lunes, 4 de junio de 2012

IU presenta una iniciativa parlamentaria para pedir el cese del juez español Carlos Dívar

OVIEDO.-   El diputado de IU por Asturias en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha anunciado este lunes en Oviedo que su grupo parlamentario ha presentado una iniciativa parlamentaria para pedir el cese del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar.

   En rueda de prensa junto al coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias, el diputado asturiano ha argumentado que existen "motivos suficientes" para pedir su cese de ambos cargos dado que "no ha querido comparecer en el Congreso ni asumir responsabilidades" ante la denuncia por malversación de dinero público con viajes a Marbella cargados al Consejo.
   Para Llamazares, Dívar daña "el buen nombre de la justicia" con su falta de asunción de responsabilidades "públicas, políticas y éticas" y su actitud de utilizar el CGPJ como un "cortijo general".
   Asimismo, desde IU quieren ir más allá de la petición de cese y exigen la aplicación de medidas de transparencia y control por parte del Tribunal de Cuentas y la Inspección del Estado.
   Igualmente, pretenden "acotar" la dedicación plena de la veintena de miembros del Consejo y sus competencias, que en algunos casos "duplican" las funciones del Ministerio de Justicia.
   Según Llamazares, con 5 miembros con dedicación plena sería "suficiente", mientras que el resto debería estar ejerciendo en sus órganos jurisdiccionales. Así, para el diputado de IU es fundamental abrir un "debate de fondo" que contribuya a la "regeneración" y la "reforma profunda".

El juez Rouco cree que "el caso Dívar ha dañado la imagen de la Justicia"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M), Vicente Rouco, ha dicho que el "caso Dívar" ha dañado la imagen de la justicia, lo que le produce tristeza, y se ha mostrado a favor de introducir mejoras que potencien los "principios de independencia y de profesionalidad" judiciales.
Antes de que el propio Dívar diera explicaciones el pasado jueves, el presidente del TSJC-M reflexionó sobre los "muchos defectos" que la Justicia tiene en nuestro país, el principal de ellos la "lentitud", la tardanza en responder, pero ello no es imputable -dice- tanto a los jueces y magistrados como a los vicios derivados de una insuficiencia de medios.
Según Rouco, la Justicia como todas las instituciones es "perfectible y mejorable", aunque cree que la visión que puede tener el ciudadano de que la Justicia no es igual para todos "no se corresponde con la realidad".
Sobre si cree que la Justicia está demasiado sometida al poder político, como lo prueba la falta de acuerdo en la renovación del Tribunal Constitucional (TC), Rouco reconoce que la polémica no es buena para la imagen del TC, que, sin embargo, no forma parte del poder judicial como tal, ya que además de magistrados también hay otros que no lo son, como pueden ser catedráticos.
Insiste en separar esta polémica del trabajo diario de jueces, magistrados y órganos judiciales que cada día ejercen sus funciones con "escrupulosa independencia".
Sobre los polémicos viajes a Marbella del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, cree que, "indudablemente, no es una noticia que nos haya dado muy buena imagen y me produce tristeza, aunque no soy el más indicado para pronunciarme sobre la cuestión", ha dicho Rouco.
Muchos jueces, ha manifestado el presidente del TSJ, "hemos visto la noticia sobre este caso con tristeza, porque, indudablemente, ha dañado o ha podido dañar la imagen de la Justicia, que por regla general está caracterizada por un ejercicio austero y bastante modesto de sus funciones".
Sobre el fondo de la cuestión de los viajes de Dívar, al presidente del Tribunal Superior de Justicia le "cuesta trabajo" creer que una persona que siempre ha considerado honrada haya podido abusar de su función.
Sin embargo, y a juicio de Vicente Rouco, "sería conveniente mejorar en la transparencia y hacer un ejercicio de rigor para evitar ese tipo de utilizaciones o de mejoras cuando en realidad no es esa la pauta habitual de comportamiento de los jueces y magistrados españoles", ha señalado antes de conocerse la decisión en este sentido del CGPJ.
Respecto a si han recibido en el TSJ, desde el asunto de Dívar, alguna nueva comunicación sobre cómo se han de justificar los gastos, ha dicho que en su caso siempre los ha justificado con "absoluto escrúpulo y respeto", según Rouco, que afirma tener unos mil euros al año para gastos de representación.
"No tengo ni capacidad para comprar ni un bolígrafo y lo que necesito se lo pido a la gerencia del Ministerio de Justicia, que tiene sus formas de justificación de gastos y facturas".
"Los jueces estamos para resolver los procesos que se nos planteen y, por supuesto, si se plantea una denuncia o una querella o un procedimiento penal porque se haya incurrido en comportamientos de naturaleza contraria al ordenamiento jurídico habrá que depurarlo", ha señalado Rouco.

Los manifestantes contrarios a Mubarak mantienen ocupada la plaza Tahrir

EL CAIRO.- Los manifestantes contrarios al expresidente Hosni Mubarak continúan ocupando la emblemática plaza Tahrir de El Cairo, epicentro durante los tres últimos días de las protestas por la levedad de las condenas contra Mubarak y los altos mandos del aparato de seguridad juzgados por corrupción y por la muerte de más de 800 personas durante las revueltas de principios de 2011.

   El tráfico permanece cortado debido a las barricadas levantadas por los manifestantes y miembros de las comisiones populares controlan las entradas a la plaza, informa el diario 'Al Masry al Youm'.
   A pesar del calor, los manifestantes mantienen la acampada, jalonada de pancartas con sus demandas: formación de un consejo presidencial con los candidatos presidenciales derrotados en primera vuelta, la destitución de los cargos afines a Mubarak que aún controlan los medios de comunicación públicos y la Justicia y la formación de tribunales revolucionarios para procesar a Mubarak y a sus subalternos.
   Fuentes de la seguridad han explicado en declaraciones a la televisión pública que el cierre de la plaza ha provocado atascos en las principales calles del centro de la ciudad.

La CSI-F pide a Montoro que en España no pueda despedirse a funcionarios con oposición

MADRID.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha dirigido una carta de tres páginas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que le insta a interceder ante el Grupo Popular para que modifique la reforma laboral en el Senado y se excluya de la posibilidad de despedir a empleados públicos por causas técnicas, organizativas y de producción a aquellos que obtuvieron su plaza mediante oposiciones.

   La organización también ha remitido la misiva a los presidentes de las comunidades autónomas para que los barones 'populares' también intervengan coincidiendo con el trámite final de la reforma y ésta incorpore una enmienda 'in extremis'.
   La carta enviada incluye el texto que el sindicato pide añadir a la disposición adicional segunda de la reforma, por la que, según señala, se abre la puerta al despido de 700.000 trabajadores en el conjunto de las administraciones públicas pese a haber aprobado unas oposiciones.
   "Que en ningún caso, lo establecido en esta disposición adicional segunda, sea de aplicación al personal laboral que ha adquirido esta condición por el procedimiento selectivo de ingreso establecido al efecto", puntualiza el sindicato.
   De esta manera, CSI-F señala la necesidad de acordar una redacción alternativa "que deje claro que el acceso mediante un proceso selectivo realizado bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleados Público, sea elemento diferenciador".
   En el argumentario que CSI-F incluye en la carta, el sindicato recuerda que "el actual déficit que atraviesa España no ha sido generado ni por los servicios públicos ni por sus empleados", que, sin embargo, "han ocupado páginas y páginas en los medios de comunicación, como si fueran la causa y la solución viniera de la destrucción de la calidad en los servicios públicos y con la degradación de las condiciones laborales".
   "Creemos que se hace necesario buscar soluciones que no sean bajar el sueldo a los empleados públicos, ni reducir una administración con un tamaño homologable a los estándares europeos", añaden, para apostillar que "probablemente los 'mercados' tengan más información que los ciudadanos sobre las causas de la actual situación y vean que las medidas adoptadas sobre la función pública no hacen sino generar un alto grado de inestabilidad económica en los trabajadores públicos con una contraproducente repercusión al provocar un importante descenso del consumo".
   Asimismo, CSI-F pone el acento en "muchos gastos realizados por las administraciones públicas en muchos conceptos que no son servicios públicos" o en "algunas empresas públicas que sólo existen para burlar los controles públicos del gasto y de la contratación".