MADRID.- El juez español Baltasar Garzón,
reconocido internacionalmente por su defensa de la justicia universal,
considera que la economía está anteponiéndose a los derechos humanos en
España, donde en breve quedarán cerrados casos de supuestos genocidio y
tortura por una modificación legislativa.
El magistrado, de 58 años, dijo en una entrevista que los pasos dados por el gobernante Partido Popular para
acabar con el principio de jurisdicción universal en España están
directamente relacionados con la orden de detención dada la semana
pasada por la Audiencia Nacional contra el expresidente chino Jiang
Zemin y otros tres exdirigentes acusados de genocidio y delitos de lesa
humanidad en el Tíbet.
"Este Gobierno es tan pragmático que opta antes por la paz
económica que por la beligerancia jurídica para defender principios",
dijo el juez, inhabilitado en España a raíz de una condena por
prevaricación, en su despacho de abogados en Madrid.
"Aquí los únicos principios son los de los mercados, eso es lo
grave para resolver crisis, que solamente importan esos aspectos
económicos, olvidando los principios que subyacen y que son los que dan
la configuración de un sistema democrático fuerte", añadió.
El jurista, que alcanzó fama internacional al ordenar en 1998
la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet, afirmó que la
ley que permite juzgar en España supuestos crímenes cometidos en otros
países se quiere modificar por la vía rápida para hacer frente a las
veladas amenazas diplomáticas desde China en el terreno económico.
"Que va a haber problemas diplomáticos, sí, pero si no
superamos esos problemas entonces vamos a estar siempre humillados. ¿O
es que los derechos humanos valen para los países grandes y no para los
pequeños? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una
especie de comodín que nos interesa ubicarlo aquí pero que nos preocupa
exigirlo a países como EEUU, o como China, o como Rusia, o como Israel, o
Arabia Saudí", se lamentó.
Garzón, que ayudó a convertir a España en pionera en la
persecución de casos de vulneración de los derechos humanos, lamenta que
las presiones diplomáticas conduzcan ahora a dar carpetazo a los
aproximadamente 15 casos abiertos en la Audiencia, como los del Tíbet,
Guantánamo o el del camarógrafo español José Couso, muerto en 2003 al
alcanzarle un proyectil estadounidense durante la guerra de Irak.
La modificación, que está ya en el trámite parlamentario,
permite limitar esas investigaciones a los casos en los que los
sospechosos sean españoles o residan en España, lo que ha desencadenado
críticas de grupos de defensa de los derechos humanos. El PP, que alega
que la actual ley no es eficaz porque los procesos no llegan a ningún
sitio, afirma que esta modificación no responde a ningún caso en
particular, aunque reconoce que ha habido fricciones diplomáticas por
estas causas.El juez se refirió a la paradójica situación de que hoy el
modelo a seguir en el terreno de la justicia universal sea Argentina,
país al que sirvió de ejemplo la condena en España a más de 1.000 años
de cárcel al exmilitar Adolfo Scilingo, por torturas y desapariciones
forzosas durante la dictadura argentina.
En el país sudamericano hay varios casos abiertos de víctimas
de la dictadura de Francisco Franco (1939-75) que han visto cómo sus
reclamaciones judiciales en España se topaban con la negativa del
Tribunal Supremo, que consideró en 2010 que los crímenes del franquismo
no podían investigarse, dado que existía una ley - la de amnistía de
1977 - que lo impedía.
"Nosotros actuamos respecto a Argentina en el 96 (con
Scilingo), ahora Argentina está actuando respecto de nosotros para
investigar los crímenes franquistas que aquí. De forma vergonzosa, la
justicia ha decidido que ni se investiga, ni se repara, ni se opta por
la verdad", dijo.
El magistrado señaló que aunque el Gobierno español está
colaborando formalmente con la justicia argentina en estos casos, no
extraditará ni juzgará a ningún acusado, lo que conducirá a la impunidad
y a que no se repare a las víctimas.
"España está haciendo lo contrario a lo que nos están diciendo
desde organismos de derechos humanos (..), que nos piden que tenemos que
hacer lo necesario para acabar con la ley de amnistía y atender,
proteger y reparar a las víctimas del franquismo", dijo Garzón, que
afirmó que hay más de 150.000 víctimas y unos 30.000 niños robados a sus
madres al nacer.El caso de los crímenes del franquismo fue una de las últimas
investigaciones que dirigió Garzón desde la Audiencia Nacional y que le
valió que se le denunciara por prevaricación en 2009, al declararse
competente para abordar un asunto que legalmente no se podía investigar.
Sin embargo, fue otro caso - el de la trama de corrupción
Gürtel - el que apartó a Garzón de la Audiencia Nacional, donde durante
24 años se hizo cargo de algunos de los sumarios más relevantes de los
últimos decenios, desde casos de corrupción a narcotráfico o terrorismo.
El Tribunal Supremo lo apartó de su puesto en 2012 al entender
que se había excedido en su interpretación de la ley por ordenar
intervenir las conversaciones telefónicas que mantenían con sus abogados
desde prisión los principales encausados de la trama Gürtel, en la que
se ha implicado a varios cargos del partido en el poder.
"Lo que quiero es que el PP colabore con la justicia en el caso
de corrupción Gürtel, lo que opinen de mí me da igual", dijo sobre un
caso que ha llevado a que se investiguen las cuentas de la principal
fuerza política del país.
"Me preocupa como ciudadano, como juez, que la credibilidad de
la política esté por los suelos (..) Y no tengo tiempo para estar
doliéndome de las heridas, ya pasó", dijo sobre la decisión judicial que
le ha inhabilitado hasta 2023 y que tiene recurrida ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
Tras su inhabilitación, el magistrado se ha centrado en su
despacho de abogados, la gestión de su fundación pro derechos humanos,
presente en cuatro países, y otro caso de alcance internacional, la
defensa de Julian Assange, fundador de la web WikiLeaks, conocida por
revelar información reservada del Gobierno estadounidense.
También se dedica a una plataforma - Convocatoria Cívica - para
fuerzas políticas minoritarias, con el fin de cambiar el sistema
democrático español, que ahora tiende al bipartidismo, y propiciar la
participación cívica.
"Hay que convencer a los ciudadanos de que esas nuevas
corrientes tienen que ser tenidas en cuenta" para que el electorado
pueda votar "sin taparse la nariz", concluyó Garzón, quien se dedicó
unos meses a la política activa en 1993, tras su elección como diputado
por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Al PP y el PSOE "los tenemos que hacer cambiar, abrirse y
evolucionar. Esa teoría de decir 'no, la Constitución no se toca, la
estructura no se toca, la financiación no se toca...' ¿por qué no
cambiar en función de las necesidades que tiene la sociedad?", se
preguntó Garzón.