'No habrá nueva España sin una regeneración democrática y política', dice Rosa Díez

SANTANDER.- La fundadora de UPyD y su portavoz en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, cree que no se podrá construir una "nueva España" si las medidas económicas para salir de la crisis no van a acompañadas de una "regeneración democrática" y política que acabe con la corrupción "generalizada" por la no existencia de una separación real de poderes.

   Así lo ha afirmado en Santander, donde ha participado en el Foro Ser Cantabria, en el que ha defendido que el hecho de que en España "no haya", a su juicio, una separación de poderes verdadera permite la "parasitación" de los políticos en órganos de control, como el Consejo General del Poder Judicial, y es lo que provoca que haya en España exista este corrupción "generalizada".

   Ha afirmado que la crisis en España está siendo más "profunda" que en otros países es porque, en su opinión, a la económica se une otra de carácter político.

   Por ello, ha abogado por que en la salida de la crisis "no se repita la misma historia" y se lleve a cabo una regeneración democrática y política que exigirá cambiar leyes.

   Según ha dicho, este debe ser el caso de una Ley Electoral que es "profundamente injusta" y que beneficia al PP, al PSOE y a los nacionalistas, que es por lo que éstos partidos no lo quieren cambiar.

   En su intervención, Díez ha defendido que es "posible" otro política al margen del "bipartidismo" de los "viejos" partidos, PSOE y PP, a los que ha acusado de ser los "principales responsables" de la crisis.

   La portavoz nacional de UPyD ha abogado por "luchar" contra la "falsa idea" de que todos los partidos "son iguales".

   Además, y sin salirse del plano político, Díez ha afirmado que las mayorías absolutas en España han dado "muy malos resultados en términos del país".

El Gobierno español destina 40 millones de euros para alimentos a desfavorecidos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a licitar, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el suministro de alimentos a las personas más desfavorecidas por un valor de 40 millones de euros, en el marco de la ayuda alimentaria.

   Se cubre así, con presupuesto nacional, la demora de la financiación comunitaria para estos planes como consecuencia del retraso en la aprobación de la nueva normativa europea que regulará las ayudas para el periodo 2014-2020.

   "La Unión Europea ha cambiado el sistema y tiene prevista la aprobación de un nuevo Fondo Europeo de ayuda a las personas más desfavorecidas. pero el retraso hace necesario que el Gobierno haya previsto una dotación nacional", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   Los productos que se van a establecer en la licitación son: alimentos infantiles (leche de continuación en polvo y potitos), lentejas, leche UHT, arroz, macarrones, tomate frito, galletas y judías verdes en conserva.

    El objeto del contrato comprende el suministro de los alimentos, su entrega, descarga y apilamiento en los almacenes de las organizaciones caritativas que designe el FEGA, distribuidos en todo el territorio nacional, a cambio de una contraprestación económica para que los alimentos lleguen de forma gratuita a más de 9.000 entidades benéficas.

   Estas organizaciones, a su vez, distribuirán los alimentos de primera calidad entre más de dos millones de personas necesitadas para que puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés.

    La autorización de esta licitación supone dar continuidad a los programas de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea que se llevan desarrollando desde mediados de los años 80, en tanto se aprueba la normativa europea que regulará esta medida en el periodo 2014-2020, para que durante todo el año 2014 lleguen alimentos a las personas con dificultades.

Un exconsejero de Caja Madrid cuestionó la falta de un informe externo para comprar el City National Bank

MADRID.- El exconsejero de Caja Madrid Estanislao Rodríguez Ponga ha relatado a la juez que investiga al expresidente de la entidad Miguel Blesa por la compra del City National Bank (CNB) de Florida (EEUU) que puso reticencias a la operación por la falta de una valoración externa sobre su conveniencia, aunque la apoyó porque no era obligatoria.

Rodríguez-Ponga ha comparecido como testigo ante la juez sustituta de Elpidio José Silva en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, a la que ha insistido que, aunque hubiera preferido un informe externo de un banco de negocios, votó a favor de la adquisición porque éste no era preceptivo, han informado fuentes jurídicas.

Según las fuentes, el exconsejero ha precisado que esas reticencias las mostró en la reunión de la Comisión de Inversiones -órgano consultivo- del 11 de abril de 2008, en la que se abstuvo porque, a pesar de ellas, la valoración no era obligatoria y la operación cumplía con todos los requisitos necesarios.

Por ello, tres días después, en la reunión del Consejo de Administración, del que también formaba parte, dio su visto bueno a la compra del CNB.

Algunas de las fuentes consultadas han explicado que Rodríguez-Ponga ha afirmado que, además de haber propuesto un informe externo dada la envergadura de la operación por ser la primera vez que una caja adquiría un banco, expresó la conveniencia de controlar si cumplía con la Ley de Cajas, que obliga a pedir autorización a la Comunidad de Madrid cuando una compra supera el 5 % de recursos propios.

Pese a que el supervisor dio su conformidad, en un informe del 19 de abril de 2010 apuntaba a que la adquisición del banco se hizo de manera que "pueda eludirse el preceptivo control de la consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid" y que su precio excedió al que abonaron el Banco Popular y el Banco Sabadell en la compra de otras entidades en Miami.

La compra se fraccionó en dos partes, adquiriendo primero un 83 % por 618 millones de euros y después el 17 % restante, que ascendió a 127 millones.

Sobre ello, el propio Blesa, que está imputado por abuso de posición dominante y administración social fraudulenta, declaró el pasado 24 de enero que la compra se llevó a cabo conforme a los requisitos exigidos por el Banco de España y que no se solicitó autorización a la Comunidad de Madrid porque no era necesario al no superar el 5 % de los recursos propios de la caja.

También ha comparecido un representante legal de la Fundación Caja Madrid, que ha descartado personarse como parte perjudicada en el procedimiento, según ha informado Ausbanc, que ejerce de acusación en nombre del sindicato Manos Limpias.