lunes, 22 de diciembre de 2014

Aumentan un 13,5% las ejecuciones hipotecarias en España

MADRID.- Las ejecuciones hipotecarias, el embargo de una propiedad para su venta tras el impago de una hipoteca, aumentaron un 10,5 % en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2013, hasta 23.240, de las que 6.787 fueron sobre viviendas habituales, un 13,5 % más.

Sin embargo, esas cifras suponen una caída del 29,5 % y del 29,4 %, respectivamente, respecto al periodo abril-junio de 2014, según los datos del estudio sobre ejecuciones hipotecarias publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo a las ejecuciones iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad, la mayoría, 22.135, eran fincas urbanas, un 9,8 % más que el año pasado, en tanto que las 1.105 restantes eran rústicas, un 25,4 % más.

De las fincas urbanas, 13.741, un 59,1 % del total, eran viviendas, lo que se traduce en una subida del 11,7 % respecto al tercer trimestre de 2013, aunque un 28,3 % menos que en el inmediatamente anterior.

Un total de 8.870 correspondían a particulares, un 14,7 % más, mientras que 4.961 eran de empresas, un 6,8 % más.

En el caso de las viviendas de particulares embargadas, el 77,3 % de las propiedades eran el domicilio habitual, un 13,5 % más que hace un año, y 1.993 no eran la residencia habitual de los propietarios, un 18,9 % más.

Tomando como referencia las viviendas familiares existentes en España en el tercer trimestre de 2014, que el INE sitúa en 18.355.700, se inició una ejecución hipotecaria sobre el 0,037 %.

Además, dentro de las fincas urbanas, también se embargaron un 3,6 % más propiedades que no eran viviendas -como por ejemplo locales, garajes, trasteros, oficinas o naves-, hasta alcanzar las 7.631, y un 37,9 % más solares (1.033).

Por comunidades autónomas, las que mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias contabilizaron fueron Andalucía, con 5.771; Cataluña (4.066) y la Comunidad Valenciana (3.652), y Navarra, con 89, Cantabria (151) y Asturias, las que menos.

La defensa de la Infanta estudia un posible recurso

BARCELONA.- El abogado de la Infanta Cristina Miquel Roca ha anunciado este lunes que recurrirán la decisión judicial por la cual ella es una de las imputadas del caso Nóos que finalmente irá a juicio, porque el auto "viene a contradecir una doctrina muy establecida y consolidada".

Lo ha dicho en declaraciones a la puerta de su despacho, después de que el juez José Castro haya decidido sentarla en el banquillo, no aplicando así la 'doctrina Botín', que impide juzgar a alguien si sólo le acusa quien ejerce la acción popular --en este caso Manos Limpias, que pide ocho años de cárcel para la hermana del Rey--.
Según Miquel Roca, la resolución judicial contradice una doctrina consolidada, "hasta el punto de que el juez, para fundamentar su acusación, tiene que acogerse a los votos particulares que no resultaron ganadores".
Ha justificado el inminente recurso afirmando que el auto judicial hecho público este mismo lunes no constata es para una resolución de juicio oral simple, "sino que resuelve cuestiones de legitimación sobre si la acusación popular está legitimada para instar un procedimiento y una acusación de esta naturaleza", cuando ni el ministerio fiscal ni la abogacía del Estado sostienen ningún tipo de acusación contra la Infanta, ha dicho.
Roca ha añadido que no sabe aún el plazo exacto que tiene la defensa para presentar recurso, pero cree que expirará el 2 de enero.
"No pedimos trato de favor"
"Sólo pedimos que se aplique la ley y se respete la doctrina jurisprudencial; no pedimos ningún trato de favor", ha aseverado.
Al preguntársele si cree que la Infanta debe renunciar a sus derechos dinásticos, se ha limitado a contestar: "No es un tema que haya sido confiado a nuestra defensa".
Está "especialmente afectada"
Sobre el estado de ánimo de la hermana del Rey, ha afirmado que se encuentra "especialmente afectada" tras recibir con sorpresa la noticia.
Preguntado sobre la fianza de 2,6 millones de euros exigida a la Infanta, Roca ha asegurado que no será efectiva en los próximos días porque "no es el momento de tratar estas cuestiones".
El titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Palma ha acordado sentarla en el banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.

Pablo Iglesias ve en el juicio a la Infanta 'una buena noticia'

BARCELONA.- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado este lunes que la decisión del juez José Castro de juzgar a la Infanta Cristina es una "buena noticia" porque contribuirá a que en España se pierda la sensación de que ciertos poderes tienen impunidad.

"Es una buena noticia que en este país haya decisiones que puedan contribuir a hacer que los ciudadanos pierdan la sensación de impunidad que tenían algunos", ha expuesto en declaraciones a los periodistas tras reunirse con responsables de la plataforma Guanyem en Barcelona.
El líder de Podemos, que se encuentra de visita en Cataluña desde este fin de semana, ha añadido que hay que respetar los procesos judiciales y que entiende que si el juez Castro ha decidido sentar a la Infanta en el banquillo de los acusados es porque "se ajusta a derecho".

El juez Castro sienta a la Infanta Cristina en el banquillo

PALMA DE MALLORCA.- La Infanta Cristina será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, una vez que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, la ha incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral que ha dictado hoy.

En contra de los argumentos de la defensa de la Infanta, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Castro ha considerado que la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del Rey, para la que reclama 8 años de prisión.
El juez instructor, que fija para la Infanta una fianza por responsabilidad pecuniaria de 2,6 millones de euros, ha dejado fuera de la lista de 20 imputados que fijó la Audiencia de Palma al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, y a los exdirectivos de Madrid 2016 Miguel de la Villa y Gerardo Corral.
En un auto de 150 páginas contra el que, según su criterio, no cabe recurso alguno, Castro rebate los argumentos de la defensa de la duquesa de Palma y, particularmente, los de la Fiscalía Anticorrupción, que presentaron escritos reclamando el sobreseimiento de la causa respecto a ella en aplicación de la doctrina Botín.
Una de las razones esenciales del instructor es que en el caso en el que el Tribunal Supremo decretó que la acusación popular no estaba legitimada por sí sola para llevar a juicio al presidente del Banco de Santander la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclamaban el sobreseimiento de la causa, mientras que en el caso Nóos sólo lo solicitan para la Infanta (y parcialmente para Ana María Tejeiro, esposa del Diego Torres, el socio de Urdangarin).
La Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, "sí que se estima perjudicada" por presuntos delitos fiscales de Iñaki Urdangarin, para quien pide condena por los mismos, igual que la Fiscalía, recuerda el juez.
"Al no haber quedado satisfecho el interés social y el individual, aun sin la intervención de quienes teóricamente se presentan como sus exclusivos paladines, indefectiblemente se produciría la apertura de juicio oral, si bien con una extensión subjetiva algo distinta" de la que plantea la Agencia Tributaria, continúa.
Pero puntualiza que la Abogacía del Estado no define su perjuicio "en el ámbito tributario administrativo, lo que podría ser una apreciación lógica, sino (que designa) penalmente y a su capricho a las personas que habrán de responder por ello, excluyendo inexplicablemente a otras" contra el criterio del instructor y la Audiencia de Palma, subraya Castro.
Castro proclama en su auto de apertura de juicio oral que "lo que tú defraudas, lo pagamos todos", aseverando cómo la propia Agencia Tributaria ha impulsado en los últimos años "eslóganes" y campañas como "Hacienda somos todos" con el objetivo de evitar conductas ilícitas contra el fisco.
En su resolución, Castro recalca cómo "se decidió llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria" entre las que destaca, "por ser un clásico del que se ha hecho un prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos' y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: 'Lo que tú defraudas, lo pagamos todos'".
El juez indica que la interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hizo el Supremo en la doctrina Botín fue "novedosa, sorpresiva y no unánime", y ha sido matizada en posteriores sentencias del mismo órgano que avalan la legitimación de la acción popular para abrir juicio oral, basada en el reconocimiento constitucional de esa figura.
Considera asimismo que el bien jurídico dañado en un delito fiscal no puede quedar solo bajo la protección de la acusación particular de la Abogacía del Estado, porque eso "sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios el perjudicado sería su administrador y no aquellos".
En respuesta a los reproches del fiscal del caso, Pedro Horrach, sobre la supuesta indefensión de la Infanta ante la actuación de Castro, el juez asegura que "ninguna imputación ha sido tan profusamente fundamentada", y que de haber diferencia de trato sería por haber sido con ella "incluso aun más garante que con los demás imputados.
"La alegada indefensión, si es que existe en algún recóndito tramo que no es adivinable, será la misma que padecerían todos los imputados en esta causa y de todas las demás que se siguen en España".

Se disparan las quejas sobre las cláusulas suelo de las hipotecas

MADRID.- El Banco de España recibió en 2013 un total de 34.645 reclamaciones y quejas, lo que supuso un notable incremento del 142,1 % en comparación con el año precedente, que se debió, fundamentalmente, a las relacionadas con las "cláusulas suelo", que concentraron más de la mitad del total de las quejas.

Según los datos recogidos en la Memoria de Reclamaciones que hoy ha publicado el Banco de España, de esas 34.645 quejas y reclamaciones, 18.387 estaban relacionadas con las "cláusulas suelo", el 53,1 % del total, un incremento que también hubiera sido elevado, del 13,6 % si no se contabilizan las presentadas con ese motivo.
En un 82 % de los expedientes relacionados con las "cláusulas suelo", el reclamante obtuvo, por una u otra vía, un resultado favorable, frente al 18 % en los que se emitió un informe a favor de las entidades.
De las restantes 16.258 reclamaciones no referidas a las citadas cláusulas, en 2013 se emitieron 6.121 informes, de los cuales, 3.334 fueron favorables al reclamante y 2.492, a las entidades, en tanto que en 295 informes no hubo pronunciamiento.
A los informes favorables al reclamante habría que sumar los 2.291 allanamientos, es decir, aquellos casos en los que las entidades se avinieron a dar la razón al cliente una vez iniciado el correspondiente informe por parte del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones.
En otros 68 casos, los que los reclamantes desistieron por haber visto satisfecha su pretensión, explica la Memoria.