domingo, 18 de noviembre de 2012

La ONU reclama arquitectura financiera incluyente

PEKÍN.- Naciones Unidas abogó esta semana por una arquitectura financiera internacional incluyente, que sirva a las necesidades de todas las personas y se fundamente en los principios de la equidad. Nuestros sistemas tienen que trabajar por los pueblos y no contra ellos y ayudar a vivir con dignidad y oportunidades para todos, afirmó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

En un mensaje a la conferencia anual del Foro Internacional de Finanzas, que sesiona en la capital china, el titular del organismo mundial subrayó que esa reunión tiene lugar en medio de "una transición económica global".

El funcionario advirtió que muchos países sufren por la fragilidad del sector financiero, la crisis de la deuda soberana, la desaceleración y la recesión económica y el alto desempleo, además de las serias amenazas contra el medio ambiente.

Reconoció que existen dudas sobre si "nuestros sistemas financieros pueden mejorar la eficiencia económica y la vida de los pueblos".

Ban Ki-moon instó a elaborar ideas que contribuyan a derrotar la pobreza, conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU y allanar el camino hacia un futuro más sostenible y equitativo.

UPyD pide explicaciones por fichajes de familiares del PP en Ministerios

MADRID.- La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja pidiendo al Gobierno explicaciones sobre el fichaje de diversos familiares de altos cargos del PP para los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Industria, Energía y Turismo.

   Se trata de hijos, sobrinos y hermanos de, entre otros, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, del exministro de Trabajo y exportavoz parlamentario del PP Eduardo Zaplana o del actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
   En su texto, la formación magenta denuncia que la selección de personas de confianza, como altos cargos o cargos de libre designación, que han realizado el PP y el PSOE en el Gobierno ha sido una "constante" en los diferentes niveles de las administraciones públicas, y apunta que el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy "no ha sido menos".
   Así, asegura que la sobrina de De Guindos, Leticia de Guindos Talavera, ha sido fichada por el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete. Según algunos medios, ocupa una agregaduría en la embajada española en Washington.
   También indica que a Manuel Pablos López --hermano de la actual secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Rosario Pablos López-- se le encargó el pasado mes de mayo ocuparse de la jefatura de sección de seguros agrarios en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y ahora ha sido seleccionado como Consejero de Agricultura en la Organización de Naciones Unidas (ONU), un puesto reservado hasta ahora para directores generales con más de veinte años en la Administración Pública.
   Además, prosigue UPyD, un hijo de la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, Andrés Porras Soriano, fue seleccionado también como cargo de libre designación para asesorar en la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
   La lista la completan un hijo de Esperanza Aguirre, Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, que se ha sumado al equipo del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz (ex secretario general de FAES), en el que también ha sido reclutada la hija del exministro Zaplana, María Zaplana Barceló. Los dos como cargos de libre designación.
   Así las cosas, Rosa Díez quiere saber los criterios profesionales que ha seguido el Gobierno para seleccionar a las personas nombradas como altos cargos de los citados Ministerios, y si existe otras contrataciones de personas con parentesco familiar de algún otro partido como altos cargos o cargos de libre designación en otros departamentos ministeriales o entidad dependiente de éstos.
   En este sentido, UPyD también reclama al Ejecutivo del PP que se pronuncie sobre si la contratación de personas, como altos cargos, que poseen una relación de parentesco familiar con importantes directivos de un partido político contribuye a dar "una imagen positiva" de la clase política.

Los movimientos sociales ganan fuerza y suman logros un año después del 20-N

MADRID.- Varios movimientos sociales surgidos tras el 15-M, reflejo del descontento de los ciudadanos con la clase política, han protagonizado, durante el primer año de Gobierno del PP, protestas por toda España, algunas de gran impacto como la convocatoria Rodea el Congreso del pasado 25 de septiembre.

En el año en el que el que el 15-M ha cumplido su primer aniversario, y que conmemoró con multitudinarias marchas, los indignados han seguido saliendo a las calles para reivindicar sus ya conocidas protestas en contra del sistema político y económico, y han celebrado lo que consideran uno de sus principales logros: sentar en el banquillo al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.
Así lo asegura Kike Castelló, uno de los portavoces de Democracia Real Ya, después de que el pasado 10 de julio la Audiencia Nacional admitiera a trámite la querella presentada por el 15-M e imputara a Rato, al expresidente de Bancaja José Luis Olivas y al antiguo consejo de administración por estafa, falsedad contable y administración desleal, entre otros delitos.
El hecho de que el Gobierno y el principal partido de la oposición se hayan sentado a negociar una solución para poner fin al drama de los desahucios, cuyo número se ha disparado por la crisis, es otro de los avances que los movimientos sociales creen haber conseguido durante los primeros 365 días del Gobierno del PP.
A este fin ha contribuido, sobre todo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios, que cada día han intentado frenar con la complicidad ciudadana numerosos desalojos, muchos de ellos de forma exitosa.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado jueves un real decreto por el que se paralizan dos años los desahucios en determinados casos, entre otras medidas.
Algunos partidos, como es el caso de Izquierda Unida, han presentado en el Congreso de los Diputados iniciativas con reivindicaciones de los movimientos sociales en favor de la "regeneración democrática", que, por el momento, no han salido adelante, aunque el 15-M confía en que este debate, por la presión popular, entre en la Cámara Baja.
Los indignados han sumado simpatizantes en las protestas que han tenido lugar en toda la geografía española en contra de los recortes del Gobierno, sobre todo en aquellas en defensa de la educación y sanidad públicas.
"Los encierros y acampadas dentro de hospitales y colegios no dejan de ser el germen que se sembró con el 15-M", afirma Kike Castelló, quien opina que se está uniendo gente a estos movimientos sociales que antes no estaba "tan metida" pero a los que los efectos de la crisis ya les han tocado.
Una de las protestas que más impacto ha tenido en este primer año de Gobierno del PP ha sido la que se denominó Rodea el Congreso el pasado 25 de septiembre, convocada por la Coordinadora 25S y la Plataforma En Pie, y que congregó a miles de personas para reclamar el inicio de un nuevo proceso constituyente porque consideraban que la Constitución ya ha cumplido su ciclo.
La Cámara Baja se blindó de policías en esa jornada, que derivó en incidentes, numerosas cargas policiales y cerca de una treintena de detenidos, lo que motivó que la Coordinadora 25S convocara protestas en los días sucesivos, también en los alrededores del Congreso.
Las imágenes de las protestas dieron la vuelta al mundo y la actuación de las fuerzas de seguridad fue criticada tanto por los indignados como por organizaciones sociales y partidos políticos, mientras que el Gobierno defendió la actuación de los agentes.
Desde entonces, la Coordinadora 25S se ha consolidado como un nuevo estandarte reivindicativo, que está formado por personas de movimientos sociales, como el 15-M y partidos —como el comunista, entre otros— que han comenzado a trabajar conjuntamente, según explica una de sus portavoces, Salomé B., quien prefiere no decir su apellido.
Entre los que la forman "hay diferencias", pero estas se discuten y se hablan en las asambleas: "Hay puntos concretos que nos unen, que son más fuertes que los que nos desunen", subraya Salomé, quien recalca que las acciones de la coordinadora son "de desobediencia civil no violenta".
Para el portavoz de Democracia Real Ya, quizás la coordinadora "va un paso más allá y tensa un poco más la cuerda con las autoridades" que el 15-M, del que opina que es un movimiento "más inocente".

La Junta andaluza critica que las grandes capitales "no respondan" a la propuesta de acuerdo para combartir los desahucios

SEVILLA.-   La secretaria general de la Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Amanda Meyer, ha criticado que las grandes capitales andaluzas "ni siquiera hayan respondido" a la propuesta de convenio remitida por la Junta a dichos municipios para combatir los desahucios.

    Meyer ha recordado que la Consejería está trabajando, a través del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, en "garantizar la finalidad social de la vivienda" y ha recordado que se están estudiando además modificaciones normativas de las leyes de vivienda para hacer efectivo ese derecho, además de suscribir convenios con entidades de crédito y ayuntamientos y diputaciones.
   En ese sentido, la portavoz de la Junta deja claro que "los ayuntamientos y las diputaciones deben formar parte del acuerdo contra los desahucios", para lo cual hace ya un mes la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, firmaron un acuerdo de colaboración para la adhesión de la Federación al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento en el que trabaja este departamento de la Junta para combatir los desahucios en Andalucía.
   Meyer ha explicado que a mediados de octubre, a los ayuntamientos, especialmente a las grandes capitales, se les remitió el borrador de convenio marco que se había suscrito con la FAMP, ante lo que los ayuntamientos de las grandes capitales "no han dado ningún tipo de contestación a pesar de haber pasado un mes", a pesar de que la Consejería "tiene especial interés en esos consistorios, que reúnen la mayor cantidad de casos de desahucio, nos interesa acordar con ellos para buscar soluciones y seguimos esperando".
   Asimismo, Meyer ha explicado que, después de los primeros contactos en verano con las diversas entidades financieras, la Junta decidió esperar al contenido del real decreto ley sobre desahucios aprobado por el Gobierno, que "no soluciona nada", tras lo que "retomará e intensificará" las conversaciones con la banca para que "cuanto antes" se avance y las entidades firmen un acuerdo marco de colaboración que supone llegar a acuerdo con entidades de crédito "para que las personas no sean expulsadas de las viviendas".
   En ese sentido, Meyer apuesta por "priorizar la figura del alquiler reducido, al margen de quien tenga la titularidad de la vivienda, además de la figura de la dación en pago con cancelación de la deuda perpetua".
   La secretaria general de Vivienda resalta la "receptividad positiva" por parte de las entidades financieras, con las que prevé suscribir acuerdos "bilaterales", de forma que ante esa actitud "solo queda poner todo negro sobre blanco".
   Sobre los posibles cambios normativos en los que la Consejería trabaja, Meyer ha indicado que está en estudio una "reorganización" de la Ley de VPO que permita "hacer efectivo" y "aplicar" y "desarrollar", entre otras cuestiones, el artículo referente a que en las VPO se da de plazo a los adjudicatarios para que ocupen su vivienda, y si a los tres meses no está habitada la vivienda, se aplique algún tipo de infracción o multa.
   "Se trata de primar la función social de la vivienda", ha aseverado Meyer, quien apunta que esa medida y otras de la Ley de VPO "no han tenido desarrollo, por lo que se trata de hacer efectiva esa Ley, aplicar esas medidas y reorganizar esas exigencias para que las VPO sean viviendas habitadas".
   Asimismo, la Consejería también pretende armonizar con Consumo  la Ley de Consumo para "lograr una mejor protección de los consumidores que contratan productos financieros".
   Meyer resalta que los posibles cambios normativos que se acometan, aún sin fecha concreta, pretenden además "trabajar para movilizar las viviendas libres deshabitadas, para que formen parte del mercado de alquiler".
   "Queremos resalta la función social de la vivienda y que ésta sea habitada, que no haya vivienda ociosa, pues es una aberración el número de viviendas deshabitadas que hay actualmente", ha indicado Meyer, quien pretende "dar alternativas reales, que todo se ponga sobre la mesa", tras lo que ha resaltado la importancia de la Ley de Derecho a la Vivienda, una norma "muy avanzada", por lo que "hay profundizar en las medidas para asegurar el cumplimiento de la Ley de Derecho a la Vivienda".

Miles de trabajadores y usuarios de la sanidad recorren Madrid en protesta por los recortes

MADRID.- Miles de trabajadores y usuarios del sistema sanitario en Madrid han marchado este domingo por las principales calles de la capital conformando una 'marea blanca' en protesta para defender el carácter público de este servicio.

   La marcha, convocada por la coordinadora por trabajadores públicos ha confluido en la plaza de Cibeles sobre las 13 horas para dirigirse a la Puerta del Sol, donde a las 15 horas se ha leido un manifiesto, bajo el lema principal de 'La sanidad no se vende se defiende'.
   Los sanitarios de los diferentes hospitales que han acudido a Madrid portaron numerosas pancartas con los lemas '¡Venden tu salud! No a la Ley 15/97', 'Privatizar priva a muchos', 'El próximo médico será elegido a dedo', 'Sanidad en lucha' 'Resistencia' y 'Con la salud no se juega', entre otros muchos.
   A estos se le sumaron las consignas que realizaron un número mayoritaria de sanitarios mientras se dirigían a la Puerta del Sol, entre las que destacaban 'Madrid escucha, la sanidad en lucha', 'El pueblo unido jamás será vencido', 'Sanidad, pública', 'Que no, que no, que no se privatiza' o 'Luego diréis que somos cinco o seis'.
   El secretario general del PSM, Tomás Gómez, que ha acudido a la manifestación, ha asegurado que "los protagonistas" de la jornada son "los ciudadanos, los médicos y la gente que están defendiendo la sanidad pública". Además, Gómez ha dicho que si no existe un servicio público sanitario "sencillamente no hay sanidad".  
   Asimismo, una auxiliar de enfermería del Hospital General de la Defensa, Margarita, ha indicado que "la sanidad y la educación son los pilares de la sociedad de un país".
 "Si estos dos pilares se van al traste, se pierde todo", ha apostillado.
   Asimismo, ha calificado de "fundamental" tener una sanidad "pública y de calidad". Respecto a si esta manifestación por las calles de la capital va a tener consecuencias positivas para el colectivo sanitario, ha señalado que es un derecho el que tienen de manifestarse "cuando las cosas no se hacen como debían de ser, cuando van en contra de los ciudadanos".
 "Si no se consigue nada debemos mantenernos firmes y no bajar la guardia. Que una democracia termine con la sanidad pública me da una pena increíble", ha sentenciado.
   Por su parte, el técnico de laboratorio del hospital Carlos III, Manuel García, ha considerado que se está "desmontando la sanidad pública", lo que ha tildado de "peligro para todos, tanto para los usuarios como para los que trabajan por mantener un sistema que ha sido el orgullo de este país".
   Por otro lado, el enfermero y consultor en el centro de salud Alpes, Santiago García, ha subrayado que "si no se mueven no conseguirán nada", a la vez que ha indicado que el actual sistema sanitario es "totalmente compatible" con la situación de crisis económica.
   Los sindicatos sanitarios han tachado de "éxito rotundo" la marcha multitudinaria de la 'Marea Blanca' de protesta en contra de las medidas del Gobierno regional, lo que a su juicio supone "un aviso" al Ejecutivo regional para que dé marcha atrás en su plan sanitario y para que se siente a negociar.
   El portavoz del sindicato de Enfermería (SATSE Madrid), José Manuel Freire, ha destacado la elevada participación de la marcha y ha señalado que ello escenifica el malestar de los empleados y la sanidad madrileña.
   "El cambio del modelo sanitario afecta a toda la red sanitaria madrileña y cambia sustancialmente lo que teníamos. Y esto no es para mejor porque tendrá grandes repercusiones sobre los ciudadanos", ha alertado.
   Por su parte, Julián Ezquerra, de Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS), ha tachado de "éxito rotundo" la protesta y ha señalado que se trata de un aviso a la Comunidad.
   "Es una serio aviso a la Comunidad para que sepan de que estamos en contra y que no tendrán más remedio que dar marcha atrás. Tienen que sentarse a negociar para que sobreviva este sistema en manos de la gestión pública. No podemos tolerar que se entregue a manos privadas. De la sanidad pública no se puede hacer negocio", ha aseverado.