas 'populares' ha habido ese "pacto de familia" para "proteger" a Bárcenas, que "se ha vuelto a reactivar" ante el "pequeño descuido" por el que han trascendido sus cuentas. "Ese pacto está vivo de nuevo porque hay que proteger a la familia y al señor Bárcenas, que hoy tiene el poder en su mano de los destinos del PP y presumiblemente del Gobierno", ha asegurado.
Asimismo, el coordinador general de IU ha identificado un "déficit clarísimo" en la justicia para poder afrontar los casos de corrupción, que se acompaña de una "falta de voluntad política" y se arrastra del periodo de la "burbuja inmobiliaria" a consecuencia de la financiación de partidos y "los recursos que dan determinadas empresas a cambio de que se le otorguen favores como concesiones administrativas de obras y servicios de las administraciones que gestionan los representantes políticos".
Al hilo de su defensa de la transparencia en las cuentas de los partidos y sus dirigentes, Lara ha afirmado que la publicación de las declaraciones de la renta y patrimonio de Rajoy "no tiene ningún valor" ya que las declaraciones de los bienes de los diputados "son públicas", con lo que a su juicio, no aportan novedad.
Lara ha insistido en celebrar un pleno extraordinario en el Congreso para abordar la corrupción en España así como en crear una comisión de investigación para que los ciudadanos "sepan que de verdad se quiere abordar el problema" y frenar así la "desafección" y el "deterioro de la democracia", el cual es "insoportable" y podría llevar, según ha advertido, a "populismos" y posiciones "como el fascismo".
Igualmente, ha recordado que IU ha presentado "propuestas concretas" mediante una Proposición de No de Ley y una Proposición de Ley con 41 medidas para "combatir en serio" la corrupción y llevar a los partidos a la financiación "por la vía pública" pese a que "algunos piensan que habría que hacerla por la puerta de atrás con las empresas o por la puerta de delante, como en Estados Unidos, donde se les financia por las empresas"; una opción que ha rechazado al considerar que, de ser así, los partidos tendrían que defender los intereses de las empresas que les financian una vez llegado a las instituciones.
"Lo que queremos para España es que la financiación sea pública, justa y transparente, sea del conjunto de ciudadanos y no tenga que someterse el Gobierno o los gobiernos de turno a los intereses específicos de determinadas empresas porque están pagando la cuota, el impuesto revolucionario o la mordida", ha explicado Lara.

JpD cree que al Gobierno le interesa la falta de medios contra la corrupción

VALLADOLID.-   El portavoz nacional de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, considera que al Gobierno le interesa la falta de medios para luchar contra la corrupción, que no quiere un poder judicial "fuerte y con instrumentos" y una manera de debilitarlo es "asfixiar" en los recursos materiales y humanos.

   Bosch se ha expresado así tras la celebración del Comité Permanente de la asociación en el marco de unas jornadas sobre la posición del poder judicial ante la crisis.
   En este marco, el portavoz de JpD ha asegurado que el Gobierno "sabe perfectamente" que en los juzgados no existen medios suficientes para combatir la corrupción y a pesar de ello no se asignan las medidas de refuerzo ni instrumentos necesarios para atajar el problema.
   De esta forma, la conclusión que extraen es que "al Gobierno no le incomoda un poder judicial débil, incapaz de poder afrontar determinadas investigaciones", pero además se llevan a cabo reformas que "debilitan" la posición de los jueces y se permite que el poder político pueda actuar "contra la independencia del poder judicial".
   "Es una combinación explosiva, con instrumentos muy precarios y una posición del juez frágil por los ataques que le puedan venir del poder político", ha indicado Bosch, en referencia a los recortes en materia de Justicia pero también la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que pretende "subordinar" la independencia judicial al poder político, algo que cree que permitirá poder actuar contra la independencia de los jueces y, en última instancia, dificultar la lucha contra la corrupción.
   A su juicio, se pretende "erosionar" la capacidad de independencia al no dar medios contra la corrupción como está ocurriendo con los juzgados que llevan asuntos de este tipo. Como ejemplo ha citado el caso Fabra, que en Castellón lleva casi diez años de instrucción y los juzgados de Nules no pueden tramitar una causa de esa envergadura sin medios suficientes o las actuaciones sobre Bankia, que tiene decenas de imputados, perjudicados.
   "Si un gobierno tiene una responsabilidad lo suficientemente elevada y una altura de miras institucional debe facilitar todos los medios para que estas cosas se aclaren", ha añadido Bosch, quien incluso cree que se "facilita" que no haya unas sentencias adecuadas.
   "Creo que hay relación, al menos indirecta, entre recorte de medios por parte del Gobierno y que el resultado final sea que no haya bastante capacidad en los casos de corrupción", ha dicho.
   En esta línea, y ante la sensación de "impunidad" que pueda apreciarse al ver a personas como el ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la calle, Bosch ha recordado que hay una investigación en marcha y se van a realizar diligencias, pero cree que "efectivamente no hay tratamiento adecuado a los problemas de corrupción política".
   "No es admisible que un inmigrante que coloca el top manta para poder sobrevivir tenga previstas posibles penas de prisión y el político corrupto que engaña, sustrae, perjudica al conjunto de la sociedad, en ocasiones pueda tener pena de multa", ha aseverado.
   A que el problema de la corrupción en España no esté bien contemplado, ni desde el punto de vista de los medios ni de las condenas, se añade, a su juicio, que se pueda "indultar con tanta facilidad" que la percepción de la ciudadanía es sensación de impunidad.
   A diferencia de lo que ocurre en España, ha recordado que en otros países también hay corrupción pero, aunque sea menor el grado, se persigue y se condena.
   "Aquí la sensación es que la gente va por la calle como si no hubiera ocurrido nada porque hay un código penal que contempla penas muy duras en algunos supuestos, ha dicho, al tiempo que ha añadido "en tono humorístico" que la "especie de cadena perpetua" que dice Gallardón que quiere implantar "no es precisamente para los políticos corruptos".
   Frente a la falta de endurecimiento de las penas para los casos de corrupción política y económica en la futura reforma del Código Penal, Bosch considera que se "criminaliza la pobreza", los robos de pequeña entidad, contra top manta o determinadas conductas delictivas.
   El portavoz de Jueces para la Democracia ha asegurado que en el encuentro de la asociación se han extraído conclusiones como el hecho de que las medidas del Gobierno pongan en cuestión el Estado de Derecho y ha puesto varios ejemplos, entre ellos el "uso abusivo" de los indultos que se produce a políticos corruptos, policías que han torturado o ciudadanos condenados a muchos años de prisión por homicidios imprudentes.
   El colectivo considera que en estos casos el gobierno "usurpa" las funciones del poder judicial y se "convierte en última instancia no autorizada", al no explicar las razones y motivos por los que se producen los indultos, algo que vulnera lo previsto en la Constitución sobre la competencia exclusiva de los juzgados para hacer cumplir la ley y hacer efectivas las condenas.
   De esta forma, cree que además de la sensación de impunidad y la falta de igualdad ante la ley, se transmite que un "amiguismo o proximidad" al Gobierno permite no cumplir las condenas.
   Tras la reunión del colectivo, Bosch ha hecho un repaso por lo que consideran ha sido la labor del Gobierno, que se inició con una andadura "con una política muy decidida de desmantelamiento del Estado social" y ahora hay una "segunda etapa" que supone la erosión del Estado de Derecho, que supone un "cambio cualitativo muy importante".
   Así, ha recordado que en esa primera etapa se realizó una reforma laboral "de dudosa constitucionalidad", se atacaron "con dureza" los derechos sociales y los servicios públicos pero además no se adoptaron medidas de protección para los afectados por las hipotecas mientras sí se mantuvieron los privilegios legales de las entidades bancarias, al tiempo que se acordó el rescate de la banca, lo que acentuó "todavía más" las desigualdades sociales.
   El último objetivo del Gobierno en el "desmantelamiento de lo público", ha añadido, se refiere a la Justicia con la privatización de los registros civiles, cuyas competencias se van a trasladar a los notarios, registradores de la propiedad y registros mercantiles de manera que "lo que hoy es gratuito y público" suponga su pago.
   La segunda etapa, ha explicado, cuestiona aspectos que hasta ahora no eran "discutibles" del Estado de Derecho como la Ley de Tasas Judiciales, "que privatiza la Justicia pero ataca el derecho fundamental de los ciudadanos a poder acceder a la jurisidicción". Por ello, han acordado pedir a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso de inconstitucionalidad.
   Según el portavoz de Jueces para la Democracia, "en muy pocos meses se han producido las mayores restricciones de derechos fundamentales de toda la etapa democrática".