lunes, 23 de diciembre de 2013

Los manifestantes eligen en Kiev un Consejo de la Maidan formado por Klitschko y Timoshenko

KIEV.- La asamblea de activistas opositores acampados en la plaza de la Independencia de Kiev, denominada Un País-Una Maidan (plaza) aprobó anoche la creación del Movimiento Civil de la Maidan dirigido por un Consejo de la Maidan, formado por dirigentes políticos, personalidades públicas y representantes de ONG.

   En concreto, el Consejo incluye a la ex primera ministra Yulia Timoshenko de la Unión Panucraniana Batkivschina (Patria), al líder del partido ultraderechista Unión Panucraniana Svoboda, Oleh Tiahnibok, y al líder de la Alianza Democrática Ucraniana para la Reforma (UDAR), el boxeador Vitali Klitschko.
   "Anunciamos la creación del Consejo de la Maidan", ha anunciado Tiahnibok en declaraciones recogidas por la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.
   En el organismo colegiado están integrados además otras personalidades políticas y públicas de la oposición y de ONG como Seryiy Kvit, Yuri Lutsenko y Arseni Yatseniuk.
   El objetivo del Movimiento Civil de la Maidan es dar un nuevo impulso a las movilizaciones contra el Gobierno del presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, y coordinar las iniciativas para protestar contra su "régimen".
   Además, han pedido la liberación de todos los detenidos durante las movilizaciones y los presos políticos, incluida Timoshenko. "Los activistas han reiterado hoy la necesidad de un cambio en Ucrania y de la liberación de todos los prisioneros políticos arrestados durante la EuroMaidan (como se conocen las movilizaciones), y también la de Yulia Timoshenko", informa la web de la ex primera ministra en un comunicado en el que recoge su integración en el Consejo de la Maidan.

HRW denuncia presiones e intimidaciones para que las víctimas de la violencia policial en Kiev no cuenten lo ocurrido

WASHINGTON.- Human Rights Watch ha denunciado que las víctimas de la violencia policial contra manifestantes de la oposición de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre han recibido presiones y han sido víctimas de intimidaciones para que no relatasen lo ocurrido.

   El grupo ha podido documentar los casos de siete manifestantes a los que los propios agentes de la autoridad que investigaban lo ocurrido presionaron e intimidaron a las víctimas de la violencia policial.
   "Las autoridades ucranianas se han comprometido a investigar la violencia policial, pero están intimidando a quienes presentan denuncias de abusos policiales", ha explicado la investigadora ucraniana de HRW Yulia Gorbunova. "Las autoridades están presionando a las mismas personas cuya confianza necesitan si quieren realizar una investigación seria", ha argumentado.
   El grupo ha remitido una carta a la Fiscalía General ucraniana para denunciar estos casos y otros de violencia policial que las autoridades se han negado a investigar. "La Fiscalía debe garantizar una investigación rápida e imparcial de las denuncias de abusos policiales y el fin de la presión indebida sobre las personas que han presentado denuncias", explica.
   En uno de los casos, un hombre asegura haber sido golpeado por la Policía en la plaza de la Independencia de Kiev, epicentro de las manifestaciones de la oposición. Fue detenido y pasó cuatro horas bajo custodia durante las que fue interrogado con preguntas como "¿Por qué ha participado en los disturbios masivos y quién los organizó?", "¿Cuánto le han pagado por participar?" o "¿Por qué se resistió a la Policía?".
   Sólo le hicieron una pregunta sobre la actuación violenta de los agentes y tras el interrogatorio debió ser hospitalizado para ser atendido por hipertensión.
   En otros dos casos, los policías se negaron a trasladar al denunciante de abusos a un médico forense para que emitiera un parte de lesiones producto de las cargas policiales.

La Generalitat de Cataluña impedirá cortar la luz y el gas a los más desfavorecidos

BARCELONA.- El Gobierno catalán ha aprobado este lunes un decreto ley para que no se pueda cortar la luz ni el gas desde noviembre hasta marzo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

   Lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consell Executiu el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, junto al portavoz del Gobierno, Francesc Homs, que han explicado que entrará en vigor el 1 de enero.
   Según el texto, se podrán beneficiar quienes forman parte de una unidad familiar con un nivel de ingresos igual o inferior al indicador de la Renta de Suficiencia --a la cual hay que añadir un 30% a partir del tercer miembro--, que no puedan reducir su consumo de bienes e inmuebles, y que acrediten tener contratados los suministros energéticos en la modalidad de tarifas sociales.
   Los afectados, una vez reciban el aviso de interrupción del suministro eléctrico o de gas, tendrán que presentar en el máximo de diez días un informe de los servicios sociales básicos que acredite el cumplimiento de estos requisitos.
   En el momento en que se acredite la situación de los afectados, las empresas suministradoras suspenderán el proceso de interrupción de sus servicios energéticos entre los citados meses, y las deudas que se acumulen se pospondrán en las condiciones que acuerden los usuarios y las compañías, y se podrán pagar entre los meses de abril y octubre siguientes.
   El texto también determina los mecanismo de intercambio de información entre empresas suministradoras, administraciones, entidades sociales y usuarios sobre tarifas sociales, ayudas y medidas para hacer frente a la pobreza energética.
   El contenido del decreto ley estaba incluido en el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras, cuyo trámite parlamentario ha estado bloqueado por el PP tras solicitar un informe al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
   Según el Gobierno catalán, esta iniciativa, una modificación del Código de Consumo, es la primera medida normativa para hacer frente a la pobreza energética.

Ruz pide informes de conclusiones sobre la red de Correa y sus contratos con Madrid

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Intervención General del Estado y la Agencia Tributaria que, a fin de "agilizar la instrucción", le presenten diez informes de conclusiones en los que se detalle la actividad que desarrollaba la organización de Francisco Correa y los contratos que realizó con varias administraciones públicas, entre ellas la Comunidad de Madrid.

   En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 destaca la "necesidad" de contar con estos informes entre el 31 de enero y el 15 de febrero, y advierte a las unidades requeridas que justifiquen cualquier "retraso o demora" en la presentación de los mismos.
En concreto, el juez Ruz pide a la UDEF que antes del 31 de diciembre presente sendos análisis sobre "la sede central de la organización de Correa", situada en la calle Serrano de Madrid; las empresas Easy Concept y Galher Servicios Administrativos; y la nave industrial del polígono Ventorro del Cano (Alcorcón) en la que se incautó numerosa documentación.
   También se reclama a este organismo que exponga sus conclusiones sobre la memoria externa de almacenamiento que se  incautó al contable de la trama 'Gürtel', José Luis Izquierdo, y que Correa identificó en unas conversaciones grabadas en la cárcel como "el puto pen drive", al reflejar la contabilidad B de sus empresas. Además, solicita la agenda personal y memoria intervenida a David Luis Cerezo.
   El último informe solicitado a la UDEF, que deberá ser presentado por este cuerpo antes del 15 de febrero, se refiere a la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, vinculada presuntamente a la entrega de cohechos en nombre de la trama.
   De la misma forma, el juez Ruz reclama a la Intervención General del Estado que le informe antes del 31 de enero sobre los contratos de la Comunidad de Madrid que se adjudicaron las empresas de Correa y que obtuvieron en los Ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.
   También pide a la Agencia Tributaria que antes de esta misma fecha le entregue los informes que tienen pendientes respecto de las ampliaciones de comisiones rogatorias que se han cursado a  varios países.

Prohíben a los detenidos por el 14D en Madrid acercarse al Congreso

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 1 de Madrid ha prohibido a cinco de los 14 detenidos por la protesta de 'Rodea el Congreso' del pasado 14 de diciembre acercarse a menos de 500 metros de la sede del Congreso de los Diputados, según se desprende del auto judicial fechado a 20 de diciembre.

Aunque el mismo sábado de los altercados se detuvo a siete personas, el pasado jueves, en el marco de la 'operación cresta', se detuvieron a otros siete, dos de ellos menores de edad. La medida cautelar afecta a estos últimos detenidos --quedan fuera los menores de edad que han pasado a la Fiscalía de Menores--, han señalado hoy fuentes policiales.
En el auto el juez, que se encontraba de guardia en el momento de las detenciones, toma esta medida cautelar después de que el Ministerio Fiscal hubiera pedido una medida de alejamiento durante la tramitación de la causa fijada en una distancia de 1.000 metros.
Acusados de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y de lesiones, los detenidos en su declaración prestada en el juzgado "reconocieron su intervención en la protesta" y, además del propio atestado que origina la iniciación de las actuaciones, hay "reconocimientos fotográficos".
El juez entiende que para adoptar esta medida no se requiere una "prueba plena" sino un "indicio razonable de la existencia del hecho punible y de la intervención" de los detenidos, además del "examen e identificación fotográfica" antes mencionada que "puede considerarse como un cato de la naturaleza expresada".
A ello se le une la "gravedad" de los hechos analizados, atentar el ejercicio de sus funciones por unos agentes de la autoridad, "encargados del mantenimiento del orden interno del Estado" y contra la "integridad física de las personas y el patrimonio de un organismo estatal". Esta gravedad, dice, "obliga a impedir la repetición futura de hechos de parecidas características".
El juez toma esta decisión con una extensión menor a la solicitada por el Ministerio Público pues aunque los detenidos residen fuera del término municipal de Madrid, salvo uno que necesita acudir a un centro educativo del barrio de Latina, cree que la distancia de los mil metros "restringiría en exceso las posibilidades deambulatorias de los afectados".
Todos los detenidos están acusados de varios delitos de lesiones, atentado a agente de la autoridad, desórdenes públicos y daños durante los disturbios. Además, se les considera responsables de causar múltiples traumatismos a 11 agentes de las Unidades de Intervención Policial, más conocidos como antidisturbios, a los que arrojaron todo tipo de objetos contundentes. Otras 13 personas resultaron heridas.
El pasado sábado 14, los manifestantes comenzaron una marcha por las principales vías de la capital, provocando problemas circulatorios de gran importancia en el centro de la ciudad. Cuando esta manifestación, no comunicada a la Delegación del Gobierno, alcanzó la Puerta del Sol, en la plaza se encontraban miles de personas.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid explicó la semana pasada que en ese momento miembros de Unidades de Intervención Policial trataron de dialogar con la cabecera de la manifestación para evitar que con la entrada de una masa de personas se pudieran generar momentos de caos y temor en los ciudadanos allí presentes.
"Lejos de dialogar, los radicales que encabezaban la marcha comenzaron a rodear a los agentes y a proferirles insultos graves. Para evitar momentos de tensión con los manifestantes, los policías decidieron replegarse. Cuando se produjo el repliegue un grupo de violentos aprovechó para agredir a los agentes, propinándoles patadas y lanzándoles botellas", detallaron desde la Policía.
Posteriormente, el grupo de manifestantes continuó su camino hasta la confluencia de las calles de Atocha y San Sebastián, donde destrozaron un vehículo de la Policía Municipal. Para socorrer a los dos agentes municipales llegaron a la zona varios agentes de la Unidad de Intervención, "que se encontraron con una masa extremadamente violenta".
Los radicales comenzaron a lanzar botellas de vidrio, piedras y otros objetos contundentes contra los policías, hiriendo de diversa consideración a once de ellos.
Cuando se produjeron los enfrentamientos violentos contra las fuerzas del orden, se encontraban en la calle Atocha numerosos vehículos de particulares y un autobús repleto de pasajeros. El medio de transporte colectivo sufrió múltiples impactos de botellazos y otros objetos "provocando momentos de gran temor y ansiedad entre sus ocupantes", según el parte policial.
Los disturbios acabaron con cuantiosos daños materiales en el mobiliario urbano, por importe superior a 15.000 euros, entre papeleras, señalización, limpieza viaria, contenedores de vidrio y papel, entre otros enseres. El día de los altercados se llevaron a cabo otras siete detenciones por desórdenes públicos y atentado.

Manos Limpias denuncia a la patronal y a las eléctricas por la subasta

MADRID.- El sindicato Manos Limpias ha presentado en la Audiencia Nacional una denuncia contra el presidente de la patronal eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, y contra los responsables de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC, EDP y E.ON por el "escándalo" de la última subasta eléctrica. 

En un comunicado, Manos Limpias explica que la denuncia obedece a la subida del precio de la luz, del 11%, que salió de la citada subasta eléctrica, posteriormente anulada por el Gobierno. 
En concreto, acusa a los dirigentes de la patronal y de las principales compañías eléctricas de fraude en delito societario, estafa, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y defraudación de fluido eléctrico.
En un comunicado, este sindicato califica la subida de "leonina y antisocial", pues coloca a las clases medias y bajas en una situación dramática.