Sigo sin haber leído demasiado sobre el 25S, salvo el manifiesto, las
crónicas que se han publicado sobre la creación de la coordinadora y
las respuestas del patético movimiento «En Pie» a los comunicados de la
coordinadora. Pero creo que es suficiente para superar las objeciones
que puse en principio a dicha movilización.
En primer lugar, quedan superadas las dificultades que consideré como
«escénicas»: ni es un asalto al Congreso de los Diputados, ni se va a
obligar a nadie a nada por la violencia. Las amenazas de Cristina
Cifuentes y el empeño de la derecha y de los «holligans» socialistas en
trazar paralelismos con los golpes de Pavia y Tejero es sencillamente
patético y revela muy a las claras el miedo que tienen, especialmente,
cuando se ha aclarado ya por parte de la coordinadora que se trata de
una gran movilización ciudadana y pacífica ante el lugar en el que se
refrendan las políticas antisociales que inició el PSOE y que ahora
continúa el PP, pero que se trazan bien lejos de allí.
Por otra parte, además de las legales, que no reconozco puesto que
nos encontramos ante un inmenso movimiento de desobediencia, ¿qué otras
razones nos impiden manifestarnos ante el Congreso de los Diputados,
ante el Senado, ante la Moncloa, ante la Zarzuela o ante la institución
que nos venga en gana? ¿La forma en que PP y PSOE cambian la ley, o
incluso la Constitución, a su antojo y de tapadillo, para cumplir sus
fines cuando les parece, no nos autoriza a nosotros, los perjudicados
por el desmantelamiento del estado del bienestar, a desobedecer la Ley
cuando lo consideremos necesario? ¿Es quizás la obediencia de la Ley una
obligación en un sólo sentido?
El 25S busca dar un paso más allá en las movilizaciones contra el
desmantelamiento del estado del bienestar. Las reformas sociales, el
hecho de que se esté estudiando cambiar la Ley al dictado de un magnate
mafioso norteamericano para que acceda a instalar sus negocios en
nuestro país, la realidad cada vez mas clara y contrastable de que la
política económica y social española se decide por autoridades
extranjeras y sin legitimidad democrática alguna, la evidente pérdida de
derechos sociales e incluso políticos que se ha producido desde el
acceso de Mariano Rajoy al Gobierno, la criminalización de la protesta
social y el repunte de la represión hasta límites desconocidos desde
1978, son todos ellos indicadores claros de la absoluta falta de
legitimidad del régimen político imperante actualmente en España. Por
este motivo, es preciso ir a protestar al lugar en que ese régimen
político toma existencia física, y ese lugar es, sin lugar a dudas, el
Congreso de los Diputados.
Es necesaria una movilización que plantee -y si tenemos fuerza,
incluso que la inicie- la superación de un régimen político y una
Constitución que no son capaces de garantizar el estado del bienestar,
una constitución que blinda unos derechos, los de la minoría, y
relativiza otros, los de la mayoría social; una constitución, en
definitiva, incapaz de garantizar que España sea el régimen que declara
ser en sus primeros artículos: un estado social y democrático de
derecho.
Los integristas de la Constitucion de 1978, una extraña coalición de
los herederos del franquismo, el franquismo sociológico instalado en
ciertos sectores de las clases medias, el PSOE y algunos grupos
nacionalistas catalanes, defienden las políticas sociales y económicas
dictadas por la Unión Europea y los países del norte con el argumento de
que no hay otras posibles: «Esto no es lo que queremos hacer, pero
hemos topado con la realidad», es como lo explicó Mariano Rajoy.
Pues resulta que tienen razón: en el actual régimen político y con la
actual constitución, no hay otras políticas económicas y sociales
posibles que las que, por turnos, hacen el PSOE y el PP, especialmente
cuando han destruido el sistema fiscal y nos han abocado a financiar el
estado del bienestar mediante deuda pública, para después proscribirla
mediante leyes contra el déficit y reformas constitucionales que
priorizan el pago de la deuda sobre el pago de los servicios sociales,
trufado todo ello de espectaculares procesos especulativos, ante los que
las autoridades miran a otro lado, si no es que se benefician
directamente de ellos, ya que el que hoy es presidente de un banco
central o ministro de finanzas de un país saqueado, ayer era presidente o
delegado de uno de los bancos saqueadores. Por estos motivos, es
necesario destruir el régimen político emanado de la constitución de
1978 y elaborar una nueva constitución que configure a España en un
verdadero estado social y democrático de derecho.
¿El 25S va a caer el régimen de 1978? No, no lo va a hacer. Pero el
25S sí va a a contribuir a dos cosas: en primer lugar a poner sobre la
agenda política real la necesidad de superar la actual constitución, y
en segundo lugar va a intentar iniciar un nuevo estilo de movilización
masiva que busca no tanto la protesta contra ésta o aquella acción o
medida del gobierno, como el enfrentamiento con el régimen político en
sí, y todo ello con la voluntad declarada de destruirlo e iniciar un
proceso constituyente que os lleve a la constitución de un auténtico
estado social y democrático de derecho.
Estas son las razones por las que he decidido apoyar la movilización
del 25S y acudir a la calle ese día. Así mismo, animo a las
organizaciones sociales y políticas que me son cercanas -IU, Equo, CGT,
CCOO- a que le den su apoyo, y llamo a las lectoras y a los lectores de A
Sueldo de Moscú, así como a mis seguidores en Facebook y Twitter a que
se manifiesten ese día a las puertas del Congreso de los Diputados o
allí donde las fuerzas represivas les permitan llegar.
Que el 25S quede patente el rechazo a la constitución de la manera mas amplia posible.
