domingo, 2 de marzo de 2014

La nueva ley de altos cargos suaviza en España las incompatibilidades de los cesados

MADRID.- El Consejo de Estado ha avisado al Gobierno español de que la futura ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado suaviza las incompatibilidades profesionales para los ex en los dos años posteriores a su cese al permitirles más actividades que la vigente ley de Zapatero.

   Así se refleja en el informe, que el organismo consultivo ha redactado ante la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado que el Ejecutivo aprobó el pasado 21 de febrero y que ha sido remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria.
   En dicho informe, el Consejo de Estado cuestiona el formato de incompatibilidades profesionales que el Gobierno del PP plantea para los ex altos cargos en los dos años posteriores a su cese, al considerar que es más laxo que la ley que se aprobó con Zapatero.
   En concreto, señala que la nueva ley no permite prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado "afectadas por decisiones" en las que han participado ese ex alto cargo, mientras que en la de 2006 la limitación se extendía a empresas o sociedades privadas "relacionadas directamente con las competencias" del puesto ejercido, hubiera o no tomado decisiones al respecto. "Se aprecia cierta reducción del ámbito objetivo de aplicación", denuncia.
   Además, critica la incompatibilidad entre la percepción de pensiones indemnizatorias o prestaciones compensatorias y el desempeño de cualquier actividad pública o privada retribuida aunque se renuncie a ese salario: desconoce la razón que justifica prohibir el desempeño de una actividad pública o privada cuando se renuncia a la correspondiente retribución y duda del efecto que esta previsión puede traer consigo a quienes sean funcionarios públicos.
   "De lo expuesto parece deducirse que la opción por la pensión o la prestación compensatoria, les conduciría a la situación de excedencia por interés particular con los efectos estatutarios correspondientes (no devengo de antigüedad, extinción de la reserva de la plaza inherente a la de servicios especiales...), lo cual puede entenderse  que constituye una penalización de justificación no evidente", alega.
   Entre otras cuestiones, el Consejo de Estado también echa en falta las "reglas" a las que deberá someterse la Oficina de Conflictos de Intereses, la que custodia las declaraciones de los altos cargos, a la hora de abrir un procedimiento sancionador.
   Por último, aconseja al Gobierno eliminar tres artículos referidos a los recursos humanos, económicos y materiales de los que dispondrán los altos cargos porque "carecen de entidad" para ser objeto de un texto legal  y porque muchos de los aspectos regulados están incluidos en otras normas de rango menor actualmente vigentes. Tampoco ve apropiado obligar a los altos cargos a someterse a cursos de formación en materia de conflictos de intereses.
   El Consejo de Estado también ha pronunciado sobre el proyecto de ley, aprobado también por el Consejo de Ministros el viernes de la semana pasada, sobre la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos.
   Sobre esta iniciativa, la institución considera "llamativo" que el Gobierno haya decidido prohibir las donaciones de empresas a los partidos y, en cambio, se permitan a las fundaciones que dependen de esas formaciones políticas, por lo que aconseja controlar esos fondos.
   Aunque su valoración general de la reforma es positiva, el Consejo de Estado empieza por cuestionar el "alcance limitado" del proyecto, ya que a su juicio "las medidas introducidas, lejos de comportar una verdadera reforma que innove de manera sustancial el régimen de control de los partidos en materia de financiación, se limitan a modificar algunos aspectos concretos de su actividad económico-financiera, manteniendo en líneas generales la regulación vigente".
   También lamenta que, tratándose de normas sobre los partidos políticos, no haya habido un diálogo previo con la oposición, máxime cuando hace un año se aprobó en el Congreso la resolución que instaba a preparar estas reformas: "Habría sido deseable la realización, durante la tramitación del anteproyecto, de actuaciones orientadas a favorecer la participación de los partidos, en cuanto a sujetos afectados por la regulación afectada", apunta.
   Al referirse a una de las novedades de la reforma, como la prohibición de las donaciones de personas jurídicas, el consejo consultivo que preside José Manuel Romay Beccaría señala que resulta "llamativo" que se vaya a aplicar a los partidos pero no a las fundaciones que dependen de ellos.
   En su opinión, es necesario establecer mecanismos de control que impidan que se pueda quebrar la finalidad perseguida por el proyecto: "Debería incluir alguna medida concreta orientada a garantizar el debido control del uso de los fondos aportados por personas jurídicas a dichas fundaciones y entidades".
   Lo que señala el proyecto definitivo del Gobierno es que la persona jurídica deberá aportar el acuerdo por el que se dona dinero a una fundación, pero sólo se precisará formalizar la donación en documento público a partir de 120.000 euros. Es más, se excluyen de la prohibición las entregas monetarias o patrimoniales para un proyecto concreto.
   Precisamente el Congreso aprobó este jueves, en el marco del Debate sobre el estado de la Nación, una resolución pactada entre el PP y CiU, en la que se insta al Gobierno a buscar y promover el diálogo" con los grupos parlamentarios durante la tramitación de estos dos proyectos de ley sobre los que ha emitido informe el Consejo de Estado.
   Sin embargo, el PP rechazó sendas propuestas presentadas por Izquierda Plural y UPyD relacionadas con la regeneración democráticas. En concreto, la coalición de izquierdas pedía un régimen de incompatibilidades de cargos y excargos públicos, la dedicación exclusiva de los cargos públicos y una limitación de las remuneraciones.
   De su lado, los 'populares' también se opusieron a los planteamientos de la formación magenta, que pedía regular las recomendaciones del Consejo de Europa sobre los conflictos de interés de los parlamentarios y cargos de designación política, el régimen de incompatibilidades y las declaraciones de bienes e intereses, así como adoptar las medidas necesarias para combatir el "pernicioso" fenómeno de la 'puerta giratoria', con el que se denomina al acceso de ex cargos públicos a la empresa privada.
   UPyD también solicitaba el establecimiento de otro delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos y sancionar penalmente la "omisión o falsedad deliberada" por parte de los partidos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social.

Marchas y protestas en Europa contra Rusia

LONDRES/VARSOVIA.- Cientos de personas marcharon hoy en Varsovia, Londres y Berlín para protestar contra la intervención rusa en Crimea.

En Varsovia, los manifestantes marcharon con banderas polacas, ucranianas, europeas y bielorrusas, además de pancartas comparando al presidente Vladimir Putin con Hitler y Stalin.
"Saquen las manos de Ucrania", "No toquen a Crimea" y "Ucrania Libre", fueron algunas de las consignas.
En Berlín, alrededor de 400 personas han manifestado pacíficamente delante de la Embajada de Rusia, ubicada en el corazón de la capital alemana, sobre la vía principal Unter den Linden, desplegando banderas ucranianas.
También centenas de personas se concentraron frente a la Embajada de Rusia en Londres, que estuvo cercada por razones de seguridad. "No a la guerra", "Libertad a Ucrania", "Putin saca las manos de Ucrania", fueron las consignas predominantes.
El premier polaco, Donald Tusk, reclamó hoy a "Occidente que presione a Rusia y demuestre solidaridad" con Ucrania. "Debemos saber frenar la tendencia agresiva de Rusia para evitar el conflicto", pidió Tusk.
El premier auspició las sanciones contra Rusia porque "necesitamos usar argumentos más fuertes".

Las eléctricas españolas ganaron 6.021 millones en 2013

MADRID.- Las cuatro grandes eléctricas con actividad en España, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y EDP España, obtuvieron un beneficio de 6.021 millones de euros en 2013, lo que supone un 5,9% menos que los 6.247 millones de euros ganados en 2013.

   Esta reducción responde sobre todo a la caída de las ganancias en España, donde las distintas medidas regulatorias, incluida la reforma energética aprobada por el Gobierno en julio, han tenido un impacto en sus cuentas de 2.027 millones de euros durante el año.
   En concreto, Endesa cifró en 659 millones el impacto regulatorio en 2013, frente a los 801 millones de Iberdrola, los 455 millones de Gas Natural Fenosa y los 112 millones de EDP España. Para 2014, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han anunciado mermas de 1.310 millones y 600 millones, respectivamente.
   Iberdrola, con ganancias 2.572 millones y pese a haber sufrido una disminución del 7%, fue la eléctrica con mayores beneficios, por delante de Endesa, que ganó 1.879 millones, un 8% menos. EDP España recortó un 18% el beneficio, hasta 125 millones, y Gas Natural Fenosa se convirtió en la única en elevarlo, un 0,3%, hasta 1.445 millones.
   La tendencia en términos de beneficio bruto de explotación (Ebitda) fue similar. Las cuatro empresas lo recortaron un 3,9%, hasta 19.607 millones. Iberdrola registró el mayor Ebitda, de 7.205 millones, frente a los 6.720 millones de Endesa, pero fue también la que mayores caídas sufrió en esta variable, del 6,8%, fente al 4% de la eléctrica controlada por Enel.
   En sus presentaciones de resultados ante los analistas, las eléctricas aprovecharon para expresar su malestar con el actual entorno regulatorio. Tanto Iberdrola como Endesa anunciaron recortes en sus inversiones en el país, en el primer caso con la vista puesta en el exterior y, en el segundo, con la determinación de reducir la inversión en distribución hasta lo necesario en materia de seguridad y mandatos del Gobierno.
   El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, explicó en una jornada con analistas celebrada en Londres que, de los 9.600 millones de inversión presupuestados hasta 2016, el 15%, o 1.440 millones, se dedicará a España. La compañía "se defenderá" en los tribunales de los recortes "discriminatorios" de la reforma, afirmó el consejero-director general, José Luis San Pedro.
   Por su parte, el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, expresó su "sorpresa" ante los analistas por que el recorte sufrido por la energía eólica sea superior al de las tecnologías solares. Además, se mostró crítico con el nuevo sistema de revisión del precio de la electricidad, por ser "volátil" y "complicado", lo que puede dar origen a "alarma social".
   El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, incidió en el que, a su juicio, es el principal problema de tarifa eléctrica, que son los 12.009 millones de euros de costes a los que califica de "subvenciones", y en los que se encuentran las primas al régimen especial, las extrapeninsulares, el bono social, el decreto del carbón o los incentivos a la interrumpibilidad de las grandes industrias.

Hacienda inicia los trabajos para elaborar una nueva legislación de contratación pública en España

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha iniciado los trabajos para elaborar la nueva legislación de contratación pública en España, tras aprobar la Unión Europea un nuevo paquete de directivas comunitarias en esta materia. La legislación que incorpore al ordenamiento español las directivas será elaborada por un grupo de trabajo formado por expertos.

   La Unión Europea ha aprobado un total de tres directivas referentes a la contratación, contratación  de las entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la directiva de adjudicación de contratos de concesión. Estas directivas deberán ser incorporadas por los Estados miembros en un plazo de dos años, para lo que necesariamente deberán modificar la legislación vigente de contratos del sector público.
  La nueva legislación profundizará en la apuesta del Ejecutivo por implantar una mayor transparencia en la actuación pública, en línea con la reciente Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además, la nueva Ley de Contratos se aplicará, tal y como posibilita la Directiva europea, a los partidos políticos que se financien mayoritariamente con fondos públicos.
   La nueva legislación facilitará el acceso a la contratación pública de las pymes al suprimir cargas administrativas y económicas para ellas, y generalizando cuando sea posible la división en lotes de los contratos, lo cual redundará en una mayor presencia de las mismas en las licitaciones.
   Por otro lado, se contemplará una mayor preocupación en la contratación por las implicaciones medioambientales, y se profundizará en el apoyo a la I+D, a través del establecimiento de procedimientos para reforzar las soluciones innovadoras en la contratación pública, como las nuevas "asociaciones para la innovación". En el proceso que ahora se inicia para la elaboración de la nueva normativa se contará con las aportaciones que  las comunidades autónomas, entidades locales y entidades empresariales consideren oportuno realizar.
   El grupo de trabajo, que elaborará las nuevas leyes de contratos para incorporar las novedades incluidas en las directivas comunitarias, estará  presidido por el director general del patrimonio del Estado. En él participarán especialistas en materia de contratación del ámbito de la administración general del Estado y del ámbito académico, la abogacía general del Estado o la intervención general de la administración del Estado, además del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.